Dos hombres que se hacían pasar por pastores fueron capturados en el departamento de Bolívar tras ser señalados de robar a una mujer de 68 años en el municipio de El Banco (Magdalena).

El operativo se realizó mediante un plan candado de las autoridades, luego de que la víctima denunciara que los sujetos la abordaron en la vía pública y, bajo la promesa de una oración de prosperidad, la convencieron de entregar su cadena y un anillo de oro.

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Según relató la afectada, los individuos le pidieron sus objetos personales con el argumento de bendecirlos en un ritual religioso.

Tras la supuesta ceremonia, la mujer advirtió que las joyas, valoradas en $5.500.000, no le habían sido devueltas. El hecho fue reportado hacia las 10:00 a. m., momento en el que la Policía activó la búsqueda de los sospechosos, que huían en un vehículo Nissan gris plata hacia Bolívar.

La reacción inmediata de los uniformados permitió interceptar el vehículo señalado en el municipio de San Fernando, Bolívar.

Según informó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía en Bolívar, los agentes realizaron una inspección exhaustiva en el vehículo y encontraron las joyas hurtadas, que habían sido ocultadas en compartimentos internos. Los dos ciudadanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Evite ser víctima de estafa en la calle

Las autoridades asvierten que esta modalidad de engaño, conocida como el “cambiazo” religioso, combina manipulación psicológica y destreza manual para despojar principalmente a adultos mayores de sus pertenencias.

La Policía investiga si los capturados estarían relacionados con otros robos perpetrados bajo el mismo método en municipios del Caribe, donde se han reportado casos similares.

El coronel Pinzón instó a la comunidad a desconfiar de extraños que ofrezcan rituales o bendiciones en la vía pública. “Invitamos a la comunidad, especialmente a nuestros adultos mayores, a no entregar sus pertenencias a desconocidos bajo ninguna promesa de ritual o bendición”, destacó el oficial.

El operativo y la investigación se desarrollan en un contexto de alerta institucional, mientras la fuerza pública mantienen operativos de seguridad en vísperas del proceso electoral del domingo.

Nueva modalidad de estafa usa el nombre de Bre-B para engañar por SMS

La Secretaría Distrital de Seguridad emitió una alerta sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula a través de mensajes de texto y utiliza el nombre del sistema de pagos inmediatos Bre-B.

El fraude, identificado como un caso de smishing, consiste en el envío de SMS que informan sobre supuestas transferencias pendientes, con el objetivo de que los usuarios hagan clic en enlaces fraudulentos y entreguen información financiera.

En los mensajes, los delincuentes notifican a la víctima sobre un supuesto abono recibido por Bre-B. Para “confirmar” la transacción, invitan a hacer clic en un enlace que dirige a una página falsa, diseñada para imitar plataformas bancarias legítimas.

Una vez allí, se solicita a la persona claves bancarias, códigos de verificación enviados por SMS y otros datos personales. El mensaje suele advertir que la transferencia debe aceptarse en menos de 24 horas, o el dinero será devuelto, generando presión y urgencia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, César Restrepo, los sistemas de pago inmediato como Bre-B no requieren confirmaciones adicionales para recibir dinero.

“Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco”, indicó Restrepo.

La Secretaría destacó que las transacciones se reflejan directamente en la aplicación del banco o billetera digital, por lo que cualquier solicitud de confirmación externa debe considerarse sospechosa.

Las autoridades recalcaron que ningún sistema de pago inmediato solicitará contraseñas o códigos para recibir transferencias. Ante la recepción de un SMS sospechoso, se aconseja marcar el número como spam, eliminar el mensaje y evitar cualquier interacción.

Los intentos de fraude pueden denunciarse a través del CAI Virtual de la Policía Nacional o comunicándose con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) al (601) 377 9595, extensión 1137.

La incidencia de rayos en Colombia es recurrente debido a una combinación de factores como su geografía montañosa, la ubicación tropical del país y la constante interacción de masas de aire húmedo y cálido provenientes de diferentes regiones.

Estas condiciones favorecen la formación frecuente de tormentas eléctricas, principalmente en áreas rurales y selváticas, donde los episodios de descargas atmosféricas se presentan de manera constante y con alta intensidad.

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Esta reacción natural ha provocado varias muertes en los últimos meses; la más reciente fue la de un soldado profesional del Ejército Nacional, identificado como Andrés Felipe Pinilla Arboleda, que falleció en la vereda Nápoles, en Piamonte, sur del Cauca, tras ser alcanzado por un rayo durante una intensa tormenta eléctrica.

El hecho se registró mientras varios uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia en la zona rural, caracterizada por frecuentes precipitaciones y descargas atmosféricas.

De acuerdo con información oficial suministrada por la institución militar, en medio de la tormenta un rayo impactó un árbol cercano al lugar donde se encontraban los militares.

La descarga eléctrica provocó que el árbol se desplomara repentinamente, cayendo sobre Pinilla Arboleda, que murió en el lugar de los hechos. En el mismo suceso resultaron heridos un oficial y otro soldado profesional, que fueron evacuados de emergencia con apoyo del Comando Aéreo de Combate Nº 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados a un centro médico especializado en Florencia (Caquetá). Según el reporte preliminar, ambos se encuentran fuera de peligro y bajo observación médica.

La muerte del soldado Pinilla Arboleda generó mensajes de solidaridad entre los integrantes de la fuerza pública y la comunidad local. Tras confirmarse el fallecimiento, el Ejército Nacional activó la ruta institucional de acompañamiento para brindar apoyo integral a los familiares del uniformado, incluyendo asistencia psicológica y logística.

A través de un comunicado, la institución expresó: “El Ejército Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro soldado profesional Andrés Felipe Pinilla Arboleda y extiende un mensaje de solidaridad a su familia en este difícil momento”.

