Una paciente permanecía en un quirófano de Chiriquí mientras el cirujano encargado de operarla se encontraba a unos 440 kilómetros de distancia, en la ciudad de Panamá. La Caja de Seguro Social (CSS) realizó la que identifica como primera telecirugía robótica ginecológica registrada en el continente americano, apenas semanas después de estrenar esta modalidad a distancia en el país.

La intervención se realizó en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí, mientras el ginecólogo-oncólogo y cirujano robótico Miguel Cáceres Yap controlaba el procedimiento desde una consola quirúrgica instalada en Ciudad de la Salud, ubicada en la capital panameña. Ambos hospitales están separados por aproximadamente 440 kilómetros.

El procedimiento consistió en una histerectomía total acompañada de un muestreo de los ganglios pélvicos. La paciente presentaba un pólipo endometrial con atipias y tenía antecedentes de cáncer de mama, condiciones que llevaron al equipo médico a decidir la extracción del útero y estudiar los ganglios ante la posibilidad de encontrar células tumorales iniciales.

Una histerectomía es una operación destinada a extirpar el útero y puede realizarse por diferentes razones médicas, entre ellas algunos tipos de cáncer o lesiones con riesgo de evolucionar hacia una enfermedad maligna.

En este caso, además de retirar la matriz, los médicos tomaron muestras ganglionares para buscar posibles señales de propagación de células anormales.

La particularidad estuvo en dónde se encontraban las manos que dirigían el robot. En Chiriquí, el equipo médico preparó a la paciente y conectó el sistema robótico instalado en el hospital, pero una vez colocado correctamente, Cáceres Yap tomó el control desde Panamá.

Los instrumentos dentro del quirófano reprodujeron los movimientos ordenados desde la consola ubicada en la capital.

“Tomaré control de la cirugía desde Panamá, ejecutaré todo el procedimiento y luego la paciente será desconectada del sistema”, explicó Cáceres Yap antes de la intervención.

La telecirugía va así más allá de una consulta o supervisión mediante videollamada: el especialista interviene directamente sobre el paciente mediante instrumentos robóticos controlados a distancia.

La cirugía robótica permite realizar procedimientos mínimamente invasivos mediante pequeñas incisiones y dispositivos capaces de ejecutar movimientos de gran precisión.

Para los pacientes puede traducirse, dependiendo de la intervención y de cada caso clínico, en menor sangrado, menos dolor postoperatorio y tiempos de recuperación más cortos frente a determinadas técnicas quirúrgicas convencionales.

La operación ginecológica representa además el segundo gran ensayo de telecirugía realizado durante agosto entre Ciudad de la Salud y Chiriquí.

A comienzos del mes, especialistas ubicados en la capital realizaron la primera telecirugía del país: una prostatectomía robótica a un paciente de 67 años que permanecía en el Hospital Rafael Hernández.

Aquella primera intervención duró aproximadamente dos horas y media y tuvo una latencia de transmisión de apenas 16 milisegundos, un intervalo prácticamente imperceptible entre el movimiento ejecutado desde la consola y la respuesta del robot.

Esa conexión permitió controlar a distancia los instrumentos con la precisión necesaria para una cirugía de alta complejidad.

El programa forma parte de una inversión que llevó a la CSS a adquirir tres sistemas de cirugía robótica para ampliar estos procedimientos fuera de la capital.

Los equipos fueron destinados a Ciudad de la Salud, el Hospital Rafael Hernández y el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, con aplicaciones previstas en urología, ginecología, cirugía general y coloproctología.

El ginecólogo obstetra y cirujano robótico Jorge Ng Chinkee destacó que la combinación de tecnología y especialistas entrenados permite acercar procedimientos complejos a pacientes de otras provincias.

La posibilidad de permanecer en su región evita determinados traslados hacia la capital y puede facilitar una recuperación y retorno más oportunos después de intervenciones mínimamente invasivas.

El procedimiento fue seguido virtualmente por Martin Marino, director de la Sociedad Mundial de Cirugía Robótica (SRS) en Estados Unidos, quien participó como invitado.

Marino destacó que, de acuerdo con la información de la organización, se trata del primer caso de telecirugía robótica ginecológica registrado en el continente americano.

Además de Cáceres Yap desde Ciudad de la Salud, participaron el ginecólogo obstetra Jorge Ng Chinkee y la ginecóloga-oncóloga Aneth Bonilla, junto con personal médico y sanitario del Hospital Rafael Hernández.

La operación requirió así coordinación entre especialistas ubicados en dos puntos del país y una infraestructura tecnológica capaz de mantenerlos conectados durante la intervención.

El avance apunta especialmente a uno de los problemas históricos de los sistemas sanitarios: la concentración de especialistas y procedimientos de alta complejidad en las principales ciudades.

Con la telecirugía, el paciente puede permanecer físicamente en un hospital regional mientras la experiencia de un especialista ubicado a cientos de kilómetros llega hasta el quirófano mediante una conexión de alta capacidad.

La tecnología, sin embargo, plantea exigencias que van mucho más allá de comprar robots. Para sostener este modelo será necesario garantizar conexiones estables y de baja latencia, personal entrenado, mantenimiento especializado y protocolos frente a posibles interrupciones.

La apuesta es que la distancia deje de determinar quién puede acceder a determinadas operaciones, sin sacrificar los estándares de seguridad que exige una cirugía de alta complejidad.

Con esta segunda experiencia en cuestión de semanas, Panamá comienza a probar cómo trasladar conocimiento médico especializado sin trasladar necesariamente al paciente.

Panamá podría comenzar a ofrecer servicios comerciales de telefonía móvil 5G entre finales de 2026 y comienzos de 2027, luego de que los dos operadores que permanecen en el mercado avanzaran en la adquisición del espectro necesario.

La expectativa fue planteada por Edwin Castillo, subdirector de Redes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), durante una entrevista con el programa de radio Infoeconomía.

Castillo explicó que ambos operadores prácticamente han adquirido la cantidad de espectro que solicitaron, utilizando como referencia el mismo precio establecido para el proceso que buscaba incorporar a una tercera compañía.

Con esos avances, la ASEP estima que “a final de año o comienzo del otro” las empresas deberían estar ofreciendo 5G, aunque el funcionario no precisó una fecha específica para su lanzamiento.

El 5G es la quinta generación de las redes móviles y supone un salto frente al 4G que actualmente domina las conexiones celulares. No se trata únicamente de navegar o descargar archivos a mayor velocidad: la tecnología reduce considerablemente la latencia —el tiempo que tarda la red en responder— y aumenta la capacidad para conectar simultáneamente grandes cantidades de dispositivos.

Esto abre posibilidades para automatización industrial, ciudades inteligentes, vehículos conectados, telemedicina e Internet de las Cosas, aplicaciones para las cuales las redes 4G enfrentan mayores limitaciones de capacidad y respuesta.

La llegada de esta tecnología supone, sin embargo, una inversión considerablemente mayor para las compañías de telecomunicaciones. Castillo explicó que mientras más alta es la frecuencia utilizada, menor es su cobertura, por lo que las redes 5G requieren instalar una mayor cantidad de radiobases o celdas para prestar el servicio, encareciendo su despliegue.

Ese costo está influyendo además en la estructura mundial de la industria. Los operadores se están consolidando en diferentes mercados ante la cautela para comprometer nuevas inversiones, una tendencia que Castillo mencionó en países como Costa Rica, Brasil y Colombia, además de mercados de Europa y Asia.

El despliegue de las redes de quinta generación requiere inversiones de millones de dólares, incluso en territorios relativamente pequeños como Panamá.

A escala mundial, China, Corea del Sur, Estados Unidos, los países nórdicos y los Estados del Golfo se encuentran entre los mercados más avanzados en el desarrollo del 5G, según GSMA Intelligence.

