Ser jurado de votación es una función central para la democracia colombiana. Para las elecciones del 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil designó a más de 862.000 ciudadanos como jurados, seleccionados entre entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas.

El proceso contó con la vigilancia de organismos de control, Fuerza Pública y autoridades municipales, asegurando la transparencia en la conformación de las mesas.

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El servicio como jurado es obligatorio. Quienes no se presenten o abandonen el puesto sin justificación enfrentan sanciones severas: los servidores públicos pueden ser destituidos de sus cargos y los particulares, multados con hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente $20.000.000 en 2026). Incluso, no firmar las actas correspondientes puede acarrear una sanción equivalente.

Sin embargo, el Estado reconoce el compromiso cívico de los jurados otorgando beneficios laborales. El más relevante es el día compensatorio de descanso remunerado, al que tiene derecho toda persona que cumpla esta función, tanto en el sector público como en el privado. Este día debe disfrutarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección, como incentivo para quienes contribuyen a la transparencia electoral.

¿Cómo solicitar el día compensatorio por ser jurado de votación?

El procedimiento es claro y está respaldado por la normatividad de la Registraduría Nacional y el Ministerio de Trabajo:

1. Certificado de jurado: al finalizar la jornada electoral, el ciudadano debe conservar y presentar el certificado original de jurado de votación. Este documento es expedido por la Registraduría y constituye la prueba para acceder al beneficio.
2. Presentación ante Recursos Humanos: el certificado debe ser entregado al área de Recursos Humanos o al jefe inmediato en la empresa, entidad pública o institución educativa donde labora el jurado.
3. Acuerdo de fecha: aunque el día de descanso es un derecho irrenunciable, la fecha exacta debe acordarse con el empleador, para no afectar la prestación del servicio o el funcionamiento de la empresa. El descanso debe tomarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la elección.
4. No es pago en dinero: la legislación prevé el descanso efectivo, no la compensación monetaria si el empleado no toma el día.
5. Obligatoriedad: el empleador no puede negarse a otorgar el día de descanso ni descontar salario por el mismo. Si el empleador desconoce el derecho, el trabajador puede acudir a la oficina del Ministerio de Trabajo para recibir asesoría y presentar una queja formal.

Medio día adicional por votar

Un beneficio complementario, vigente para todo ciudadano que vote (incluidos los jurados), es el derecho a media jornada de descanso remunerado. Este permiso debe ser concedido dentro del mes siguiente a la jornada electoral, también en acuerdo con el empleador. Para acceder, el trabajador debe presentar el certificado electoral que acredita su participación en las urnas.

¿Se pueden acumular los permisos?

Sí. Si una persona fue jurado y también ejerció su derecho al voto, acumula ambos beneficios: un día de descanso por ser jurado y media jornada adicional por votar, para disfrutar en fechas acordadas y dentro de los plazos legales. No se permite acumular permisos de diferentes jornadas electorales; cada uno debe solicitarse en el plazo correspondiente.

Obligaciones adicionales del empleador

Además de los descansos por voto y por servicio como jurado, el empleador debe conceder licencia remunerada para asistir a la capacitación obligatoria previa a la jornada electoral. Esta capacitación es parte del proceso formativo exigido por la Registraduría, y la ausencia del empleado debe ser justificada y no descontada de su salario.

Resumen práctico

• Si solo fue jurado: tiene derecho a un día de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles posteriores a la elección.
• Si solo votó: media jornada de descanso dentro del mes siguiente.
• Si fue jurado y votó: suma ambos beneficios: un día y media jornada.

Estos permisos son irrenunciables, remunerados y de obligatorio cumplimiento para el empleador, quien debe otorgarlos sin exigir compensación en tiempo de trabajo ni deducirlos del salario. Ante cualquier dificultad, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo para proteger sus derechos y exigir el cumplimiento de la ley.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció un paso significativo en la modernización del transporte nacional al firmar el acta de inicio para los estudios de factibilidad del Corredor Férreo Central.

De acuerdo con la agencia, el ambicioso proyecto del Estado busca unir la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe, a lo largo de un trayecto de 448 kilómetros, marcando un hito en la reactivación ferroviaria del país.

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Inicio de estudios para el Corredor Férreo Central

El encargo de los estudios y diseños técnicos recae en el Consorcio Ferreoestructura Central C&G, mientras que la interventoría estará a cargo del Consorcio Férreo Central BC. El contrato establecido contempla una inversión de $102.609 millones, de los cuales $91.164 millones corresponden a la consultoría y $11.445 millones a la interventoría. El plazo para la entrega de los estudios de factibilidad es de 18 meses, proyectando su culminación para septiembre de 2027.

El alcance de los estudios abarca análisis de demanda, aspectos prediales, ingeniería ferroviaria, operación y mantenimiento, evaluación ambiental y social, estimaciones de inversión (Capex y Opex), programación de obra, análisis tarifario y territorial, así como la integración con sistemas intermodales.

El trazado estructurado comprende tres tramos principales: la Variante Tocancipá-Funza (54 km), el Corredor Zipaquirá-Barbosa (212 km) y el tramo Barbosa-Barrancabermeja (182 km).

Características y potencial del corredor

El proyecto contempla la construcción de 391 km de vía férrea, el mejoramiento de 57 km, la edificación de 93 túneles que suman 132 km, 185 puentes con una longitud de 52 km y 264 km de trayecto a cielo abierto. La previsión de carga movilizada para 2053 es de 11,3 millones de toneladas al año, con énfasis en carga a granel, general y carbón.