De acuerdo con las autoridades, de manera preliminar se confirmó que la muerte del militar está relacionada con un evento natural derivado de la tormenta eléctrica que afectó la región. Casos como el ocurrido en Piamonte se inscriben dentro de una problemática recurrente en Colombia, país que registra una de las mayores incidencias de descargas eléctricas en el mundo.

El riesgo de morir por el impacto de rayos en zonas rurales colombianas se refleja en cifras oficiales. Entre 2008 y 2023, 121 personas fallecieron en Antioquia, uno de los departamentos con mayor caída de rayos por descargas eléctricas, lo que representa un promedio anual de ocho muertes atribuidas a este fenómeno, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Hombre murió por la caída de un rayo en Antioquia

El 6 de marzo de 2026, en el municipio de Montebello (Antioquia), se reportó otro caso reciente que cobró la vida de Luis Emilio Palacio Guisao, de 55 años, que falleció tras refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica.

Su acompañante resultó herido y fue dado de alta tras recibir atención médica. El hecho, reseñado por El Colombiano, puso en evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones rurales ante este tipo de fenómenos naturales.

Entre tanto, el 15 de febrero de 2026, un soldado resultó gravemente herido y un helicóptero militar UH-60 Black Hawk quedó inutilizado tras una descarga eléctrica que impactó directamente la aeronave en el cantón General José Hilario López, en Popayán (Cauca).

Voceros militares confirmaron que el helicóptero permanece fuera de operación mientras se realiza la valoración técnica. Las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con hostigamientos armados y lo atribuyeron a las condiciones climáticas adversas de la temporada. El soldado afectado fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece estable y en proceso de recuperación.

Las cifras y casos recientes evidencian que la caída de rayos constituye un riesgo permanente en diversas regiones del país, especialmente en áreas rurales y durante periodos de lluvias intensas.

Dos cilindros abandonados fueron hallados en la vía que comunica a Cali con Dagua (Valle del Cauca), específicamente en el sector Patio Bonito cerca del corregimiento El Limonar, según confirmó el Departamento de Policía del Valle.

El hallazgo se produjo cuando conductores que transitaban por la carretera alertaron sobre la presencia de los objetos, los cuales estaban identificados con los colores de la bandera de Colombia y ubicados en una cuneta a un costado de la vía.

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De inmediato, unidades especializadas de la policía llevaron a cabo el acordonamiento preventivo del área y activaron los protocolos de seguridad. Personal antiexplosivos realizó las verificaciones técnicas necesarias para descartar la presencia de material peligroso en los cilindros de 40 libras.

Tras la inspección, las autoridades determinaron que no contenían explosivos y descartaron cualquier riesgo para la comunidad o quienes transitan por el corredor vial.

La situación generó alerta entre los conductores durante varios minutos, pero el tránsito vehicular fue normalizado poco después de la revisión.

Las autoridades informaron que la movilidad en la carretera Cali–Buenaventura continúa habilitada y sin restricciones, descartando la necesidad de cierres o desvíos en el sector.

Las investigaciones continúan para establecer la procedencia de los cilindros y el motivo de su abandono, mientras la zona permanece bajo observación de las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa, especialmente a vísperas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo.

En el departamento se ha desplegado un amplio operativo de seguridad con motivo de los comicios legislativos que se celebran este domingo.

La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que se han articulado acciones con la fuerza pública en los 42 municipios del departamento, con la presencia de 12.000 integrantes de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para custodiar los 1.166 puestos de votación habilitados en la región.

Toro enfatizó que la logística está garantizada para la jornada electoral y que se instalarán dos Puestos de Mando Unificado, en Cali y Buga, para atender cualquier eventualidad.

Según la mandataria, no existen amenazas que obliguen al desplazamiento de mesas de votación, y la custodia militar busca asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin interrupciones.

Ley seca y restricciones de movilidad en Cali y municipios del Valle del Cauca para las elecciones

Con motivo de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, autoridades de varias ciudades del Valle del Cauca implementarán medidas especiales para garantizar la seguridad y el desarrollo normal de la jornada.

Entre las disposiciones adoptadas destacan la ley seca, restricciones de movilidad y controles en el espacio público.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció que la ley seca regirá desde el sábado 7 de marzo a las 18h hasta el lunes 9 de marzo al mediodía. Durante este periodo estará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.

Además, se restringirá la circulación de vehículos de carga y mudanza desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 6:00 a. m. “Decirle a la ciudadanía que estamos trabajando para dar todas estas garantías”, afirmó Eder.

La administración distrital de Cali coordina acciones con autoridades electorales y organismos de control para asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática.

En la capital del Valle se instalarán más de 5.000 mesas de votación, distribuidas en zonas urbanas y rurales, lo que implica un amplio despliegue logístico y de seguridad.

Otros municipios del departamento también establecieron restricciones para preservar el orden público. En Buenaventura, la ley seca regirá desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 6:00 p. m., con la prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio.

En Tuluá, la ley seca estará vigente desde el sábado hasta el lunes al mediodía, junto a la prohibición del uso de drones, la venta de combustible en recipientes y el transporte de escombros, materiales de construcción y cilindros de gas.

La Alcaldía de Palmira decretó ley seca desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m. Además, se restringirá la circulación de vehículos de carga pesada y el transporte de artículos pirotécnicos, combustibles y sustancias peligrosas, así como materiales de construcción como roca muerta, escombros y varillas.

En materia de espacio público, las autoridades de Palmira establecieron la prohibición temporal de manifestaciones o movilizaciones durante el periodo de restricción para evitar aglomeraciones que puedan interferir con la jornada electoral.

Tampoco se permitirá el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de los puestos de votación, salvo para vehículos oficiales, logísticos o de emergencia y seguridad.

El encuentro entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Julián, el menor de edad cuyo caso se viralizó tras el decomiso de su carreta de frutas, se llevó a cabo luego de la difusión masiva de un video que captó el momento del operativo policial y desató indignación.

