MEXICALI, AGOSTO 14,2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría diversos dictámenes correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024, presentados por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández.

Las resoluciones corresponden a la fiscalización de recursos públicos ejercidos por diversas entidades durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y fueron sometidas a consideración del Pleno en los términos aprobados previamente por la Comisión.

Entre las cuentas públicas aprobadas se encuentras las del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali (COPLADEM); el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE); el Patronato “Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública” Mexicali (ESJUDE); la Junta de Urbanización del Estado de Baja California (JUEBC); el Tribunal de Justicia Electoral del estado de Baja California (TJEBC); el Instituto de Capacitación en Alta Tecnología del Estado de Baja California (ICATBC); y la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Baja California (CDIM).

También fueron avaladas las correspondientes a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC); la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC); el Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate (INPLADEM); la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California; el Patronato D.A.R.E. Mexicali; el Instituto de la Juventud del Estado de Baja California; el Poder Judicial del estado de Baja California; y el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali (CUMM).

La aprobación de los dictámenes por parte del Pleno no suspende ni concluye las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), las cuales continuarán su trámite conforme al procedimiento establecido en las disposiciones legales aplicables.

Con la aprobación de estos dictámenes, el Congreso del Estado da continuidad a la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024 y al ejercicio de sus facultades en materia de fiscalización, rendición de cuentas y vigilancia del uso de los recursos públicos.

En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

 

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

MEXICALI, AGOSTO 13, 2026.- El Dictamen No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de San Quintín, fue aprobado en sesión ordinaria de Pleno, por 21 votos a favor y ninguno en contra.

Al dar lectura al presente dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Julia Andrea González Quiroz, expuso que, de esta forma, se podrá eximir al 100 por ciento en el pago de diversos derechos municipales relacionados con procesos de regularización territorial, vivienda social y acciones vinculadas al Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Los derechos a exentar podrían comprender, según corresponda y conforme a la naturaleza del trámite, entre otros conceptos, la factibilidad de uso del suelo; deslinde, verificación o revisión técnica catastral; y asignación de clave catastral urbana en nuevos fraccionamientos.

Esta reforma contribuye a atender las problemáticas identificadas en dicho plan, particularmente las relacionadas con rezagos en materia de regularización patrimonial, infraestructura urbana y acceso a servicios esenciales, facilitando la incorporación formal de los asentamientos beneficiados y disminuyendo las cargas económicas inherentes a dichos procesos.

Para acceder a la exención fiscal otorgada en el presente, se deberá cumplir con lo siguiente: los beneficiarios serán las personas residentes trabajadoras agrícolas, así como las personas pertenecientes a pueblos originarios de San Quintín.

En lo que se refiere a superficie, el límite máximo será de 500 metros cuadrados; el valor fiscal no deberá exceder de las 10 mil UMAS y, en cuanto al número de predios, solo podrá regularizarse o titularse un predio por persona solicitante.

Dichos requisitos resultan razonables, toda vez que tienen por objeto dirigir el beneficio fiscal a sectores de la población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y patrimonial, derivadas de la ocupación de predios en proceso de regularización.

En el considerando noveno del presente dictamen se menciona que la propuesta de otorgar una exención temporal de derechos municipales a favor de personas trabajadoras agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios cuyos predios se encuentren en proceso de regularización constituye una medida congruente con el marco constitucional.

Lo anterior, toda vez que contribuye a combatir barreras económicas asociadas a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra, incorporación al desarrollo urbano y acceso a servicios públicos básicos, aspectos que forman parte de los elementos necesarios para garantizar el derecho a una vivienda adecuada previsto en el artículo 4º de la Constitución Mexicana.

Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos  

 

Por Mónica Calles Miramontes

México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.

Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.

No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.

Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.

Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025. 

Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.   

Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:

•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”. 

Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.  

•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?

La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos. 

La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.

Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.

* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

MEXICALI, AGOSTO 9, 2026 .- Con el propósito de garantizar que las niñas y niños cuenten con mayor seguridad y respaldo jurídico durante su estancia en guarderías y centros de cuidado, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa que busca reforzar la Ley Estatal de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

“Desde 2011, la Ley General fijó parámetros mínimos de seguridad y protección para guarderías públicas y privadas, obligando a los Estados a ajustar sus normas a estos estándares nacionales”, explicó la legisladora en su exposición de motivos.

