Una visita presidencial no es una cuestión menor, pues sirve para que el o la titular del Poder Ejecutivo federal perciba de primera mano los asuntos de un estado o una ciudad, y también para que el País entero voltee los ojos hacia la tierra que visita.

En el caso de Sinaloa, la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum no es tanto que nos interesen los reflectores sobre el estado, pues ya bastante exposición tenemos a nivel nacional e internacional por la crisis de seguridad que padecemos, pero sí interesa que le dé un vistazo a los problemas que aquejan al estado y ofrezca al menos una postura al respecto.

La crisis de violencia como prioridad, pero también la situación del agro, principalmente de los maiceros, son los temas a dar seguimiento, y de los que se espera una postura presidencial.

Ojalá la visita de la Mandataria Sheinbaum de hoy y mañana, que en realidad inició desde ayer, no sea sólo para buscar mostrar un Sinaloa en paz en donde la propia Presidenta puede estar sin problema, es decir, para mostrar un “no pasa nada”, sino que sea en verdad una visita eficiente y efectiva que traiga propuestas y soluciones concretas.

Sinaloa necesita una visita de esperanza, sí, pero más que nada una visita que nos traiga buenas noticias encaminadas a dar solución a la situación que atravesamos desde hace más de 500 días y que incluso éste último domingo, casi “sin deberla ni temerla” volvió a tomar a la población como rehén.

Es difícil no hablar de violencia cuando los eventos recientes, y los continuos que ha vivido Sinaloa durante casi 18 meses, no hacen sino atrapar la conversación, tanto la pública como la privada.

La autoridad hace el papel que ha estado realizando durante años, llamando a la calma y prometiendo mejores condiciones de seguridad.

Y la sociedad espera que ese momento llegue y que la delincuencia organizada ya no sea la protagonista de las anécdotas que habrá que contar.

Y en medio está un sector económico que necesita de una narrativa diferente, en la que se garanticen condiciones seguras, como todos lo merecen, para mantener a flote sus negocios y los servicios que ofrecen, sobre todo, el de los servicios.

Ha quedado claro recientemente que la violencia que genera el crimen organizado no sólo es de Sinaloa, como se hizo resonar en los meses recientes, sino que está asentada en todo el País y aguarda para estallar.

Ha pasado en Sinaloa, le han tocado coletazos a Mazatlán, pero ha pasado en Guerrero, con Acapulco como indemnizado o ha ocurrido en Quintana Roo y toda la Riviera Maya, y ha ocurrido recientemente en Puerto Vallarta, tras la violencia ocurrida en Jalisco.

Pero más allá de qué lugar es más inseguro o en cuál se generan los hechos más violentos, lo que se debe tratar de buscar es cómo minimizar los daños.

Y sí, no se trata de negar una realidad que a los tomadores de decisiones no les gusta: admitir que hay hechos criminales que pueden afectar sitios que dependen de la percepción, como es la actividad turística.

Y después de ello, planear las medidas que se tienen que adoptar para que esos lugares que se ven afectados por la violencia, puedan recuperar la tranquilidad en su comunidad y por extensión, a quienes lo visitan.

La violencia que el País ha vivido de manera histórica ya ha tenido impactos negativos en el segmento turístico. Hay que revisar qué se hizo bien en el pasado y también qué se dejó hacer, para que el posible daño de la violencia de hoy sea menor que el que dejó en crisis anteriores.

Sí hay salidas.

A propósito de la muerte de Ricardo Mizael en Culiacán, a sus apenas 15 años, la antropóloga, investigadora y activista mexicana Rossana Reguillo, en un artículo publicado en Animal Político recientemente, nos recuerda el concepto juvenicidio.

“¿De qué mueren los jóvenes en México? El caso de Ricardo Mizael y la estructura del juvenicidio”, es el título del artículo, donde la investigadora en Ciencias Sociales es contundente: “Ricardo no murió por azar. Su asesinato se inscribe en un patrón que lleva años consolidándose: la exposición sistemática de los cuerpos jóvenes a una violencia que opera con impunidad y que encuentra, además, una narrativa dispuesta a relativizarla”.

La especialista alerta de cómo los cuerpos de jóvenes son una especie de “residuos de una guerra que nadie declaró formalmente, pero que se ejerce con puntualidad devastadora”.

Y a la pregunta de “¿De qué mueren los jóvenes en este País?”, responde: “Mueren por bala. Mueren por desaparición. Mueren por sospecha. Mueren por estar en el lugar equivocado. Mueren porque su vida ha sido colocada en el margen de lo protegible”.

Nos insta a no dejar que Ricardo Mizael sea un número más en la contabilidad de homicidios dolosos.

“En un país anestesiado por la repetición, el dato podría diluirse en la estadística. Pero el nombre propio obliga a detenernos. Ricardo no es un número más en la contabilidad de homicidios dolosos. Es la expresión concreta de lo que he llamado juvenicidio: la producción sistemática de condiciones que hacen posible -y administrable- la muerte de jóvenes”.

Y remata: “El juvenicidio no es únicamente el disparo que termina con una vida. Es también el clima social que acepta que ciertas vidas jóvenes están siempre a prueba”.

Reflexión actual, vigente y devastadora.