En Sinaloa cerramos el mes de mayo con otra jornada sangrienta de 13 homicidios, que incluyó el saldo de una riña dentro del Penal de Aguaruto.

Lo más criticable es que los hechos ocurrieron justo antes y durante el mensaje que dirigió la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de cuyo acto se hizo una festividad en la explanada del Gobierno del Estado, encabezada por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, y con cientos de acarreados.

Las acciones desde el Gobierno hablan de la frivolidad con que se toman noticias como lo ocurrido en el Penal, que en una sociedad “normal”, el hecho en que siete personas perdieron la vida durante una riña en la madrugada, hubiera obligado a sus gobernantes a guardar luto y cancelar sus actividades a todas luces de interés electoral.

Peor, que la propia Gobernadora interina debería saber, más que muchos, porque trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cómo ocurren las cosas en el Penal y por qué, y lo peor de lo peor, en una sociedad con un gobierno digno, no tendría por qué haber bebidas alcohólicas en un Penal, lo que supuestamente generó la riña, y su policía de custodia debería estar lo suficientemente capacitada para este tipo de incidentes y se debería contar con el apoyo de la Guardia Nacional, cuyos elementos están apostados de manera permanente en las afueras del Penal.

Lamentable, ni dentro del penal, ni en la ciudad de Culiacán, ni dentro del carro, ni en el municipio de Ahome. En Sinaloa nadie está a salvo.

Los momentos de crisis como los que se viven en Sinaloa, con la violencia generada por el crimen organizado y su impacto en las actividades económicas y sociales, no sólo es una prueba para cómo el Gobierno resuelve esa situación, sino cómo comunica con la población.

Desde hace más de 20 meses, quienes viven en Sinaloa tienen claro cómo la vida, sino la de ellos sí la de muchos, se ha visto trastocada por las acciones que los grupos criminales han emprendido y sobre todo, tiene un juicio definido de que las autoridades no han podido hacer nada para resolver esta situación crítica.

Y como resultado, es que las autoridades en Sinaloa perdieron la confianza de la población durante ese período.

En un estudio realizado en 2023 por parte del Inegi ubicaba a Sinaloa entre los 10 estados donde su población confianza en quien gobernaba en la entidad.

Pero en medio de la crisis de violencia, principalmente en el centro y sur del Estado, dos años después en que se repitió la encuesta, la confianza en las autoridades estatales tuvo un desplome que casi la deja en el último lugar, apenas por encima de Zacatecas.

La falta de resultados ante una crisis que muta de lugar con una aparente facilidad que las autoridades no han podido contener ha sido una de las principales causas para que la desconfianza en las autoridades crezca.

Los brotes de violencia lo mismo ocurren un día en Culiacán que después en Navolato y posteriormente en Escuinapa o Concordia y regresa para la zona de Elote.

Y bajo esas condiciones, la operación de las autoridades, aún con los refuerzos federales desplegados en la entidad, no ha sido capaz de restablecer las condiciones de paz y tranquilidad en el Estado.

El Gobierno, según se puede entender en los resultados de la encuesta, no ha sido capaz de cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad para la sociedad y la certeza para las empresas.

Y ante ello, en medio de la crisis violenta en Sinaloa, la gente decide mejor trasladar la confianza hacia donde más se siente segura: en la familia. ¿Las autoridades? Que resuelvan y recuperen lo perdido.

No está claro desde cuándo se generó el problema, pero se ha hecho más notorio cuando los reclamos se han ido multiplicando en las últimas semanas en diferentes comunidades de Sinaloa.

Tal vez otras regiones del País tengan el mismo problema y ha puesto a los usuarios en aprietos al no tener los recursos suficientes para pagar lo que se les está cobrando.

Se trata del servicio de electricidad, en el que usuarios han reportado que el último recibo les ha llegado con cobros fuera de lo normal, algunos de ellos imposibles de pagar en una sola exhibición.

La solución más rápida que se les ha dado ha sido la de establecer convenios para cubrir en pagos el recibo que les ha llegado con un consumo fuera de lo habitual para esos hogares.

Pero lo que ha hecho falta ha sido el esfuerzo institucional para escuchar los reclamos de los usuarios que se sienten afectados por los cobros que se han presentado y encontrar explicaciones a lo que ha ocurrido.

En diferentes espacios se han planteado explicaciones diversas que van desde una mala lectura hasta consumos de electricidad que en realidad no están ocurriendo, y podría ser.

Pero también es cierto que en Sinaloa el invierno no existió y se han tenido jornadas de calor en momentos en que aún no entraba en vigor la tarifa del horario de verano, vigente apenas desde el 1 de mayo.

Y bajo esas condiciones, en algunos hogares ha sido necesario el uso de más aparatos para refrescar las habitaciones y con ello, el consumo de electricidad se ha elevado.

Sí, es verdad que los usuarios deben pagar lo que consumen, pero también, una realidad es que el Gobierno federal, a través de la CFE, debe considerar, lo que aún no se ha hecho, que Sinaloa, como otros estados, requiere de una consideración especial por el calor que padece y en eso, también ha hecho falta escuchar.

Los usuarios de la empresa estatal necesitan de soluciones, no sólo en esos casos críticos que se han denunciado, sino también en el futuro, con tarifas más justas.