China por sí sola concentra más del 40% de las conexiones 5G del planeta. En América Latina, Brasil se mantiene como el principal referente regional y la GSMA proyecta que para 2030 el 74% de sus conexiones móviles utilizarán esta tecnología, frente a un promedio latinoamericano cercano al 50%.

El país ya había preparado parte del terreno regulatorio. La ASEP realizó consultas públicas para atribuir las bandas de 3.5 GHz y 2.5 GHz, utilizadas para el despliegue de 5G, y asegura haber establecido un costo competitivo para el espectro. Estas condiciones también formaban parte de los incentivos diseñados para intentar atraer a un nuevo competidor al mercado panameño.

La transformación tecnológica ocurre en un mercado que hace tres décadas tenía dimensiones completamente diferentes. La telefonía celular comenzó en Panamá en 1996 y las estimaciones iniciales apuntaban a alcanzar unos 100,000 usuarios en cinco años, recordó Castillo.

La realidad superó ampliamente esas proyecciones: en aproximadamente un año el mercado ya había llegado al millón de usuarios, convirtiendo al celular en un fenómeno de rápida expansión.

Actualmente, la ASEP calcula que existen alrededor de cinco millones de usuarios activos de telefonía móvil en Panamá, mientras la cobertura poblacional se sitúa aproximadamente en 96%.

Esa cifra no significa que prácticamente todo el territorio tenga señal: la cobertura geográfica ronda apenas el 60%, una diferencia explicada por extensas zonas con poca o ninguna población.

El tercer operador que no llegó

Mientras Panamá prepara el salto hacia el 5G, el intento de devolver un tercer competidor al mercado celular sufrió un tropiezo esta semana. El 11 de agosto estaba prevista la presentación de documentos para precalificar a las compañías interesadas en participar posteriormente en la licitación. Al cierre del proceso, ninguna empresa presentó una solicitud, confirmó Castillo.

El resultado ocurrió pese a que algunas compañías habían realizado consultas y expresado interés en conocer las condiciones del proceso. No era necesario comprar un pliego: la documentación estaba disponible en el micrositio habilitado por la ASEP y también podía solicitarse directamente en la institución. Ninguna de las consultas terminó convirtiéndose en una solicitud formal de precalificación.

Castillo evitó identificar a las compañías que se acercaron, argumentando que las empresas prefieren mantener la confidencialidad sobre su interés. La ausencia de participantes tampoco significa que el proceso haya terminado definitivamente.

La ASEP conformó una comisión para revisar las condiciones ofrecidas y determinar si pueden mejorarse antes de intentar una segunda convocatoria.

El funcionario reconoció que es posible que potenciales interesados estén esperando condiciones más favorables. “Pudiera ser, eso no lo desestimamos”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

La institución continuará evaluando la documentación para determinar si existe margen para hacer más atractiva la propuesta y convocar nuevamente a las empresas.

La ASEP espera tomar una decisión en aproximadamente un mes o mes y medio sobre la posibilidad de realizar un nuevo llamado. Si finalmente se descarta una segunda convocatoria, Castillo aseguró que la estrategia será intensificar la fiscalización sobre los operadores existentes.

La institución considera deseable incorporar un tercer competidor, pero sostiene que dos empresas no necesariamente implican un servicio deficiente.

La historia muestra cuánto cuesta entrar a este negocio. Cuando BellSouth comenzó operaciones, la concesión representó $76.2 millones, mientras la entrada posterior de Claro y Digicel involucró $86 millones, según recordó Castillo.

Esos montos correspondían únicamente al derecho de concesión y no incluían los millones adicionales necesarios para desplegar infraestructura y construir las redes móviles.

Para el nuevo proceso, el Estado buscó reducir esa barrera mediante uno de los costos de espectro radioeléctrico más competitivos de la región, según la ASEP. Aun así, ninguna compañía dio el paso definitivo.

El episodio ocurre precisamente cuando los elevados costos del 5G están impulsando consolidaciones y mayor cautela entre operadores internacionales, modificando las condiciones bajo las cuales Panamá intenta recuperar un tercer participante.

En materia de precios, Castillo recordó que la ASEP no tiene facultades legales para regular directamente las tarifas de telefonía móvil, pero sí puede verificar los estándares de calidad.

Tras quedar nuevamente el mercado con solo dos compañías, la entidad asegura que aumentará las mediciones y fiscalizaciones para reducir las quejas y exigir el servicio por el cual pagan los usuarios.

Hay que recordar que Claro y Digicel salieron del mercado panameño en procesos distintos que comenzaron a redefinir la telefonía móvil desde 2022.

Claro dejó de operar como competidor independiente tras la compra de sus operaciones por Cable & Wireless Panamá, transacción que se hizo efectiva posteriormente, mientras Digicel anunció en abril de 2022 su decisión de retirarse, al considerar que la consolidación reducía las condiciones para competir.

La empresa permaneció bajo intervención mientras se buscaba un nuevo concesionario y finalmente cerró sus operaciones en abril de 2024, dejando el mercado concentrado en +Móvil y Tigo.

El regulador tampoco considera que la falta de interesados pueda calificarse todavía como un fracaso. La prioridad inmediata será determinar por qué las consultas empresariales no terminaron convirtiéndose en propuestas concretas y decidir si existen condiciones que puedan modificarse.

Mientras esa revisión avanza, el mercado panameño se encamina hacia el 5G con los mismos dos operadores que actualmente compiten por sus cerca de cinco millones de usuarios.

Radamel Falcao cambió por una noche los goles y las grandes canchas internacionales por las gradas del fútbol panameño. El histórico delantero colombiano llegó junto a su compatriota Fredy Guarín al estadio Agustín “Muquita” Sánchez para presenciar el Derbi Chorrerano entre San Francisco FC y el Club Atlético Independiente (CAI), que terminó 2-1 a favor de los “Monjes”.

La visita tuvo un ingrediente especial porque Falcao ya no está simplemente de paso por Panamá. El delantero de 40 años decidió instalarse en el país junto a su esposa e hijos durante esta etapa de su vida.

Su presencia había provocado desde principios de agosto rumores sobre una posible incorporación al San Francisco FC, una posibilidad que el propio club tuvo que salir a aclarar públicamente.

En un comunicado oficial, San Francisco confirmó que Falcao y su familia habían tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. El equipo reconoció además la relación de amistad que existe entre el jugador y sus propietarios, pero señaló que no existía entonces ningún contrato, acuerdo formal ni planes para incorporarlo como futbolista.

La presencia del colombiano en La Chorrera volvió inevitablemente a despertar las preguntas. Falcao reconoció que mantiene una amistad desde niño con José Jimeno, propietario del San Francisco, quien incluso le ha puesto el club a disposición en caso de que decida volver a jugar.

Pero el “Tigre” insistió en que su mudanza responde principalmente a un proyecto familiar.

“Yo soy jugador de fútbol hasta el momento”, afirmó Falcao, quien no juega oficialmente desde finales de mayo y tampoco se considera entrenador. Incluso rechazó versiones sobre una eventual función técnica en el conjunto chorrerano.

Por ahora, explicó, su principal ocupación es mucho menos futbolística: organizar la vida cotidiana de una familia con cinco hijos.

El delantero contó que Panamá no es un territorio desconocido para él. Ya había estado en el país en 2005 con la selección colombiana y, dos décadas después, encontró una ciudad diferente.

“Veo que hay un avance en la ciudad y en el país”, comentó, mientras destacaba la cercanía con Colombia y las conexiones aéreas como factores determinantes para establecerse.

“Es un lugar estratégico, me parece Panamá”, señaló. La decisión fue tomada en familia y las primeras semanas parecen haber dejado una impresión favorable entre los Falcao.

El atacante contó que tanto su esposa como sus hijos están contentos y que, conforme transcurra el tiempo, esperan recorrer mejor el país y conocer algunos de sus lugares históricos.