Las imágenes mostraban al joven llorando mientras agentes de la Policía decomisaban su mercancía y retiraban el carro de madera, en medio de acciones de control de espacio público en la ciudad.

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El hecho, registrado por transeúntes el miércoles 4 de marzo, generó una oleada de reacciones en redes sociales y centró la atención pública en la situación del menor.

Así se logró el encuentro

El video llegó rápidamente a conocimiento del alcalde, que decidió citar a Julián en su oficina para conocerlo personalmente y escuchar su historia.

Tras la reunión, Gutiérrez publicó un video en compañía de Julián a través de su cuenta de X, en el que relató detalles del encuentro.

El mandatario destacó: “Una cosa es verlo en el video y otra es conocerlo como persona. Me ha contado su vida y no ha sido fácil, pero algo importante son las ganas que tiene siempre de salir adelante”.

Durante la conversación, Julián compartió sus proyectos y aspiraciones, entre ellos validar la secundaria, ingresar a Escuelas Populares del Deporte y aprender varios idiomas.

“Mi admiración, respeto y se gana el cariño inmediatamente (...) Va a estudiar. Él terminó básicamente primaria y empezó sexto (...) Más o menos hace unos añitos, se salió y vamos a terminar el bachillerato. En dos años va a terminar el bachillerato y se va a dedicar a estudiar (sic)”, sentenció el alcalde.

Además, confirmó que la administración ofrecerá apoyo institucional y personal a Julián para que pueda continuar con su educación y desarrollar su emprendimiento.

Entre los compromisos pactados están el acompañamiento para terminar el bachillerato y el acceso a programas deportivos y de formación: “Quiere ser un gran emprendedor y un gran empresario” y que tanto la Alcaldía como él mismo contribuirán a ese propósito.

La historia de Julián, el joven que lloró porque se llevaron su carreta de venta de frutas

El joven, según contó Gutiérrez, no ha tenido la vida fácil, pues a su corta edad vive solo y costea sus gastos con la venta de las frutas.

“Y la historia de él no ha sido fácil. Algún día la contará. No soy nadie para contarla por él. Pero vive solo, se levanta todos los días a ganarse la vida solo. Ha tenido unas personas que le han dado la mano, como Carlos, a quien también lo vamos a acompañar y le vamos a ayudar a él y a su familia”, destacó el mandatario de los medellinenses.

En el mensaje final, Julián dirigió unas palabras a los jóvenes de Medellín y los invitó a valorar las oportunidades, la familia y el esfuerzo de sus padres.

“Este mensaje es para todos los jóvenes de Medellín que tienen la oportunidad de estudiar, tienen la oportunidad de tener un plato de comida en su casa, tienen la oportunidad de estar con sus padres, ya que otros niños no están en esa situación (...) Valoren lo poco que tienen, que sepan valorar a la mamá, al papá, al hermano, que no saben el esfuerzo que ellos hacen por verlos bien (...) que a pesar por lo poco que están pasando, la situación cambia”, declaró el joven.

El operativo policial que desencadenó la historia ocurrió durante acciones de control del espacio público de la capital paisa. Testigos grabaron cómo los uniformados decomisaban la carreta y la mercancía, mientras el joven, visiblemente afectado, explicaba ante la cámara que solo intentaba trabajar.

Tras el decomiso, la situación de Julián generó debates sobre el tratamiento a los vendedores informales y la necesidad de alternativas para los menores en situación de vulnerabilidad.

La periodista colombiana Estefany Rodríguez, detenida por agentes armados del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nashville, Tennessee, enfrenta una situación que su familia atribuye a represalias por su labor periodística.

Juan Rodríguez, padre de la comunicadora, expresó a medios de comunicación su preocupación y desconcierto ante la captura de su hija, que se desempeñaba en Nashville Noticias y Univision 42.

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Según relató Juan Rodríguez, la detención se produjo cuando Estefany se dirigía al gimnasio acompañada de su esposo, Alejandro Medina III. Ocho agentes interceptaron el vehículo, que llevaba el logotipo de Nashville Noticias.

“Iba para el gimnasio, la aborda ICE. Ellos tenían fotos de Stephany y de las actividades que realizaba”, afirmó. El padre, que trabajó como camarógrafo en el Canal RCN, resaltó que los oficiales conocían con precisión los movimientos de su hija: “Esto lo toma uno como una represalia porque ellos sabían todo su movimiento, tenían fotos, sabían que su esposo es ciudadano americano y de alguna manera la cogieron”.

La familia sostuvo que la detención carece de justificación legal. “No hay ninguna justificación, tenía todos sus trámites en regla”, aseguró Juan Rodríguez, que enfatizó que Estefany no ingresó ilegalmente a Estados Unidos y contaba con permiso de trabajo.

“Ella no opuso ninguna resistencia. No entró ilegal al país. Le dieron su estatus de trabajo”, agregó. El padre no descarta que la acción de ICE esté motivada por la cobertura periodística de su hija sobre temas migratorios y comunitarios en Nashville, una ciudad con gran presencia de población latina. “Esto puede ser por su labor periodística. Ella tenía que realizar informes sobre la migración, ya sabían sus pasos”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La detención ha tenido un fuerte impacto en la familia, especialmente porque la periodista, madre de una niña de ocho años, no pudo recoger a su hija ni acudir a su trabajo tras el arresto.

Juan Rodríguez lamentó que él, ni ningún otro familiar, han podido comunicarse con Estefany desde el arresto: “No he tenido ningún tipo de contacto”, señaló, al agregar que los defensores legales de su hija confían en que la detención es ilegal.

“Lo que me comenta su esposo es que están muy confiados porque fue totalmente ilegal, porque ella entró al país legalmente, tenía su permiso de trabajo, tenía toda su documentación que ahí se exige para este tipo de cosas en el país”, afirmó.

