Playa Grande, en Ixcán, aprobó el ingreso del Registro Social de Hogares durante el Consejo Municipal de Desarrollo de la primera semana de agosto, una decisión que habilita un censo casa por casa para identificar a familias vulnerables en el municipio más extenso de Quiché y en uno de los territorios con mayor exclusión histórica de Guatemala.

La autorización local llega cuando el Ministerio de Desarrollo Social ya cerró el levantamiento en 97 municipios, mantiene 13 en proceso y tiene cuatro pendientes al 6 de agosto de 2026. Sobre ese universo, el registro ya alcanzó a un millón 80 mil hogares, equivalentes a 4,8 millones de personas.

El operativo en Ixcán seguirá una ruta definida en la sesión de Playa Grande: los censistas comenzarán por las comunidades más alejadas y avanzarán hacia la cabecera municipal para recuperar hogares que no hayan sido contactados en la primera pasada. El umbral mínimo aceptado por el ministerio es de 90% de cobertura.

El Ministerio de Desarrollo Social presentó la herramienta digital del RSH ante alcaldías, gobernaciones departamentales y Consejos Comunitarios de Desarrollo de primer y segundo nivel. Tras esa exposición, las autoridades locales dieron su aval formal para iniciar el levantamiento.

La viceministra de Política, Planificación y Evaluación del MIDES Claudia Valenzuela dijo a Infobae que Ixcán “ha sido un pueblo históricamente excluido” y que el Estado llega ahora con un instrumento de medición sistemática. Ese paso forma parte de un esquema de gobernanza territorial que exige convocatoria al COMUDE, presentación metodológica, autorización formal y cronograma por lugar poblado antes de que entre el personal de campo.

Ixcán quedó incorporado al plan que prioriza 114 municipios

Ixcán es el municipio 97 de los 114 priorizados por el MIDES. La selección se hizo con un índice de vulnerabilidad que pondera con el mismo peso la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la desnutrición crónica infantil.

El ministerio aplicó un método de análisis de conglomerados K-means para clasificar los 340 municipios del país en tres categorías: grave, crítico y moderado. Los 114 priorizados corresponden a las dos categorías de mayor urgencia, con mayor incidencia en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché.

El ministro Abelardo Pinto remarcó ante el COMUDE que el despliegue depende de la colaboración comunitaria. “Lo que me interesa es llegar a cada uno de los hogares de acá de las comunidades de Playa Grande. Pero eso no lo puedo hacer solo”, afirmó.

Pinto añadió: “Venimos a ponerle rostro y dirección a la pobreza de Ixcán y a esa pobreza es a la que queremos atender”. También convocó a los COCODES y a los liderazgos locales a facilitar el acceso para que “nadie se quede atrás”.

Al terminar el levantamiento en cada lugar poblado, los censistas elaboran un acta firmada por el COCODE correspondiente y notifican al siguiente para coordinar el ingreso. Cuando concluye el operativo municipal, el MIDES vuelve al COMUDE para presentar resultados como privaciones detectadas, hogares con piso de tierra y necesidades de estufa, filtro o letrina.

Valenzuela describió a Infobae ese retorno como el elemento que permite la apropiación local del proceso. “Quien nos pueda decir que no se puede, un dato convertido en una posibilidad”, afirmó.

La ficha releva 107 preguntas y activa intervenciones de varias carteras

La ficha aplicada por los censistas contiene 107 preguntas y genera tres mediciones por hogar: necesidades básicas insatisfechas, medios de vida e índice de pobreza multidimensional. Este último evalúa 17 indicadores distribuidos en cinco dimensiones y produce una categorización automática.

“Esas variables ya están automatizadas de lo que observo y lo que me responde la persona”, explicó Valenzuela al medio al señalar que el sistema no puede ser manipulado por el censista. El perfil resultante permite activar al mismo tiempo respuestas de distintas instituciones estatales.

Un niño en primera infancia con privaciones en vivienda, alimentación y salud puede derivar intervenciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Agricultura en el mismo hogar. Según la viceministra, los programas ya existían, pero no el mecanismo para abordar de manera articulada cada caso.

De los hogares ya registrados en el país, 246 mil están incorporados al bono social, dividido entre bono social salud y bono social educación. El registro segmenta a la población por grupo etario y por tipo de privación para derivarla a cada institución, con criterios de inclusión más amplios para dotaciones físicas como piso de concreto, estufa mejorada o filtro de agua que para las transferencias monetarias.

El operativo trabaja en jornadas de 22 días continuos con ocho de descanso y a un ritmo de entre 108 mil y 110 mil hogares por jornada. La meta del MIDES es completar los 114 municipios priorizados en septiembre de 2026.

Entre los cuatro municipios pendientes figuran Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, donde hay conflictos activos por diferendo territorial. Valenzuela descartó excluirlos y sostuvo: “El Estado no tiene excusa para no estar presente”.

Ambos municipios tienen acordada la gobernanza territorial para el 26 de agosto. San Cristóbal Verapaz, cuyo operativo fue interrumpido por una inundación, prevé su reunión de coordinación para la semana siguiente.

Con el ritmo actual, el ministerio proyecta llegar a 2,5 millones de hogares a finales de 2027. Esa cobertura equivaldría al 75% de lo registrado en el último censo de población.

Más de 200 artistas guatemaltecos interpretaron el Réquiem de Verdi el 12 y 13 de agosto en la Gran Sala Efraín Recinos para cerrar la Temporada Ad Aeternus con un homenaje a las víctimas del terremoto de 1976, una tragedia de magnitud 7.5 que marcó la historia de Guatemala y cuya memoria motivó esta conmemoración a cinco décadas del desastre.

La presentación convirtió al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en un espacio de recuerdo durante dos noches consecutivas. La iniciativa estuvo dedicada a las personas que murieron en el sismo y usó una de las obras sacras más reconocidas del repertorio para articular ese tributo desde la música.

El dato central del acto fue ese: la temporada concluyó con una interpretación colectiva del Réquiem de Giuseppe Verdi a cargo de más de 200 intérpretes nacionales, reunidos para honrar a las víctimas del terremoto de 1976 y para subrayar, al mismo tiempo, la capacidad de reconstrucción de la sociedad guatemalteca.

La obra reunió coros, orquesta y solistas en un mismo escenario

La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, junto con el Coro Nacional de Guatemala, el Coro Lírico de Guatemala, el Coro Nacional de Personas con Discapacidad César Augusto Hernández y el Coro Ad Aeternus. La dirección fue asumida por el maestro invitado Martín Corleto.

A ese cuerpo coral y orquestal se sumaron los solistas Leslie Gonzáles, soprano; Dulce Paiz, contralto; Pedro Solís, tenor, y Edgar Muñoz, bajo-barítono. La ejecución estuvo atravesada por los contrastes propios de la partitura, entre pasajes de recogimiento y momentos de gran intensidad sonora.

La puesta en escena también reunió a integrantes de la Escuela Nacional de Canto Gloria Marina, la Unidad de Cine del Área de Apoyo a la Creación Artística del Ministerio de Cultura y Deportes y el Coro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa articulación permitió concentrar en una sola obra a intérpretes vinculados con distintas instituciones artísticas y formativas del país.

La participación del Coro Nacional de Personas con Discapacidad César Augusto Hernández añadió otra dimensión a un montaje construido desde la diversidad de voces y trayectorias. El resultado fue una convergencia de agrupaciones que compartieron escenario en una obra de alta exigencia musical.

El homenaje se vinculó con el terremoto y con la memoria nacional

La elección del Réquiem tuvo un sentido directo: su relación con la muerte y el recuerdo lo convirtió en la pieza escogida para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el terremoto de 1976. El sismo, de 7.5 grados de magnitud, derribó casas y edificios y quedó registrado como una de las mayores tragedias naturales del país.