Su agenda panameña tampoco estará limitada al fútbol. Entre risas, Falcao mencionó su interés por disfrutar del béisbol y jugar golf durante su estadía, mientras se adapta a una vida considerablemente diferente de la que durante años lo llevó por algunos de los principales estadios europeos.

Panamá se convierte así en una parada inesperada dentro de una carrera construida entre Argentina, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Turquía y Colombia.

El “Tigre” pasó por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea, entre otros clubes. Ahora observa desde Panamá un fútbol que conoce también por la creciente conexión entre jugadores de ambos países.

Para Falcao, la cercanía geográfica y cultural ha facilitado históricamente la adaptación de los futbolistas panameños que han encontrado oportunidades en el campeonato colombiano.

También siguió a la selección de Panamá durante el reciente Mundial de 2026. Aunque el equipo terminó su participación sin conseguir una victoria, Falcao consideró que dejó sensaciones mejores que los resultados obtenidos.

A su juicio, hubo encuentros en los que los panameños dominaron y pudieron conseguir más, aunque esas experiencias forman parte del proceso de crecimiento que todavía atraviesa el fútbol local.

A Falcao lo acompañó otra cara muy conocida para los aficionados colombianos. Fredy Guarín llegó a Panamá el mismo día del encuentro y se sumó a la visita al “Muquita” Sánchez. El exmediocampista de Porto, Inter de Milán y Boca Juniors aprovechó su presencia para destacar el talento que observa entre las nuevas generaciones de futbolistas panameños.

Guarín puso el acento en un aspecto que trasciende la técnica. Panamá tiene, según señaló, “jugadores jóvenes con mucho talento”, pero necesita complementar esas condiciones con mentalidad y madurez. El exseleccionado colombiano destacó especialmente la importancia de la salud mental y sostuvo que la experiencia acumulada por antiguos futbolistas puede convertirse en conocimiento para las nuevas generaciones.

Luego llegó el momento de dejar las conferencias y mirar fútbol. Desde las gradas, Falcao y Guarín presenciaron uno de los partidos de mayor rivalidad de La Chorrera, correspondiente al inicio de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. San Francisco terminó regalándole a sus invitados una victoria 2-1 sobre el CAI en una noche que tuvo más atención de la habitual.

El 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón realizó el primer tránsito oficial por el Canal de Panamá. Aquel recorrido inauguró una ruta destinada a transformar el comercio mundial y también abrió una historia marcada por disputas políticas, cambios de soberanía y gigantescas obras de ingeniería. Este sábado, 112 años después, la vía llega a su aniversario preparando otra transformación de gran escala.

La apertura fue mucho más discreta de lo inicialmente previsto. La Primera Guerra Mundial obligó a cancelar las grandes celebraciones internacionales organizadas para estrenar la vía, por lo que el Ancón, un barco transportador de cemento, realizó el tránsito inaugural sin la presencia de grandes delegaciones extranjeras. El capitán John A. Constantine, primer práctico del Canal, estuvo al mando de aquella histórica travesía.

Detrás de ese recorrido había décadas de intentos, enfermedades, excavaciones y enormes desafíos de ingeniería. Estados Unidos había retomado formalmente la construcción el 4 de mayo de 1904, después del fracaso del proyecto francés.

Entre 1904 y 1913 trabajaron 56,307 personas en la obra y Washington destinó alrededor de $375 millones a su construcción, incluyendo pagos a Panamá y a la compañía francesa.

Pero la historia del Canal nunca fue únicamente comercial. La presencia estadounidense y el control de la antigua Zona del Canal marcaron buena parte de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos durante el siglo XX.

La disputa por la soberanía terminó conduciendo a los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que establecieron el proceso que culminaría con la transferencia definitiva de la vía a Panamá.

En ese camino ocurrió el 9 de enero de 1964, cuando enfrentamientos en la antigua Zona del Canal dejaron 21 panameños muertos y cientos de heridos, tras una protesta estudiantil relacionada con el derecho a izar la bandera panameña junto a la estadounidense.

La fecha se convirtió en un punto de quiebre en la relación bilateral y reforzó la presión política para revisar el régimen que mantenía a Estados Unidos en control de la vía y de la Zona del Canal.

La fecha llegó al mediodía del 31 de diciembre de 1999. Panamá asumió entonces la administración completa del Canal en cumplimiento de los tratados, poniendo fin a 85 años de gestión estadounidense.

Manos panameñas

Desde ese momento comenzó una prueba que trascendía las esclusas: demostrar que el país podía administrar eficientemente uno de los activos estratégicos más importantes del comercio internacional.

La administración panameña no se limitó a conservar la infraestructura heredada. El modelo de negocios fue transformado, se modificó el sistema de peajes y comenzó una etapa de modernización, mientras el crecimiento de los buques planteaba una amenaza evidente: parte de la flota mundial estaba quedando demasiado grande para atravesar las esclusas originales. Panamá decidió entonces ampliar su principal activo logístico.

El resultado llegó el 26 de junio de 2016 con la inauguración del tercer juego de esclusas y la entrada en operación del Canal ampliado. Las nuevas esclusas abrieron la ruta a los buques neopanamax y representaron la mayor transformación de la infraestructura desde 1914. El tamaño de los barcos que podían utilizar la vía dejó de estar limitado al estándar panamax tradicional.

Una década después, aquella apuesta resulta fundamental para el negocio. Durante el año fiscal 2025, los buques neopanamax movilizaron 253.6 millones de toneladas CP/SUAB, frente a 235.5 millones transportadas por los panamax.

De los 13,404 tránsitos registrados ese año, 3,342 correspondieron a neopanamax y 10,062 a embarcaciones panamax, según cifras oficiales.

El Canal llega ahora a sus 112 años con una escala global difícil de imaginar cuando transitó el Ancón. La ruta conecta actualmente 180 rutas comerciales, 1,920 puertos ubicados en 170 países y moviliza mercancías valoradas en aproximadamente $444,000 millones anuales. Por sus esclusas pasa alrededor del 3% del comercio marítimo internacional, de acuerdo con información de la ACP.

La actividad tampoco se ha detenido. Entre octubre de 2025 y julio de 2026, la vía registró 10,623 tránsitos de buques de alto calado, 613 adicionales frente a los 10,010 contabilizados en igual periodo del año fiscal anterior. El aumento fue de 6.12%, con 2,990 tránsitos neopanamax y otros 7,633 correspondientes a buques panamax.

Nueva ampliación

Sin embargo, el aniversario encuentra al Canal mirando mucho más allá de los barcos. La Visión 2025-2035 pretende convertir la vía marítima en una plataforma logística, energética y de servicios, mediante inversiones estratégicas superiores a $8,000 millones.

El objetivo es diversificar los negocios y generar nuevas fuentes de ingresos sin abandonar el tránsito marítimo que constituye su actividad central.

Una pieza de esa transformación será un corredor energético interoceánico con un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros y terminales marítimas en ambos océanos. La infraestructura permitiría transportar propano, butano y etano sin utilizar las esclusas y tendría capacidad para movilizar hasta 2.5 millones de barriles de productos energéticos diariamente.

El mapa de inversiones incluye además terminales portuarias de transbordo en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, junto con un corredor logístico terrestre destinado a fortalecer la conexión intermodal entre ambas costas. Con estos proyectos, el Canal busca capturar una porción mayor del negocio que genera la carga antes y después de atravesar la vía.

Pero ninguna expansión será sostenible sin agua. El proyecto del lago de río Indio se ha convertido en una de las inversiones más importantes para la seguridad hídrica del Canal y del país. La ACP proyecta que permitirá reforzar el suministro para la población y respaldar las operaciones de la vía durante los próximos 50 años, particularmente frente a sequías más severas.