Daniela Castillo, amiga de la periodista, también rechazó la versión de que los trámites migratorios de Estefany estuvieran irregulares. “Es mentira que todo esto es ilegal, más bien es un hostigamiento, una persecución a Stephanie por la labor que hace en Nashville, sobre todo como latina y el servicio que presta a los latinos también”, afirmó.

El otro posible motivo del arresto

De acuerdo con sus familiares y allegados, Rodríguez tenía una cita con ICE programada para el 23 de febrero, pero debió postergarse debido a una fuerte tormenta que provocó el cierre de oficinas gubernamentales.

Tras el temporal, acudió personalmente a preguntar por la nueva fecha y le indicaron que aún no estaba programada, aunque más tarde le asignaron una para finales de marzo. “Ella, después de que pasó la tormenta, se dirigió a ICE a preguntar que para cuándo estaba la cita, ya que ellos mismos la habían cancelado y le dijeron que aún no tenía cita programada. Sin embargo, le dieron otra fecha para finales de marzo volverse a presentar, pero el día de martes fue aprehendida sin más allá ni más acá”, relató su padre.

La defensa legal de la periodista ha presentado una petición ante la Corte Federal argumentando que la detención viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pues se realizó sin orden judicial y sin pruebas de riesgo de fuga, como alegó ICE. El esposo de Rodríguez denunció que la mujer fue arrestada pese a estar casada con un ciudadano estadounidense y tener todos los trámites migratorios en regla.

“En estos momentos les pido oraciones por mi esposa y nuestra familia y les agradezco a ustedes, la comunidad, el apoyo que nos brindan mientras manejamos esta injusticia que resulta de un sistema fragmentado”, expresó Medina III, citado por EFE, y que abrió una colecta en Go Fund Me para recaudar fondos para la defensa.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su preocupación por la detención de Rodríguez y anunció que está en contacto con organizaciones internacionales para monitorear el proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación. “Desde la FLIP expresamos preocupación por este caso. Estamos en contacto con organizaciones internacionales y actores de defensa de la libertad de prensa para hacer seguimiento al proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación”, indicó la organización en su cuenta de X.

El empresario Giovanni Cerón vuelve a ocupar el centro de la conversación pública en el Meta. Su nombre ya era conocido luego de que el 19 de febrero de 2026 se encadenó en una sucursal de Bancolombia en Villavicencio.

En esa ocasión, denunció el retiro injustificado de $600 millones de su cuenta bancaria. El episodio ganó notoriedad nacional y el banco, tras la polémica, habría reconocido un error en su sistema y le devolvió el dinero.

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Ahora Cerón es tendencia por un motivo muy distinto. Un video grabado en una plantación de Puerto Gaitán lo muestra en una discusión acalorada con empleados de su empresa.

La grabación, difundida masivamente el 6 de marzo de 2026, generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde el empresario pasó a ser acusado de malos tratos laborales.

Detalles del caso viral en redes sociales

En las imágenes, se observa a Cerón reclamando a sus empleados por el desempeño y el uso del celular durante la jornada. “Aquí vinimos a trabajar. No vinimos a hablar mierda por teléfono, aquí vinimos fue a trabajar, señores”, dijo al inicio del video, mientras muestra fotografías que, según él, demuestran las faltas cometidas por algunos de los colaboradores.

Insiste en que pidió colaboración con una carretilla el día anterior y nadie respondió, enfatizando: “Ayer les pedí favor de la carretilla, nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Se sientan a tomar agua y es media hora tomando agua, paisano. Tampoco es así”.

La situación se intensificó cuando Cerón elevó el tono y cuestionó la actitud de los trabajadores: “Venga, vamos a trabajar bien o renuncien todos. Pero es una lentituda (sic) hijueputa acá, hermano, y así no me gusta a mí”.

En otro momento, se dirige directamente a un empleado y ordena su salida: “Me importa un culo, llave, pero usted es el más flojo que hay acá. Venga, sáqueme a este man ya de aquí. El que no trabaje, se va”.

La referencia a la liquidación de los empleados despedidos marcó uno de los puntos más polémicos. Cerón aseguró: “Millones tengo y hartos para liquidarlos”, y agregó: “Páguenles lo que sea, que plata tengo para pagarles, pero que se vayan ya”.

Durante la confrontación, uno de los empleados respondió: “Eso de venir a gritar a la gente, eso así tampoco es así, papá”. Cerón replicó: “Olvídese, papá. Usted tampoco viene a hacer lo que quiera. Puede ser de Gaitán, puede ser quien quiera. Pero aquí vinimos a trabajar, aquí hay que cumplir un horario de trabajo y hay que trabajar. El que quiera se puede ir, tranquilo, no hay problema. Yo lo mandé a echar hace tres días”.

En otro momento del video, el empresario insistió: “No le estoy pagando a usted pa’ que venga a hacer lo que le da la puta gana en mi empresa. Olvídese de eso (...) Usted es el más flojo que hay aquí, llave. Bueno, sáquemelo, sáquemelo ya de aquí”.

Además, recalcó: “A usted se le paga y usted tiene que cumplir un horario de trabajo, pero usted no quiere soltar el teléfono. Desde ayer le estoy mandando fotos a la administración”.

La viralización del video causó una reacción inmediata en plataformas sociales. “Este atarban es el empresario de Puerto Gaitán, Meta, de nombre Giovanni Cerón, el mismo que se dio a conocer por salir encadenado junto con su esposa en una sucursal de Bancolombia, por un faltante en su cuenta de 600 millones”, se lee en publicaciones que acompañan las imágenes. Algunos comentarios lo tachan de “miserable levantado” y hacen referencia a su comportamiento como empleador.

La versión de Giovanni Cerón

El propio Cerón, tras la viralización de los videos, dio su propia explicación de lo sucedido. “(...) Tengo dos trabajadores que son insoportables, ¡insoportables! No cumplen con el horario, no cumplen con su trabajo, no se les puede hablar, no se les puede decir nada. Hoy se les exigió... y me prendieron a madres y luego prendieron videos pa’ hacerse las víctimas, pa’ hacerse los sufridos (sic)”, señaló el empresario.