Durante el acto protocolario de la segunda presentación estuvieron presentes el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, además de autoridades, artistas y público. La presencia de funcionarios se incorporó a una ceremonia concebida como encuentro entre instituciones, memoria y creación artística.

El ministro resumió ese sentido colectivo con una frase pronunciada durante la actividad: “Esto es la convergencia de muchas instituciones que ya forman parte de la historia artística de Guatemala, que decidieron unirse para brindarnos un espectáculo de talla mundial”.

También evocó la respuesta social posterior al desastre con otra referencia explícita al sismo: “7.5 grados de magnitud telúrica que derribaron casas y edificios, pero que jamás alcanzaron a derrumbar el espíritu solidario que nos define”.

El Réquiem nació como una obra de duelo en la Italia del siglo XIX

El Réquiem de Giuseppe Verdi fue estrenado el 22 de mayo de 1874 en la iglesia de San Marcos de Milán, en Italia. El compositor lo escribió en memoria del escritor italiano Alessandro Manzoni, a quien admiraba profundamente, después de su muerte en 1873.

La composición está dividida en siete grandes movimientos: Requiem y Kyrie, Dies Irae, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna y Libera me. Con el paso del tiempo, la obra se consolidó como una de las piezas centrales del repertorio sacro por la combinación entre tradición religiosa e intensidad dramática.

Con esa segunda función, la Temporada Ad Aeternus quedó cerrada en la Gran Sala Efraín Recinos como un homenaje a las víctimas del terremoto de 1976 y como una muestra del alcance interpretativo de los artistas guatemaltecos en una partitura de trascendencia internacional.

Una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 movilizó este sábado al Ejército, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario para decomisar teléfonos, droga y otros objetos prohibidos, en un operativo que busca cortar las extorsiones y desmantelar privilegios ilegales dentro de una de las cárceles más sensibles de Guatemala.

Entre los primeros resultados del procedimiento, las fuerzas de seguridad reportaron el decomiso de 112 objetos punzocortantes, 20 bolsas con posible cocaína, 27 envoltorios con posible crack, 16 bolsas con posible marihuana y tres teléfonos celulares. También localizaron 58 cables USB, 16 tarjetas para chip, una tarjeta SIM y una memoria USB.

La intervención sigue en desarrollo mientras los equipos inspeccionan sector por sector el penal. Según informó el Ejército de Guatemala en sus redes sociales, los artículos quedarán a disposición de las autoridades competentes para establecer su procedencia y determinar posibles responsabilidades penales.

El operativo tuvo como objetivo localizar productos ilícitos, retirar objetos no autorizados y reforzar el control interno del centro carcelario. Ese punto responde al dato central de la jornada: las autoridades buscan impedir que desde el interior de la prisión se mantengan redes de coordinación criminal.

La requisa en zona 18 expuso droga, armas improvisadas y dispositivos de comunicación

El inventario preliminar del decomiso incluyó además 25 moledores de droga, 350 envoltorios posiblemente utilizados para distribuirla, 10 pipas para inhalar marihuana y dos paquetes de posible pasta para droga. A la lista se sumaron 120 encendedores, seis bocinas, 16 controles, ocho controles para videojuegos y 138 discos DVD.

Los agentes también retiraron cuatro reproductores DVD, una máquina para tatuar, un frasco de tinta, un vape, un reloj, cuatro cajetillas de cigarros, una lata de cerveza, una botella de licor y dos botellas de whisky. En el mismo operativo fueron hallados dos litros de veneno, un cuarto de galón de thinner y un frasco de alcohol.

La magnitud del hallazgo muestra que la requisa no estuvo centrada solo en drogas o armas hechizas. El despliegue también apuntó a retirar objetos asociados con comunicaciones, entretenimiento, consumo de sustancias y otras formas de control informal dentro del penal.

La presencia de celulares, tarjetas SIM, cables USB y tarjetas para chip aparece como uno de los puntos de mayor interés para las autoridades. De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario, ese tipo de dispositivos es clave para interrumpir el flujo de comunicaciones con el exterior.

Las requisas forman parte de una ofensiva sostenida en varias cárceles

La operación en la zona 18 no fue un hecho aislado. Un día antes, el viernes 14 de agosto, la Dirección General del Sistema Penitenciario realizó otra requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Fraijanes II, con acompañamiento del Ejército y de la PNC.

En ese penal fueron incautados 134 objetos punzocortantes, 91 envoltorios de posible cocaína, 20 bolsas con posible cocaína y 23 pastillas de posible metanfetamina. También se decomisaron tres teléfonos celulares, una tarjeta SIM Tigo, 12 cargadores para teléfono, 43 cables USB y 42 tarjetas de saldo telefónico.

Según la DGSP, esos elementos son utilizados para coordinar extorsiones desde el interior de la cárcel. En el mismo operativo se localizaron seis envoltorios de posible marihuana, cinco pipas para su consumo, 19 frascos para moler la sustancia, mil hojas para envolverla y una pesa para el pesaje de droga.

Los hallazgos en Fraijanes II incluyeron además cinco televisores plasma, dos microondas, un aire acondicionado, una consola Nintendo Switch, siete reproductores DVD, ocho bocinas, seis controles remotos y 76 discos. A ese listado se agregaron una bocina grande marca EXBOOM, 87 agujas para tatuar, seis frascos de tinta, 62 piezas de piercing, dos ventiladores, siete dispositivos USB, un cargador inalámbrico, un bulto de fuegos pirotécnicos y un bote de thinner.

Un día antes de esa intervención, el jueves 13 de agosto, las autoridades realizaron otra requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, conocido como Pavoncito, en Fraijanes. El operativo se concentró en el sector controlado por la Mara Salvatrucha.

El objetivo oficial es cortar órdenes de extorsión y coordinación de asesinatos

En Pavoncito, las fuerzas de seguridad incautaron más de 200 objetos punzocortantes, cinco teléfonos celulares, una cámara Dual Pro 4K y 127 encendedores. También hallaron 23 paquetes de posible marihuana, cuatro frascos y dos bolsas de posible cocaína, cinco pastillas de posible metanfetamina y un bulto de fuegos pirotécnicos.

La DGSP sostiene que estas requisas periódicas responden a la necesidad de interrumpir comunicaciones usadas para ordenar cobros de extorsión a transportistas y comerciantes. El mismo organismo indicó que esos canales también sirven para coordinar asesinatos y financiar el tráfico de drogas al menudeo dentro y fuera de los penales.

En ese marco, la intervención de este sábado en la zona 18 busca no solo retirar objetos prohibidos, sino desarticular capacidades operativas de grupos criminales dentro del penal. El operativo continúa activo mientras personal militar y de seguridad civil completa la inspección y documenta cada hallazgo.

Los resultados definitivos se conocerán cuando concluya el conteo total de los artículos decomisados. La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que todo lo localizado será procesado por las autoridades correspondientes para determinar su origen y establecer las responsabilidades del caso.

Un autobús de transporte público que salió de El Estor hacia Ciudad de Guatemala cayó este sábado al río Túnico en el kilómetro 295 de la ruta RN-7E, en Izabal, y dejó a más de 20 pasajeros asistidos y trasladados a un centro de atención médica, en un hecho ocurrido en medio de fuertes lluvias que habían elevado el caudal del afluente y deteriorado el paso tipo badén.

Todos los afectados recibieron atención prehospitalaria y fueron llevados al Centro de Atención Permanente de la localidad para evaluación médica. Entre los pasajeros rescatados había mujeres y niños, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales.

La emergencia movilizó a la 118 Compañía de Bomberos Voluntarios de Río Dulce, que acudió al lugar en las unidades 1459 y 1605. Víctor Gómez, vocero de la institución, confirmó que los socorristas asistieron a más de 20 personas que viajaban con destino a la capital guatemalteca.

Según la información confirmada por Bomberos Voluntarios en Ciudad de Guatemala, la alerta ingresó al teléfono de emergencias 122, donde se reportó que un vehículo había salido del badén y había caído al río en la aldea Túnico, en la ruta hacia El Estor. Los elementos destacados al lugar actuaron bajo el mando del oficial Garrido.