Según la ANI, la infraestructura permitirá la integración de los principales centros de producción y consumo del centro del país con la costa Caribe, facilitando plataformas logísticas intermodales y corredores estratégicos de comercio.

Según óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, el Corredor Férreo Central representa un elemento clave para consolidar el sistema ferroviario nacional, integrando la región metropolitana con los puertos y fortaleciendo la logística nacional y regional.

Articulación con otros proyectos ferroviarios

El Corredor Férreo Central se suma a otras iniciativas que buscan reavivar la movilidad férrea en el centro del país. Entre ellas, sobresale el RegioTram de Occidente, la primera línea de tren de cercanías de Colombia, que ya alcanza un avance de obra superior al 32%. Este sistema, cuya entrada en operación se realizará por fases, conectará Facatativá y Fontibón en octubre de 2027, y llegará hasta el centro de Bogotá en 2029.

El RegioTram reducirá los tiempos de desplazamiento entre la Sabana de Occidente y la capital de hasta tres horas a poco más de una, mejorando la calidad de vida de miles de habitantes y generando más de 850 empleos directos. Los trenes eléctricos articulados de 52 metros de largo podrán transportar hasta 1.000 pasajeros por trayecto, con frecuencias de seis minutos en horas pico y velocidades de hasta 70 km/h.

El impulso del RegioTram del Norte

El RegioTram del Norte es otro de los proyectos estratégicos para conectar Bogotá con municipios como Zipaquirá, Cajicá y Chía. El trazado atravesará localidades clave de la capital —Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero—, así como barrios y veredas en los municipios vecinos. Se espera que este corredor impulse sectores como la agroindustria, comercio, turismo, salud, educación y vivienda, beneficiando diariamente a cerca de un millón de personas.

La integración de estos proyectos ferroviarios fortalecerá la movilidad regional, impulsará el desarrollo económico y social, y posicionará a Colombia como referente en transporte sostenible y moderno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la opinión pública y a la comunidad colombiana residente en Israel y Palestina que, debido a la situación actual de seguridad en ambos países, no se abrirán los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Ramallah el día 8 de marzo.

Las autoridades locales ordenaron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante el contexto de riesgo. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad de los ciudadanos colombianos y del personal consular, se determinó no abrir estos puestos electorales.

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De acuerdo con la Cancillería, la decisión responde a la necesidad de salvaguardar el bienestar de los connacionales y se mantendrá mientras persistan las condiciones que motivaron esta medida.

Complementando este anuncio, la Cancillería comunicó que mantiene un monitoreo permanente de las jornadas electorales al Congreso de la República y Consultas en el exterior. El seguimiento se realiza desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, desde el 1 de marzo de 2026.

Este centro de operaciones brinda asistencia las 24 horas del día a los consulados colombianos en el exterior, sirviendo como canal de comunicación entre entidades nacionales e internacionales para garantizar el derecho al voto de los connacionales. El acompañamiento institucional se mantendrá hasta el 8 de marzo.

Durante la jornada electoral en el exterior, que se desarrolla entre el 1 y el 7 de marzo de 2026, Colombia cuenta con 114 puestos de votación en los cinco continentes. Para el domingo 8 de marzo, se suman otros 139 puestos de votación adicionales, ampliando la cobertura para facilitar la participación de los colombianos en el extranjero.

En 2026 se cambiaron las direcciones de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos a la presidencia. Estos cambios afectan sedes en 16 países: 25 en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, y uno en cada uno de los siguientes territorios: Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.

La Cancillería precisó que las oficinas consulares definen los puestos de votación en el exterior en función de las condiciones logísticas de cada país. Por ello, recomendó a los ciudadanos consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para estar al tanto de cualquier cambio o actualización en las direcciones.

La Registraduría Nacional invitó a todos los colombianos residentes en el exterior a continuar ejerciendo su derecho al voto durante los días habilitados, recordando la importancia de su participación para incidir en el futuro del país y fortalecer la democracia.

Entre las sedes habilitadas para la votación en el exterior se encuentran:

• Alemania:
• • Berlín Consulado: Taubenstrasse 23, 10117 Berlín
  • Hamburgo: WIESE eG, Centro de Educación y Producción Teatral, Wiesendamm 24, 22305 Hamburgo
  • Bremen: Parkallee 32, 28209 Bremen
  • Stuttgart: Rotebuhlstrasse 77, 70178 Stuttgart - Entrada por Herman strasse 20, 70178
• Curazao:
• • Willemstad Consulado: 25 Hanchi Snoa, Punda, Willemstad Curazao
• Australia:
• • Sydney Consulado: Ground Floor, 65 Berry Street, north Sydney
• Brasil:
• • São Paulo Consulado: Av. Nove de Julho 4939 Bloco A. Sala 131 (L-V) Hotel Mercure Sao Paulo Jardins-Alameda Itu 1151 Sala Caturra (S-D)
  • Belo Horizonte: Dayrell Hotel – Rua Espirito Santo 901 – Sala Sandstone
  • Florianópolis: Novotel Florianópolis – Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos 2034 – Sala Dança
  • Porto Alegre: Hotel Manhattan – Rua Miguel Tostes 30 – Sala Brooklin
  • Curitiba: Seventh Avenue-Av. Sete de Setembro 5402-Andar16
  • Foz de Iguazú: Campus Integração UNILA – Av. Tancredo Neves 3147 – Bloco 2 – Salas A120 y A121
  • Río de Janeiro - Consulado: Praia de Botafogo 228 – Sala 801 A. Ed. Argentina
  • Recife: Rua Jose Aderval Chaves 78/109 Ed. Emp. Ivacon IV
• Cuba:
• • La Habana - Consulado: Calle 14 N.515 entre 5 y 7 Miramar-Playa-La Habana
• Chile:
• • Santiago Consulado: Av. Andrés Bello 2211, L 103, 7510056 Providencia
• China República Popular:
• • Hong Kong - Consulado: 12/F, China Merchants Tower, 200 Connaught Rd Cent
  • Shanghai Consulado: No. 518 Anyuan Road, Baoba City Center Suite 2005
• Dinamarca:
• • Copenhague Consulado: Kongens Nytorv 15, 4th Floor, 1050 Copenhagen K
• Ecuador:
• • Guayaquil - Consulado: Edf Agora XXI Piso 8, ofi 3 frente al Mall del Sol
  • Santo Domingo Tsachilas - Consulado: Urbanización Vega, Calle Río Yuturi con Calle Río Yamino
• España:
• • Barcelona - Consulado: Las Palmas de Gran Canaria - Calle Obispo Codina No. 3, Piso 1, CP. 35001
  • Málaga: Edificio de la Tabacalera. Cll Concejal Muñoz Cervan N°3

