El Comité de Participación Ciudadana denunció que el Ayuntamiento de Mazatlán promueve a través de su micrositio de ‘Inversión Inmobiliaria Segura’ desarrollos inmobiliarios que no cuentan con la totalidad de los trámites y autorizaciones requeridas por la legislación vigente, situación que genera riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Durante rueda de prensa, Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC, señaló la existencia de incongruencias entre los instrumentos de planeación territorial y as autorizaciones que otorga el municipio, al tiempo que cuestionó la falta de acceso público a la documentación que respalda los permisos de los proyectos promocionados en dicho portal.

Zapién Osuna explicó que el micrositio municipal otorga un distintivo a desarrollos que, supuestamente cumplan con todos los requisitos legales para su comercialización, aunque el Ayuntamiento no publica los documentos que acrediten el cumplimiento de los trámites correspondientes, lo que dificulta verificar la información presentada a la ciudadanía.

“Encontramos incongruencias entre lo que dicen los instrumentos de planeación y las autorizaciones que da el municipio. El Ayuntamiento está otorgando un aval a desarrollos que presenta como seguros, pero no muestra los documentos probatorios de que cumplen con todos los requisitos”, comentó.

Según la información compartida, los proyectos enlistados cuentan con vocacionamiento y traza autorizados, factibilidades de servicios, disponibilidad de agua y energía eléctrica, además de haber sido aprobados por el Cabildo y cubierto los pagos correspondientes por derechos de urbanización y edificación, lo que, supuestamente los convierte en desarrollos seguros y en cumplimiento de la normatividad.

Como ejemplo, Zapién Osuna mencionó el proyecto Maazalya Beach Condos, ubicado sobre la a venida Ernesto Coppel Campaña, el cual contempla la construcción de 75 condominios distribuidos en cuatro torres de cinco niveles cada uno, don diversas amenidades.

De acuerdo con la información de CPC, este desarrollo aparece dentro del listado de proyectos promovidos como seguros por el municipio, a pesar de contar con una negativa en lo que respecta a la autorización en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Zapién Osuna detalló que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue presentada ante la Semarnat en junio del 2024 y que, tras un proceso de evaluación, la dependencia emitió en agosto del 2025 un resolutivo negativo al determinar que el desarrollo no es ambientalmente viable ajo la normativa vigente.

En este sentido, aclaró que el señalamiento no busca afectar a una empresa en particular, sino evidenciar las inconsistencias de la autoridad municipal al respaldar proyectos que no han concluido todos los procedimientos legales requeridos para su desarrollo.

Asimismo, mencionó que este no es un caso aislado y que el organismo ha identificado otros desarrollos inmobiliarios que aún no cuentan con resolutivos favorables de la Semarnat, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.

“Mencionamos este desarrollo solo como un ejemplo, pues no buscamos afectar ni perseguir a ninguna empresa, sino evidenciar las incongruencias de la autoridad municipal”, declaró.

“Este no es el único caso; hemos identificado otros desarrollos que todavía no cuentan con resolutivos favorables de la Semarnat. Por eso es necesario que existan mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos”, agregó.

Ante este panorama, el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió dos recomendaciones no vinculantes dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión territorial y prevenir posibles actos de corrupción.

La primera recomendación plantea que el municipio publique de manera proactiva, actualizada y georreferenciada todas las licencias de construcción y los cambios de uso de suelo autorizados dentro del territorio municipal.

Por su parte, la segunda propone la creación de un micrositio especializado para la administración territorial del sitio Ramsar Santuario Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia internacional que actualmente enfrenta una creciente presión por nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas en la zona norte de Mazatlán.

De acuerdo con la propuesta, este portal deberá concentrar información accesible y en formato de datos abiertos sobre parámetros de ocupación del suelo, licencias de construcción, resolutivos ambientales, cambios de uso de suelo, factibilidades de servicios y otros trámites relacionados con el desarrollo urbano dentro del polígono protegido.

De tal forma que el CPC señaló que, aunque la información sobre permisos de construcción se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, su consulta resulta compleja para gran parte de la población, por lo que se busca que los datos sean presentados de manera clara, comprensible y accesible para cualquier ciudadano.

“El objetivo de estas recomendaciones es evitar la pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura y a los sectores productivos ante fenómenos meteorológicos como los huracanes y los efectos del cambio climático”, dijo.