El accidente ocurrió en un badén afectado por las lluvias

El percance se registró a la altura de la comunidad La Esperanza Túnico, en jurisdicción del municipio de El Estor, departamento de Izabal. Esa localidad está ubicada a 121 kilómetros de Puerto Barrios y a 319 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con medios locales, la unidad había partido a la medianoche desde El Estor. Las versiones difundidas sobre la causa del hecho apuntan a dos posibilidades: que el vehículo fuera arrastrado por la corriente cuando cruzaba el badén o que el conductor perdiera el control antes de caer al cauce.

En otro de los reportes citados por la publicación local, las lluvias registradas en la zona habían provocado el aumento del caudal del río y el deterioro de la vía. Ese escenario coincidió con la información de los rescatistas sobre un paso improvisado o badén en el punto donde ocurrió la caída.

Bomberos Voluntarios informaron que la mayoría de los pasajeros atendidos presentaba alteración del sistema nervioso. Tras los primeros auxilios en el sitio, todos fueron enviados a la emergencia del centro asistencial local.

Los vecinos participaron en el rescate de los ocupantes

Uno de los datos repetidos en los reportes locales fue la intervención inmediata de vecinos de la zona, que se sumaron al rescate de las personas atrapadas en el vehículo mientras permanecía sobre el curso del río. La ayuda se concentró especialmente en sacar del agua a mujeres y niños que viajaban como pasajeros.

Los testimonios recogidos en esas primeras informaciones también señalaron que varias personas estuvieron a punto de ser arrastradas por la corriente. Esa situación elevó la urgencia del operativo en una zona donde el caudal había crecido por las precipitaciones.

El autobús fue identificado en los reportes locales como una unidad que cubría la ruta desde El Estor hacia la Ciudad de Guatemala, y en una de las versiones se mencionó que pertenecía a la empresa Starbus. Hasta el momento, la información disponible se concentra en la atención a los pasajeros rescatados y en su traslado al CAP de la localidad para evaluación médica.

Guatemala, Taiwán, SE-CONRED y Alta Verapaz sellaron este 14 de agosto un acuerdo para fortalecer la gestión de desastres en siete municipios de la cuenca del río Cahabón, una respuesta directa a la emergencia que en julio dejó 17.388 personas afectadas, tres fallecidos y miles de evacuados en una de las crisis más graves recientes por lluvias en el departamento.

Según La SE CONRED la alianza busca dotar a los municipios de herramientas técnicas y operativas para prevención, preparación y alerta comunitaria. El proyecto se enfocará en una región donde 8.639 personas debieron abandonar sus viviendas y 3.931 familias quedaron damnificadas.

El convenio fue formalizado en la ciudad de Guatemala entre la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la República de China (Taiwán). De acuerdo con el comunicado oficial, contempla la modernización del sistema de monitoreo multirriesgo, la instalación de Sistemas de Alerta Temprana y el fortalecimiento de las Instancias Municipales de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

La medida apunta a mejorar la respuesta ante amenazas naturales en los municipios de la cuenca del río Cahabón, golpeados por inundaciones súbitas, crecida de ríos y deslizamientos durante la primera semana de julio. La publicación citó una declaración oficial que resumió el objetivo del convenio: “Este trabajo en conjunto fortalece capacidades que permanecen en los territorios y continúan beneficiando a las comunidades”.

El proyecto prevé monitoreo en tiempo real y alertas para comunidades vulnerables

La respuesta central que propone el nuevo acuerdo es técnica y territorial: modernizar el monitoreo multirriesgo e instalar sistemas de alerta en zonas vulnerables. Según el comunicado, la disponibilidad de información en tiempo real permitirá tomar decisiones más rápidas y activar acciones para proteger vidas.

SE-CONRED sostuvo que el acompañamiento técnico será permanente y que la coordinación con autoridades municipales buscará asegurar la continuidad de las medidas en el largo plazo. El objetivo es que la capacidad instalada no dependa solo de la emergencia, sino que quede incorporada a la gestión local del riesgo.

La experiencia de julio expuso esa necesidad con claridad. Varias comunidades quedaron aisladas y la entrega de insumos básicos, entre ellos colchonetas, filtros de agua y kits de higiene, se complicó por la persistencia de áreas anegadas.

El enfoque del proyecto incluye la formación de capacidades dentro de las comunidades. La institución reiteró que la prevención seguirá como eje de la gestión de riesgos y expresó ese criterio en otra frase recogida por el diario: “La prevención es tarea de todos”.

La emergencia de julio dejó miles de afectados y diez albergues habilitados

El contexto inmediato del acuerdo comenzó el 8 de julio, cuando una inundación súbita en San Cristóbal Verapaz abrió una crisis que luego se extendió a varios municipios de Alta Verapaz. Los datos oficiales registraron tres muertos, 17.388 personas afectadas y diez albergues habilitados en Fray Bartolomé de las Casas, Chahal y otras localidades.

En esos refugios permanecieron al menos 331 personas. La gobernadora departamental Lilia Margarita Coj Cobián informó en su momento que Fray Bartolomé de las Casas concentró el mayor impacto: 58 lugares poblados afectados, 2.378 familias y 10.240 personas.

Después aparecieron Chahal, San Cristóbal Verapaz, Panzós, Santa María Cabón y Tactic, con daños en viviendas, escuelas y vías de comunicación. La respuesta institucional incluyó evacuaciones, evaluaciones de daños en casas y hospitales, búsqueda de personas desaparecidas y distribución de ayuda humanitaria.

La cobertura de asistencia avanzó entre 40% y 45% en Fray Bartolomé de las Casas. En Chahal, San Cristóbal Verapaz, Santa María Cabón y Tactic, la atención alcanzó el 100% de los casos reportados.

Las lluvias también afectaron hospitales, escuelas y vigilancia sanitaria

La emergencia no se limitó a viviendas y caminos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social movilizó a 2.800 trabajadores en los 17 municipios del departamento para atender el impacto sanitario de las inundaciones.

Durante ese operativo se reportó un aumento de infecciones respiratorias y gastrointestinales, además de casos de anemia, diabetes, hipertensión y dengue. En Fray Bartolomé de las Casas, el hospital local trasladó pacientes al centro de salud y se habilitaron servicios temporales de emergencia.

El sistema educativo también sufrió daños. Un total de 21 escuelas quedaron afectadas o inundadas, sobre todo en Chahal y Panzós, mientras que en Carchá un derrumbe causó daños estructurales en un muro y luego se controló el riesgo para los alumnos tras tareas de limpieza.

El acuerdo entre Guatemala y Taiwán también refuerza la cooperación bilateral en asistencia técnica y transferencia de conocimiento. Las autoridades prevén que una reducción de las lluvias en los próximos días facilite la entrega de insumos pendientes, aunque el monitoreo de los ríos y la vigilancia epidemiológica seguirán activos.

La Comisión de Postulación que debe proponer a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas en el período 2026-2030 resolvió en su primera sesión que la votación final será a viva voz y por candidato individual, en un proceso que debe concluir antes del 22 de septiembre para que el Congreso de la República elija al nuevo titular antes de que venza el mandato actual, el 12 de octubre.

El plazo quedó acotado por la ley y por el calendario institucional: la nómina debe llegar al Legislativo al menos 20 días antes del cierre del período constitucional del funcionario saliente. Una vez recibida, el pleno del Congreso deberá designar al nuevo jefe de la CGC con una mayoría de 81 votos.

Los 27 comisionados fueron juramentados el jueves por el Organismo Legislativo y sesionaron por primera vez este viernes 14 de agosto en el campus central de la Universidad Rafael Landívar, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La comisión es presidida por el rector Miquel Cortés, según lo observado en la transmisión de Guatemala Visible.