Ese desafío vuelve a hacerse visible en 2026. Ante las condiciones asociadas con El Niño, el Canal mantiene medidas de ahorro de agua y vigilancia permanente de los embalses Gatún y Alhajuela. También anunció anuevos justes del calado máximo para los neopanamax: 48 pies desde el 26 de agosto y 47.5 pies a partir del 3 de septiembre.

La gestión del agua recuerda que el futuro de una infraestructura construida hace más de un siglo depende tanto de ingeniería como de naturaleza.

El Canal debe mantener suficiente recurso hídrico para abastecer a la población y permitir el funcionamiento de sus esclusas, mientras enfrenta variabilidad climática, barcos más grandes y una competencia internacional que obliga a proteger la confiabilidad y el valor económico de la ruta.

Desde aquel tránsito del Ancón hasta los gigantes neopanamax actuales, los 112 años del Canal resumen buena parte de la historia contemporánea de Panamá: construcción, presencia extranjera, lucha por la soberanía, transferencia, expansión y administración nacional. Ahora comienza otro capítulo, en el que agua, energía, puertos y logística definirán cuánto puede crecer una ruta que ya cambió una vez el comercio mundial.

BAC Panamá decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal de la Operación Pandora, la investigación sobre la presunta manipulación del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), que habría provocado una lesión patrimonial de aproximadamente $40 millones al Estado panameño mediante créditos fiscales irregulares.

La entidad bancaria explicó que tomó la decisión por iniciativa propia para ampliar la colaboración que mantiene con las autoridades, entregar directamente documentación que permita reconstruir la trazabilidad de las operaciones y exponer cómo adquirió los créditos fiscales investigados, que aparecían registrados y certificados oficialmente en la plataforma tributaria.

El banco enfatizó que no ha sido acusado dentro de la Operación Pandora ni enfrenta una imputación penal. Su incorporación tampoco significa, hasta ahora, que haya adquirido la condición de querellante, investigado o víctima, sino que busca participar directamente en el proceso y aportar información sobre las transacciones que realizó.

BAC sostuvo además que durante sus 30 años de operación en Panamá no ha enfrentado acusaciones penales y aseguró que su decisión pretende contribuir al esclarecimiento de los hechos. La entidad también defendió la confianza que las empresas depositan en información y certificaciones oficiales emitidas por el Estado al realizar operaciones comerciales.

El banco aparece en la ruta de los créditos

La participación de BAC adquiere relevancia porque una parte importante de los créditos fiscales investigados terminó en esa entidad bancaria. Una auditoría interna de la DGI determinó que el 93% de las cesiones examinadas tuvo como beneficiario final a BAC International Bank Inc., según un informe fechado el 9 de octubre de 2025.

La investigación identificó créditos por $30.5 millones pertenecientes originalmente a ocho contribuyentes, entre ellos sociedades vinculadas a sectores de seguros, energía, inversiones y otros negocios. Según la auditoría, esos saldos fueron anulados, modificados y posteriormente transferidos a sociedades intermediarias, que después los cedieron a terceros.

BAC ha sostenido que adquirió esos créditos de buena fe, mientras que ahora precisó que los pagos correspondientes fueron realizados después de que los montos aparecieran oficialmente acreditados y certificados dentro de E-Tax 2.0. Su incorporación al expediente permitirá presentar directamente la documentación con la cual busca respaldar esa posición.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había señalado en julio que bancos, aseguradoras y otras empresas fueron engañados mediante créditos fiscales falsos. Tras conocerse el caso, también anunció el fortalecimiento de los controles, la gobernanza y los mecanismos de trazabilidad dentro de la administración tributaria.

Un reporte interno destapó Pandora

La Operación Pandora surgió después de que una revisión administrativa detectara inconsistencias entre las retenciones declaradas y los pagos recibidos por la DGI. Precisamente, uno de los primeros elementos que llamó la atención de los auditores fueron retenciones asociadas a BAC que aparecían respaldadas mediante ajustes, en lugar de pagos en efectivo.

La revisión posterior permitió identificar 61 ajustes por más de $42.4 millones, aunque cuatro correspondían a resoluciones legítimas. Los investigadores reconstruyeron posteriormente los movimientos realizados en E-Tax 2.0 y encontraron anulaciones de operaciones antiguas, cambios de beneficiarios y expedientes sin documentación suficiente para justificar determinadas modificaciones.

Según la tesis de la investigación, el mecanismo permitía convertir pagos tributarios previamente realizados en créditos nuevamente disponibles. Después, esos recursos podían ser trasladados mediante solicitudes de corrección y cesiones hasta llegar a sociedades intermediarias y, finalmente, ser comercializados a cambio de dinero real.

El Ministerio Público sostiene que funcionarios de la DGI y particulares manipularon E-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales, causando una afectación calculada inicialmente en unos $40 millones. Las primeras diligencias de la Operación Pandora incluyeron más de 20 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

Una investigación todavía abierta

El expediente mantiene actualmente 21 personas imputadas por diferentes delitos, entre ellos blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos. La Fiscalía ha advertido que el número de investigados podría aumentar conforme avancen las diligencias y se incorporen nuevas evidencias.

La investigación también intenta determinar si existen otros contribuyentes cuyos créditos fiscales fueron utilizados sin su conocimiento. Los fiscales continúan revisando documentación, movimientos financieros y actuaciones de antiguos funcionarios de la DGI para establecer el recorrido completo de los créditos y las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura.

En julio, una investigación periodística identificó al menos ocho contribuyentes cuyos créditos fueron afectados por las operaciones examinadas. La auditoría determinó que las cesiones investigadas eran improcedentes e ilegítimas porque no habían pasado por los mecanismos de revisión y supervisión correspondientes, ni existían evidencias de resoluciones motivadas que las autorizaran.

Los tribunales también han mantenido la mayoría de las medidas cautelares impuestas a los procesados, mientras la Fiscalía continúa incorporando información bancaria, entrevistas y documentos societarios. El Órgano Judicial ha confirmado que la causa investiga una afectación aproximada de $40 millones mediante la manipulación de E-Tax 2.0.

La entrada voluntaria de BAC introduce ahora a uno de los principales receptores finales de los créditos investigados directamente dentro del proceso, aunque sin una acusación penal contra la entidad. El banco buscará demostrar documentalmente cómo realizó las adquisiciones y qué información oficial tenía disponible cuando pagó por créditos que posteriormente quedaron bajo investigación.

La Operación Pandora continúa así siguiendo dos rutas paralelas: la manipulación interna que habría permitido generar o liberar los créditos y el recorrido posterior del dinero. La documentación que aporte BAC podría convertirse en una pieza relevante para determinar qué ocurrió después de que esos saldos salieron de las cuentas originales y llegaron al mercado.

El Municipio de Panamá redujo de 10 a cinco días hábiles el plazo concedido para retirar vehículos y otros bienes abandonados en aceras, calles, vías y espacios públicos antes de que puedan ser removidos.

La modificación agiliza un procedimiento vigente desde 2016 y se suma a las recientes medidas adoptadas por la Alcaldía para recuperar áreas ocupadas indebidamente por automóviles.

Los cambios están contenidos en el Acuerdo No. 220 del 3 de septiembre de 2024, promulgado en la Gaceta Oficial del 13 de agosto de 2026. La norma modifica varios artículos del Acuerdo No. 82 del 12 de abril de 2016, que estableció las reglas aplicables a vehículos y otros bienes muebles abandonados en espacios públicos del distrito capital.

La regulación original consideró en estado de abandono a los vehículos que permanecieran por más de un mes en áreas públicas, así como aquellos que por su deterioro o condiciones no pudieran movilizarse por sus propios medios.

El alcance no se limita a automóviles, pues también comprende remolques, maquinaria, embarcaciones y otros bienes muebles dejados en estos espacios.