Añadió que la propuesta tiene como finalidad armonizar la Ley Estatal con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de manera que Baja California cumpla con las disposiciones federales y se asegure la protección integral de la niñez en los Centros de Atención.

En Baja California, la ley vigente desde 2015 ya contempla la obligación de contratar un seguro, pero lo limita a daños derivados de la operación de los centros. La iniciativa busca cerrar esa brecha normativa, incorporando la cobertura ante eventualidades y la responsabilidad civil frente a terceros, tal como lo establece la Ley General.

Maythé Méndez recalcó la necesidad de que los Centros Infantiles cuenten con dos tipos de seguros: uno para garantizar atención médica inmediata en caso de accidentes, y otro para cubrir daños de responsabilidad civil frente a terceros.

La propuesta plantea que el artículo 50 de la Ley Estatal se ajuste a la disposición federal, reconociendo que las pólizas deben cubrir tanto la atención médica de los menores como la responsabilidad civil de los prestadores de servicio.

“Se trata de brindar tranquilidad a las madres y padres, asegurando que sus hijos estén protegidos ante cualquier eventualidad”, subrayó la inicialista.

MAZATLÁN._ Con la participación de arquitectos, ingenieros, directores responsables de obra, corresponsables, peritos en desarrollo urbano y especialistas provenientes de diversas entidades del País, este jueves fue inaugurado el XXIII Congreso Nacional de la Asociación de Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano.

El encuentro, denominado “Taller de Actualización Normativa para Desarrolladores Responsables de Obra”, se desarrolla del 6 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Mazatlán y convierte al puerto en el punto de reunión de profesionales del sector de la construcción, quienes durante tres días participarán en un programa de conferencias, paneles, talleres y mesas de trabajo.

Dichas actividades están enfocadas en la actualización de conocimientos, el fortalecimiento de la normatividad y el intercambio de experiencias sobre los principales retos que enfrenta el desarrollo urbano en México.

El congreso tiene como propósito fortalecer la preparación de quienes intervienen en la planeación, diseño, supervisión y ejecución de obras, promoviendo la actualización permanente en materia técnica, legal y normativa, así como el intercambio de buenas prácticas que contribuyan a elevar la calidad y seguridad de las edificaciones.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente nacional de la Asociación de Arquitectos Directores Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Especialidades, Luis Alfonso Vanegas García, destacó que el trabajo de arquitectos e ingenieros representa una responsabilidad que va mucho más allá del diseño y la construcción de edificios, al estar directamente vinculado con la protección de la vida humana.

“No estamos en este auditorio simplemente para hablar de concreto o acero; estamos aquí porque compartimos la responsabilidad más grande que el Estado y la sociedad pueden otorgar a un ser humano: la custodia de la vida humana”, expresó.

El dirigente nacional señaló que cada proyecto estructural implica un compromiso ético con la seguridad de las personas, ya que detrás de cada plano autorizado existen familias cuyo patrimonio y vida dependen del correcto desempeño de los profesionales involucrados.

Además, recordó algunos de los desastres naturales que han marcado la historia del País, como los sismos registrados en la Ciudad de México, así como huracanes e inundaciones que han afectado a Mazatlán, para enfatizar la importancia de que las obras sean diseñadas y ejecutadas bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, por lo que hizo un llamado a mantener una preparación constante para responder a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias de la ingeniería y la arquitectura.

“La capacitación permanente no es una opción, es un deber moral. Debemos dominar los nuevos sistemas constructivos y estar en las aulas, en los laboratorios y en los congresos de manera constante. Un profesional desactualizado es un riesgo estructural viviente”, comentó.

Asimismo, Vanegas García destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre arquitectos e ingenieros, dejando de lado diferencias profesionales para trabajar de manera coordinada en beneficio de la sociedad.

Previo a realizar la declaratoria inagural, destacó que los Directores Responsables de Obra y los Corresponsables representan una pieza estratégica para garantizar ciudades más seguras, por lo que consideró indispensable que las autoridades reconozcan la función que desempeñan como auxiliares en la supervisión y cumplimiento de la normatividad.