La sede de trabajo quedó fijada en la Universidad Rafael Landivar por decisión unánime, después de que el pleno adelantara ese punto de la agenda para resolverlo antes de continuar con la discusión del reglamento interno.

En la misma jornada también fueron electos los cargos de apoyo: la decana de la facultad de contaduría pública y auditoría de la Universidad Regional Milvia Elías será secretaria y Alexander Sac, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, ocupará la subsecretaría.

El reglamento fijó votación individual, quórum de 18 miembros y sesiones públicas

Uno de los debates centrales giró en torno al artículo que regula la integración de la nómina final. El texto discutido establecía que cada comisionado debía pronunciarse de viva voz y exponer las razones de su voto, pero el pleno modificó esa redacción y sustituyó “deberá” por “podrá”, con lo que la justificación del sufragio queda como una facultad y no como una exigencia.

Cortés sostuvo durante la discusión que razonar el voto “es un derecho, no una obligación”, y recordó que la Corte de Constitucionalidad ha señalado que ese derecho debe resguardarse. La decisión final mantuvo la votación oral y descartó los bloques: cada candidato tendrá que ser conocido y votado por separado.

En el reglamento, también se fijó un quórum y un umbral de decisión idénticos: 18 de los 27 comisionados deberán estar presentes para que una sesión sea válida y ese mismo número será necesario para aprobar cualquier resolución, sin importar cuántos integrantes asistan ese día. Cortés advirtió que reducir ese piso abriría espacio a maniobras que afectarían la transparencia del proceso.

Las sesiones ordinarias quedaron programadas de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00. Una propuesta para empezar a las 8:00 fue rechazada: seis comisionados la apoyaron y 21 votaron por mantener el inicio a las 9:00.

El reglamento permite extender las jornadas si la carga de trabajo lo requiere e incluso habilitar sesiones en sábado si el plazo constitucional lo exige. También ordena que las convocatorias se hagan por correo electrónico u otro medio acordado con al menos dos días de anticipación.

La comisión prohibió celulares y abrirá entrevistas y tachas contra aspirantes

Entre las reglas internas aprobadas figura la prohibición de usar teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la revisión de expedientes, las evaluaciones, las entrevistas y las votaciones. Las intervenciones de los comisionados también quedaron limitadas a tres minutos en la primera participación y a un minuto en la segunda, con un reloj visible en pantalla para todo el pleno.

La comisión avanzó además en la aprobación de la agenda y del cronograma de trabajo, y conoció la propuesta del sitio web oficial que utilizará para publicar los registros del proceso. Todas las sesiones serán públicas y quedarán grabadas, y en esa plataforma se divulgarán expedientes, actas y grabaciones.

“Los aspirantes al cargo serán evaluados mediante entrevista, aunque los detalles de ese mecanismo todavía no han sido definidos.” La postuladora prevé discutir en próximas sesiones los lineamientos específicos de esa fase.

También se aprobó que las tachas contra candidatos podrán presentarse incluso sin sentencia firme, siempre que se refieran a la capacidad, idoneidad u honradez del postulante, estén respaldadas con elementos concretos y se entreguen por escrito junto con una copia digital en memoria USB. Los aspirantes señalados tendrán derecho a presentar su memorial de descargo.

El Ministerio de Cultura y Deportes recuperó el 11 de agosto la administración del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, nueve meses después del cierre del recinto y del retiro de gran parte de su colección, en un paso que abre la ruta para devolver al edificio sus 287 bienes patrimoniales y definir las obras necesarias para su reapertura.

La recuperación del inmueble llegó después de un conflicto que combinó el traslado de piezas, órdenes judiciales y una disputa por la custodia del edificio. El museo resguarda 287 bienes de la colección patrimonial del país y una parte importante había sido retirada del recinto tras diligencias iniciadas desde diciembre de 2025.

El ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas recorrió las instalaciones el 13 de agosto para verificar las condiciones generales del edificio y supervisar las primeras acciones de recuperación.

“Las llaves están de vuelta. Y trabajaremos fuerte para que el museo también esté de vuelta. Y con él, una parte de nuestra historia volverá a estar viva”, afirmó el funcionario.

Con la devolución de las llaves, la cartera inició trabajos de limpieza, acondicionamiento y restablecimiento del sistema de videovigilancia. También anunció evaluaciones técnicas para establecer el estado actual de la infraestructura antes de definir las intervenciones.

El ministerio evaluará techos, humedad y sistema eléctrico antes de reabrir el museo

Las revisiones incluirán cubiertas, techos de madera, paredes, pisos, sistema eléctrico, iluminación y condiciones de humedad. Esos trabajos contarán con acompañamiento de especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles y del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, además del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala cuando corresponda.

La recuperación del edificio permitirá avanzar en el retorno planificado de los 287 bienes culturales del museo, con prioridad en su conservación y seguridad. El ministerio también prevé actualizar el guion museológico y desarrollar una nueva propuesta museográfica con cambios en recorrido, iluminación, señalización y distribución de obras, además de la posibilidad de incorporar exposiciones temporales y temáticas.

En un mensaje difundido por la cartera, Méndez Salinas sostuvo que la recuperación de la administración del espacio implica “el enorme compromiso de ser guardianes y custodios del arte, la cultura y la historia que este lugar ha cobijado por tanto tiempo”. Añadió que “más de doscientas ochenta piezas de enorme valor histórico y cultural volverán a este lugar para que de nuevo pueda abrir sus puertas al público”.

El cierre comenzó con diligencias del Ministerio Público y el traslado de obras

El cierre del Museo de Arte Colonial se originó por diligencias del Ministerio Público desde diciembre de 2025, después de una denuncia sobre las condiciones de conservación de bienes históricos. A partir de esas actuaciones, 198 piezas fueron trasladadas inicialmente al Palacio Nacional de la Cultura, mientras otras permanecieron de forma temporal en el museo por las dificultades y riesgos de su movilización.

El caso derivó en una disputa entre instituciones por la custodia del inmueble y de las obras. El MCD cuestionó el procedimiento usado para retirar los bienes y sostuvo que el museo contaba con personal especializado y un taller de restauración.

La entonces ministra de Cultura Liwy Grazioso denunció que el Ministerio Público había tomado el control del edificio, solicitado las llaves, retirado al personal de seguridad y apagado las cámaras de vigilancia. La cartera además presentó acciones legales al considerar que no había tenido acceso suficiente al expediente judicial y expresó preocupación por la conservación de las piezas.

Uno de los puntos de mayor atención fueron las pinturas de Tomás de Merlo, por sus dimensiones y valor histórico. El 2 de marzo, el ministerio informó que había concluido el movimiento de ocho bienes culturales vinculados al proceso judicial, entre pinturas de gran formato y esculturas religiosas.

Entre esas piezas figuró “San Salvador de Horta”, de Tomás de Merlo, trasladada en la última fase de los movimientos. Cuatro obras atribuidas al pintor fueron depositadas en el Museo Nacional de Arte de Guatemala: pinturas de la serie La Pasión de Cristo, como El encuentro de Jesús con la Virgen María, Jesús ante Caifás y Jesús ante Pilatos, además de una obra dedicada a San Ignacio de Loyola.

Las otras cuatro piezas, entre ellas dos obras de gran formato y dos querubines de madera, fueron llevadas al Palacio Nacional de la Cultura. El ministerio indicó que todos esos traslados se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales y bajo protocolos orientados a garantizar la protección y conservación de los bienes.

El edificio sigue bajo un usufructo que el ministerio considera vigente hasta 2032

La administración del inmueble también abrió un conflicto entre el MCD y la Municipalidad de Antigua Guatemala. Según el ministerio, el edificio está sujeto a un acuerdo de usufructo vigente hasta 2032, que establece su uso con fines culturales.

La municipalidad sostuvo, en cambio, que ese usufructo estaba condicionado al funcionamiento del Museo de Arte Colonial y que, al dejar de operar como tal, el inmueble debía regresar a la comuna. El 9 de febrero ambas instituciones sostuvieron una reunión para abordar el futuro del museo.