Para mayor facilidad, los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación utilizando la aplicación gratuita ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, o a través de la página web de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co), accediendo a la sección ‘Elecciones 2026’, luego ‘Congreso de la República’ y finalmente ‘Consulta lugar de votación’.

El domingo 8 de marzo, millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Más allá de definir la composición política del Legislativo, las elecciones también renuevan a quienes ocuparán uno de los cargos mejor remunerados del sector público en Colombia: los senadores y representantes a la Cámara.

¿Cuánto ganan los congresistas en Colombia?

Hasta la fecha, el salario mensual de un senador o representante a la Cámara en Colombia se ubicaba en $51,6 millones. Esta cifra está compuesta por tres rubros principales: una asignación básica de aproximadamente $12 millones, gastos de representación superiores a $22 millones y una prima especial de servicios cercana a $16,9 millones al mes.

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La prima era uno de los componentes más polémicos, pues representaba casi un tercio del ingreso total mensual de un legislador y la convertía en una de las remuneraciones más altas del aparato estatal.

Sin embargo, el panorama salarial de los nuevos congresistas cambiará significativamente a partir de este año. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 0030 de 2026, decidió eliminar la prima especial de servicios para todos los congresistas que inicien su periodo a partir del 20 de julio de 2026. Con esta modificación, la remuneración bruta mensual de senadores y representantes bajará de $51,6 millones a cerca de $34,7 millones.

Esta nueva suma corresponde únicamente a la asignación básica y los gastos de representación; es decir, los dos componentes fijos de la remuneración parlamentaria. La diferencia es sustancial: la eliminación de la prima implica una reducción de $16,9 millones mensuales por congresista. Considerando que el Congreso está integrado por 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, el ajuste repercute de manera relevante en la nómina total del Legislativo.

¿Cómo se compone el salario de un parlamentario?

El salario de los parlamentarios se estructura de la siguiente manera:

• Asignación básica mensual: representa alrededor del 60% de la remuneración total.
• Gastos de representación: superan los $22 millones y hacen parte fija del ingreso.
• Factores salariales adicionales: como primas y bonificaciones, representaban hasta el 40% antes de la eliminación de la prima especial.
• Prestaciones sociales: representan menos del 0,5% del total.
• Remuneraciones no constitutivas de factor salarial: incluyen contribuciones inherentes a la nómina.

A partir del nuevo periodo, los parlamentarios ya no recibirán la prima especial de servicios, modificando la correlación de estos componentes.

Comparación con el salario mínimo

En 2026, el salario mínimo mensual en Colombia, incluyendo el subsidio de transporte, se ubicó en $2 millones ($1.750.905 de salario base y $249.095 de subsidio de transporte). Bajo la estructura anterior, un congresista ganaba alrededor de 25,8 veces el salario mínimo. Con la eliminación de la prima especial de servicios, esa proporción descenderá a 17,3 veces el salario mínimo vigente.

En términos prácticos, mientras un trabajador que devenga el salario mínimo recibe unos $2 millones al mes, un senador o representante que comience funciones en julio de 2026 percibirá alrededor de $34,7 millones mensuales antes de descuentos. Aunque esta reducción es notoria, la diferencia frente al ingreso base de millones de trabajadores colombianos sigue siendo considerable.

Impacto en la nómina pública

La eliminación de la prima especial representa un cambio relevante no solo para los futuros congresistas, sino también para el gasto público. Para 295 congresistas (108 senadores y 187 representantes), el ahorro mensual será superior a $4.985 millones, sumando más de $59.800 millones al año que dejarán de salir del presupuesto legislativo.

Si bien la remuneración parlamentaria sigue siendo ampliamente superior al promedio nacional, el ajuste salarial marca un nuevo estándar en la política de gasto público y responde a demandas de austeridad y transparencia en el manejo de los recursos estatales.

En conclusión, a partir del periodo 2026-2030, senadores y representantes a la Cámara en Colombia tendrán un salario bruto de $34,7 millones mensuales, equivalentes a más de 17 veces el salario mínimo vigente.

La medida, que elimina la prima especial de servicios, representa una reducción de $16,9 millones respecto a la estructura salarial anterior, y tendrá un impacto directo en la nómina y en la percepción pública sobre la remuneración de los cargos más relevantes del Congreso.

El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, una iniciativa pionera que pone a la capital en la vanguardia nacional en la protección de la niñez mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

El proyecto, liderado por la bancada del Partido Político Mira, establece los lineamientos para que el Distrito Capital utilice la IA como herramienta estratégica de prevención temprana del abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA). Ahora, la norma pasa a sanción del Alcalde Mayor y se perfila como una de las apuestas más innovadoras para blindar a la infancia frente a los riesgos actuales.