Finalmente, Vanegas García convocó a los asistentes a asumir el compromiso de ejercer su profesión con ética, responsabilidad y una preparación permanente, al señalar que la excelencia técnica constituye la mejor herramienta para proteger el patrimonio de las familias mexicanas y fortalecer la resiliencia de las ciudades frente a futuros desastres.

El XXIII Congreso Nacional concluirá el próximo 8 de agosto con diversas actividades académicas y de capacitación, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del País para los profesionales dedicados al desarrollo urbano, la ingeniería y la arquitectura.

El presídium estuvo integrado por Martín Gallardo, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán; Laura Pimentel Muñoz, en representación de Julio César Sandoval; Rosa María Páez González, presidenta del Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa; y Jesús Antonio Espinoza Zaldívar, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, entre otros.

MEXICALI, B.C, AGOSTO 5, 2026.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California para incorporar un modelo permanente de gestión integral de riesgos, con el propósito de proteger la infraestructura de los planteles educativos y garantizar que las actividades escolares no se interrumpan por robos, actos vandálicos o contingencias.

La propuesta contempla una reforma para que la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con las instancias competentes, implemente mecanismos permanentes para prevenir, atender y mitigar los riesgos, con el objetivo de proteger el patrimonio destinado a la educación y asegurar la continuidad del servicio público educativo.

La legisladora señaló que el derecho a la educación no depende únicamente de los planes de estudio y del personal docente, sino también de que las escuelas cuenten con instalaciones seguras y funcionales, sin embargo, en Baja California diversos planteles han sufrido robos, daños en instalaciones eléctricas e hidráulicas, sustracción de equipo y actos vandálicos que, en algunos casos, han obligado a suspender clases durante semanas o meses.

Indicó que mientras se realizan los procedimientos administrativos y presupuestarios para reparar los daños, se perjudica directamente a miles de estudiantes, por ello, considera necesario establecer un esquema preventivo que permita reducir los tiempos de respuesta institucional y fortalecer la capacidad del Estado para atender estas contingencias.

La iniciativa establece que las autoridades deberán identificar y evaluar los riesgos; diseñar estrategias preventivas; implementar mecanismos para atender oportunamente los daños; incorporar instrumentos administrativos, financieros o presupuestarios conforme a la disponibilidad de recursos; y promover la coordinación entre las dependencias responsables para fortalecer la resiliencia de los planteles educativos.

Asimismo, la diputada precisó que la reforma no invade las atribuciones del Poder Ejecutivo ni obliga a contratar seguros o realizar un gasto específico y explicó que la propuesta únicamente incorpora un principio rector dentro de la Ley de Educación, dejando a la administración pública la definición de las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para su implementación.

Corral Quintero destacó que la iniciativa prevé que la implementación de este modelo se realice de manera progresiva, con cargo a los recursos autorizados para las dependencias competentes y sin crear estructuras administrativas adicionales ni generar erogaciones extraordinarias, con el fin de consolidar una política pública que fortalezca la seguridad y operatividad de los planteles educativos de Baja California.

Por Mafe González

El debate sobre la eutanasia volvió a la agenda legislativa con los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quienes anunciaron que respaldarán la discusión de una iniciativa ciudadana para legalizar la muerte digna, dirigida a personas con enfermedades crónico-degenerativas o condiciones irreversibles que deseen decidir sobre el final de su vida.

La propuesta, impulsada por colectivos ciudadanos, busca reconocer el derecho de cada persona a elegir una muerte digna, consciente y voluntaria, además de eliminar el estigma que aún existe en torno a este tema. Sus promotores también mantienen una campaña de recolección de firmas para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso capitalino.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que la discusión deberá construirse escuchando a especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos, mientras que el diputado Ángel Tamariz expresó que el derecho a morir dignamente merece un análisis serio y abierto.

Aunque la propuesta aún no inicia su proceso legislativo, el respaldo de la bancada mayoritaria coloca nuevamente sobre la mesa un tema que divide opiniones por sus implicaciones éticas, médicas, jurídicas y religiosas.