Más de 100 testimonios de personas obligadas a salir de Guatemala entre 2014 y 2025 quedaron reunidos en el informe exilio “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)”, presentado este viernes en el Palacio Nacional de la Cultura con la demanda de que el Estado reconozca a las víctimas, avance en su descriminalización y cree condiciones para un retorno seguro.

El documento sostiene que el 93% de los casos analizados se concentra en el período en que Consuelo Porras encabezó el Ministerio Público entre 2018 y 2026. También concluye que la persecución no afectó solo a quienes enfrentaron causas penales, sino a sus familias, su trabajo, su acceso a vivienda y su vida pública.

Dirigido por Carlos Beristain, coordinador también del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, el informe fue elaborado con cobertura conjunta de Ruda y Hora Cero.

La presentación reunió a personas exiliadas conectadas desde distintos países, familiares, defensores de derechos humanos, autoridades de gobierno y periodistas.

Beristain explicó que el informe recoge los efectos personales, familiares, profesionales, institucionales y sociales de la criminalización, además de su impacto sobre la democracia y el Estado guatemalteco.

Durante el acto, afirmó que el punto más duro de las entrevistas no fue la reconstrucción de la persecución, sino la respuesta a una pregunta básica sobre el significado del destierro: “El exilio es una experiencia de privación de derechos humanos que no deja tiempo siquiera para darte cuenta de lo que significa”.

La criminalización alcanzó a jueces, periodistas, autoridades indígenas y activistas

El informe identifica como blanco de esa persecución a operadores de justicia, autoridades ancestrales, periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas sociales y miembros del partido Semilla.

También enumera seis patrones recurrentes: denuncias por conductas que no constituyen delito, judicialización rápida por parte del Ministerio Público, uso de figuras como terrorismo o asociación ilícita, prisión preventiva prolongada como presión, y coordinación entre querellantes adhesivos y funcionarios de fiscalía para divulgar información confidencial y promover ciberacoso.

En la conferencia de prensa posterior, realizada en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Beristain amplió que el informe registra procesos abiertos durante años, audiencias canceladas y respuestas arbitrarias del sistema de justicia.

Añadió que hubo una criminalización selectiva sostenida por ciertos jueces y que el fenómeno cambió de objetivo con el tiempo: pasó de operadores de justicia a periodistas, dirigentes políticos y autoridades de pueblos originarios.

Beristain añadió que la criminalización contra pueblos indígenas es anterior a 2014 y está ligada a luchas por el territorio, oposición a proyectos extractivos, defensa del derecho a la consulta y reclamos de ciudadanía plena.

En ese tramo, describió un trasfondo de racismo institucional y de negación de derechos.

El informe define el exilio como “muerte civil” y pide una política de retorno

Uno de los conceptos centrales del documento es la “muerte civil”, expresión con la que Beristain describe la pérdida de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, así como del buen nombre y de la integración social.

Los testimonios indican que los efectos continúan después de la salida del país, porque la información difundida en redes sociales y sitios digitales sobre antecedentes de los exiliados dificulta conseguir empleo y vivienda en los lugares de acogida.

Sandy de Argüello, representante de los guatemaltecos exiliados en México, advirtió que los registros oficiales no reflejan la dimensión real del fenómeno.

“Los números que se contabilizan oficialmente normalmente solo hacen recuento de las personas afectadas y perseguidas directamente, pero no nos cuentan como víctimas a las esposas y esposos, a las hijas e hijos que acompañan en el exilio, pero también a las hijas e hijos que tuvimos que dejar, a nuestras madres y padres, a las abuelas, a los abuelos”, dijo.

De Argüello reclamó que el gobierno de Bernardo Arévalo mantiene “una deuda histórica, pero también inmediata” con las personas exiliadas, los presos políticos y sus familias. En la misma línea, Beristain sostuvo que una vía de salida pasa por el reconocimiento público del papel de los exiliados, su ética y su rechazo a aceptar presiones o modificar su trabajo para evitar la persecución.

Entre las recomendaciones, el informe plantea que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos establezca una mesa de trabajo para garantizar condiciones de retorno seguro. También propone una política de descriminalización con acciones del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instituciones estatales, además de atención a los casos individuales de personas que mantienen cinco, seis, siete, 20 u 80 procesos o denuncias sin acceso claro a la información.

Durante el acto en el Palacio Nacional, Bernardo Arévalo reconoció que el exilio documentado entre 2014 y 2025 responde a “la misma lógica en la que ocurrió en el conflicto armado interno: el abuso del poder”. El mandatario, hijo de un exiliado político que pasó 20 años fuera del país, afirmó: “El exilio que documenta este informe pareciera otro. No es la continuación directa de aquel horror, pero sí, en cierto sentido, es su repetición bajo un rostro distinto”.

La SGAIA de la PNC decomisó este viernes 10.4 kilogramos de marihuana en dos operativos en Chimaltenango y la capital, en una jornada que coincidió con la erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén y que se inscribe en un repunte más amplio de las acciones antinarcóticas en Guatemala, donde las incautaciones de cocaína aumentaron 43% hasta el 26 de julio.

Entre enero y julio de 2026, la unidad antinarcótica reportó la incautación de 8,511 kilogramos de cocaína y cerca de 680 kilogramos de marihuana, de acuerdo con cifras oficiales del Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.

En ese mismo período, el valor de los golpes al narcotráfico ascendió a Q2 mil 919 millones.

La respuesta inmediata a la pregunta central es esta: la droga incautada este viernes fue marihuana, sumó más de 10 kilogramos y fue localizada en dos puntos distintos, un puesto de control interinstitucional en Patzicía, Chimaltenango, y el área de importaciones de una bodega de encomiendas en la zona 13 de Ciudad de Guatemala.

En el primero de los operativos, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica inspeccionaron un vehículo de encomiendas en el kilómetro 75.4 de la ruta CA-1 Occidente, en jurisdicción de Patzicía. Dentro del automotor localizaron una caja de cartón con 30 bolsas de nylon que contenían marihuana.

Cada una de esas bolsas pesaba aproximadamente ocho onzas. El total estimado fue de 15 libras, equivalentes a unos 6.8 kilogramos.

El segundo decomiso ocurrió en una bodega de encomiendas de la zona 13

La otra incautación se produjo en el área de importaciones de una bodega de encomiendas en la zona 13 capitalina. Allí, con apoyo de un binomio canino K-9, los agentes decomisaron 3,6 kilogramos adicionales de marihuana.

Según la información oficial, esa droga tenía procedencia de Estados Unidos. Ambas acciones formaron parte de los controles permanentes que mantiene la institución para detectar e impedir el ingreso y traslado de drogas ilícitas en el territorio nacional.

La Policía Nacional Civil indicó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer el destino final de los cargamentos. La institución también reiteró que mantendrá el fortalecimiento de los controles en rutas estratégicas para golpear las finanzas del crimen organizado y sacar de circulación sustancias ilícitas.

En Petén erradicaron 3,300 arbustos de hoja de coca valorados en Q82,500

La ofensiva de este viernes incluyó otra operación en el norte del país. Agentes de la SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público, erradicaron 3.300 arbustos de hoja de coca en áreas montañosas cercanas al caserío La Caoba, en el municipio de San Luis, Petén.

Según el avalúo oficial, la plantación tenía un valor aproximado de Q82,500. Las autoridades señalaron que la acción buscó impedir que esos cultivos llegaran a estructuras dedicadas al narcotráfico.

Los datos oficiales muestran que este tipo de operativos ocurre en un contexto de aumento de decomisos y erradicaciones. Del 1 de enero al 26 de julio del año en curso, las incautaciones de cocaína sumaron 8.511 kilogramos, frente a 5.935 en el mismo período de 2025.