Cerón admitió haber cometido un error en el manejo de la situación. “Sí, cometí un error. Me salí del cajón. Cometí un error, como cualquier persona comete un error”, reconoció. Sin embargo, insistió en que la actitud de los trabajadores no era aceptable: “No respetan sus compañeros, no respetan los ingenieros, no acatan las órdenes de nadie. Hacen lo que quieran, que porque son de Puerto Gaitán. Así tampoco es (...)”.

El empresario también anunció que está dispuesto a acudir ante el Ministerio de Trabajo para que la autoridad determine si sus reclamos son válidos. “Si voy al Ministerio de Trabajo, no hay ningún problema, voy a ir porque quiero que me diga la ley realmente si en el horario de trabajo está permitido que dos trabajadores chateen todo el santísimo día, dejen botadas sus obligaciones, dejen botadas sus herramientas, dejen botado lo que sea por chatear”, afirmó.

Hasta el cierre de esta nota, no se conoce la versión de los empleados señalados por Cerón. No hay información sobre denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo ni pronunciamientos públicos de los afectados.

El accidente mortal de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años, que disfrutaba de una atracción acuática en el parque turístico Entre Flores, ubicado en la vereda Iscala Sur, zona rural de Chinácota (Norte de Santander), ha sido motivo de consternación y cuestionamientos en el país por la forma en cómo operan estos lugares y las condiciones de seguridad en este tipo de estructuras.

A propósito, en las últimas horas se conoció un video que circuló ampliamente en redes sociales, en el que se observa a la víctima preparándose para lanzarse por el llamado “tobogán extremo”, en compañía de allegados y bajo la supervisión de trabajadores del lugar.

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Detalles de lo que registra la grabación

El video documenta los últimos momentos de García Manrique antes del accidente, generando miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Visiblemente nerviosa, la joven preguntó: “¿Allá me recibe alguien?”, a lo que una de las personas que la acompaña responde: “Sí, la piscina”.

El trabajador, encargado de la seguridad, por su parte, le indicó: “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada ¿Listo?, no tenga miedo”, y posteriormente la impulsa para iniciar el recorrido.

En el trayecto, se escucha un fuerte golpe y la persona que graba exclama: “Ay, se salió”, seguido del comentario de otra voz: “Se mató”. El video se detiene tras el impacto de la situación.

El hecho ocurrió el 5 de marzo de 2026. Según testigos en el lugar, García Manrique perdió el control al salir del tobogán a una altura estimada de cinco metros e impactó contra una parte de la infraestructura.

Quienes presenciaron lo ocurrido acudieron de inmediato a auxiliarla y la trasladaron en un vehículo particular hacia Cúcuta en busca de atención médica especializada. Sin embargo, la joven falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima, originaria del municipio de Tibú, había llegado al parque junto a familiares y amigos. Su muerte generó conmoción en la comunidad local y entre los que se encontraban en el establecimiento en el momento del accidente. La circulación del video amplificó el impacto del caso en la opinión pública.

En respuesta a lo sucedido, el equipo jurídico de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública. En el documento se afirma: “Lamentamos profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones”.

La empresa expresó además: “Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento”.

El comunicado también detalló las medidas adoptadas por el establecimiento tras el accidente: “La empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial”.

La administración del parque informó que está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho. En palabras del equipo jurídico: “Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente”.

Por último, la empresa aclaró que no emitirá declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta contar con información oficial: “Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”.

El fallecimiento de García Manrique, registrado en video y ampliamente compartido, puso en el centro del debate la seguridad en este tipo de atracciones turísticas, mientras la investigación oficial continúa en desarrollo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió públicamente a los señalamientos relacionados con la contratación de sus dos hermanos con entidades estatales, que según El Colombiano, habrían firmado convenios por más de $735 millones durante el actual Gobierno.

Sánchez afirmó que “el mérito para trabajar es un derecho, no un escándalo”; que sus hermanos “tienen derecho constitucional al trabajo” y que jamás ha intervenido en sus procesos de vinculación.

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Precisó que tanto Juan Carlos Sánchez, ingeniero civil, como Julio César Sánchez, exmilitar y profesional en seguridad, han desarrollado sus carreras “desde hace décadas” en el sector público y privado, antes de su llegada al Ministerio de Defensa en febrero de 2025.

El ministro enfatizó que: “Décadas antes de mi designación como ministro de Defensa, mis hermanos han desarrollado sus carreras profesionales en el sector público y privado. En consecuencia, no ha existido ninguna intervención, recomendación, ni injerencia de mi parte en sus procesos de contratación o en la continuidad de los mismos”.

El debate surgió luego de que el medio de comunicación citado revelara que Juan Carlos Sánchez suscribió dos contratos con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, por un valor total de $137 millones, durante el periodo en que su hermano ejerce como ministro.

Los convenios, según conoció el medio, fueron firmados en febrero de 2025 y enero de 2026, bajo la supervisión de altos mandos policiales, y contemplan labores de planeación y seguimiento de obras de infraestructura.

En respuesta, Pedro Sánchez aseveró que “no existe conflicto de intereses, inhabilidad ni incompatibilidad que deba declararse”, ya que los contratos fueron suscritos con dependencias que tienen autonomía administrativa y en las que el Ministerio de Defensa no interviene como ordenador del gasto.

“La Policía Nacional cuenta con autonomía administrativa desde 1993 frente al Ministerio de Defensa”, recalcó el ministro.

La controversia se amplió tras conocerse otros contratos de Juan Carlos Sánchez con el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Minas, todos durante la administración Petro.

Entre 2024 y 2026, Juan Carlos Sánchez firmó convenios que suman más de $500 millones, principalmente para asesorías técnicas y de infraestructura. En uno de estos contratos, el ingeniero cedió sus derechos a un tercero, como constaría en el sistema de contratación pública.