Las recomendaciones fueron aprobadas por las instituciones que integran el Sistema Anticorrupción de Sinaloa, entre ellas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana.

Es por ello que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción notificará formalmente al Ayuntamiento sobre ambas recomendaciones, las cuales deberán recibir una respuesta fundada y motivada en un plazo máximo de 15 días hábiles, indicando si serán aceptadas o rechazadas.

“No estamos pidiendo que se transparente información nueva, estamos pidiendo que se transparente de una manera más accesible, útil y comprensible para la ciudadanía”, comentó.

“Sinaloa tiene buenos indicadores en transparencia obligatoria, pero está rezagado en materia de gobierno abierto, transparencia proactiva y datos abiertos”, puntualizó

Después de los señalamientos por la aparición de camiones recolectores con logotipos del Gobierno Municipal antes de darse a conocer el fallo oficial a este proceso de licitación, el presidente del Comité de Adquisiciones de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero, aseguró que el proceso de compra de unidades recolectoras de basura se ha desarrollado bajo los criterios de legalidad, transparencia y supervisión colegiada.

Las declaraciones surgieron luego de cuestionamientos realizados por la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán, quien puso en duda el proceso tras detectarse vehículos aparentemente rotulados con imagen institucional antes de que se anunciara quién sería la empresa ganadora de dicha licitación.

Ante esto, Arballo Quintero señaló que las bases del concurso son claras y establecen que las unidades deben entregarse completamente en blanco, sin logotipos ni rotulación oficial, por lo que dijo desconocer el origen de los camiones señalados.

“Es una licitación pública nacional donde puede participar cualquier empresa que cumpla con los requisitos. Las bases dejan muy claro que las unidades se tienen que entregar sin logotipos, en blanco. Desconozco de quién sean esos camiones o de qué empresa”, declaró.

“El ganador será quien cumpla con todos los requisitos de las bases. No hay ninguna simulación, pues hay una total transparencia que se basa en las leyes”, agregó.

El Oficial Mayor expresó que el proceso ya había superado las etapas técnicas y económicas, asegurando que la decisión final sería tomada por este comité, integrado por nueve personas, descartando que exista una decisión unilateral o una simulación en la asignación del contrato como se ha señalado.

Asimismo, reiteró que el Comité de Adquisiciones no es una instancia investigadora sobre la operación o logística de las empresas participantes, por lo que dijo desconocer si las unidades señaladas pertenecen o no a alguna de las compañías concursantes.

“Nosotros, como Comité de Adquisiciones, solamente nos abocamos a la decisión del fallo de quién presenta la mejor propuesta. No hay nada que ocultar. Todo está transparente”, declaró.

“Nosotros no somos un ente investigador sobre esos vehículos, y lo que haga cualquier empresa que participe es ajeno al comité”, añadió.

Sin embargo, reconoció que, en caso de que alguna empresa participante hubiera presentado vehículos con logotipos antes de tiempo, el tema tendría que ser revisado por las autoridades correspondientes y por el propio comité.

“Los camiones se tienen que entregar tal y como lo marcan las bases. Si dicen sin logotipo, tienen que ser sin logotipo. Si alguna empresa no cumple con eso, el comité tendrá que revisarlo”, comentó.

Gana 'Dansutol' licitación

Este viernes 22 de mayo, en punto de las 13:00 horas, el Comité de Adquisiciones emitió el fallo a favor de la empresa International Corporation Dansutol SA de CV.

La propuesta ganadora contempla la adquisición de cuatro camiones International MV 4x2 modelo 2026 con recolector compactador de basura de carga trasera, con capacidad efectiva de 21 yardas cúbicas y carrocería marca Repsa.

El precio unitario ofertado fue de 3 millones 836 mil pesos, para un subtotal de 15 millones 344 mil pesos más IVA de 2 millones 455 mil 40 pesos, dando un monto total de 17 millones 799 mil 40 pesos.

Al señalar que a pese a que la máxima fiesta porteña concluyó desde febrero, la regidora Maribel Chollet Morán cuestionó públicamente la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a los resultados financieros del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al todavía no presentar información clara y detallada sobre ingresos, egresos y balances finales del evento.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Chollet Morán criticó el retraso en los informes administrativos del Instituto de Cultura, y acusó a la administración municipal de mantener una política de opacidad en temas financieros relacionados con el Carnaval.