Uno de los principales cambios introducidos ahora está en el tiempo que tiene el propietario para retirar el bien después de ser notificado. La regulación establecía un plazo de 10 días hábiles después de colocado el aviso correspondiente, mientras que la reforma lo reduce a cinco días hábiles, acelerando la posibilidad de que intervenga el Municipio.

El procedimiento comienza con una inspección realizada por funcionarios de Cumplimiento o inspectores legales, quienes deberán levantar un acta con información sobre el vehículo, su ubicación y condiciones.

La actuación deberá incorporar fotografías que permitan documentar el estado del bien y respaldar las posteriores decisiones de la autoridad municipal.

Tras colocar el aviso, el propietario queda notificado y dispone de los cinco días hábiles para retirar el vehículo. Si transcurre ese periodo y permanece en el sitio, podrá ser declarado en estado de abandono y procederá su remoción del espacio público, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa municipal.

La regulación contempla además una multa de $500 por el abandono de vehículos o bienes muebles sobre aceras, calles, vías o espacios públicos.

El procedimiento fue reglamentado mediante el Decreto Alcaldicio No. 001 de 2021, que también estableció que los gastos relacionados con grúa, traslado y almacenamiento deben ser asumidos por el propietario.

La reforma mantiene mecanismos para que el afectado pueda cuestionar la decisión. El propietario podrá presentar un recurso de reconsideración ante la Dirección de Legal y Justicia dentro de los cinco días hábiles posteriores al registro de la sanción en su estado de cuenta, permitiendo impugnar administrativamente la actuación municipal antes de agotar esa instancia.

El procedimiento tampoco termina necesariamente con el traslado. Los bienes removidos podrán permanecer bajo depósito legal durante un máximo de 30 días calendario y, si el propietario no los reclama ni cancela las obligaciones generadas, podrá iniciarse el proceso para disponer de ellos y recuperar los costos acumulados.

La reforma introduce además un cambio relevante sobre el destino final de los vehículos que no sean reclamados. La Tesorería Municipal podrá autorizar a la persona o empresa encargada de la remoción, traslado y almacenamiento —que podría ser una compañía de grúas— para disponer del bien, una vez cumplidos los plazos y requisitos establecidos.

Esto abre la posibilidad de que el vehículo sea vendido para cubrir la multa y los gastos acumulados por su retiro, custodia y almacenamiento, conforme al procedimiento municipal.

Cuando se trate de un automóvil con placa de circulación, concluido el procedimiento, la Tesorería Municipal deberá dar de baja el bien en el registro del contribuyente. La reforma también ordena al alcalde reglamentar sus disposiciones mediante decreto y establece que comenzará a regir desde su promulgación en la Gaceta Oficial.

Los cambios se suman a otra medida adoptada recientemente por el Municipio de Panamá para recuperar espacios públicos ocupados por vehículos. Se trata del Acuerdo No. 184 del 23 de junio de 2026, que autorizó la utilización de dispositivos de inmovilización, conocidos como “botas”, en automóviles que obstruyan aceras, rampas, áreas verdes y otros espacios de dominio público municipal.

Aunque los procedimientos son diferentes, ambas normas persiguen un objetivo similar: liberar áreas destinadas al uso colectivo y devolverlas a peatones y demás usuarios. El régimen de 2016, ahora modificado por el Acuerdo 220, atiende principalmente bienes abandonados; el aprobado en junio permite actuar frente a vehículos que estén obstaculizando un espacio público, aunque no hayan sido abandonados.

En este último caso, la autoridad puede inmovilizar temporalmente el automóvil y documentar previamente la actuación mediante fotografías, videos u otros medios. Para retirar el dispositivo, el propietario debe pagar una tasa administrativa de $75, que corresponde a los costos de colocación, control, custodia y remoción de la “bota” y no constituye una multa de tránsito.

La medida tampoco elimina las competencias de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Si la ocupación del espacio configura además una infracción de tránsito, esa institución mantiene la posibilidad de sancionarla, por lo que el procedimiento municipal puede coexistir con las actuaciones que correspondan bajo las normas nacionales de tránsito.

En julio pasado, el diputado Ernesto Cedeño anunció la presentación de una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra el Acuerdo No. 184 del Municipio de Panamá, que autorizó la utilización de dispositivos inmovilizadores, conocidos como “botas”, para vehículos que ocupen indebidamente determinados espacios públicos.

La controversia llevó así a la Corte Suprema de Justicia una de las medidas adoptadas por la Alcaldía para recuperar los espacios públicos. Ahora, con la promulgación del Acuerdo No. 220 y los cambios al procedimiento para retirar vehículos abandonados, no se descarta que esta nueva normativa también pueda enfrentar cuestionamientos judiciales.

La violencia está llevando a dos municipios de Panamá a recurrir nuevamente a restricciones de movilidad como herramienta de seguridad.

Mientras San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, analiza aplicar medidas extraordinarias en algunos de sus corregimientos, Antón, en la provincia de Coclé, ya decretó un toque de queda para menores de 18 años en Antón cabecera y Río Hato.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que recibió una solicitud del director de la Policía Nacional para establecer temporalmente restricciones de movilidad en determinados corregimientos.

La propuesta surge después de que el distrito superara los 70 homicidios en lo que va de 2026, según las cifras mencionadas por la propia funcionaria.

Hernández identificó a Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos entre los corregimientos más golpeados por la criminalidad.

Aunque todavía no se han definido horarios ni las áreas que quedarían sujetas a la medida, la Alcaldía se encuentra evaluando las alternativas planteadas por la Policía Nacional antes de anunciar una decisión.

“Estos no son simples números”, expresó Hernández al referirse a las víctimas y las familias afectadas por la violencia.

La alcaldesa reconoció que los programas culturales, académicos y deportivos desarrollados durante los últimos dos años no han sido suficientes para contener la situación, por lo que reclamó un mayor acompañamiento de los organismos de seguridad.

Las estadísticas oficiales ya mostraban a mitad de año la dimensión del problema. Entre enero y junio, San Miguelito acumuló 54 víctimas de homicidio, equivalentes al 18% de las 300 registradas en todo Panamá, según el Ministerio Público. En igual periodo de 2025 habían sido 52, por lo que el número aumentó 4% interanual.

El comportamiento posterior explica la alerta de las autoridades: si los más de 70 homicidios reportados ahora por Hernández corresponden al acumulado de 2026, significa que desde julio se han sumado al menos 17 víctimas adicionales a las 54 contabilizadas oficialmente hasta el cierre de junio.

La preocupación también tiene un componente juvenil. En todo el país, durante el primer semestre 20 víctimas de homicidio tenían entre 15 y 17 años, mientras otras cinco tenían entre 10 y 14. El grupo de 18 a 24 años concentró 75 muertes, una cuarta parte del total nacional, según el informe estadístico del Ministerio Público.

Además, las armas de fuego continúan dominando ampliamente estos hechos. De los 300 homicidios registrados en Panamá hasta junio, 255, equivalentes al 85%, fueron cometidos con armas de fuego. Otros 24 casos involucraron armas blancas y ocho correspondieron a asfixia mecánica, una composición que refleja el peso de la violencia armada en las estadísticas nacionales.

San Miguelito ya tiene antecedentes recientes con este tipo de restricciones. En septiembre de 2024, Hernández decretó un toque de queda para menores de edad, acompañado de coordinaciones entre la Policía Nacional, la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Las autoridades debían elaborar informes quincenales sobre los resultados de los operativos.

El Ministerio de Seguridad señaló posteriormente que los toques de queda para menores fueron utilizados en San Miguelito y Colón debido al incremento de delitos con armas de fuego relacionados con adolescentes. La medida formó parte de una estrategia que también incluyó programas preventivos y centros de formación para jóvenes en riesgo social.