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Una respuesta innovadora frente a cifras alarmantes

La urgencia de la medida se sustenta en datos contundentes: en 2025, Bogotá registró 2.496 exámenes médico legales por presunto abuso sexual en menores, superando ampliamente a otras ciudades principales, según Medicina Legal.

Además, el sistema de alertas de la Secretaría de Educación reportó, entre 2025 y lo corrido de 2026, más de 10.800 casos de violencia sexual. De estos, 571 correspondieron a entornos digitales, lo que equivale a cerca de dos casos diarios relacionados con plataformas o redes sociales.

El grupo más afectado son niños entre 8 y 13 años, y las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran alrededor del 40% de los casos. Más de la mitad ocurren en entornos educativos, con un promedio de 30 casos diarios.

La Inteligencia Artificial como escudo preventivo

El Acuerdo 461 marca un giro de la reacción a la anticipación. La IA permitirá a la administración distrital analizar datos de sistemas y observatorios distritales para identificar patrones, riesgos y tendencias en localidades y barrios, así como desarrollar análisis de prospectiva para la toma de decisiones estratégicas.

“Esto significa pasar de la reacción a la anticipación. Significa salvar vidas antes de que el daño ocurra”, indicó el concejal Samir Bedoya Piraquive, autor de la iniciativa.

El acuerdo establece que la IA debe ser utilizada de manera ética, bajo principios de gobernanza de datos y respeto irrestricto a los derechos humanos. El enfoque es que la tecnología genere alertas y recomendaciones para las entidades distritales competentes, permitiendo una actuación preventiva y oportuna antes de que los delitos se materialicen.

Implementación y alcances

La Alta Consejería Distrital de TIC liderará la implementación del acuerdo, que no implicará la creación de nuevas estructuras ni requerirá recursos adicionales a los ya previstos. Se aprovecharán las plataformas, sistemas y equipos técnicos existentes, y se buscará la articulación con programas y estrategias en curso. De esta forma, se garantiza que la medida sea sostenible y aproveche la infraestructura tecnológica ya disponible en la ciudad.

La IA servirá como soporte para analizar, prevenir y reportar riesgos de explotación y abuso sexual en NNA. Los propósitos estratégicos incluyen identificar patrones y tendencias a partir de la información recolectada, así como generar alertas y recomendaciones para que las entidades distritales diseñen e implementen acciones preventivas y de intervención.

El proyecto incorpora explícitamente un enfoque ético y normativo, asegurando que el manejo de datos y el uso de inteligencia artificial respeten la confidencialidad y la dignidad de los menores. El concejal Fabián Puentes resaltó: “La inteligencia artificial, usada con ética, gobernanza y control, puede convertirse en una aliada poderosa en la protección de quienes más lo necesitan”.

De manera progresiva, la administración podrá reportar avances en el análisis de información, la identificación de patrones de riesgo y el fortalecimiento de capacidades institucionales para el uso responsable de la IA.

Para el Partido Mira, el Acuerdo 461 representará un paso adelante en la modernización de las políticas públicas, haciendo de la tecnología un aliado en la defensa de la infancia y en la anticipación de riesgos que puedan afectar su integridad.

En el escenario de las elecciones de Congreso y consultas presidenciales programadas para este domingo 8 de marzo, varias ciudades y municipios del país han desplegado un robusto esquema de seguridad y control para garantizar la transparencia, el orden público y la libre participación ciudadana.

Entre las medidas extraordinarias adoptadas, destacan la implementación del toque de queda en algunos municipios, la aplicación nacional de la Ley Seca, restricciones al tránsito, operativos de control y la prohibición de espectáculos y reuniones públicas.

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Toque de queda en Sogamoso y Florencia

En el municipio de Sogamoso, Boyacá, la alcaldesa Ingrith Rocío Bernal Mejía decretó toque de queda para menores de edad desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, vigente tanto el sábado 7 como el domingo 8 de marzo.

La medida busca evitar situaciones de riesgo y garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral. Junto al toque de queda, se estableció la Ley Seca desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.

En Florencia, capital de Caquetá, tras consejo de seguridad, las autoridades dispusieron toque de queda generalizado en dos franjas: desde las 11:00 p. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del domingo, y un segundo periodo desde las 6:00 p. m. del domingo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo. La ciudad contará, además, con el despliegue de 1.095 uniformados de la Policía para custodiar los 32 puestos urbanos y 19 rurales de votación, garantizando la protección de votantes y funcionarios.

Prohibiciones y restricciones en todo el país

En el resto del territorio nacional, las alcaldías y gobernaciones tienen la potestad de implementar medidas adicionales. Para estas elecciones, la Ley Seca se aplicará entre las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y el mediodía del lunes 9 de marzo en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. En estas capitales no se ha decretado toque de queda, pero sí rigen otras restricciones para mantener la seguridad y el orden.

Durante la jornada electoral, en todo el país queda prohibida la propaganda política, los desfiles y manifestaciones de carácter político en espacios públicos o cerrados. Tampoco se permitirá la realización de espectáculos públicos, eventos abiertos o privados en espacios abiertos, ni actividades que impliquen el uso de pick up o artefactos de amplificación sonora, según lo estipulado en los decretos municipales y distritales.