La regidora señaló que el Consejo de Administración del Instituto de Cultura, del cual forma parte como consejera, presenta un desfase importante en sus sesiones ordinarias y en la entrega de documentación, situación que, aseguró, impide conocer con precisión cómo se ejercieron los recursos de la fiesta más importante del puerto.

“La administración pública no puede manejarse en una realidad alterna; la información debe ser pública. El Carnaval terminó el 17 de febrero y a estas alturas ya debieron tener listos los resultados financieros, por lo que traen un desfasamiento totalmente erróneo en sus informes administrativos”, comentó.

“Al día de hoy no hay información y eso deja espacio para la especulación. Con la nula transparencia y la opacidad que existe en esta administración, es imposible no cuestionar”, agregó.

La edil mencionó que la última sesión ordinaria a la que fueron convocados se realizó hasta finales de marzo, cuando ya debían contar con los resultados financieros del Carnaval, celebrado en febrero.

Ante ello, dijo haber votado en contra de la mayoría de los puntos abordados en esa reunión debido a las inconsistencias administrativas y a la falta de información actualizada.

“Yo voté en contra porque no había claridad en los informes que nos estaban entregando, por lo que di no nos convocan a reunión, seguramente es porque todavía están capturando la información”, declaró.

La regidora sostuvo que ni siquiera mediante solicitudes institucionales de acceso a la información han logrado obtener datos completos relacionados con ingresos por boletaje, patrocinios y gastos operativos, lo que, afirmó, genera especulación sobre el verdadero estado financiero del evento.

Las declaraciones de la edil surgieron luego de que el director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, defendiera el manejo financiero del Carnaval y asegurara que la edición 2026 logró reducir significativamente el gasto en comparación con el año anterior.

García Osuna informó que este año se ejercieron aproximadamente 63 millones de pesos, mientras que en 2025 el gasto fue cercano a los 77 millones, lo que representó un ahorro de alrededor de 14 millones de pesos.

“Fueron 14 millones menos lo que se gastó y estamos muy contentos por el ahorro que se logró, pero más contentos por el impacto que tuvo el Carnaval. Este año se gastaron aproximadamente 63 millones de pesos contra 77 millones del año pasado”, expresó García Osuna.

El funcionario explicó que el análisis financiero no debe centrarse en si hubo ganancias o pérdidas, sino en la capacidad de realizar un evento de gran impacto con menor gasto público.

En este sentido, señaló que el Instituto trabaja bajo un esquema de presupuesto previamente autorizado y que el objetivo principal ha sido desarrollar eventos más sustentables para el erario, apoyándose en patrocinios y recursos externos.

“No podemos hablar de ganancias, pues aquí hablamos de un presupuesto asignado y de que generamos menos egresos que lo autorizado. Lo que tratamos de hacer es dar sustentabilidad y buscar eventos que cuesten menos al erario público”, dijo.

Asimismo, reconoció que conseguir patrocinadores ha sido más complicado en los últimos años, debido a la disminución de aportaciones de empresas que anteriormente participaban con mayores recursos económicos, lo que obligó a buscar nuevas estrategias de financiamiento.

Pese a ello, defendió que el Carnaval tuvo un impacto positivo tanto económico como turístico para Mazatlán y aseguró que la celebración se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, fortaleciendo la proyección del puerto a nivel nacional.

“El impacto económico que tuvo el Carnaval fue importante, incluso mayor al del año pasado. Logramos un Carnaval en total tranquilidad y eso ayudó a proyectar positivamente a Mazatlán”, explicó.

Sin embargo, Chollet Morán insistió en que las declaraciones sobre ahorro y éxito turístico no sustituyen la obligación de presentar informes financieros claros y auditables.

La regidora cuestionó que, hasta el momento, no exista un balance público detallado sobre cuánto ingresó realmente por venta de boletos, patrocinadores y otros conceptos relacionados con el Carnaval, ni cómo se distribuyeron los recursos.

“Quienes formamos parte del Consejo de Administración deberíamos tener ya toda la información financiera. El único responsable de rendir cuentas es el director y es él quien tiene que salir a dar la cara”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud cómo se ejercen los recursos públicos en uno de los eventos más importantes del municipio y advirtió que la falta de transparencia termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.