MEXICALI, B.C, AGOSTO 4, 2026.- Ante el aumento de denuncias de invasiones y despojos, el Diputado Jaime Cantón organizó una mesa de trabajo para prevenir los fraudes inmobiliarios y los delitos que atentan contra la seguridad jurídica de la propiedad.

Este grupo de trabajo conforma una nueva etapa en la serie de trabajos que comenzaron el pasado jueves 25 de junio con el Foro Estatal de Vivienda Para Todas Las Personas y que tienen como objeto la actualización integral de la legislación en materia de vivienda.

Estos trabajos se realizan en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California con expertos de la Facultad de Derecho Mexicali, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Arquitectura Mexicali, además de litigantes, profesionales inmobiliarios, constructores y representantes de la Fiscalía General del Estado así como del Poder Judicial del Estado, del Gobierno del Estado y representaciones del Gobierno de Mexicali.

Las mesas de trabajo continuarán durante agosto y se llevarán a cabo en San Quintín, Tijuana y San Felipe para recoger la realidad social de las distintas comunidades del estado.

MEXICALI, B.C, AGOSTO 01, 2026.- La Presidenta del Congreso del Estado, diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presentó ante el Pleno su informe de actividades correspondiente al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legislativo, que comprende del primero del 1 de abril de 2025 al 31 de julio del año en curso, en la sesión de clausura celebrada este viernes.

Bajo los principios de legalidad, institucionalidad, democracia y apertura al diálogo, la diputada Michel Sánchez, celebró un total de 14 sesiones de pleno; dio trámite a 232 iniciativas a las comisiones especializadas en cada tema; 110 proposiciones; 25 posicionamientos; 65 dictámenes de diversas comisiones legislativas; 3 acuerdos de comisiones y 43 decretos despachados.

Entre los principales resultados legislativos destacan reformas en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes, la creación del Modelo de Atención Integral contra el acoso escolar, el fortalecimiento de la educación inclusiva, la prohibición de armas en centros escolares y acciones para prevenir el ciberacoso.

Asimismo, se impulsaron modificaciones constitucionales para consolidar el Sistema Estatal de Cuidados, fortalecer la austeridad gubernamental, proteger la industria vitivinícola, incorporar el principio de sintiencia animal y reforzar las facultades de las comisiones estatales de servicios públicos.

También resalta avances en materia de igualdad sustantiva y justicia, entre ellos la armonización del delito de abuso sexual con el modelo nacional, la tipificación del exhibicionismo corporal, el reconocimiento de la violencia estética como una forma de violencia contra las mujeres, así como reformas para combatir el maltrato animal, el robo de autopartes, la violencia familiar, el despojo y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento contra personas menores de edad y grupos vulnerables.

Como parte de las acciones institucionales, también se informó sobre los avances en la implementación de la Ley Daryela mediante la elaboración del Plan de Formación Institucional en materia de igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la realización de actividades de capacitación y coordinación con diversas dependencias para fortalecer la cultura de igualdad dentro del Poder Legislativo.

En materia de atención ciudadana, la Presidencia de la Mesa Directiva mantuvo diálogo permanente con diversos grupos sociales, entre ellos habitantes de la colonia Maclovio Rojas, ciudadanos de San Quintín, integrantes del movimiento «Justicia para Amparito» y docentes jubilados de la Sección 37 del SNTE, promoviendo mesas de trabajo, gestiones interinstitucionales y seguimiento a los compromisos asumidos para canalizar sus planteamientos dentro del ámbito de competencia del Congreso del Estado.

La diputada Michel Sánchez Allende agradeció a las diputaciones integrantes de esta Mesa Directiva por todo su trabajo y la confianza ratificada en este periodo por la XXV Legislatura; señaló que continuarán con el trabajo legislativo para construir y avanzar en materia de justicia social, igualdad y la transformación.

Asimismo, felicitó a las y los integrantes de la nueva mesa directiva e hizo un llamado a seguir construyendo comunidad, que sea un Congreso cada vez más cercano, “confiamos en ustedes, que el debate se mantenga a la altura de la ciudadanía, que sea un congreso abierto para atender las peticiones, procesarlas y convertirlas en derechos”.