Operativos y control en ciudades capitales

En Cali, además de la Ley Seca, estará restringido el transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y la realización de mudanzas desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes. Los operativos de control se llevarán a cabo entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m., con un importante pie de fuerza de agentes de tránsito desplegados en sectores estratégicos, regulando el tráfico y acompañando a los ciudadanos en los alrededores de los puestos de votación.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que el 100% del dispositivo logístico y técnico está preparado para la jornada electoral. Desde la madrugada del domingo, estarán activos los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y el PMU distrital, con seguimiento permanente desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el comando de la Policía Metropolitana.

En Cartagena, se prohíbe la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, cilindros de gas propano o trasteos durante el mismo periodo. La realización de espectáculos públicos y eventos privados en espacios abiertos también está suspendida, y se prohíbe la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos o explosivos.

El parqueo de vehículos y el sobrevuelo de drones estarán restringidos en un radio de 200 metros alrededor de puestos de votación, instalaciones militares y organismos de seguridad.

Invitación a la ciudadanía y garantías electorales

Las autoridades destacan que las medidas buscan proteger la transparencia del proceso electoral, la seguridad de los votantes y el respeto al orden público. Se invita a la ciudadanía a acatar las normas, denunciar cualquier irregularidad y participar activamente en la jornada democrática, respetando las restricciones y colaborando con los organismos de control.

El inicio de la Ley Seca en las principales capitales de Colombia marcará una de las medidas más estrictas adoptadas por el Gobierno nacional para garantizar el orden público durante las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el domingo 8 de marzo de 2026.

El Ministerio del Interior, mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, estableció que la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo en todo el territorio nacional. Esta restricción se repetirá para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

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Bogotá: cobertura total y dispositivo de control

En la capital del país, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la total acogida a los horarios y restricciones de la Ley Seca, tal como lo dispone el decreto nacional. El alcalde Carlos Fernando Galán liderará un operativo especial que incluye la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada localidad y un PMU distrital, desde donde se monitoreará en tiempo real la seguridad de los 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas habilitadas.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reiteró que, en caso de ser necesario, las autoridades podrán extender el periodo de restricción para fortalecer la protección ciudadana.

Medellín: jornada democrática y apoyo logístico ampliado

Medellín también aplicará la Ley Seca sin modificaciones, desde la tarde del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9. El alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de la medida para unas elecciones libres y transparentes, señalando que el dispositivo de seguridad contará con el apoyo de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Además de la Ley Seca, la ciudad tendrá restricciones adicionales, como la prohibición de porte de armas y aglomeraciones públicas, para prevenir incidentes antes, durante y después de la jornada electoral.

Cali: operativos de movilidad y acompañamiento ciudadano

En Cali, la Secretaría de Movilidad Distrital anunció la implementación de la Ley Seca en los mismos términos entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo. La ciudad adoptó, además, restricciones al traslado de mudanzas, transporte de escombros y circulación de cilindros de gas.

Durante la jornada electoral, un operativo especial de agentes de tránsito garantizará la movilidad en los alrededores de los puestos de votación, acompañando a peatones y manteniendo el flujo vehicular en sectores de alta concurrencia. El secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas y facilitar una jornada segura para todos.

Bucaramanga y Barranquilla: medidas estrictas y despliegue de seguridad

En Bucaramanga, el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, anunció la puesta en marcha de la Ley Seca y otras medidas de control, como la prohibición de mudanzas y transporte de materiales de construcción durante el fin de semana electoral. El objetivo, según la administración municipal, es asegurar elecciones limpias, transparentes y ordenadas.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla expidió el Decreto No. 0123 de 2026, alineándose con el decreto nacional. En la ciudad, la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 p. m. Un dispositivo de seguridad con 1.600 policías, apoyo aéreo y 120 cuadrantes de la Policía será desplegado para garantizar el cumplimiento de la medida y la tranquilidad en los puntos de votación.

Cartagena: restricciones adicionales y control reforzado

En Cartagena, la Alcaldía Mayor decretó la Ley Seca desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, sumando prohibiciones al parqueo de vehículos cerca de puestos de votación, el sobrevuelo de drones y la realización de eventos públicos. La ciudad también restringirá la circulación de escombros, chatarras y cilindros de gas, así como el uso de pirotecnia y la realización de manifestaciones públicas.

Multas y sanciones por incumplimiento

El Código Nacional de Policía y Convivencia establece que infringir la Ley Seca durante el periodo electoral puede conllevar una multa de 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (smmlv), equivalentes a $1.867.616 en 2026.

Esta sanción aplica tanto a ciudadanos que consuman licor como a establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas en el periodo de restricción. Las autoridades realizarán controles en todo el país para verificar el cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes, según la gravedad del comportamiento y las circunstancias del caso.

La invitación de las administraciones locales es a respetar la Ley Seca como una contribución fundamental para la convivencia, la seguridad y la transparencia en el desarrollo de la jornada electoral.

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) solicitó formalmente abrir un espacio de diálogo técnico con el Gobierno Nacional tras la expedición del Decreto 0173 de 2026, que establece un nuevo impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho, incluyendo a las instituciones privadas de educación superior.

La medida, vigente a partir del 25 de febrero y surgida en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica decretada por desastres climáticos en varias regiones del país, busca fortalecer el presupuesto nacional para enfrentar la coyuntura.

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El Decreto 0173 adiciona el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, ampliando la base gravable para el impuesto al patrimonio. La norma afecta a personas jurídicas declarantes de renta y complementarios, incluyendo asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro (Esal), conforme al artículo 19 del Estatuto Tributario.

Para el caso de las universidades privadas, la Ley 30 de 1992 exige que estas estén constituidas como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro, por lo que también quedan sujetas al nuevo tributo.

El impuesto aplica a instituciones cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $10.474 millones de pesos para 2026. El cálculo del gravamen se hace sobre el patrimonio poseído al 1 de marzo de 2026, afectando a numerosas instituciones de educación superior privada que cumplen con este umbral.