Por su parte, Julio César Sánchez ha sido contratado por el Ministerio del Interior en dos ocasiones, por montos superiores a los $130 millones y $161 millones respectivamente, para labores de análisis de riesgos y apoyo a la seguridad ciudadana. Adicionalmente, en años anteriores, celebró contratos con el municipio de Boavita para servicios agrícolas.

El jefe de la cartera de Defensa insistió en que la contratación de sus hermanos se realizó “de acuerdo a la Constitución Política y la Ley”, y que sus funciones no dependen ni están supervisadas por el Ministerio de Defensa.

Además, reclamó a los medios mayor rigor y equilibrio informativo: “Respeto y promuevo la libertad de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a recibir información responsable y objetiva. En este caso, y en aras del equilibrio informativo, habría sido pertinente que el medio de comunicación me contactara previamente, para garantizar que la ciudadanía recibiera información precisa, clara y veraz”.

El ministro reiteró su “disposición absoluta con la transparencia y a suministrar cualquier información que sea requerida por cualquier órgano de control”. Declaró también que “no existe ningún conflicto de intereses ni inhabilidad que les impida seguir prestando sus servicios al Estado colombiano”.

El 19 de febrero de 2025, Pedro Sánchez asumió la jefatura del Ministerio de Defensa, tras una trayectoria en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ninguno de los contratos de sus hermanos fue registrado en las declaraciones de conflicto de intereses, aunque expertos consultados por el medio señalan que, aunque no es delito, sí debió informarse por transparencia.

Un video grabado durante una revista interna en la madrugada del 4 de marzo de 2026 muestra el momento en que Winy Saray Córdoba Murillo, patrullera adscrita a la estación de Policía de Quibdó (Chocó), fue esposada tras un altercado con un oficial superior.

La grabación, hecha por el propio uniformado, muestra el instante en que la discusión escala y rápidamente se convierte en un caso que involucra acusaciones de insubordinación y agresión, así como señalamientos sobre el trato recibido por la uniformada.

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Detalles del caso

El hecho se registró hacia las 5:10 a. m., cuando el mayor Jeison Dulce pasaba revista de las instalaciones y los servicios de la Estación de Policía cuando, dijo, “ingresé a la parte interna para usar los baños del primer piso”.

Según el reporte, fue en ese momento cuando el superior observó a la patrullera “en una actitud displicente recostada sobre la mesa manipulando su celular” y, tras llamarle la atención por “no estar peinada”, recibió una respuesta considerada desafiante.

Fue en ese momento cuando el oficial inició la grabación del encuentro, donde se escucha la orden: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada (...) cállese”. Córdoba Murillo replicó: “Yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”.

El altercado escaló rápidamente. El reporte policial describe que la patrullera “me encara de forma desafiante y arremete contra mi integridad tirándome golpes y bajando el celular, por lo cual no fue posible grabar más”.

Ante la situación, otros agentes intervinieron para reducirla y evitar una confrontación peor: “me vi en la obligación de hacer uso de la fuerza y para no maltratarla me ayudaron a esposarla el señor subintendente Jaime Mayoral y patrullero Kevin Zabaleta, tratando de realizar el mínimo daño posible, pero la patrullera seguía intentando agredir con cabezazos”.

Tras su captura, se le notificaron los derechos y fue trasladada al comando departamental. El reporte añadió que la patrullera fue llevada a un hospital para garantizar su estado de salud y que, aunque se le ofreció el acompañamiento de infancia y adolescencia porque tiene una hija menor, Córdoba Murillo no proporcionó su dirección.

Por estos hechos, la patrullera enfrenta cargos de insubordinación y agresión a superior, delitos que, bajo el régimen disciplinario policial, pueden acarrear su destitución definitiva.

El material audiovisual y la reseña del caso han provocado reacciones encontradas: mientras algunos defienden la necesidad de disciplina y jerarquía en la Policía Nacional, otros alegan abuso de autoridad y discriminación en el trato recibido por la uniformada.

“A lo mejor se le salió el cabello del moño, suele suceder y lo digo porque me ha pasado!!!” ; “A ése cuento le hace falta un pedazo...” ; “Pero la situación se subió de tono cuando el superior gritó ‘cállese’”; “Ella está peinada es k su pelo es afro y esa no es la manera de hablar y mucho menos mandar a callar si él ve que está mal presentada pues pásale un llamado de atención pero esa no era la manera está roto k lo jodió y eso debe ser que se la está montando hace rato acoso laboral (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

De acuerdo con el Estatuto Disciplinario Policial, las faltas de insubordinación y agresión a un superior dentro de la Policía Nacional están clasificadas como gravísimas según la Ley 2196 de 2022.

Cuando estas conductas se cometen con dolo, la sanción contemplaría la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos entre 10 y 20 años.

Si la falta se produce por culpa gravísima, la sanción es la suspensión y la inhabilidad especial de seis a 12 meses, sin remuneración. Además, estos actos constituyen delitos bajo la jurisdicción penal militar, lo que podría acarrear penas de prisión de cuatro a ocho años según el Código Penal Militar.

Familiares de víctimas de violencia urbana en Barranquilla expresaron su inconformidad ante la audiencia celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, donde se verbalizó un preacuerdo entre la Fiscalía y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor.

El pacto permitiría al cabecilla de Los Costeños obtener una reducción de pena tras aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de uso privativo, amenazas contra servidor público, hurto calificado y agravado, entre otros delitos.

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De acuerdo con documentos del despacho judicial citados por El Heraldo, los familiares de al menos 133 víctimas, entre fallecidos y lesionados en ataques atribuidos a Castor y su organización, fueron convocados a la diligencia.

Entre los citados figuran allegados de quienes murieron o resultaron heridos en las cuatro masacres perpetradas en San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, hechos violentos registrados entre mayo de 2022 y junio de 2023.

