Llegó el momento de que las instituciones competentes determinen si existen elementos para inculpar al Gobernador y al Alcalde de Culiacán con licencias, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, y al Senador Enrique Inzunza Cázarez, quienes aceptaron el llamado a comparecer que les hizo la Fiscalía General de la República después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló acusaciones por delitos vinculados al narcotráfico.
Desde que Rocha Moya y Gámez Mendívil se retiraron del cargo para permitir el libre cauce de las indagatorias, e Inzunza Cázarez se ausentó de sus funciones en la Cámara alta, ha corrido el ruidoso proceso extrajudicial de enjuiciamiento público y mediático, apartado del principio fundamental de la justicia en cuanto a la presunción de inocencia. Nunca como ahora, servidores públicos de tan alto nivel fueron llevados a la hoguera del descrédito atizada por la Oposición y los fanáticos promotores de la intervención extranjera.
Desde que esto empezó las audiencias se han dejado arrastrar por el maremoto de la incertidumbre que las ahoga en las oleajes tempestuosos, sin hacer el máximo esfuerzo por mantenernos a flote así sea en la frágil balsa de la esperanza. Además de las víctimas letales, desapariciones forzadas e impacto económico, los grupos del narcotráfico en choque han convertido a las masas en habitantes a quienes el horror dejó sin habla ni criterio.
Las capacidades de discernimiento y de enmienda son parte del daño colateral en este momento cuando la crisis económica en Estados Unidos y la caída de la popularidad de Trump operan para que el inquilino de la Casa Blanca intente recuperar su imagen a través de golpes tácticos hasta hoy erráticos contra varias naciones, bajo el voraz lema de “América para los estadunidenses”, con terribles consecuencias ya conocidas.
Confluye también la elección en México del 6 de junio de 2027 para renovar la Cámara de Diputados y los gobiernos estatales en 17 entidades y ayuntamientos y congresos locales, oportunidad que la partidocracia considera ganancia a río revuelto. Peces sin esperanza ni confianza en el acuario del desaliento, el oportunismo sabe que los sinaloenses morderíamos cualquier carnada con plena conciencia de que podría estar envenenada.
Para colmo de males desde hace cien semanas el Mundo referencia a Sinaloa por el narcotráfico, a partir de que el 25 de julio de 2024 sucedió el crack en el cártel local por el secuestro de uno de sus líderes, Ismael Zambada García, que organizó y perpetró uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, para llevarlo por medios no judiciales a Estados Unidos y entregarlo a la justicia de aquel País. Allí comenzó nuestra historia de sociedad decadente, Gobierno incapaz de detener la narcoguerra, y la injerencia de Trump con fines políticos disfrazados de salvamento de la tierra azteca.
Y luego nos extraviamos en los laberintos que entre todos construimos durante casi un siglo con omisiones, colusiones y negocios, a tal grado que nos nació la preocupación sobre cómo llegamos hasta aquí. En la locura de violencia exacerbada que deriva en alrededor de 3 mil 300 homicidios dolosos y casi 4 mil personas privadas de la libertad de manera ilegal, nos dio por construir villanos y demoler instituciones, abrirle la puerta a la intervención extranjera, legitimar la mentira como forma de expropiar el voto democrático y rendirnos ante teorías de los mil y un complots e intrigas palaciegas urdidas en la narcopolítica.
Sin embargo, lo fundamental tiene que ver con la determinación que adopte la FGR pues se trata de recuperar la gobernabilidad que le es crucial a Sinaloa en la emergencia de salir de las crisis de seguridad pública, económica y política. Nada ni nadie debería distraernos a los ciudadanos en el armado del gran pacto social por la paz, la estabilidad, el desarrollo con visión de futuro. Si la comunidad internacional y los agoreros del desastre nos muestran caídos, es tiempo de mostrar el formidable puntal cívico que sostiene de pie al solar de los cuatro ríos.
Ahora el camino es uno solo. Disponernos a permitir que las instancias ministeriales desarrollen las investigaciones y exigir que la verdad jurídica se haga escuchar por encima de la arenga de partidos políticos que roza con la perorata que incita a la justicia por mano propia, así como identificar y rechazar la incitación a que sea el Presidente del vecino País del norte el que nos inmiscuya en sus afanes por debilitar la soberanía de las naciones para apropiarse de sus riquezas y libertades.
La ruta está clara: dejar de ser carne de cañón y convertirnos en protagonistas de la madre de todas las batallas para recuperar a Sinaloa para los sinaloenses.
No tardará la habladuría,
en proponer la nueva arista,
para que la locura trumpista,
bombardee a la Fiscalía.
Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil rompieron el silencio que mantenían desde que el 1 de mayo solicitaron licencia para separarse del cargo. Al momento en que la FGR los citó a comparecer activaron sus tuits para coincidir, igual que lo hizo Enrique Inzunza, en que van convencidos de que no cometieron delito alguno y confiados en que la investigación permitirá aclarar los hechos. Cumplieron la regla del mutismo en redes y aguantar la escalada de especulaciones, y lo que sigue es el apego a la determinación que adopte la Fiscalía. La voz la tiene la Fiscal Ernestina Godoy Ramos.
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