Preocupaciones del sector educativo

Desde la promulgación del decreto, rectores y analistas han advertido sobre los posibles efectos estructurales en el sector. Señalan que el patrimonio de las instituciones de educación superior (IES) está comprometido mayoritariamente en activos no líquidos como campus universitarios, laboratorios, clínicas, bibliotecas y hospitales universitarios. Estos bienes no están destinados a la generación de utilidades, sino al cumplimiento de la misión académica y social exigida por ley.

El pago del nuevo impuesto podría provocar tensiones de liquidez y desviar recursos originalmente destinados a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa.

En la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de inversiones clave, recortes en investigación científica, limitaciones para la contratación docente e incluso afectaciones en programas de bienestar universitario. La preocupación principal es que la medida impacte negativamente la capacidad de las IES privadas para cumplir con su función social y académica.

Llamado al diálogo y propuestas de Aciet

Reconociendo la necesidad de corresponsabilidad fiscal en situaciones de emergencia, la Aciet enfatizó la importancia de preservar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema mixto de educación superior en Colombia.

La asociación propone analizar el impuesto bajo principios de equidad tributaria, en línea con la naturaleza sin ánimo de lucro del sector; proporcionalidad, considerando la composición real del patrimonio institucional; y sostenibilidad financiera, para evitar impactos que comprometan la inversión en calidad y acceso educativo.

Aciet sugirió la creación de un espacio de trabajo técnico con el Gobierno Nacional que permita:

1. Evaluar el impacto fiscal y financiero de la medida en el sector educativo.
2. Analizar la viabilidad de tratamientos diferenciales o mecanismos de gradualidad para las IES del Régimen Tributario Especial.
3. Explorar alternativas como incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional.

El director ejecutivo de Aciet, Lorenzo Portocarrero Sierra, insistió en que el análisis debe ser estructural y no meramente filosófico, dado el papel estratégico de las universidades públicas y privadas en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad nacional.

“La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo el desarrollo social y económico del país”, concluyó Portocarrero.

El gremio reiteró su disposición a contribuir en la búsqueda de soluciones que armonicen la sostenibilidad de las universidades con la responsabilidad fiscal del Estado, enfatizando que la educación es un bien público cuya protección resulta esencial para el futuro de Colombia. Para más información, los interesados pueden consultar www.aciet.org.

El programa Renta Joven continuará operando en 2026 con ajustes en su funcionamiento y nuevos mecanismos para facilitar el acceso a las transferencias monetarias dirigidas a jóvenes estudiantes.

Así lo confirmó Prosperidad Social, entidad encargada de la administración de este y otros programas sociales, que respondió a las inquietudes de los beneficiarios y aclaró los procedimientos que definirán la continuidad de la iniciativa a lo largo del año.

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¿En qué consiste el programa Renta Joven y quiénes pueden acceder?

Renta Joven es una estrategia nacional orientada a apoyar a jóvenes en condición de vulnerabilidad o de bajos recursos económicos, que cursan estudios superiores o de formación técnica y tecnológica. El programa entrega transferencias condicionadas para incentivar la matrícula, permanencia y culminación de los estudios, así como para contribuir a la reducción de la deserción.

Los principales beneficiarios son estudiantes de instituciones públicas de educación superior, educación técnica y tecnológica en todo el país, especialmente de familias inscritas en el Sisbén.

Para acceder, los jóvenes deben cumplir con requisitos como estar matriculados en una institución educativa reconocida, mantener un rendimiento académico mínimo y no haber sido beneficiarios de otros incentivos similares. El registro y la consulta del estado de los pagos se realiza en el Portal del Joven (https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven), donde cada usuario puede verificar si le corresponde una transferencia en los diferentes ciclos.

Calendario y continuidad de pagos en 2026

Prosperidad Social anunció que durante 2026 se ejecutarán cuatro ciclos de transferencias: marzo, mayo, julio y agosto. Estos ciclos cubrirán los incentivos correspondientes a matrícula y permanencia de los periodos académicos 2025-2, 2026-1 y 2026-2. Los pagos se realizan tanto a beneficiarios con productos financieros como a quienes retiran en modalidad de giro, asegurando la cobertura nacional.

En febrero de 2026, 86.000 jóvenes recibieron el abono del ciclo 6 de 2025 a través de cuentas bancarias. Sin embargo, un grupo de 17.000 participantes que cobran por giro aún no había recibido el pago, debido a que el operador encargado de las entregas no había sido seleccionado.

El 28 de febrero, Prosperidad Social suscribió un contrato con la Unión Temporal SuRed y SuperGiros, lo que permitirá que los jóvenes que no cuentan con cuenta bancaria puedan retirar los recursos a través de estos operadores en más de 31.000 puntos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que en 2025 se entregaron seis ciclos a 160.000 jóvenes, quedando pendiente solo el 2,5% de la población beneficiaria. Este grupo recibirá los recursos definitivos el 27 de marzo de 2026, cumpliendo así con la totalidad de los compromisos.

Además, el funcionario recordó que, pese a las dificultades financieras enfrentadas el año anterior, los recursos para los ciclos de septiembre, noviembre y diciembre fueron asegurados mediante una gestión articulada con el Ministerio de Hacienda.

Cambios en la operación y canales de atención

Con la adjudicación de la licitación pública IMYC 01 FIP de 2026, la operación de dispersión y entrega de transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal SuRed y SuperGiros. El modelo permitirá a los beneficiarios elegir el canal de pago y fomenta la inclusión financiera, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2294 de 2023.