Antón ya tomó la decisión

Mientras San Miguelito todavía evalúa su próximo paso, el alcalde de Antón, Eric Domínguez, firmó el Decreto Alcaldicio N.º 18-26, fechado el 14 de agosto de 2026, que establece toque de queda para menores de 18 años en los corregimientos de Antón cabecera y Río Hato, dos zonas del distrito coclesano.

La restricción se aplicará entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. a partir del 14 de agosto, según el documento. Durante ese periodo, los menores no podrán permanecer en calles, vías, parques, plazas y demás espacios públicos, salvo que se encuentren dentro de las excepciones contempladas por el decreto.

Entre ellas figuran los menores acompañados por su padre, madre, tutor o representante legal; quienes se trasladen directamente hacia o desde un centro educativo o lugar de trabajo; aquellos que atiendan una emergencia o acompañen a una persona en situación de urgencia, y quienes participen en actividades educativas, deportivas, culturales, religiosas o comunitarias autorizadas.

El decreto sustenta la decisión en un incremento de hechos violentos y delictivos en Antón y Río Hato y señala que algunos han alterado el orden público y afectado la integridad física y patrimonial de residentes. También hace referencia a la presencia de menores sin supervisión adulta durante horas nocturnas como uno de los factores considerados por la Alcaldía.

Las cifras del Ministerio Público muestran que Coclé contabilizó ocho víctimas de homicidio entre enero y junio de 2026, frente a seis durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 33%, aunque sus niveles absolutos permanecen considerablemente por debajo de los registrados en Panamá, San Miguelito y Colón.

Las decisiones colocan nuevamente sobre la mesa el debate sobre los toques de queda como respuesta a la criminalidad. San Miguelito estudia una nueva restricción después de superar los 70 homicidios, mientras Antón ya optó por limitar durante nueve horas la circulación nocturna de menores en dos de sus corregimientos, en momentos en que la violencia vuelve a presionar las estrategias locales de seguridad.

El nuevo ministro de Educación de Panamá, Ventura Vega Osorio, confirmó que mantendrá la adquisición de computadoras para estudiantes del sistema público, uno de los proyectos que quedó pendiente tras la salida de Lucy Molinar y que llega rodeado de cuestionamientos.

El funcionario adelantó que el próximo proceso tendrá un pliego transparente y una convocatoria abierta, con participación de instituciones especializadas.

“Va a haber un pliego transparente con invitación abierta a todos”, afirmó Vega durante su primera conferencia de prensa después de asumir el Meduca.

Para elaborar las condiciones de las próximas licitaciones, señaló que buscará el respaldo técnico de la Universidad Tecnológica de Panamá, entidades estatales vinculadas a tecnología, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sectores empresariales.

Vega justificó la continuidad del programa en la necesidad de reducir la brecha tecnológica entre la educación pública y privada. “La inteligencia artificial anda volando”, expresó al sostener que los alumnos de los planteles oficiales deben contar con condiciones similares y que corresponde al Estado facilitarles las herramientas necesarias para avanzar en esa dirección.

La decisión mantiene en marcha uno de los asuntos que mayor controversia generó durante los últimos meses de Molinar. La exministra renunció el miércoles 12 de agosto, después de 25 meses en el cargo, tras reconocer previamente el “ruido” generado alrededor de las compras de computadoras, aunque defendió los procedimientos desarrollados durante su administración.

El asunto trascendió además la discusión política. Molinar acudió personalmente a la Procuraduría para poner el proceso relacionado con las computadoras en conocimiento del Ministerio Público, mientras la Contraloría también realiza auditorías. Vega aseguró que el Meduca entregará toda la documentación que requieran las autoridades y colaborará con cualquier investigación.

“Vamos a darle todo el apoyo que se necesite y toda la información”, manifestó. El nuevo ministro, quien hasta antes de su nombramiento era secretario general de la Contraloría, sostuvo que las auditorías permiten a los funcionarios explicar actuaciones o procedimientos que puedan no estar claros, y garantizó cooperación institucional.

“Nadie estudia para ser ministro”

Otro de los temas que Vega enfrentó desde su primera aparición fue el cuestionamiento sobre su experiencia para dirigir el sistema educativo, debido a que buena parte de su trayectoria profesional se desarrolló en áreas administrativas y otras instituciones del Estado. Su respuesta fue tajante: “nadie estudia pa’ ser ministro”.

“No hay ninguna carrera en la universidad ni pa’ ser ministro ni director de ninguna entidad”, agregó. Vega argumentó que su experiencia en administración pública será útil para conducir el Meduca y señaló que, en esta institución, considera fundamentales la capacidad de escuchar, la paciencia y el diálogo con los distintos sectores.

El funcionario también reivindicó su vínculo con la enseñanza. Recordó que se graduó como maestro en la Escuela Normal de Santiago y posteriormente continuó sus estudios universitarios.

Además, mencionó que proviene de una familia vinculada a la docencia y afirmó que su formación educativa forma parte de los antecedentes con los que llega al ministerio.

Una nueva ley de educación

Entre sus prioridades aparece impulsar una nueva ley para el sistema educativo panameño, una propuesta planteada por el presidente José Raúl Mulino. Vega explicó que el Meduca trabaja en una iniciativa, mientras en la Asamblea Nacional existen otros proyectos, por lo que anticipó un proceso de discusión entre diferentes actores antes de definir una propuesta.

El ministro argumentó que la educación ha cambiado y requiere adaptarse a las nuevas realidades, particularmente frente al avance tecnológico. También se mostró dispuesto a acudir a la Asamblea para participar en las discusiones y responder preguntas sobre la reforma, con el objetivo de construir un marco legal actualizado para el sector.

La infraestructura constituye otro de los frentes que deberá atender. Vega reconoció que existen numerosos proyectos escolares pendientes y colocó entre sus prioridades procurar que esas obras sean concluidas para disponer de instalaciones seguras y modernas.

A esa tarea sumó la incorporación de tecnología en otros programas educativos y la búsqueda de cooperación internacional.

De hecho, reveló que el mismo día de su designación recibió el contacto de una representación diplomática interesada en colaborar con la educación panameña. No identificó el país ni adelantó proyectos específicos, pero afirmó que su administración estará abierta a recibir cooperación que pueda traducirse en beneficios para el sistema educativo.

La primera hoja de ruta comenzará dentro del propio Meduca. Vega dijo que dedicará sus primeros días, incluido el fin de semana, a conocer el estado de los programas y proyectos de la institución, antes de establecer prioridades. Posteriormente prevé comunicarse con las 16 regiones educativas para identificar directamente sus principales necesidades.

También dirigió un mensaje a los más de 69,000 funcionarios, entre docentes y administrativos, a quienes pidió reforzar el trabajo y el servicio ofrecido a la comunidad educativa. La intención, sostuvo, será mantener contacto con maestros, estudiantes y padres de familia, mientras la administración adopta una política de puertas abiertas.

Vega adelantó además que espera designar la próxima semana al nuevo viceministro de Educación y completar parte del equipo que lo acompañará.

Sobre los docentes separados de sus cargos durante conflictos recientes, evitó comprometerse con reintegros y afirmó que cada procedimiento deberá resolverse respetando la ley y garantizando el derecho a descargo.

El nuevo titular recibe una cartera que, además de los desafíos académicos, administra uno de los presupuestos más elevados del Estado panameño, pero cuya capacidad para convertir los recursos asignados en inversión efectiva ha sido cuestionada.

Para 2026, el Meduca dispone de más de $1,400 millones para inversión, en medio de necesidades acumuladas de infraestructura, equipamiento y modernización tecnológica.

La baja ejecución se convirtió precisamente en uno de los problemas recurrentes de la administración educativa. En 2025, la ejecución de inversión cerró en alrededor de 17%, mientras que durante los primeros meses de 2026 continuaba en niveles reducidos, una situación que contrasta con las necesidades existentes en planteles y proyectos pendientes en distintas regiones del país.

