Con recibos que pasaron de 3 mil a más de 10 mil pesos y casos de usuarios que denuncian el retiro de medidores sin explicación clara, decenas de ciudadanos acudieron este jueves a la mesa de atención de la Comisión Federal de Electricidad instalada en el Ayuntamiento de Culiacán.

Desde antes de las 9:00 horas, más de 50 personas esperaban ser atendidas por personal de la paraestatal en el patio del Palacio Municipal, luego de las protestas registradas en semanas recientes por los altos cobros de energía eléctrica.

Entre ellas se encontraba María Luisa, vecina de la Colonia Loma de Rodriguera, quien relató que su recibo más reciente llegó por 10 mil 800 pesos, cuando habitualmente pagaba entre 2 mil 800 y 3 mil pesos.

Explicó que durante meses estuvo realizando abonos para cubrir adeudos acumulados por recibos de 5 mil y 6 mil pesos, incluso recurriendo a un préstamo para liquidar su cuenta.

Sin embargo, aseguró que tras quedar al corriente volvió a recibir un cobro superior a los 10 mil pesos.

“Nada más vivimos mi esposo, mi hija y yo somos tres en la casa... acabo de poner un negocio de tortas, tengo tortas, pero creo que de eso no me puede haber aumentado tantísimo, o sea, y lo acabo de poner o sea, ya vengo pagando hace tres recibos anteriores”, expresó.

La usuaria señaló que anteriormente había acudido a oficinas de la CFE sin obtener una solución, aunque dijo mantener la esperanza de que esta vez las autoridades revisen su caso.

“Pues que realmente nos apoye a todas las personas que nos ha venido mucho el consumo, porque aparte estamos en una situación donde no tenemos trabajos, o sea, está muy difícil la situación y este y pues realmente que nos ayuden a que nos bajen, no sé, pues que los precios”.

Una de las asistentes fue Claudia Elizabeth, del negocio Piggy Back en Campo El Diez, quien denunció que su recibo más reciente de energía eléctrica llegó por 17 mil 401 pesos.

Relató que anteriormente recibió cobros de 12 mil, 8 mil, 4 mil 500 y 7 mil 400 pesos, situación que la llevó a presentar un reporte ante la CFE.

Según explicó, personal de la paraestatal le informó que el incremento estaba relacionado con una “reestructuración” aplicada en zonas consideradas de alto riesgo.

“Me dijeron que en una zona de alto riesgo, que habían estado haciendo una restricción de todo el mes de octubre”, comentó.

La usuaria señaló que en su vivienda habitan únicamente ella y su madre.

Aunque cuenta con cuatro minisplits instalados en distintos cuartos, aseguró que no permanecen encendidos al mismo tiempo.

“Yo pienso que a eso se avalan ellos, que tengo cuatro minisplits en la casa”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si había registrado algún aumento en su consumo eléctrico, rechazó esa posibilidad y atribuyó los cobros a una decisión de la paraestatal.

“No, es un robo descarado. No nomás soy yo, todos los vecinos”, afirmó.

Claudia Elizabeth aseguró que varios habitantes de su sector han enfrentado situaciones similares.

“A uno de 7, de 25, de 11, de 13. Hay una vecina que llegó de 10, otra vecina de atrás de mi casa le llegaron 7 mil. Son cobros excesivos y le echan la culpa a la delincuencia”, sostuvo.

La mujer indicó que acudió a la mesa de atención con la expectativa de que la CFE rectifique los montos facturados.

“Que me cobren lo del recibo anterior, la misma cantidad porque es el mismo gasto”, manifestó.

Por su parte, Susana Lorena Castro Noriega, habitante de la Colonia Del Sur, quien denunció que personal de la Comisión retiró el medidor de una vivienda sin que, aseguró, le explicaran adecuadamente el motivo.

La mujer señaló que posteriormente le informaron que debía pagar alrededor de 6 mil pesos para reinstalarlo, pese a que el adeudo reflejado en el recibo era de aproximadamente 850 pesos.

