La reanudación de la cooperación energética entre Colombia y Ecuador fue anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante un acto de entrega de proyectos de expansión de redes de gas combustible en los municipios de Moniquirá y Santana, en Boyacá.

La decisión se produce luego del levantamiento conjunto de los aranceles a las importaciones binacionales y se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de fortalecer la integración energética regional. Según informó la cartera minero-energética, la medida busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de energía, al tiempo que permite avanzar en acciones conjuntas para garantizar el abastecimiento y la estabilidad energética en la región.

Durante su intervención, el ministro Edwin Palma confirmó el reinicio progresivo de la cooperación y señaló que el avance de esta medida dependerá de las condiciones técnicas necesarias para su implementación.

“Vamos a reanudar la cooperación energética con Ecuador. En la medida que las circunstancias técnicas lo permitan, avanzaremos nuevamente en esa integración porque para nosotros lo más importante son los pueblos hermanos y la seguridad energética de la región”, afirmó el ministro Palma.

De acuerdo con la cartera, la decisión también tiene como propósito fortalecer la integración regional y preparar a ambos países frente a los desafíos que puedan surgir por fenómenos climáticos como el fenómeno de El Niño, los cuales pueden afectar la disponibilidad de recursos energéticos y las condiciones de abastecimiento.

El ministro señaló además que la política impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro contempla una mayor articulación energética entre los países de América Latina como mecanismo para responder a retos comunes. “No son tiempos de aislamiento ni de egoísmos. Son tiempos de cooperación, solidaridad e integración entre los pueblos. Por eso, avanzamos en la reanudación de la cooperación energética con Ecuador, así como en la integración con Venezuela y la interconexión con Panamá”, señaló.

El anuncio sobre Ecuador fue realizado durante la entrega de proyectos de expansión de redes de gas combustible en Moniquirá y Santana, dos municipios boyacenses donde el Gobierno nacional y las entidades territoriales han desarrollado inversiones para ampliar el acceso al servicio de gas domiciliario.

Según la información oficial, los recursos destinados a estas obras alcanzan cerca de $35.000 millones y permitirán que miles de familias rurales accedan al servicio, sustituyendo progresivamente el uso de leña para la preparación de alimentos en sus hogares.

El ministerio explicó que la ampliación de la infraestructura de gas domiciliario busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y avanzar hacia una cobertura cercana al 98% en estas zonas. Durante el evento, el ministro reiteró que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho fundamental debido a su impacto sobre otros derechos y sobre las condiciones de bienestar de la población, especialmente en territorios rurales que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios públicos.

La cartera minero-energética informó además que el ministro Edwin Palma participará en la entrega de una comunidad energética en el municipio de Villa de Leyva, también en el departamento de Boyacá, como parte de las iniciativas que adelanta el Gobierno nacional en materia de transición e integración energética.

Cabe recordar que el acceso al gas domiciliario permitirá reducir la dependencia de la leña como fuente de energía para cocinar, una práctica que ha estado asociada a riesgos para la salud derivados de la exposición constante al humo.

Esta situación afecta especialmente a las mujeres rurales, quienes tradicionalmente asumen labores relacionadas con la preparación de alimentos y el cuidado del hogar. De acuerdo con la información oficial, la exposición prolongada al humo generado por la combustión de leña puede estar relacionada con enfermedades respiratorias, oculares y cardiovasculares.

La controversia alrededor de la decisión judicial que impidió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la selección Colombia como símbolo de campaña continúa escalando. En las últimas horas fueron radicadas una denuncia penal por presunto prevaricato por acción y una queja disciplinaria contra la jueza Aura Luz Forero, titular del Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, quien ordenó la suspensión inmediata del uso de esa indumentaria en actividades políticas.

La medida judicial fue adoptada de manera provisional dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra. En la decisión, la jueza dispuso que De la Espriella y los integrantes de su movimiento político, Defensores de la Patria, se abstengan de utilizar la camiseta oficial, los colores y los emblemas de la selección Colombia de fútbol en actos de campaña, redes sociales, medios de comunicación y demás escenarios de difusión política mientras se estudia el fondo del caso.

La determinación se produjo dos días después de que el senador Iván Cepeda cuestionara públicamente el uso de la camiseta tricolor en actividades proselitistas. Durante una rueda de prensa, el también candidato presidencial manifestó que “La selección Colombia es de todos los colombianos” y sostuvo que el empleo de la prenda con fines electorales debía ser objeto de análisis jurídico.

Según expresó, “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar”.

En la providencia, la jueza Forero argumentó que el uso reiterado de la camiseta en actividades de campaña podría generar una asociación entre la selección Colombia y una candidatura específica. Según el documento, la utilización de ese símbolo por parte del candidato y de su colectividad política comprometería la neutralidad que, a juicio del despacho, debe preservarse durante una contienda electoral.