Esa diferencia equivale a 2.576 kilogramos más y a un incremento del 43%. En paralelo, la destrucción de siembras de coca creció 327%, mientras que la de marihuana aumentó 180%, siempre según el Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, afirmó que esos resultados responden al trabajo operativo y de investigación realizado en todo el país, así como a la cooperación interinstitucional e internacional. También señaló que las denuncias ciudadanas a la línea antinarcótica 1557 han fortalecido las pesquisas contra las organizaciones dedicadas al trasiego de narcóticos.

En el plano internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció a Guatemala y Honduras por permitir la participación estadounidense en operaciones conjuntas contra estructuras vinculadas al narcotráfico. Lo hizo durante la Coalición de las Américas contra los Cárteles, celebrada en Panamá, donde destacó la disposición de ambos países para reforzar la cooperación en seguridad.

La Policía Nacional Civil de Guatemala activó en agosto de 2026 el plan operativo permanente “Ferias Seguras y Desfiles” para reforzar el orden público durante las fiestas patronales en todo el país, con tolerancia cero a la portación ostentosa e ilegal de armas de fuego en actividades como ferias, desfiles hípicos, jaripeos, conciertos y campos de feria.

La institución advirtió que habrá consignaciones e incautación del arma a quien infrinja la norma, de acuerdo con los artículos 62 y 64 de la Ley de Armas y Municiones.

El despliegue contempla anillos de seguridad, vigilancia con drones y biometría en accesos durante la Feria de la Virgen de la Asunción, con controles en el Hipódromo del Norte y zonas aledañas, según el comunicado policial.

La PNC también informó un refuerzo en fronteras y rutas turísticas, con foco en el corredor de la CA-1 Oriente, ante la llegada de visitantes, incluidas caravanas desde El Salvador.

Prohibición de armas y límites a permisos locales en las zonas festivas

La PNC estableció que está estrictamente prohibida la exhibición o portación de armas largas o cortas dentro de los perímetros festivos. En la comunicación oficial, la institución precisó que toda persona que incumpla será consignada y se procederá a la incautación del arma.

El operativo también fija que ningún comité de feria, municipalidad o asociación hípica puede emitir permisos locales para portar armas en las áreas donde se desarrollan las celebraciones, al señalar que debe prevalecer la normativa nacional. Las directrices aplican para ferias patronales y actividades asociadas, incluidas las presentaciones musicales y eventos en campos de feria.

En paralelo, la PNC reiteró que busca mantener estos espacios “libres de armas y violencia” y convocó a la población a denunciar irregularidades a los números de emergencia, sin detallar cuáles en el texto del comunicado difundido.

Drones y biometría en la Feria de la Virgen de la Asunción en la capital

Dentro de las acciones anunciadas, el comunicado incluye un esquema de seguridad específico para la Feria de la Virgen de la Asunción, descrita como una de las celebraciones más grandes de la capital. Para esa actividad, la policía prevé anillos de seguridad y vigilancia con drones.

Además, se implementará biometría en los accesos al Hipódromo del Norte y en sectores cercanos, con el objetivo de fortalecer los controles de ingreso. La PNC sostuvo que la meta es garantizar un ambiente “familiar y seguro” durante el desarrollo de la feria.

Feria de Jocotenango 2026: fechas, lugar y horario en la zona 2

La tradicional Feria de Jocotenango 2026 se realiza del 8 al 16 de agosto de 2026 en la Avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en un horario de 10:00 a 22:00.

En donde los visitantes pueden encontrar juegos mecánicos, comida típica y actividades culturales como parte de la oferta para asistentes en la zona 2. En los próximos meses se llevarán a cabo ferias comerciales y de negocios en la capital, aunque no aporta fechas ni sedes específicas.

Calendario 2026: 421 ferias patronales y 216 pendientes desde agosto

En el mismo contexto, el sitio Living in Guatemala contabilizó 421 ferias patronales en 2026 en los 340 municipios del país. De acuerdo con esa publicación, se trata de eventos anuales dedicados al santo patrono de cada localidad, con celebraciones que combinan tradiciones católicas y mayas.

A la fecha de agosto, el relevamiento citado indica que todavía quedaban 216 ferias por realizarse desde ese mes hasta fin de año. El desglose por mes, según Living in Guatemala, es de 45 ferias restantes en agosto, 31 en septiembre, 33 en octubre, 37 en noviembre y 70 en diciembre.

Entre las celebraciones mencionadas como de mayor convocatoria figuran la Feria de la Virgen de la Asunción en la Ciudad de Guatemala, la Feria de Jocotenango en Sacatepéquez y la Feria de Santo Tomás en Chichicastenango, programada del 13 al 21 de diciembre. En estas festividades suelen realizarse procesiones, juegos mecánicos, conciertos, venta de comida típica y actividades culturales, según el mismo recuento.

La instancia de jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprobó este jueves las agendas de las sesiones plenarias del martes 18 y el jueves 20 de agosto de 2026, una programación ajustada por el traslado del feriado del 15 de agosto al lunes 17, con un reclamo político contra una regulación del Ministerio de Salud sobre los salones de belleza y sin incluir la petición del presidente Bernardo Arévalo respecto al nuevo subsidio a los combustibles.

En la misma reunión, la inclusión de la ley de alimentación escolar identificada como iniciativa 65-09 no reunió los votos necesarios y quedó fuera de agenda. También se fijó que la 36ª sesión ordinaria adicional comenzará el martes a las 14:00 y que la 37ª sesión ordinaria será el jueves a las 10:00.

El debate sobre los salones de belleza apareció cuando el diputado Cristian Álvarez advirtió que la regulación sanitaria exige a los negocios que comercializan productos cosméticos contar con un regente farmacéutico. Según expuso durante la sesión, esa obligación implica un costo de entre 2.500 y 3.000 quetzales mensuales.

Álvarez sostuvo que la medida afecta sobre todo a mujeres y madres solteras que sostienen a sus familias con esos negocios. El legislador anunció además la preparación de un punto resolutivo para presentarlo ante la Comisión de Salud.

“Esto de verdad es un golpe profundo a la economía de, sobre todo, mujeres y madres solteras que han logrado sacar adelante a sus familias con un salón de belleza”, afirmó. También calificó la exigencia como una carga que “no tiene ni pies ni cabeza”.

La diputada Sonia respaldó el planteo de Álvarez sobre los salones de belleza y propuso avanzar más allá de un punto resolutivo. Durante la reunión sostuvo que el Congreso debería promover acciones legales para que el gobierno revoque el acuerdo ministerial o gubernativo que sustenta la medida.

El martes 18 el pleno conocerá siete dictámenes en primer debate

La agenda del martes incluye la discusión en primer debate de siete dictámenes: la Ley de Teletrabajo de la iniciativa 6556, la ley para exonerar del IVA y derechos arancelarios a importaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, correspondiente a la iniciativa 6711, y reformas al Código Municipal en la 6440.

Ese mismo bloque incorpora la ley que declara área protegida la Reserva de Uso Múltiple Volcán Acatenango en la iniciativa 6488, la ley de promoción de la lactancia materna en las iniciativas 6716, 6720 y 6721, y la ley de transferencia monetaria familiar para la protección social de la niñez y juventud en la 6753.

En segundo debate se discutirán reformas al Código Procesal Penal contenidas en las iniciativas 6493 y 6719, la ley de servicio cívico de la 6578, y reformas al Código Civil sobre disolución de bienes en el matrimonio y tutela en la 6518. La agenda suma la ley para la subvención educativa en áreas marginales, iniciativa 6671.

Para tercer debate, artículos y redacción final quedaron incluidas la ley de atención integral a pacientes con enfermedades raras, iniciativa 6451, y la ley de protección del menor y sus relaciones paterno-filiales, iniciativa 6502. La sesión también contempla la elección de dos magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el período constitucional 2024-2029.

