MEXICALI, MARZO 1, 2026 .- La seguridad de Baja California no solo se construye con inteligencia policial, también reconstruyendo el tejido social desde sus bases juveniles, indicó la diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar un posicionamiento ante el Pleno.

Su postura se refiere a la problemática relativa a la atención de jóvenes en riesgo y a la importancia de fortalecer la prevención del delito, por considerar que “es momento de poner verdaderamente el corazón, reconociendo que cada vida joven que se pierde es un fracaso en nuestra misión de heredar un futuro más justo y una vida mejor y más digna para todos”.

Como representantes populares —dijo— deben ser el resultado de las decisiones que la ciudadanía exige, y su responsabilidad primordial es garantizar derechos y circunstancias que permitan una vida digna para las familias de Baja California.

Mencionó que en la entidad actualmente existen jóvenes en riesgo, atrapados en un ciclo de violencia y falta de oportunidades que no puede seguirse ignorando, puesto que los datos son alarmantes y obligan a actuar con carácter urgente.

Añadió la diputada del Partido Acción Nacional que, como legisladores, “no debemos ser observadores pasivos de estas circunstancias que considerábamos superadas, porque hoy enmarcan un presente de miedo para nuestros jóvenes”.

Mayola Gaona precisó, al hacer uso de la Máxima Tribuna, que se requiere congruencia con la responsabilidad de alzar la voz, exigiendo la atención inmediata y prioritaria mediante políticas públicas para el fortalecimiento de la prevención del delito y la atención de jóvenes en riesgo.

Dichas políticas deben tener, entre otros objetivos, institucionalizar programas deportivos de alta disciplina en los siete municipios del estado, siguiendo modelos de éxito como el Escuadrón Juvenil Deportivo, e implementar programas y talleres artísticos en las colonias identificadas con mayor vulnerabilidad.

Sugirió también establecer convenios de colaboración con el sector privado para garantizar la inserción laboral de jóvenes en riesgo, así como el acceso a servicios psicológicos gratuitos y programas de tamizaje en escuelas para la detección oportuna de trastornos mentales y consumo de sustancias, combatiendo el suicidio desde la prevención primaria.

“Esto es un llamado a la conciencia sobre la crisis silenciosa que asfixia a nuestras juventudes, porque cada joven que logramos arrebatar a la atracción del dinero fácil, a la deserción escolar y a la delincuencia, para integrarlo a una vida laboral digna, es una victoria de la civilidad sobre la violencia”.

Finalmente, la legisladora local enfatizó que Baja California merece que sus juventudes crezcan con esperanza de un futuro mejor y no con miedo.

MEXICALI, MARZO 1, 2026 .- El Congreso del Estado aprobó el Dictamen número 11, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, mediante el cual se reforma la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, a fin de establecer como obligación que las personas trabajadoras reciban y acrediten capacitación obligatoria en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes, respecto a la iniciativa planteada por el diputado Diego Lara Arregui, y estipula como requisito obligatorio la participación en capacitaciones en género para toda persona que ocupe un cargo público.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que la violencia de género constituye una problemática estructural que también se manifiesta en espacios institucionales y, aunque la Ley de Capacitación en Materia de Género ya establece la obligatoriedad de formación para personas servidoras públicas, en la Ley del Servicio Civil no se contemplaba de manera expresa esta obligación, por lo que dicha omisión representaba una barrera significativa para lograr una transformación real y duradera dentro de las instituciones.

En el análisis de la Comisión dictaminadora, se valoró el principio de progresividad de los derechos humanos como fundamento para fortalecer las medidas de prevención dentro del servicio público. Se consideraron los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención de Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con la reforma aprobada, se adiciona una fracción X al artículo 53 para establecer como obligación de las personas trabajadoras “recibir y acreditar las capacitaciones obligatorias en materia de género, de prevención y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, armonizando así el marco normativo estatal con la legislación vigente en la materia.

El diputado Diego Lara Arregui reconoció que esta formación constante representa no solo un derecho para quienes integran el sistema, sino también una responsabilidad ética, política y social, al considerarla una vía estratégica para construir instituciones sólidas, equitativas, libres de violencias y comprometidas con los derechos humanos.

MEXICALI, FEBRERO 20, 2026 .- En el seno de la Comisión de Justicia que preside la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, se aprobó una iniciativa de reforma a la Ley en materia de Trata de Personas; dos iniciativas de reforma al Código Penal de Baja California en materia de homicidio, lesiones y tipo de violencia química, con opinión de la Dirección de Consultoría del Congreso del Estado.

Las diputaciones integrantes avalaron estas iniciativas por seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con el objetivo de proteger a las infancias, a las mujeres víctimas de este tipo de agresiones y a las personas con discapacidad.

El proyecto que da origen al Dictamen No. 21, correspondiente a la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en Baja California, fue aprobado por unanimidad. La propuesta, presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López en mayo del año anterior, establece el principio de no criminalización como rector de la legislación.

De esta forma, la no criminalización de las víctimas se adiciona a los principios rectores de la Ley, junto con la máxima protección, el interés superior de la infancia, el derecho a la reparación del daño y la garantía de no revictimización, entre otros.

Posteriormente, fue aprobado el proyecto que da origen al Dictamen No. 22, en el que se unificaron las iniciativas de reforma al artículo 147 del Código Penal, relativas a los delitos de homicidio y lesiones calificados, presentadas por las diputadas Michelle Tejeda Medina y Adriana Padilla Mendoza, con el propósito de ampliar el rango de protección a personas menores de dieciocho años y a personas con discapacidad.

Además, se avaló el proyecto que origina el Dictamen No. 23, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 143 TER del Código Penal estatal, presentada por la diputada Evelyn Sánchez, con la finalidad de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, así como robustecer las obligaciones del Ministerio Público para garantizar la protección de la víctima.

En los casos previstos en este artículo, la fiscalía deberá actuar con perspectiva de género y coordinarse con las autoridades competentes para decretar las medidas de protección establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.

En la sesión participaron las diputaciones integrantes de la comisión legislativa: Angélica Peñaloza, Ramón Vázquez, Juan Manuel Molina, Jaime Cantón, Araceli Geraldo y Diego Echevarría, así como el director de la Consultoría Legislativa, Israel Ceseña, contando con la asistencia de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.