Vega comienza así su gestión con varios asuntos que exigirán decisiones inmediatas: las computadoras, las investigaciones sobre las contrataciones, las obras escolares pendientes y una nueva ley educativa.

A esos desafíos se suma demostrar que su experiencia administrativa puede traducirse en resultados dentro de una institución distinta a las que anteriormente dirigió, mientras su propia idoneidad para ocupar el cargo ya forma parte del debate público.

La controversia sobre la Policía Municipal de la capital panameña escaló nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. El diputado y abogado Ernesto Cedeño informó que fue admitida su demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Municipal 162 de 2025, norma que reorganizó ese cuerpo de seguridad.

Ahora el expediente será remitido al procurador general de la Nación para que emita su opinión.

Cedeño sostiene que el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Panamá contiene vicios de inconstitucionalidad y debe ser examinado por el Pleno de la Corte. Una vez emitida la vista del procurador, explicó, se abrirá mediante edicto el período correspondiente para que los interesados presenten argumentos dentro del proceso antes de que continúe su trámite judicial.

“Es importante activarse porque hay que respetar el Estado de derecho de Panamá”, manifestó Cedeño al anunciar la admisión.

El diputado aseguró que continuará impulsando la acción para “preservar la democracia”, mientras la constitucionalidad de las facultades otorgadas a los agentes municipales vuelve a quedar bajo examen judicial.

El cuestionamiento se dirige contra todo el Acuerdo 162 del 17 de junio de 2025, publicado en la Gaceta Oficial el 7 de agosto de ese año. La norma estableció la organización y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá y sustituyó el esquema regulado mediante el Acuerdo 46 de febrero de 2017.

Qué establece el acuerdo

La Policía Municipal quedó definida como una dependencia encargada de velar por el cumplimiento de acuerdos municipales, decretos alcaldicios, reglamentos y otras disposiciones administrativas dentro del distrito capital.

El acuerdo también desarrolla su estructura administrativa, unidades operativas y niveles de mando, además de regular las funciones que pueden desempeñar sus integrantes.

Precisamente, el alcance de algunas de esas atribuciones abrió un conflicto entre la Alcaldía y organismos de seguridad del Gobierno central. Las diferencias se han concentrado en facultades relacionadas con intervenciones, requisas, aprehensiones y detenciones preventivas, al considerar las autoridades nacionales que determinadas funciones corresponden constitucionalmente a los cuerpos de seguridad del Estado.

La disputa judicial no comenzó con Cedeño. La Policía Nacional había presentado otra demanda de inconstitucionalidad contra el mismo Acuerdo 162, mediante el abogado Abraham Ricardo Rosas Araúz. Sin embargo, el Pleno de la Corte decidió no admitirla el 18 de mayo de 2026 y la decisión fue notificada mediante edicto el 11 de junio.

Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública recurrió a otra vía judicial y presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, que sí fue admitida. Por tanto, el modelo impulsado por la administración del alcalde Mayer Mizrachi enfrenta ahora cuestionamientos judiciales mediante vías distintas contra su estructura y atribuciones.

Mulino también pide que “se tumbe”

El presidente José Raúl Mulino entró directamente en la controversia el pasado 8 de agosto. “Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal”, afirmó. A su juicio, ese cuerpo fue concebido para proteger parques y monumentos y no debe convertirse en “otra policía”, posición con la que respaldó los cuestionamientos sobre su alcance.

Mulino calificó además el modelo de “inconstitucional” y advirtió que si cada alcalde desarrolla una estructura policial semejante podría producirse un problema de seguridad pública. También cuestionó los uniformes, que a su juicio pueden confundirse con los del Servicio de Protección Institucional (SPI). “Ojalá se tumbe eso”, expresó el mandatario.

La discusión adquirió mayor intensidad después del enfrentamiento registrado el 3 de agosto en el edificio Hatillo, cuando antiguos trabajadores municipales acudieron a reclamar prestaciones laborales pendientes.

Durante los forcejeos con agentes municipales, el exfuncionario Alberto Llerena cayó por unas escaleras y sufrió una lesión cerebral que obligó a practicarle una cirugía de urgencia.

Llerena fue trasladado al Hospital Santo Tomás y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos después de la operación. Sus familiares informaron posteriormente que se encontraba estable y presentaba una evolución favorable, aunque continuaba bajo vigilancia médica. El caso provocó además acciones para determinar responsabilidades por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

El alcalde Mizrachi reconoció después del incidente que la actuación observada de la Policía Municipal no correspondía con la que esperaba de sus agentes y anunció que evaluaría posibles medidas internas.

Durante los disturbios también resultaron lesionadas dos unidades de la Policía Nacional, mientras la conducta de los funcionarios municipales involucrados quedó sometida a revisión.

La Defensoría del Pueblo abrió igualmente actuaciones para determinar si durante los hechos pudieron vulnerarse derechos de los antiguos trabajadores municipales, mientras la representación legal de los afectados anunció acciones contra quienes considere responsables.

Así, un conflicto inicialmente relacionado con prestaciones laborales terminó alimentando el debate nacional sobre las atribuciones y controles de la Policía Municipal.

El Acuerdo 162 cumplió un año desde su publicación en la Gaceta Oficial mientras su futuro permanece pendiente de decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La nueva demanda de Cedeño deberá superar ahora las siguientes etapas procesales antes de un pronunciamiento de fondo, pero su admisión significa que el Pleno sí examinará esta vez los cuestionamientos constitucionales planteados contra la norma.

La Asamblea Nacional de Panamá comenzó a discutir una propuesta que busca endurecer considerablemente las consecuencias para quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias, incluyendo embargo de bienes, retención de salarios, congelamiento de cuentas y prohibición de salida del país.

La iniciativa forma parte de tres anteproyectos relacionados con la protección de menores y las familias acogidos por una comisión legislativa.

La Comisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia prohijó la propuesta presentada por el diputado Jairo Salazar, que modifica la Ley 42 de 2012, General de Pensión Alimenticia, bajo el argumento de que los mecanismos vigentes resultan insuficientes. El proyecto apunta particularmente contra quienes ocultan ingresos o patrimonio para evadir sus obligaciones.

La dimensión del problema aparece reflejada en las estadísticas judiciales. En 2024 se presentaron 35,000 demandas de alimentos en Panamá, un aumento de 56% durante la última década, según el Órgano Judicial. Además, los incidentes de desacato por incumplimiento registraron un crecimiento anual de 10%, mientras la morosidad cuantificada por ocho juzgados especializados alcanzó $43.4 millones.

De esa cantidad, durante los primeros meses de funcionamiento de esos despachos se consiguieron recuperar $11.3 millones, aproximadamente 26% del monto adeudado que había sido cuantificado. Los datos ayudan a explicar el contexto de una reforma que pretende dotar a los jueces de herramientas adicionales para localizar ingresos, patrimonio y recursos de los morosos.

De salarios a propiedades

El anteproyecto establece que cuando una persona acumule dos cuotas consecutivas o tres alternas durante 12 meses, el juez podrá ordenar apremio corporal hasta por 60 días, además de retener salarios, honorarios, prestaciones laborales, cuentas bancarias e inversiones. También contempla el embargo y secuestro preventivo de bienes muebles e inmuebles.

Las facultades alcanzarían igualmente acciones, participaciones societarias, dividendos, devoluciones tributarias, indemnizaciones laborales y pagos derivados de contratos con el Estado.

El moroso podría además ser inscrito en un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y quedar sujeto a prohibición de abandonar Panamá, mientras instituciones públicas colaborarían para localizar sus fuentes de ingresos.

La propuesta también busca combatir mecanismos utilizados para aparentar insolvencia. Consideraría desacato agravado que el obligado oculte ingresos, simule desempleo, transfiera propiedades a familiares o utilice testaferros, entre otras conductas.