El jueves 20 continuará la interpelación al ministro de Desarrollo Social

La sesión del jueves tendrá una agenda más breve y estará concentrada en la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto Moscoso. Ese proceso fue solicitado por la diputada Lourdes Teresita De León Torres.

La reorganización de la semana legislativa responde al asueto trasladado al lunes 17. El viernes 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María, una festividad de la Iglesia Católica que en la capital guatemalteca coincide con la Feria de Jocotenango en el Hipódromo del Norte, zona dos de la Ciudad de Guatemala.

La fecha también tiene carácter patronal en Chiquimula, Asunción Mita y Jocotenango, en Sacatepéquez. En la capital, la Virgen de la Asunción es patrona de la ciudad.

La Comisión de Postulación que elegirá la nómina de seis aspirantes al cargo de contralor general de cuentas para el período 2026-2030 iniciará sesiones este viernes 14 de agosto a las 9:00 en la Universidad Rafael Landívar, con la meta de entregar su propuesta al Congreso a más tardar el 22 de septiembre para que el nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas asuma el 13 de octubre.

El órgano quedó integrado por 27 comisionados y, además de instalarse formalmente, deberá definir desde su primera reunión al secretario y al secretario suplente, así como aprobar el cronograma de trabajo. La elección final en el Congreso requerirá al menos 81 votos.

La juramentación de la comisión se realizó en el Congreso de la República, donde el presidente del Legislativo Luis Alberto Contreras Colindres recordó que el mandato constitucional obliga a presentar una nómina de seis candidatos para ocupar la jefatura de la Contraloría General de Cuentas.

La primera sesión definirá autoridades internas y el calendario

El presidente de la comisión, el rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés Bofil, explicó que la primera sesión estará concentrada en la organización interna del grupo. También confirmó que la instalación será abierta a medios de comunicación y observadores de sociedad civil.

“La Comisión de Postulación no es un espacio político (...) es un espacio técnico donde tenemos que elaborar una propuesta sólida de candidatos óptimos”.

Añadió que el perfil buscado debe reunir condiciones de idoneidad y probidad, además de compromiso con la lucha contra la corrupción y capacidad para dirigir una institución del tamaño de la Contraloría.

La comisión reúne a decanos, rectores y representantes de dos colegios profesionales

La integración de la comisión combina representantes universitarios y gremiales. Entre ellos figura el propio Cortés como representante de los rectores de las universidades del país.

También participan los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría o de Ciencias Económicas de cada universidad. En ese grupo aparecen Byron Giovanni Mejía Victorio por la Universidad de San Carlos de Guatemala; María Antonieta Del Cid de Bonilla por la Universidad Rafael Landívar; Sue Hyeon Jeong Kim Morales por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Erick Luciano Leoni Ramírez por la Universidad Francisco Marroquín; Ahmed Ricardo Arturo Abdala Álvarez por la Universidad Rural de Guatemala; Ronaldo Antonio Girón Díaz por la Universidad Panamericana; Wendy Gabriela Martínez Márquez por la Universidad Internacional; Arlindo Antonio Velázquez Fuentes por la Universidad de Occidente; Gerson Aneo Tovar Piril por la Universidad Da Vinci de Guatemala; Milvia Marilena Elías López por la Universidad Regional de Guatemala; Nidia Esther Gramajo Castro Monterroso por la Universidad Juan José Arévalo Bermejo; Mayra Beatriz López Pastor por la Universidad Mesoamericana; y Óscar Emilio Páiz Corzo por la Universidad Americana.

La representación gremial se completa con dos delegados del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas de Guatemala: Wilberto Julián Rojas y Juan Alexander Sac Orosón.

A ellos se suman 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, electos el 6 de agosto. El acta electoral registró 5.193 votos válidos y distribuyó los cargos mediante el método de representación proporcional por minorías.

En esa votación, la planilla Grupo Pro-Profesional Unidos obtuvo 1.494 votos; Crecimiento Profesional de Auditores, 791; Dignidad Gremial CPA, 787; Confianza Profesional, 450; Integridad y Desarrollo, 437; Liderazgo Profesional, 300; Nosotros por el Crecimiento Profesional, 292; Unidad X la Transparencia, 211; Unidad Profesional, 190; G5 Crecer, 125; y Acción y Probidad Profesional, 116.

Durante la juramentación, los integrantes de la comisión prestaron juramento de fidelidad a la Constitución y de cumplimiento de sus funciones para proponer al Congreso la nómina de seis candidatos al cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030.

La Contraloría General de Cuentas ordenó el 5 de agosto una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por el uso de Q59 millones ( unos 7,738,050.60) en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, ante posibles indicios de manejo irregular de recursos que no habrían sido plenamente revisados en la fiscalización anterior.

La decisión surgió después de que en una citación del Congreso se expusieran señalamientos sobre gastos vinculados a la organización de las justas, entre ellos subvenciones entregadas a países participantes que, según lo informado en la sala de trabajo, no han sido liquidadas. El alcance de la nueva revisión será limitado a esos fondos específicos.

Mario Monterroso, encargado de la Dirección de Auditoría de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes de la CGC, explicó que hace un año ya se había practicado una evaluación al COG, pero de carácter general. Según detalló, esa revisión no abarcó todos los aspectos vinculados con la exposición pública y operativa de los juegos.

“Se solicitó una auditoría especial, ya que el auditor que hizo la evaluación el año pasado no contempló todo lo relacionado a lo mediático de los Juegos Deportivos. El auditor no tuvo suficiente alcance, por lo que emitimos el nombramiento de una auditoría especial con fecha 5 de agosto de este año”, dijo Monterroso durante la citación encabezada por el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República.

Una semana después de emitido el nombramiento, el equipo designado elaboraba el plan de trabajo previo al inicio formal del examen. Monterroso precisó que el proceso incluye familiarización con el tema, planificación, ejecución y presentación de resultados, y agregó: “Cualquier hallazgo lo estaremos informando a los órganos correspondientes”.

La revisión previa del COG abarcó Q231,5 millones y detectó un hallazgo por fraccionamiento

En la misma reunión, María Morales, responsable de revisar la auditoría específica practicada al COG en 2025, informó que en esa fiscalización se examinó el uso de Q231,5 millones. De ese total, Q50,1 millones fueron asignados a los juegos disputados en octubre del año pasado, sin contar más de Q9 millones entregados de forma extraordinaria.

Morales desglosó que Q44,4 millones de ese monto se concentraron en seis rubros. Entre ellos figuraron Q3,2 millones para divulgación del evento, Q4,7 millones para la inauguración realizada en Ciudad Cayalá, Q1,1 millones para implementos deportivos y Q22,3 millones transferidos a federaciones y asociaciones descentralizadas que participaron en la competencia.

La funcionaria indicó que la ceremonia inaugural estuvo a cargo de una empresa internacional con sede en Miami, Estados Unidos. También señaló que esa contratación se revisó porque se hizo bajo la modalidad de excepción prevista en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, que no obliga a realizar cotización ni licitación.

El Congreso volvió a citar a las autoridades deportivas que no asistieron

Morales añadió que la auditoría previa reportó un hallazgo de fraccionamiento en el renglón 121. Según expuso, los directivos del Comité Olímpico Guatemalteco no realizaron los procesos de cotización y licitación para la compra de banderines, pancartas y vallas publicitarias utilizadas en el evento.

La citación de este miércoles también estaba dirigida a los directivos del COG y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, pero ninguno asistió. Fue la segunda vez en la misma semana que ambas entidades no acudieron al llamado del legislador de VOS.

Chic sostuvo que dará seguimiento al caso en una nueva citación para aclarar el uso de los recursos públicos destinados a los juegos. El objetivo, dijo, es revisar el gasto bajo criterios de transparencia y calidad del uso de fondos públicos.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, encabezado por Joviel Acevedo, se concentró este jueves 13 de agosto en la Plaza de la Constitución y marchó hacia el Congreso de la República para entregar una petición respaldada, según afirmó su dirigencia, por más de 200 mil firmas de padres de familia, con la que exige frenar las discusiones sobre reformas a la Ley de Dignificación del Magisterio y aprobar medidas como elevar a Q25 la alimentación escolar diaria.