Los usuarios bancarizados ya recibieron la transferencia de febrero, mientras que quienes acceden por giro deberán esperar la entrada en operación del nuevo operador.

En caso de contingencias o dificultades al retirar los incentivos, los participantes pueden comunicarse directamente con Prosperidad Social a través del número de WhatsApp 3188067329 para establecer la ruta de solución y garantizar la entrega de los recursos.

La estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ regresa en 2026 con nuevas oportunidades para estudiantes de educación básica y su comunidad educativa. El programa, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, se desarrollará entre el 9 y el 27 de marzo en su primera fase, con el objetivo de fortalecer el carácter formativo de la evaluación y reconocer el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes en todo el país.

Para 2026, la cobertura de la estrategia se amplía. A diferencia de la edición anterior, que solo incluía a los grados 5.° y 9.°, en 2026 podrán participar también estudiantes de 3.° y 7.°, sumando así cuatro grados focalizados. Las pruebas estarán disponibles tanto en modalidad online como offline, facilitando la participación de estudiantes en contextos con distintas condiciones de conectividad y acceso tecnológico.

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Las evaluaciones abarcan áreas fundamentales como Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional, y se aplicarán a través de la plataforma oficial https://quieroserquierosaber.edu.co/.

Una de las novedades destacadas para este ciclo es la posibilidad de presentar la prueba en lenguas nativas como wayuunaiki, nasayuwe, kubeo, criollo palenquero y en Lengua de Señas Colombiana para los estudiantes de 5.° y 9.° que así lo deseen. La iniciativa responde al compromiso de avanzar hacia una educación socioculturalmente sensible y diversa.

El programa ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ está dirigido a estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas de todo el país. En 2025, participaron más de 776.800 estudiantes de 10.000 establecimientos educativos, cifra que muestra el alcance y la aceptación de la estrategia. Para 2026, la meta es continuar expandiendo el acceso y lograr una mayor cobertura, llegando a más de 8.000 colegios con procesos de evaluación formativa.

Las pruebas se desarrollarán en tres momentos clave a lo largo del año escolar: la primera aplicación en marzo, la segunda entre el 22 de junio y el 18 de julio, y la tercera entre el 13 y el 31 de octubre. Este esquema permite un seguimiento continuo y detallado de los aprendizajes, brindando a estudiantes e instituciones la oportunidad de orientar el proceso pedagógico, identificar fortalezas y dificultades, y tomar decisiones que fortalezcan la calidad educativa.

El uso pedagógico de los resultados constituye uno de los pilares de la estrategia. Los resultados no tienen finalidad de calificación, sino que funcionan como insumo diagnóstico para que docentes, directivos y estudiantes reflexionen sobre las trayectorias de aprendizaje y ajusten prácticas pedagógicas.

El Ministerio de Educación promueve la elaboración de reportes nacionales, institucionales y para Secretarías de Educación, con análisis e interpretación de datos, para que toda la comunidad educativa pueda tomar decisiones fundamentadas en la mejora institucional y el desarrollo de competencias.

La plataforma ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ fue actualizada para facilitar el acceso y la interacción, permitiendo tanto la presentación de pruebas en línea como su descarga para ser resueltas en entornos sin conectividad. Además, durante el año se realizarán encuentros virtuales para acompañar el uso pedagógico de los resultados, fortaleciendo la capacidad de los colegios para analizar, reflexionar y mejorar sus prácticas educativas.

Esta estrategia responde a la política educativa de Formación Integral, que reconoce la evaluación como una herramienta clave para el mejoramiento de los aprendizajes y el fortalecimiento institucional. El enfoque formativo y regulador de la evaluación busca promover la autonomía y la autorregulación en los estudiantes, incentivando que sean partícipes activos de su propio aprendizaje.

El retorno y fortalecimiento de ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ ofrece a la educación básica media colombiana una oportunidad única para innovar en la evaluación, integrar la diversidad cultural y lingüística, y consolidar una enseñanza orientada al desarrollo integral y la mejora continua.

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que la capital se acogerá en su totalidad a los horarios de ley seca establecidos por el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior como parte de las medidas de seguridad para las elecciones parlamentarias del domingo 8 de marzo.

La decisión se alinea en las acciones de prevención y control adoptadas a nivel nacional para garantizar el orden público y la tranquilidad durante la jornada electoral.

El alcalde Carlos Fernando Galán liderará el dispositivo de seguridad y logística que cubrirá los 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas habilitadas en Bogotá.

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Según el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, el operativo incluye la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada localidad y un PMU distrital desde donde se realizará el monitoreo en tiempo real.

La ley seca será aplicada en los mismos horarios en toda la ciudad, tal como lo estipula el decreto nacional, y en caso de ser necesario, las autoridades locales podrán ampliar este periodo. Además, la restricción se repetirá para la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo. El decreto también contempla el cierre de fronteras terrestres y fluviales, así como otras disposiciones relacionadas con el transporte y la difusión de encuestas.

De esta manera, y de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en todo el Distrito Capital se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo.

PMU en Bogotá

Desde la madrugada del domingo, la capital tendrá activos los PMU locales y el PMU distrital, además del seguimiento permanente desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) y el comando de la Policía Metropolitana.

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que el 100% del dispositivo logístico y técnico está preparado para la jornada, que incluye el Congreso de la República y consultas interpartidistas.

Como parte de la estrategia de coordinación institucional, la entidad ha consolidado un plan integral para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre, segura y transparente.

