CULIACÁN._ Detrás de las acusaciones realizadas desde Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses existe una intención de afectar la soberanía nacional de México, afirmó la Senadora Imelda Castro Castro durante una asamblea informativa realizada este viernes en el sector Juntas de Humaya, en Culiacán.

La legisladora estuvo acompañada por los diputados locales Pedro Lobo y Serapio Vargas Ramírez. Entre los asistentes también estuvo presente Julio Duarte Apan, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

Durante su mensaje, Castro Castro acusó que el gobierno estadounidense mantiene una postura intervencionista frente a México.

“No es posible que los Estados Unidos, este gobierno, ahora de Donald Trump, sigan pensando como hace mucho tiempo de que son el policía del mundo y ellos acusan”, expresó.

La Senadora aseguró que los señalamientos contra funcionarios sinaloenses forman parte de una presión política hacia México.

“No nos quedemos con la parte del escándalo y esas cosas, sino que debemos entender que detrás de esas acusaciones en Sinaloa hay una intención de afectar nuestra soberanía nacional”, sostuvo.

“Quieren imponerle a México con sus acusaciones, le quieren decir a México, su gobierno cuándo deben castigar a tales o cuáles personas”.

Sin embargo, aclaró que cualquier acusación debe atenderse con responsabilidad y sin impunidad.

“Cualquier acusación internacional o nacional se tiene que ver con responsabilidad y no debe de haber tampoco impunidad”, afirmó.

La Senadora también reconoció la decisión del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y del Gobernador Rubén Rocha Moya de separarse temporalmente de sus cargos ante los señalamientos.

“Yo en su momento reconocí a nuestro Alcalde de Culiacán y a nuestro Gobernador que pidieran licencia. Es un reconocimiento a la responsabilidad”, comentó.

Castro Castro señaló además que los representantes populares no deben esconderse en momentos de crisis política y defendió la realización de las asambleas informativas para rendir cuentas a la ciudadanía.

“El político, el representante popular, el gobernante que se esconde cuando hay tiempos difíciles, ese no era el que ustedes querían”, comentó.

Durante el encuentro también habló sobre parte de la agenda legislativa impulsada por Morena en el Senado, entre ellas la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, medida con la que aseguró se recuperarían cerca de 5 mil millones de pesos.

“Ya no más nadie va a estar teniendo una pensión de un millón de pesos”.

Asimismo, mencionó reformas relacionadas con violencia contra las mujeres y medidas de austeridad para reducir recursos destinados a congresos y órganos legislativos.

Aseguró que estas asambleas buscan no solo informar sobre el trabajo legislativo, sino escuchar directamente a la ciudadanía.

“Estamos convencidos, convencidas que al pueblo se le debe estar siempre rindiendo cuentas”, expresó.

CULIACÁN._ El diputado federal y vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que en el caso de funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados en Estados Unidos por presuntamente favorecer al crimen organizado, debe prevalecer la aplicación de la ley y el combate a la impunidad.

Durante su visita a Culiacán este domingo, el legislador fue cuestionado sobre las acusaciones que pesan en territorio estadounidense contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y ex integrantes de su administración, así como el Presidente Municipal con licencia en Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes presuntamente habrían formado parte de una red de protección al crimen organizado.

Ramírez Cuéllar evitó expresar un respaldo directo hacia el mandatario estatal y señaló que será la Fiscalía la que determine las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.

“Bueno, él tiene licencia, se supone que se nos ha dicho, la fiscalía está abriendo una carpeta de investigación. Vamos a esperar los tiempos, vamos a garantizar que todo se lleve conforme a la ley. Morena no cubre absolutamente a nadie”, declaró.

El legislador insistió en que cualquier persona que haya cometido actos ilícitos debe responder ante las autoridades mexicanas sin importar el cargo que haya ocupado o su militancia política.

“Si hay una persona que la hizo, es una persona que la tiene que pagar. Si hay una persona que cometió alguna actividad ilícita, tiene que ser castigada conforme a las leyes mexicanas”, expresó.

Las declaraciones del morenista se dan en medio de la crisis política que atraviesa Sinaloa tras las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y ex funcionarios de su gabinete, quienes son señalados de presuntamente haber facilitado operaciones vinculadas al crimen organizado.

Por lo anterior, desde el inicio de mayo Rocha Moya se separó de su cargo al pedir licencia para que se realicen las investigaciones pertinentes, de igual forma que el Alcalde de Culiacán Gámez Mendívil.

Por el caso el ex Secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega se entregaron hace unos días a la justicia estadounidense.

En su visita a la capital sinaloense, Ramírez Cuéllar también participó en mesas de trabajo y encuentros ciudadanos relacionados con la construcción del programa de gobierno 2027-2033 de Morena, ejercicio que el partido realiza en distintas entidades del país donde habrá renovación de gubernaturas el próximo año.

En ese contexto, sostuvo que Sinaloa necesita un proceso de reconstrucción económica y social que vaya más allá de las disputas partidistas y permita atender los problemas de inseguridad, deterioro social y afectaciones económicas que enfrenta la entidad.

“Yo creo que ahora se requiere un gobierno de una gran unidad sinaloense. Se trata de reconstruir la grandeza de Sinaloa, más que ver posiciones o partidos”, señaló.

Añadió que uno de los principales retos será recuperar el tejido social y generar condiciones para proteger a jóvenes y comunidades afectadas por la violencia.

“Creo que la unidad de todos los sinaloenses urge porque necesitamos poner en marcha un programa de emergencia que reconstruya la economía, que garantice el cuidado de nuestros jóvenes y que al mismo tiempo pudiera lograr la reconstrucción del tejido social y también la protección de muchas colonias y comunidades”, comentó.

El diputado federal adelantó además que durante el próximo junio se realizará un nuevo encuentro en Sinaloa con el objetivo de fortalecer la estructura territorial de Morena y promover actividades enfocadas en la cohesión social y la participación ciudadana.

Enrique Inzunza Cazárez, Senador de Morena por Sinaloa y parte de los funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de favorecer al crimen organizado, desmintió la versión que circula sobre su presunto arresto o entrega.

El legislador señaló que se deslinda de las imputaciones que se le han formulado y asegura que no ha contratado a un abogado.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, publicó vía X.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”

Inzunza Cázarez agregó que atenderá los señalamientos que se le han presentado conforme lo mandaten las autoridades mexicanas.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, estableció.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”.

Los rumores alrededor del Senador tomaron fuerza en el contexto de las detenciones previas de otros funcionarios del círculo cercano al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con la recepción de sobornos a cambio de facilitar operaciones criminales y advertir sobre operativos policiales.

Reportes en redes sociales señalaban que Inzunza Cázarez podría ser el siguiente en entregarse a las autoridades estadounidenses en San Diego, California.

El legislador es uno de los 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión bajo el sistema judicial estadounidense.

A diferencia de Rocha Moya y del Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza Cázarez es el único de los tres principales señalados que no ha pedido licencia para separarse de su cargo, por lo que conserva el fuero constitucional.

El Senador también vinculó las acusaciones en su contra con su posicionamiento previo contra el presunto operativo conjunto entre la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la CIA.

La acusación del DOJ describe un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios estatales habrían sido integrados a una “narconómina” operada por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con Inzunza Cázarez como supuesto enlace entre los líderes criminales y el Gobernador Rocha Moya.