La movilización reunió desde temprano a docentes afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y a la Asamblea Nacional del Magisterio en el Centro Histórico. Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que la concentración comenzó a formarse desde las 6:30 frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Catedral Metropolitana.

Hasta ese momento se reportaba el arribo de más de 50 buses y microbuses que trasladaron a maestros a la capital. De acuerdo con reportes citados a primeras horas del día, hacia las 7:17 ya había aproximadamente 1.000 personas reunidas en la plaza, número que fue aumentando con el transcurrir de la mañana.

Los docentes regresaron a las calles un año después del plantón de 50 días que provocó suspensión de clases en escuelas públicas. Esta vez, el sindicato convocó la actividad como una “reunión nacional” programada entre las 8:00 y las 18:00, según circulares enviadas a sus filiales.

El sindicato pidió frenar reformas al Decreto 1485 y ampliar beneficios escolares

La demanda central del magisterio fue detener en el Congreso las discusiones sobre reformas al Decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional. En las pancartas de los manifestantes también se expresó respaldo a las iniciativas de ley 6494 y 6509, y rechazo a las iniciativas 6591 y 6814.

El sindicato además reclamó que los docentes contratados en los renglones 021 y 022 sean trasladados al renglón 011 mediante procesos de oposición, con el fin de acceder a plazas permanentes. Entre sus peticiones figura también avanzar en la negociación y firma del pacto colectivo.

Otro bloque de exigencias se concentró en los programas dirigidos a estudiantes del sector público. El magisterio pidió aumentar la cuota de alimentación escolar a Q25 por estudiante, frente a los Q6 actuales para preprimaria y primaria y los Q4 asignados a los niveles inicial y secundario.

La plataforma también incluyó la entrega diaria de un vaso de leche, calzado escolar y uniformes para los alumnos. Durante el acto, la dirigencia sostuvo que esas medidas constituyen una reivindicación para las comunidades educativas porque, a su juicio, la dignificación del magisterio comienza con escuelas en condiciones mínimas y estudiantes alimentados.

Acevedo aseguró que entregaría las firmas al Congreso

En una transmisión de la página STEG Huehue Oficial, Acevedo afirmó que el sindicato acudiría al Congreso con más de 200 mil firmas recolectadas entre padres y madres de familia. Según dijo, ese respaldo fue reunido para exigir la aprobación de leyes orientadas a aumentar la alimentación escolar, garantizar un vaso de leche diario y dotar de vestimenta y calzado a los estudiantes.

“Esto que ven acá son más de doscientas mil firmas de nuestros padres y madres de familia del país que están exigiendo la aprobación de esas iniciativas de ley”, declaró el dirigente sindical.

Acevedo también sostuvo ante los manifestantes que la convocatoria no fue una movilización masiva porque una acción de ese tipo habría requerido sacar a más maestros de las aulas. Según explicó, la reunión en la plaza buscó que cada dirigencia departamental definiera cuántos docentes llevaría sin vaciar por completo las escuelas.

El dirigente negó que los asistentes hubieran sido trasladados de forma obligatoria y aseguró que acudieron por voluntad propia, costeando transporte, alimentación y hospedaje. Durante su intervención, insistió en que el sindicato no se opone al traslado de docentes del renglón 021 al 011, y que ese procedimiento debe realizarse por oposición.

La protesta también provocó advertencias de tránsito en la zona 1

La presencia del magisterio en el Centro Histórico llevó a Emetra a advertir sobre posibles complicaciones viales en el sector. Montejo indicó que las rutas alternas recomendadas eran las inmediaciones del bulevar Asunción, la avenida Elena, el puente Olímpico y la calle Martí.

Durante su discurso, el líder sindical amplió el reclamo hacia otros temas nacionales, entre ellos el alza de los combustibles, el costo de la canasta básica, la inseguridad y el estado de las carreteras que recorren los docentes para llegar a las comunidades. También afirmó que, si el Congreso no aprueba las iniciativas que apoyan, los padres de familia podrían sumarse a futuras movilizaciones junto con el magisterio.

Guatemala, Air Canada y Toronto quedarán unidos con un vuelo directo desde diciembre de 2026, una ruta semanal que convertirá a esa ciudad canadiense en la segunda conexión permanente del país con Canadá y ampliará el acceso a destinos internacionales, incluidos enlaces europeos desde el aeropuerto de Toronto.

El anuncio se suma a una expansión más amplia de la conectividad aérea guatemalteca. Según registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre 2023 y 2025 las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora crecieron cerca de 5%, al pasar de 33.236 a 34.892 entre despegues y aterrizajes.

Para junio de 2026, además, operaban 16 aerolíneas en Guatemala, frente a 13 en 2023. La red de destinos también se amplió: pasó de poco más de 30 ciudades a acercarse a 40.

La nueva ruta será operada por Air Canada durante todo el año entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, uno de los principales puntos de entrada aérea de Canadá. Con ese servicio, la compañía pasará a conectar Guatemala con dos ciudades canadienses: Toronto y Montreal.

Ese es el cambio central: a partir de diciembre de 2026 se podrá volar sin escalas entre Ciudad de Guatemala y Toronto con una frecuencia semanal. La conexión reduce la necesidad de escalas y amplía las alternativas para viajes por turismo, negocios o visitas familiares.

Toronto sumará una puerta de entrada hacia Europa y consolida la red canadiense

La relevancia de la ruta no se limita al trayecto bilateral. Desde Toronto, los pasajeros podrán enlazar con la red internacional de Air Canada y continuar hacia otros mercados.

Durante la temporada de verano, esa red incluye conexiones a ciudades europeas como Zúrich y Viena. Esa posibilidad refuerza el valor estratégico de la nueva ruta para viajeros que salen de Guatemala y para visitantes que llegan desde otros puntos.

El anuncio llega después de que la aerolínea decidiera mantener durante todo el año su vuelo directo entre Montreal y Ciudad de Guatemala, aunque con distintas frecuencias según la temporada. Esa continuidad convierte a la nueva operación hacia Toronto en una ampliación de una presencia ya establecida en el mercado guatemalteco.

Desde 2025, Air Canada opera la conexión entre Montreal y la capital guatemalteca. La incorporación de Toronto representa así la segunda ruta de la empresa canadiense hacia el país y una señal de continuidad en su apuesta por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El Instituto Guatemalteco de Turismo celebró la apertura de la conexión. El organismo considera a Canadá como uno de los mercados prioritarios dentro de su estrategia de promoción turística internacional.

Las nuevas rutas de 2026 amplían destinos, frecuencias y aerolíneas

La conexión con Toronto se integra a otras aperturas anunciadas durante 2026. En junio, Wingo comenzó a operar vuelos directos entre Guatemala y Medellín con tres frecuencias por semana: martes, jueves y sábados.

En el mercado mexicano, Volaris anunció el regreso del vuelo directo entre Guatemala y Guadalajara desde el 4 de diciembre de 2026, con dos frecuencias semanales: lunes y viernes. También se incorporó una nueva conexión regional de TAG Airlines con El Salvador el 13 de julio de 2026.

La oferta hacia Estados Unidos también crecerá. BermudAir iniciará operaciones hacia Boston el 19 de diciembre de 2026 con dos frecuencias semanales y una escala en Belice desde mayo de 2027, mientras que se han anunciado nuevas conexiones y vuelos de temporada hacia San Francisco.

El refuerzo no se limita a nuevas rutas. Avianca aumentará a 21 vuelos semanales su conexión con Bogotá mediante una tercera frecuencia diaria entre noviembre y marzo, Copa Airlines elevó en 14% su capacidad de asientos vía Panamá y Frontier operará un vuelo diario temporal hacia Los Ángeles durante la temporada de fin de año.