Castro Noriega relató que actualmente enfrenta una situación familiar complicada tras el asesinato de su hijo meses atrás y que ahora vive en la vivienda junto a su esposo, quien presenta problemas de salud.

“Lo que quiero es que me expliquen por qué me quitaron el medidor y por qué tengo que pagar tanto para que me lo vuelvan a poner”, manifestó.

La instalación de la mesa de atención fue anunciada por la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal tras reuniones con directivos de la CFE, quienes se comprometieron a revisar de manera individual las inconformidades ciudadanas relacionadas con cobros, adeudos y posibles cortes del servicio.

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para exentar del pago de derechos, contribuciones, servicios e infracciones a las personas que recuperen sus vehículos después de haber sido víctimas de robo.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia a partir de diversas iniciativas tanto ciudadanas como de los grupos parlamentarios.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, señaló que esta medida representará un apoyo importante para la economía de las personas afectadas por este delito.

La legisladora destacó que la ciudadanía no debería asumir los costos derivados de la recuperación de unidades robadas.

Actualmente, las víctimas de robo de vehículo deben cubrir pagos que oscilan entre los 5 mil y 7 mil pesos por conceptos como estancia en pensiones o corralones y servicios de grúa para el traslado de las unidades recuperadas.

La Diputada comentó que con la aprobación de este dictamen, dichos gastos serán tomados mediante convenios entre la Fiscalía y los Ayuntamientos.

Explicó que se llevaron a cabo reuniones con distintas autoridades para concretar estos acuerdos, incluyendo a la Secretaría de Hacienda.

“Quiero decirles que este caminar, porque fue mucho andar tanto con las oficinas recaudadoras, pedir opinión de los ayuntamientos y Sates para ver cómo iba a quedar distribuida la carga financiera”, expresó.

“Establecimos que, para que hubiese un convenio con la Fiscalía, primero debe hacerse el reporte de reconocimiento de víctima; tratar de hacer convenios con los ayuntamientos para los corralones y también establecer convenios con los ayuntamientos para que sean las grúas de Tránsito las que puedan brindar el servicio” señaló la Diputada.

Por su parte, y tras aprobarse el dictamen, el Presidente de la Comisión de Justicia, el Diputado Hólincer Castro Marañón, destacó que una de las principales áreas que tomaron en cuenta para elaborar el dictamen fueron las necesidades de la ciudadanía, pues comentó que, mientras las víctimas de robo de vehículo no podían cumplir con el pago correspondiente, no se les entregaba la unidad.

Asimismo, señaló que este tema cobra especial relevancia debido al incremento de los hechos de violencia en la entidad desde septiembre de 2024, periodo desde que el delito de robo de vehículos ha mostrado una tendencia al alza.

“En nuestro posicionamiento y como grupo parlamentario estamos conscientes de eso. Nosotros vemos los daños que estamos viviendo; eso no se ha negado. Estamos conscientes de ello y una de las afectaciones más grandes es el incremento de los robos. Hemos tenido meses en los que estos delitos encabezan las estadísticas donde puntean y también meses como mayo en los que se observa una disminución; sin embargo, no estamos ciegos, estamos conscientes de que es un área de oportunidad muy grande, el área de robo de vehículos” enfatizó.

Además, destacó que esta medida abona a la economía familiar en Sinaloa al no revictimizar a las personas afectadas, pues señaló que ya existe una afectación desde el momento en que ocurre el robo de la unidad y que ahora ya no será necesario que cubran esos costos para recuperarla.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se registraron en Sinaloa 3 mil 598 carpetas de investigación por robo de vehículo, lo que representa una tasa de 104 casos por cada 100 mil habitantes.

En ese año, Sinaloa ocupó el lugar 22 a nivel nacional en incidencia de este delito.

Sin embargo, tras más de un año de la ola de violencia que afecta a la entidad, el robo de vehículos se ha incrementado de manera significativa, registrando un aumento del 170 por ciento durante el último año.