CULIACÁN._ Con la participación de instructores provenientes de ocho estados del país e invitados internacionales, este fin de semana se desarrolla en Culiacán el XXXI Congreso Nacional de Tigre Negro, un encuentro enfocado en la capacitación, actualización y certificación de maestros de este sistema de Kung Fu.

El director nacional de Tigre Negro, Rubén David Vargas Romero, explicó que el objetivo principal del congreso es fortalecer la preparación de los instructores para que repliquen los conocimientos en sus escuelas.

“El congreso 2026 aquí en Culiacán, Sinaloa, es para la capacitación y estar actualizando a cada maestro de ocho estados de la República”, expresó.

Detalló que el programa inició el viernes 31 de julio y concluirá el domingo 2 de agosto con sesiones teóricas y prácticas, además de la certificación de los participantes.

Señaló que durante el encuentro se actualizan los programas de enseñanza para niños, adolescentes y adultos, además de técnicas con implementos tradicionales como sables, lanzas y bastones, con el propósito de mantener un mismo nivel de formación en todas las escuelas del sistema.

Rubén Vargas destacó que al congreso asisten representantes de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Sinaloa, entre otros estados, además de Sisuk Abel Crespo, maestro invitado de Los Ángeles, California, y el grand master Seming Ma, quienes intercambian experiencias y conocimientos durante las jornadas de trabajo.

Como parte de las actividades, este sábado de 16:00 a 19:00 horas se realizará una exhibición abierta al público en la Plaza Explanada donde continuará el congreso, en la que habrá demostraciones de Kung Fu y la tradicional Danza del León, además de la entrega de bandas a alumnos principiantes.

“Sí, sí, pueden ir... sirve de que nos promocionan y si van y les gusta, a lo mejor también entran a practicar Kung Fu”, invitó el director nacional.

Vargas Romero subrayó que la finalidad del sistema no se limita a enseñar técnicas de combate, sino a formar personas con disciplina y valores desde la infancia.

“Lo mejor que tenemos es hacer mejores seres humanos”, afirmó.

Añadió que el trabajo con niñas, niños y adolescentes también busca alejarlos del sedentarismo y del uso excesivo de dispositivos electrónicos mediante la práctica constante del arte marcial.

Invitó a la ciudadanía a asistir a las actividades del congreso y conocer esta disciplina, al señalar que cualquier persona interesada puede acercarse a las escuelas de Tigre Negro para tomar una clase de introducción.

MEXICALI, B.C, JULIO 31, 2026.- En sesión previa y mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se aprobó la propuesta de integración de la Mesa Directiva correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XXV Legislatura.

La directiva habrá de funcionar durante el periodo comprendido a partir del primer minuto del 1 de agosto al 30 de noviembre del presente año, y se integra por: el Diputado Eligio Valencia López como Presidente; Diputada Julia Andrea González Quiroz como Vicepresidenta; Diputada María Yolanda Gaona Medina como Secretaria; Diputada Gabriela Ponce Velázquez como Prosecretaria y Diputada Norma Angélica Peñaloza como Secretaria Escrutadora.

Correspondió al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Juan Manuel Molina García, presentar a la consideración del Pleno, la propuesta para conformarla, misma que fue aprobada de manera unánime por las diputaciones presentes.

La sesión de instalación y apertura se realizará en los primeros minutos de este sábado 1 de agosto en el recinto parlamentario “Benito Juárez García del edificio del Poder Legislativo de Baja California.

MEXICALI, JULIO 28, 2026.- Ante los efectos críticos del cambio climático y la urgencia de gestionar adecuadamente el agua pluvial, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, Presidenta del Poder Legislativo, presentó una iniciativa para incorporar los conceptos de infraestructura verde, infraestructura verde vial y pavimentos sustentables en la legislación estatal.

El planteamiento central busca transformar el diseño de las calles y espacios comunitarios, con el objetivo de reducir inundaciones, disminuir las islas de calor, mejorar la movilidad y fortalecer la calidad de vida de las familias bajacalifornianas.

«La infraestructura debe solucionar los problemas ambientales y no agravarlos; necesitamos calles que permitan recargar nuestros mantos acuíferos y nos ayuden a mitigar las islas de calor urbano», detalló la legisladora.

