Un grupo armado irrumpió con violencia en un domicilio particular ubicado en el estado de Veracruz para privar de la libertad a la directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste. Roxana Guzmán, de acuerdo con los primeros reportes de los familiares y colegas de los medios de comunicación regionales.

El incidente delictivo ocurrió durante las primeras horas de este martes 2 de junio de 2026, lo que provocó el despliegue inmediato de un operativo coordinado por corporaciones policiacas estatales y federales en las vías terrestres de la entidad federativa. Cabe destacar que hasta la mañana de este miércoles el paradero de la periodista sigue como desconocido.

A la comunicadora la sorprendió un grupo de hombres armados con el rostro cubierto, alrededor de las 6:00 de la mañana, y rompieron la puerta principal para entrar de forma violenta; se aprecia en un video que presuntamente grabaron sus familiares.

La alerta sobre la desaparición forzada de Roxana Guzmán se difundió rápidamente a través de colectivos de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos, quienes exigieron la intervención de las autoridades ministeriales.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio inicio formal a la carpeta de investigación correspondiente y activó de manera paralela los protocolos especializados de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). La prioridad de las células operativas desplegadas en el perímetro es la localización con vida de la víctima, en un contexto regional que mantiene activas diversas alertas de género y recomendaciones de organismos internacionales debido a los niveles de riesgo para el libre ejercicio periodístico.

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Antecedentes de riesgo y operativos de búsqueda en Veracruz

La privación ilegal de la libertad de Roxana Guzmán por parte de un grupo armado reaviva la discusión pública sobre los mecanismos de protección para comunicadores en el sur del país.

Las fuerzas de seguridad pública, integradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, establecieron retenes de revisión e inspección en las principales carreteras de salida y entradas municipales limítrofes para cerrar el paso a los delincuentes. Hasta el momento, las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) no han determinado si atraerán el caso bajo la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Los familiares directos de la comunicadora y diversas organizaciones de periodistas locales permanecen en las instalaciones de la fiscalía regional en espera de informes actualizados sobre los peritajes forenses realizados en la vivienda. Los colectivos sociales hicieron un llamado enérgico a la opinión pública para compartir cualquier dato útil que permita agilizar la localización de Roxana Guzmán, mientras las corporaciones policiacas mantienen bajo estricto resguardo las identidades de los testigos civiles protegidos para garantizar la seguridad del debido proceso.

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