Denuncia penal por presunto prevaricato

Tras conocerse la decisión, el abogado Pedro Epimenio Velásquez Roa presentó una denuncia penal ante un fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra la jueza Aura Luz Forero por el presunto delito de prevaricato por acción.

En el documento, el denunciante sostiene que la funcionaria judicial habría expedido una decisión “manifiestamente contraria a la ley” al prohibir el uso de la camiseta oficial de la selección Colombia por parte de un candidato presidencial y de su partido político. El abogado argumenta que la jueza habría incurrido en una “vía de hecho por defecto orgánico”, al considerar que la competencia para la inspección, vigilancia y control de la propaganda electoral corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, sostiene que la decisión vulneraría la libertad de expresión política consagrada en el artículo 20 de la Constitución y que la medida cautelar carecería de los requisitos exigidos por el Decreto 2591 de 1991 para acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.

La denuncia también cita pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Según el escrito, la jurisprudencia ha señalado que el delito de prevaricato se configura cuando un funcionario se aparta de manera arbitraria del ordenamiento jurídico y que los jueces de tutela no pueden sustituir las competencias de las autoridades electorales durante una contienda política.

Queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial

De manera paralela, el mismo abogado presentó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá contra la jueza Forero. En la actuación se solicita investigar la conducta de la funcionaria por la expedición de la medida cautelar relacionada con el uso de la indumentaria de la selección Colombia.

En el documento disciplinario se afirma que la decisión judicial constituye una extralimitación de funciones y un desconocimiento del ordenamiento jurídico, al considerar que se habrían sustituido competencias institucionales atribuidas al CNE.

La queja sostiene además que la actuación vulneró el principio de legalidad y el deber de actuar con imparcialidad y sujeción estricta a la Constitución y a la ley. Asimismo, plantea que la conducta podría encuadrarse dentro de las faltas gravísimas previstas en el Código General Disciplinario y cuestiona el apartamiento de precedentes de la Corte Constitucional relacionados con propaganda electoral y censura previa.

Como parte de las pruebas solicitadas, el abogado pidió que se oficie al Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá para que remita copia digital del expediente de tutela, incluido el auto expedido el 3 de junio de 2026.

Mientras avanzan las actuaciones penal y disciplinaria promovidas contra la jueza, la medida cautelar continúa vigente y es de cumplimiento inmediato. En consecuencia, Abelardo de la Espriella y su movimiento político no podrán utilizar ni exhibir la camiseta oficial de la selección Colombia, ni otros elementos asociados a ese distintivo, en actividades de campaña hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del proceso.

La defensa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria y decretar la suspensión provisional del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, por una presunta participación en política derivada de recientes declaraciones relacionadas con una de las propuestas de campaña del aspirante a la Casa de Nariño.

La petición fue elevada por el abogado Germán Calderón España mediante un escrito dirigido al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con fecha del 5 de junio de 2026. En el documento, el jurista sostiene que el jefe de la cartera de Defensa habría incurrido en una conducta prohibida para los servidores públicos al pronunciarse sobre la viabilidad de una propuesta de gobierno presentada por De la Espriella.

Según Calderón, las declaraciones del ministro constituyen una intervención directa en el debate político y electoral. En ese sentido, pidió al Ministerio Público iniciar de manera inmediata las actuaciones disciplinarias correspondientes: “Cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hace vaticinios sobre el cumplimiento o no de una de las propuestas del candidato Abelardo de la Espriella, la relacionada con la seguridad, en la que ha sostenido el candidato que restablecerá la seguridad en los primeros noventa días después de posesionado como presidente de la República, está incurriendo el ministro en una participación en política abierta y flagrante”.

Y agregó: “Por eso le solicito respetuosa, pero urgentemente, al señor procurador general de la Nación, al doctor Gregorio Eljach, que inicie una investigación en forma inmediata, que ejerza la potestad disciplinaria y que defienda el interés general y el ordenamiento jurídico, como así lo ordena la Constitución Política de Colombia y suspenda provisionalmente a este ministro por participar en política, situación o conducta que está prohibida por la ley”.

Los argumentos de la solicitud presentada ante la Procuraduría

En el documento radicado ante la Procuraduría, Calderón expone una serie de consideraciones jurídicas y fácticas para sustentar su petición. Como principal fundamento cita una declaración realizada por el ministro Sánchez el 5 de junio de 2026 durante una reunión sobre paz electoral desarrollada en la Procuraduría General de la Nación. Según el escrito, el funcionario señaló que era “imposible” recuperar la seguridad del país en 90 días, como lo propone la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Calderón sostiene que el funcionario no puede pronunciarse sobre la posibilidad de cumplimiento de propuestas formuladas por candidatos en contienda electoral. “Claramente, el ministro está interviniendo en política, pues no puede hacer vaticinios sobre el cumplimiento o no de las propuestas del programa de candidato alguno”, señala el abogado en el escrito.