A través de modificaciones a las leyes de Desarrollo Urbano y de Planeación, se mandata que la apertura, construcción y modernización de las vialidades, apliquen de manera obligatoria soluciones con un enfoque ambiental y social. Esto incluye la instalación estratégica de jardines de lluvia, corredores con arbolado urbano y sistemas modernos de captación pluvial integrados a las vialidades convencionales.

Michel Sánchez señala que el cambio climático ya genera efectos visibles en Baja California, como sequías, aumento de temperaturas, erosión costera e inundaciones urbanas, fenómenos que exigen una nueva forma de planear el crecimiento de las ciudades y la infraestructura pública.

Además, la iniciativa ordena el uso progresivo de pavimentos sustentables y permeables, diseñados específicamente para infiltrar el agua al subsuelo y evitar el colapso de los sistemas de drenaje, ya que actualmente predominan superficies impermeables de asfalto y concreto que favorecen la acumulación de agua, incrementan la temperatura y provocan el deterioro del pavimento.

La legisladora destaca que este modelo de infraestructura no sustituye a la infraestructura tradicional, sino que la complementa para generar espacios más funcionales, accesibles y amigables con el medio ambiente; además, fortalece la movilidad peatonal y ciclista, prioriza a los grupos vulnerables.

La visión técnica de esta propuesta apunta a reducir las temperaturas extremas que golpean recurrentemente a municipios como Mexicali, mejora al mismo tiempo la calidad del aire, garantiza un desarrollo vial más seguro, resiliente y alineado directamente con los objetivos de desarrollo sostenible.

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio aparentemente por causas naturales. Las autoridades investigan el deceso, mientras que este es el octavo hallazgo desde el sábado.

Elementos de emergencias atendieron un llamado al rededor de las 9:00 horas en la calle Congreso de la colonia Ley 57. Allí vieron a una persona del sexo masculino sin vida.

Desde golpes de calor, hasta accidentes y ataques armados, han acabado con la vida de al menos ocho hermosillenses desde el pasado sábado.

El 24 de Julio en la colonia Vista Real un hombre fue ultimado a balazos; ese día también un sujeto murió ultimado; y en el centro de Hermosillo dos personas fallecieron en medio de las altas temperaturas.

El domingo se registró un homicidio en la colonia Arboledas y ayer, una muerte por posible golpe de calor sobre el periférico norte y una posible sobre dosis en la colonia Olivares.

MEXICALI, JULIO 26, 2026.- Ante la crisis que enfrentan cientos de familias que continúan buscando a un ser querido desaparecido, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Baja California informen al Congreso cuáles son las necesidades operativas, técnicas, científicas y presupuestales que impiden fortalecer los procesos de identificación humana y reducir el rezago de cuerpos y restos sin identificar.

En la propuesta, la legisladora manifestó la disposición del Congreso del Estado para impulsar las medidas legislativas que contribuyan a fortalecer las capacidades del Estado en materia de identificación humana y atención a familias de personas desaparecidas. Asimismo, solicitó que la información requerida sea entregada en un plazo no mayor a 30 días naturales, con el objetivo de avanzar hacia una respuesta institucional más efectiva.

En la exposición de motivos, Santa Alejandrina Corral Quintero recordó que, en diversos casos documentados en el país, personas reportadas como desaparecidas permanecieron durante años bajo resguardo institucional sin ser identificadas, lo que evidenció fallas en los procesos forenses y prolongó el sufrimiento de sus familiares.

La diputada señaló que la iniciativa cobra especial relevancia en Baja California, donde recientemente colectivos de búsqueda localizaron al menos 44 cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas de la zona de Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali. Indicó que este hallazgo refleja la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para procesar, analizar, resguardar e identificar los restos humanos, además del rezago existente en confrontas genéticas y expedientes pendientes.

Corral Quintero subrayó que el Congreso ya había aprobado anteriormente un exhorto para solicitar información sobre el número de cuerpos sin identificar, el estado de las confrontas genéticas y las acciones implementadas para fortalecer la identificación humana; sin embargo, señaló que esa petición no ha sido atendida en los términos solicitados, por lo que consideró necesario insistir en obtener información que permita construir soluciones de fondo.

