Una grave situación de inseguridad jurídica y extorsión ha estallado en la colonia 8 de Octubre (Lagunitas), en la comunidad de El Pescadero. Representantes sociales y residentes denunciaron públicamente que un grupo de personas, presuntamente encabezado por abogados y particulares, está abusando de la vulnerabilidad de familias humildes y trabajadores del campo, exigiéndoles cuotas ilegales bajo la amenaza de desalojo.

Guadalupe Antonio Castro Crespo, coordinador de Unificación y Defensa por los Originarios, junto a Johnny Francisco Morgan Salinas, vicepresidente de la colonia, señalaron que la gente que gana apenas 200 pesos al día es obligada a entregar sumas que van desde los 500 hasta los 2,000 pesos. Estos cobros se disfrazan de supuestas cooperaciones para servicios como pozos de agua, luz o trámites de vivienda que nunca se concretan.

 Johnny Francisco Morgan Salinas: “Estamos buscando una solución y ayuda del gobierno estatal ante actos de corrupción de personas que llegaron, se plantaron y empezaron a pedirle a nuestros compañeros indígenas dinero para pozos de agua, que es una gran mentira. Nos piden cantidades de 500 o 1,000 pesos para todo. Ya estamos cansados de ese tipo de extorsiones; buscamos un pedazo de tierra para vivir y ellos se aprovechan ayudados por quién sabe qué autoridades, porque llega la Guardia Nacional o la policía y nunca nos hacen caso”.

Los denunciantes señalaron directamente a los licenciados Arturo Rubio Ruiz y Rangel, así como a un grupo operativo, de orquestar estos cobros y de utilizar la violencia física contra los colonos. A pesar de existir múltiples demandas ante las autoridades competentes, los afectados aseguran que los actos de “cobardía” y golpes contra compañeros continúan ante la aparente indiferencia o protección de las fuerzas del orden que patrullan la zona.

La preocupación de los fundadores de la colonia es que el conflicto en El Pescadero escale a niveles de marginación como los vistos en Cabo San Lucas, donde actualmente miles de familias viven en el olvido. Ante esto, hicieron un llamado enérgico a la SEDATU y a su sala anticorrupción para que intervengan en la regulación de las tierras nacionales y pongan fin al lucro con la necesidad de vivienda digna.

El llamado de auxilio es desesperado. Las familias, muchas de ellas provenientes de otros estados y pertenecientes a comunidades indígenas, claman por la atención del gobierno estatal y federal. “Volteen a ver a la colonia 8 de Octubre”, pidió Morgan Salinas, subrayando que la paz social en esta zona agrícola de La Paz depende de que se detenga a quienes están “robando y extorsionando” a los trabajadores más desprotegidos de la entidad.

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El cargo Familias de El Pescadero denuncian red de extorsión y corrupción por terrenos; señalan a falsos líderes apareció primero en Tribuna de México.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre la detención de cuatro hombres que se encontraban prófugos de la justicia, presuntamente relacionados con la agresión ocurrida el 25 de diciembre en la comunidad de El Pescadero, municipio de La Paz, en la que resultó gravemente lesionado Saúl Castro, quien posteriormente falleció.

De acuerdo con la institución, la captura se realizó el jueves 12 de marzo en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo, mediante un operativo coordinado por agentes de la Unidad de Mandamientos Judiciales.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, Sodgy “N”, Orlando “N” y Sergio “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa acabada, en agravio de quien en vida respondía al nombre de Saúl “N”.

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Según la información oficial, los hechos que originaron la investigación ocurrieron la noche del 25 de diciembre, cuando la víctima fue agredida por un grupo de hombres con un objeto contundente, lo que le provocó lesiones graves, principalmente en el cráneo. A consecuencia de dichas heridas, el hombre perdió la vida días después.

Tras el reporte del ataque, la PGJE inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables. Las detenciones recientes, señaló la dependencia, fueron resultado de labores de gabinete, análisis de información y trabajo de campo, así como de acciones realizadas por personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Previamente, autoridades habían informado que seis personas estaban presuntamente relacionadas con la agresión. Con la captura de estos cuatro hombres —sumada a la detención previa de otros dos implicados— ya se cuenta con la totalidad de los presuntos participantes identificados en los hechos.

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Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

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