Entre las acciones preventivas, se destaca la implementación de los PMU Electoral Local en las 20 localidades desde las 4:00 p. m. del sábado 7 de marzo, la realización del PMU Electoral desde el C4 con entidades del distrito y órganos de control desde las 5:00 a. m. del 8 de marzo, y la presencia de gestores de diálogo, equipos de derechos humanos y delegados de la Registraduría en los territorios.

El monitoreo se complementará con el despliegue de uniformados para custodiar el orden público y prevenir delitos electorales. La Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales mantendrá comunicación permanente con la Misión de Observación Electoral (MOE), la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

La Dirección de Relaciones Políticas de la entidad desempeñará un papel clave como interlocutora entre la administración distrital y los actores políticos, garantizando el cumplimiento de las garantías electorales, la gestión de alertas tempranas y la coordinación interinstitucional para la estabilidad institucional.

La ciudadanía está invitada a denunciar cualquier irregularidad o delito electoral a través de la línea 122 de la Fiscalía, la línea 157 anticorrupción de la Policía, la línea de emergencias 123 o la línea Uriel 01 8000 912 005.

Finalmente, el Decreto 0188 establece que las medidas de ley seca y cierre de fronteras buscan preservar el orden público durante el proceso electoral, garantizando que la jornada se desarrolle en un ambiente de transparencia y seguridad para todos los habitantes de Bogotá y del territorio nacional.

Bogotá se alista para una de las jornadas más concurridas de su calendario cívico con la realización de las elecciones de Congreso de la República 2026 el próximo domingo 8 de marzo.

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a los diferentes puestos de votación, la ciudad implementará un operativo especial de cierres viales y desvíos en los puntos de mayor afluencia, lo que implica una reorganización del tránsito en zonas estratégicas.

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La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones viales se concentrarán en áreas con alta densidad de votantes y en sectores clave para la logística electoral y el escrutinio. El plan incluye controles de tránsito, rutas alternas, monitoreo del tráfico y recomendaciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y ordenada.

Las autoridades han hecho énfasis en la importancia de planificar los desplazamientos y en el uso de medios alternativos de transporte para evitar congestiones y demoras.

Qué pasará con la ciclovía dominical de Bogotá

Como parte de estas medidas, la entidad confirmó que no se habilitará la ciclovía dominical en ningún tramo de la ciudad el domingo 8 de marzo. La decisión responde a la necesidad de liberar corredores viales y garantizar el desplazamiento de los votantes, así como de los agentes de seguridad y operadores logísticos desplegados en los principales puestos de votación.

Se recomendó a la ciudadanía programar sus viajes y actividades con antelación, seguir las indicaciones de la autoridad de tránsito y optar, en lo posible, por la bicicleta, el transporte público o el desplazamiento a pie, evitando el uso del vehículo particular en las zonas de mayor afectación.

A pesar de la suspensión excepcional de la ciclovía, Bogotá mantiene habilitada su red de 608 kilómetros de ciclorrutas permanentes, que atraviesan distintas localidades y permiten la movilidad segura de los ciclistas en toda la ciudad. Estas infraestructuras ofrecen una alternativa eficiente para quienes opten por la bicicleta como medio de transporte durante la jornada electoral.

Zonas como Kennedy, Suba, Usaquén y Engativá cuentan con cerca de 40 kilómetros de ciclorrutas por localidad, concentrando buena parte del flujo diario de ciclistas, especialmente en la zona occidental.

Para quienes deseen planificar sus recorridos en bicicleta, la Secretaría de Movilidad dispone de la aplicación Mapas Bogotá Bici, desarrollada por la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca). Esta herramienta gratuita permite consultar el mapa de ciclorrutas, identificar trayectos seguros, localizar zonas de alto riesgo, encontrar CAI cercanos, ciclotalleres y cicloparqueaderos certificados. Además, ofrece funciones para registrar datos sobre tiempo, distancia, calorías quemadas y ahorro de dinero en cada trayecto.

El monitoreo histórico realizado por la entidad destaca que las ciclorrutas más utilizadas se sitúan en corredores como la avenida Ciudad de Cali, avenida Boyacá, Alameda El Porvenir, avenida carrera 68 y avenida Américas. Estos tramos, junto a la totalidad de la red permanente, estarán disponibles para los ciclistas incluso durante la jornada electoral, brindando rutas alternativas a quienes deban movilizarse ese día.

La alcaldía y la Secretaría de Movilidad emitieron recomendaciones precisas para los ciclistas, entre ellas realizar un mantenimiento previo de la bicicleta, circular por ciclorruta, planificar la ruta, no adelantar por la derecha ni entre vehículos, respetar las señales de tránsito y mantener una velocidad máxima de 17 km/h.

Adicionalmente, se aconseja portar casco, chaleco y cintas reflectivas, evitar el uso de dispositivos móviles durante el trayecto y respetar el espacio exclusivo para peatones.

En materia de estacionamiento, TransMilenio pone a disposición de los usuarios 13 cicloparqueaderos gratuitos con capacidad para 2.331 bicicletas, ubicados en puntos estratégicos como

• Ricaurte
• Portal Américas
• Banderas
• Pradera
• Marsella
• Portal del Sur
• Portal Suba
• General Santander
• Portal 20 de Julio
• Bicentenario
• Avenida Rojas
• Portal El Dorado
• Quinta Paredes

La infraestructura total ciclista de la ciudad se compone de 608,7 kilómetros, distribuidos en bici-carriles, ciclorrutas, vías compartidas, intersecciones y espacios ciclopeatonales.

Por último, la Secretaría de Movilidad recuerda que, según estudios recientes, el 72,9 % de la red de ciclorrutas se encuentra en condiciones óptimas. El resto presenta un estado satisfactorio o requiere intervenciones.