El proceso buscaría que los familiares escuchen de primera mano los términos del preacuerdo y puedan pronunciarse antes de que el juez decida si lo avala.

Las víctimas han expresado dudas sobre la proporcionalidad de la pena que recibiría Díaz Collazos y su preocupación por la posibilidad de que la negociación judicial sustituya un proceso político inconcluso.

Familias cuestionan preacuerdo de la Fiscalía

El Tiempo recogió el testimonio de la madre de uno de los occisos, quien afirmó: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.

La audiencia se produce luego de antecedentes de intentos de acercamiento entre el procesado y los familiares.

Una fuente citada por el medio anteriormente mencionado relató que en septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón entre lágrimas y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, persiste el temor a represalias y coacciones, por lo que algunos familiares han solicitado reserva de identidad.

Si el juez rechaza el preacuerdo, el caso continuará por la vía ordinaria, con la práctica de pruebas y la posibilidad de un juicio completo. De aprobarse, Díaz Collazos accedería a beneficios punitivos por aceptar los cargos imputados.

La situación se da en un contexto de incertidumbre tras el intento fallido de “paz urbana” entre los Costeños y los Pepes, promovido por el Gobierno en 2025. El 2 de octubre de ese año, alias Castor y Digno Palomino, jefe de los Pepes, sellaron en la cárcel La Picota un acuerdo de cese de actividades criminales hasta el 20 de enero de 2026.

Días después, el Ejecutivo expidió la Resolución 442, autorizando acercamientos exploratorios y delegando funcionarios para verificar la voluntad real de paz. No obstante, la mesa formal de diálogo no se instaló y el repunte de la violencia posterior al vencimiento del plazo evidenció el fracaso del mecanismo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que estas estrategias requieren verificación independiente y claridad jurídica, alertando sobre el riesgo de que las estructuras criminales utilicen las treguas para reposicionarse internamente.

Entre los hechos violentos atribuidos a alias Castor y su organización se encuentran la masacre de San José, ocurrida el 12 de mayo de 2022; la masacre de Las Flores, el 10 de septiembre de 2022, donde murieron seis jóvenes; la masacre de El Santuario, el 23 de enero de 2023, con cuatro personas asesinadas; y la masacre de Villa Campestre, el 29 de junio de 2023, en la que tres integrantes de la familia Vega Daza fueron asesinados.

Indignación y repudio generó un video difundido en redes sociales que mostró el momento en que un hombre, identificado como Freddy, amenazaba a su expareja en presencia de su pequeña hija en una vivienda de la ciudad.

Durante la grabación, se escucha al agresor lanzar amenazas explícitas contra la víctima, al tiempo que destrozaba objetos dentro del inmueble, un hábito que, al parecer, era recurrente.

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La mujer solicitó ayuda urgente a la Policía Nacional, mientras el sujeto advertía que ni la llegada de los agentes podría protegerla. Las amenazas continuaron en un segundo video, donde el individuo repetía el mismo patrón y rompía las ventanas de la vivienda.

Tras la viralización del caso, la Policía recibió una nueva denuncia la noche del jueves 5 de marzo sobre reincidencia en los abusos y amenazas.

De inmediato, un cuadrante fue desplazado hasta la zona, donde observaron al hombre gritando e intentando ingresar nuevamente a la residencia. Al percatarse de la presencia policial, el agresor intentó huir por los callejones del barrio.

La persecución culminó con la captura de Freddy en la carrera 46A con la calle 95A. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. La Policía confirmó que esta intervención se realizó gracias a la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana.

Secretaría de las Mujeres de Medellín

En respuesta, la Secretaría de las Mujeres, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, activó los protocolos de atención integral.

Desde la dependencia informaron que se brindó acompañamiento psicológico y administrativo a la víctima, garantizando la protección institucional para ella y su núcleo familiar.

Voceros oficiales destacaron que la acción coordinada permitió conectar rápidamente con la mujer y dar con el paradero del presunto agresor.

“Esto demuestra que en la Alcaldía de la gente estamos articulados y ponemos como primer lugar la vida de las mujeres y rechazamos cualquier tipo de violencia para que no llegue a un feminicidio”, señalaron desde la Secretaría de las Mujeres.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

“Estos encuentros hacen parte de los compromisos asumidos en la última Mesa Extraordinaria de Erradicación de Violencias contra las Mujeres y buscan brindar herramientas claras y actualizadas para una atención oportuna y efectiva”, declaró Lopera Tobón.

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

“Las jornadas de capacitación han sido muy valiosas en las diferentes etapas que se deben llevar dentro de los procesos que se atienden en comisarías de familia con las víctimas de violencias basadas en género”, afirmó Jenny Gutiérrez Ángel, comisaria de familia de Valdivia.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales.

Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.

En el barrio Popular 1 de Medellín, una mujer decidió visibilizar la situación de violencia que vive, a través de transmisiones en vivo en una plataforma digital. En su denuncia pública, relató que su expareja acude a su vivienda para acosarla, insultarla y amenazar tanto a ella como a sus hijos, generando temor y angustia en la familia.

En una de las grabaciones, se escucha al agresor proferir amenazas e insultos. En las imágenes difundidas, la mujer expresa sentirse desprotegida y solicita ayuda urgente, advirtiendo que la situación podría agravarse si no intervienen las autoridades. “Triple... No te salva nadie (...) No vengan, manipuladora”, se le alcanza a escuchar al sujeto en una de las grabaciones.

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Mientras el hombre la insulta, la víctima, al parecer, llama a la Policía y le expresa que necesita ayuda e indica la dirección de la que sería su residencia: “Hola buenas, cuadrante, necesito que me colaboren en el Popular 1, por favor ayudenme”.

En el video, el hombre insiste en permanecer en el lugar para dañar algunos enseres de la mujer, no sin antes preguntar repetidamente a su hija si desea que él se quede. La menor, visiblemente afectada y entre lágrimas, le responde que no quiere.