El exhorto también solicita a ambas instituciones remitir un informe detallado que incluya las necesidades de contratación y capacitación de especialistas en medicina, genética, antropología, odontología y criminalística forense; los requerimientos de infraestructura, laboratorios y tecnología; el estado del rezago en los procesos de identificación; los recursos presupuestales indispensables y las reformas legales que consideren necesarias para fortalecer estas tareas.

MEXICALI, B.C, JULIO 25, 2026.- El Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, exhortó al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado a que solicite a la Secretaría del ramo del Gobierno de México, la revisión de los operativos implementados por sus elementos en las inmediaciones del puerto fronterizo de Tecate.

Diversos ciudadanos y comerciantes de la ciudad han manifestado que dichas unidades permanecen apostadas, con la finalidad de detener o revisar, de manera selectiva a personas que acaban de ingresar de los Estados Unidos de América, sin que exista en apariencia flagrancia, denuncia, orden judicial, ni alguna otra causa legal que justifique la intervención de la autoridad.

Esta práctica, según indicó en su exposición de motivos el legislador, genera una fundada preocupación, pues puede traducirse en actos de molestia arbitrarios que contravienen los principios constitucionales de seguridad jurídica.

Por ello, resulta indispensable que las autoridades estatales, en el ámbito de la coordinación institucional que mantienen con las autoridades federales dentro de las Mesas de Construcción de la Paz y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, soliciten la revisión de dichos operativos.

Esto, para que verifique que su actuación, se encuentre plenamente ajustada al marco constitucional y convencional de protección de los derechos humanos, añadió el Legislador en su exposición de motivos.

Si bien las autoridades de seguridad pueden implementar operativos para combatir la delincuencia, éstos no pueden convertirse en mecanismos permanentes de revisión indiscriminada de ciudadanos, cuyo único elemento en común, es haber ingresado recientemente al territorio nacional.

El principio de presunción de inocencia impide que una persona sea considerada sospechosa únicamente por provenir del extranjero o por cruzar un puerto fronterizo. Y el combate a la delincuencia no puede justificar restricciones generalizadas a la libertad de tránsito ni actos de molestia carentes de fundamentación y motivación individualizada.

Humberto Valle hizo hincapié en que el presente exhorto no pretende obstaculizar las tareas de seguridad pública, ni debilitar la estrategia de combate al crimen organizado.

Por el contrario, busca fortalecer el Estado de Derecho mediante el respeto irrestricto a la Constitución y garantizar que toda actuación de la autoridad se encuentre debidamente fundada, motivada y apegada al principio de legalidad.

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.

De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.

Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.

Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.

Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.

El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.

¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.

Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.

¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?

¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?

¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?

¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?

Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.

¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.

Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.

Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.

Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.

¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?

Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.

 

Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan

 

HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?

 

¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora

 

COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.

 

La danza de las “corcholatas sonorenses”

 

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.

 

MEXICALI, JULIO 24, 2026.- En Sesión Extraordinaria virtual, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, diputada Alejandra Ang Hernández, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 19 dictámenes correspondientes a la revisión de las cuentas públicas anuales de diversos entes fiscalizados, relativas al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023.

Las cuentas públicas aprobadas corresponden al DIF Mexicali; DIF Tijuana; Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana S.A. de C.V.; Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California; Comisión Estatal del Agua de Baja California; Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada; Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali; Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate; Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y del Ayuntamiento de Ensenada.

Asimismo del Patronato del Parque Vicente Guerrero de la Ciudad de Mexicali; Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana; Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana; Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali; Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana; Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana y del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Por otro lado, el Pleno no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tecate, al no obtener la votación requerida por las diputadas y los diputados presentes.

Durante la presentación de los dictámenes, se reiteró que la aprobación o no aprobación de las cuentas públicas constituye el resultado del análisis técnico-legislativo realizado por el Congreso del Estado y no suspende ni concluye las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado.

En ese sentido, las observaciones, promociones de responsabilidad y demás procedimientos derivados de las auditorías continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales aplicables, garantizando la rendición de cuentas, la transparencia y el adecuado seguimiento de los recursos públicos.