En estos casos, el juez podría ordenar hasta 90 días de apremio, investigar integralmente el patrimonio e incluso levantar el velo corporativo ante indicios de fraude.

El texto llega incluso a los gastos no esenciales. Cuando exista capacidad económica pero persista el incumplimiento, podrían suspenderse membresías de clubes sociales, marinas, gimnasios o campos de golf, así como suscripciones pagadas de televisión, música, videojuegos y aplicaciones premium. La medida solo procedería cuando el juez compruebe que esos gastos resultan incompatibles con la mora alimentaria.

Compensación después del divorcio

La comisión también acogió un anteproyecto presentado por la diputada Walkiria Chandler D’Orcy, con Miguel Ángel Campos como coproponente, que introduce una figura diferente a la pensión alimenticia: la pensión compensatoria matrimonial.

Su objetivo es reconocer económicamente a quien durante el matrimonio sacrificó su desarrollo profesional para dedicarse principalmente al hogar o al cuidado de familiares.

La iniciativa parte de una realidad desigual. Datos incluidos en su exposición de motivos señalan que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Además, el 98% de las personas que no buscan empleo debido a responsabilidades familiares son mujeres, mientras la brecha de participación económica alcanza 24.1 puntos porcentuales.

El fenómeno adquiere relevancia al producirse una separación. Entre 2022 y 2024, Panamá registró más de 14,500 divorcios, según las cifras citadas por la propuesta. Los datos preliminares del INEC muestran otros 2,367 divorcios durante 2025, de los cuales 2,008 correspondieron a áreas urbanas y 359 a zonas rurales.

A diferencia de una pensión alimenticia, esta compensación tendría naturaleza resarcitoria y no dependería de determinar quién fue responsable del divorcio. Podría solicitarla el cónyuge cuya dedicación al hogar, hijos, adultos mayores o personas con discapacidad hubiera limitado su carrera y, por tanto, reducido sus posibilidades de generar ingresos después de la separación.

Para calcularla, el juez consideraría la duración del matrimonio, dedicación al hogar, edad, salud, formación profesional y posibilidades de regresar al mercado laboral. La compensación podría entregarse mediante cuotas, un pago único o bienes, y su duración máxima no podría superar la del matrimonio. También terminaría si el beneficiario vuelve a casarse o establece una unión de hecho estable.

El tercer anteproyecto prohijado crea el Programa Nacional de Protección y Acogimiento. Aunque abordan situaciones diferentes, las tres iniciativas tienen como punto común reforzar la protección económica y social dentro del entorno familiar.

Una persigue a quienes evaden responsabilidades con sus hijos; otra reconoce el costo económico de años dedicados al cuidado sin remuneración, mientras la tercera plantea fortalecer los mecanismos de protección y acogimiento de menores de edad.

Las iniciativas apenas comienzan su recorrido legislativo. Haber sido prohijadas significa que la comisión aceptó discutirlas, no que sus disposiciones ya estén vigentes en Panamá. Ahora deberán avanzar por el primer debate y posteriormente, si reciben respaldo, pasar al pleno legislativo, donde podrán ser modificadas antes de una eventual aprobación definitiva.

El Parque Nacional Camino de Cruces, uno de los espacios naturales e históricos más próximos a la ciudad de Panamá, permanecerá cerrado temporalmente al público después de que fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaran la caída de varios árboles.

El fenómeno registrado este miércoles 12 de agosto afectó senderos, caminos internos y sectores próximos a la sede administrativa del área protegida.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el cierre comprende los senderos y demás espacios destinados al uso público, mientras personal técnico determina la magnitud de los daños.

Las autoridades deberán retirar árboles y otros obstáculos, rehabilitar los accesos y comprobar que las rutas puedan recorrerse nuevamente sin representar riesgos para los visitantes.

La decisión afecta a un parque frecuentado por senderistas, observadores de fauna y amantes de la naturaleza, situado a pocos kilómetros del centro de la capital. Entre sus atractivos se encuentran los senderos El Camarón, El Pescador y el histórico Camino de Cruces, además de bosques tropicales que permiten observar numerosas especies de animales en su hábitat natural.

En el Sendero Camarón, por ejemplo, los visitantes pueden realizar una caminata de aproximadamente dos kilómetros entre bosque húmedo tropical y corrientes de agua que atraviesan el recorrido.

En el área se han documentado perezosos, ardillas, monos tití y aulladores, además de loros, halcones, ranas y lagartijas, convirtiéndola en una alternativa de turismo de naturaleza muy próxima a la ciudad.

Un camino con cinco siglos de historia

El atractivo del parque no se limita a su biodiversidad. Su principal ruta conserva vestigios del antiguo Camino de Cruces utilizado durante la época colonial española, una vía construida para comunicar las costas del Pacífico y el Caribe. Por allí circularon mercancías y riquezas durante siglos, mucho antes de la construcción del ferrocarril transístmico y posteriormente del Canal de Panamá.

Recorrer completamente esa ruta representa una experiencia más exigente que los senderos recreativos cortos. MiAmbiente ha señalado que la travesía del Camino de Cruces puede extenderse durante varias horas y requiere guía certificado, mientras todavía permanecen segmentos de la antigua calzada empedrada. El parque también constituye un corredor biológico conectado con Soberanía y el Parque Natural Metropolitano.

Otro punto de interés son las Ruinas de Cárdenas, donde recientemente se desarrollaron trabajos de conservación.

En ese sector sobrevive una estructura con nichos que especialistas consideran una posible antigua capilla, además de muros de piedra y evidencias arqueológicas asociadas con actividades desarrolladas durante la colonia. Las mejoras buscan integrar patrimonio histórico, recreación y conservación ambiental dentro de la experiencia del visitante.

El valor histórico del área adquirió mayor dimensión recientemente. MiAmbiente informó que el Camino de Cruces quedó inscrito en 2025 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, como parte del legado histórico y cultural panameño. El parque, creado en diciembre de 1992, también protege bosques y fuentes hídricas vinculadas con la cuenca del Canal de Panamá.

Las lluvias del miércoles alteraron temporalmente esas actividades. Según MiAmbiente, varios árboles cayeron en diferentes puntos del parque y bloquearon rutas utilizadas para patrullajes, además de afectar sectores administrativos. El riesgo de nuevas caídas y las condiciones de los caminos llevaron a impedir el ingreso mientras avanzan las inspecciones y trabajos de recuperación.

La institución no estableció una fecha concreta para la reapertura. Personal técnico y operativo deberá evaluar cada una de las zonas afectadas antes de autorizar nuevamente las visitas, por lo que el acceso dependerá de las condiciones que encuentren las cuadrillas. MiAmbiente indicó que informará mediante sus canales oficiales cuándo será seguro regresar a los senderos.

El episodio ocurre mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre otras áreas protegidas del país. En Coclé, MiAmbiente retiró una cerca instalada ilegalmente en la servidumbre de acceso al Monumento Natural Cerro Gaital, ubicado en El Valle de Antón. La acción busca evitar ocupaciones y mantener despejadas las rutas utilizadas por guardaparques para patrullaje, vigilancia y conservación del área protegida.

El Cerro Gaital también es uno de los sitios naturales frecuentados por visitantes en la provincia. Las autoridades recordaron que está prohibido ocupar, cercar, construir o desarrollar actividades no autorizadas dentro de áreas protegidas, así como realizar talas destinadas a usos habitacionales o comerciales. Las infracciones pueden generar multas administrativas y, dependiendo del daño ocasionado, investigaciones de carácter penal.

En Camino de Cruces, mientras tanto, la prioridad será restablecer las condiciones de seguridad. Hasta que concluyan las inspecciones, senderistas y visitantes deberán esperar para regresar a uno de los principales pulmones verdes de la capital, un espacio donde convergen biodiversidad y cinco siglos de historia, pero que ahora necesita recuperar sus accesos después de los daños provocados por el temporal.