El caso ha generado preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, que exigen acciones inmediatas para evitar consecuencias mayores.

Entre los comentarios destacados se encuentran críticas a la falta de respuesta efectiva de la justicia y llamados a brindar apoyo a la víctima. Usuarios señalaron la necesidad de protegerla y cuestionaron la impunidad que persiste en estos casos.

“Ella puede poner la denuncia, pero hasta que no le haga daño, no le hacen caso porque así es la justicia en este país, qué tristeza”; “Como siempre, no falta el agüevado que se cree dueño de una mujer”; “Cuando estamos bien con alguien, solo es amor y nunca terminamos de conocer a las personas. A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Ahora no es momento de juzgar a la chica por haberse metido con él; esperemos que le brinden ayuda y salga bien de este mal momento”, fueron algunos comentarios al respecto.

Violencia y hostigamiento contra la mujer en el país

Este episodio de violencia se suma a los 2 feminicidios y 26 tentativas documentados en el país solo en enero de 2026, lo que ilustra la gravedad y persistencia de esta problemática que afecta a las mujeres.

Durante 2025, los registros oficiales contabilizaron 118 feminicidios, 333 tentativas y 28 transfeminicidios en Colombia. Las cifras muestran una mayor concentración de casos en regiones específicas: Caquetá, Amazonas y Casanare son los territorios con las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, seguidos por San Andrés.

Según los datos de la Defensoría del Pueblo, la concentración de la violencia en estas zonas está asociada a vulnerabilidades geográficas y debilidad institucional, lo que incrementa el riesgo para las mujeres.

El informe oficial también señaló que en 2025 se registraron 193 mujeres víctimas de trata de personas, de las cuales 95 eran adultas y 41 menores de edad. Norte de Santander y San Andrés encabezaron las tasas de este delito, seguidos por Meta y Bogotá. Esta situación ha generado alarma entre autoridades, padres y cuidadores.

Acciones de la Gobernación de Antioquia contra la violencia de género

Para enfrentar este panorama, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia puso en marcha una estrategia departamental orientada a fortalecer las comisarías de familia en nueve municipios.

Esta iniciativa contempla jornadas de formación, contratación de equipos profesionales y apoyo técnico para mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres. La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que el objetivo es consolidar una red articulada, especializada e interdisciplinaria para garantizar una respuesta oportuna en los territorios.

La relevancia de esta estrategia se sustenta en los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que reportó en 2025 una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Antioquia. Las comisarías representan la primera puerta de atención en muchas de estas situaciones, de ahí la prioridad en fortalecer sus capacidades técnicas, jurídicas y psicosociales.

Durante las jornadas de formación se abordan herramientas como el instrumento de valoración del riesgo de feminicidio, la articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, y la capacitación en primeros auxilios emocionales. Los encuentros se llevan a cabo en El Retiro, Anorí, Remedios, La Pintada, San Rafael, Cáceres, Abejorral y Urrao, consolidando la estrategia departamental y reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género.

Hay consternación en Nariño tras conocerse el asesinato de Héctor Cabrera, hermano de Claudia Cabrera, exalcaldesa y candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, del Partido de la U.

El crimen se registró en una zona del municipio de Policarpa donde la presencia de grupos armados ilegales hace parte del escenario habitual entre la población civil.

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Según se informó preliminarmente, la columna Franco Benavides, facción disidente vinculada a alias Iván Mordisco, estaría detrás del ataque. Esta organización ha sido señalada previamente por acciones violentas en el sur del país.

La situación aumenta la tensión en vísperas de las elecciones, en un contexto de amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y figuras políticas.

Claudia Cabrera confirmó el hecho a través de sus redes sociales. En su mensaje señaló: “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”. Cabrera expresó su rechazo a los hechos y exigió garantías de seguridad para quienes participan en la contienda electoral.

La presencia de grupos armados ilegales como la Columna Franco Benavides en el municipio ha dificultado el desarrollo de actividades políticas y sociales.

Lo habrían sacado forzosamente de su vivienda

De acuerdo con la información preliminar, José Cabrera fue sacado a la fuerza de su residencia por hombres armados, señalados como presuntos integrantes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. Minutos después del rapto, su cuerpo fue hallado sin vida en el sector de La Palma, a unos 10 minutos de la cabecera municipal.

El crimen ha tenido repercusiones inmediatas en la comunidad y ha llamado a la acción urgente de las autoridades. Infobae Colombia conoció que se adelanta un consejo extraordinario de Seguridad entre el Ejército, Policía, Alcaldía y la Gobernación, con el objetivo de establecer un plan ante este hecho de sangre que enluta a la población de Policarpa.

La situación es especialmente crítica porque dos personas más permanecerían desaparecidas tras la incursión del grupo armado; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades. Además, habitantes de las zonas rurales y del casco urbano habrían comenzado a desplazarse por temor a nuevos ataques o enfrentamientos.

Entre tanto, el Partido de la U emitió un comunicado condenando el asesinato y responsabilizando al Gobierno Nacional por la seguridad de su candidata y su familia.

La colectividad advirtió que el crimen no es un hecho aislado, sino una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Enfatizaron que han elevado alertas reiteradas sobre amenazas y presiones contra sus candidatos sin recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

“Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país y del riesgo real que hoy enfrentan quienes ejercen la actividad política en territorios donde los grupos armados ilegales siguen imponiendo el miedo”, señaló el documento.

El comunicado además enfatizó que la intimidación y el accionar de grupos armados ilegales no pueden seguir condicionando la participación política ni poniendo en riesgo la vida de quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

“Por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y su ejercicio político. La gravedad de estos hechos resulta aún más preocupante ad portas de las elecciones al Congreso, cuando el país debería contar con todas las garantías para un ejercicio democrático libre, seguro y transparente”, aseveró el comunicado.