Además, respaldó su posición citando los numerales 1 y 3 del artículo 277 de la Constitución Política, relacionados con las funciones de vigilancia y control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. De igual forma, invocó disposiciones de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. En particular, menciona el artículo 60, que establece como falta disciplinaria utilizar el cargo para participar en actividades de partidos, movimientos políticos o controversias políticas, y el artículo 211, que regula la procedencia de la investigación disciplinaria cuando se identifica al posible autor de una conducta.

Con base en estas disposiciones, la defensa del candidato presidencial aseguró que el ministro debería ser separado temporalmente de su cargo mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

Las declaraciones del ministro Sánchez

Durante la reunión de alto nivel realizada en las instalaciones de la Procuraduría para revisar el denominado Plan Democracia, mecanismo orientado a garantizar las condiciones de seguridad y transparencia del proceso electoral, el ministro de Defensa se refirió a una de las propuestas centrales de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, relacionada con la recuperación de la seguridad y el control territorial en un plazo de 90 días.

“Le doy mi perspectiva como ministro de Defensa sin referirme a un candidato. Es imposible, esa propuesta la veo totalmente inconcebible, no porque no se pueda afectar la amenaza o derrotar el narcotráfico, sino que no se puede hacer en tan poco tiempo”, manifestó el funcionario.

El candidato De la Espriella ha planteado un plan de choque denominado “mano dura”, mediante el cual buscaría implementar decretos y operaciones especiales desde el inicio de su eventual mandato para recuperar el control territorial en distintas regiones del país. De acuerdo con su propuesta, la estrategia contempla un amplio despliegue de las Fuerzas Militares y tendría como objetivo la captura o neutralización de al menos diez grandes cabecillas de organizaciones criminales durante los primeros tres meses de gobierno.

Frente a ese planteamiento, el ministro insistió en que los desafíos de seguridad trascienden la acción directa contra los grupos armados ilegales y están vinculados a estructuras económicas ilícitas que permiten su permanencia y expansión. “La punta del iceberg son los grupos criminales, pero lo que yace debajo son las economías ilegales como el narcotráfico que le dan una capacidad de recuperación y crecimiento criminal”, señaló Sánchez.

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de control de garantías avanzar en la declaratoria de persona ausente contra siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, con el propósito de continuar el proceso de judicialización relacionado con el magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La petición involucra a alias Iván Márquez, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, alias Gonzalo y alias Yako, quienes son señalados por el ente investigador de tener presunta responsabilidad como determinadores del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025. A casi un año del crimen, la solicitud fue radicada ante un juez, que deberá decidir si avala la medida para que la Fiscalía avance hacia la audiencia de imputación de cargos sin la presencia física de los procesados.

La declaratoria de persona ausente permitiría a la Fiscalía continuar el proceso penal pese a que los señalados no han sido capturados ni comparecen ante la justicia. Mientras se define la solicitud presentada ante el juez de control de garantías, las autoridades mantienen activas las notificaciones rojas de Interpol con el fin de lograr la ubicación y captura de los presuntos responsables mediante mecanismos de cooperación internacional.

La investigación ha buscado establecer la cadena de mando que habría dado origen a la orden criminal. Dentro de ese proceso, uno de los elementos considerados centrales por los investigadores es el testimonio de Simeón Pérez, alias El Viejo, quien se convirtió en una pieza clave para reconstruir la presunta estructura de responsabilidades detrás del homicidio. Según la hipótesis de la Fiscalía, la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay habría sido impartida directamente por alias Zarco Aldinever, identificado como uno de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia.

La información recopilada por los investigadores también señala a alias Yako como una figura relevante dentro de la presunta coordinación del plan criminal. De acuerdo con el expediente, habría sido la persona que contactó meses antes a alias El Viejo y quien posteriormente lo puso en comunicación con “Zarco Aldinever” durante un encuentro realizado en la frontera con Venezuela.

Las pesquisas indican que, tras ese acercamiento, la coordinación operativa del atentado habría quedado bajo la responsabilidad de alias El Viejo. Según la Fiscalía, este se encargó de establecer los contactos con la estructura delincuencial urbana que finalmente ejecutó el crimen en la capital del país.

Nueve personas ya han sido vinculadas al proceso

Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas por su presunta participación en los hechos relacionados con el magnicidio. Entre ellas se encuentra alias El Viejo, quien alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía que contempla una condena de 22 años de prisión. Su colaboración ha sido considerada relevante dentro de la investigación debido a la información aportada sobre la presunta planeación y ejecución del atentado.

También fueron condenados mediante preacuerdos Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de entregar el arma utilizada en el ataque; Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados; y Harold Barragán, señalado de contactar al menor conocido como alias “Tianz”, quien habría ejecutado el asesinato. Los tres procesados aceptaron condenas de 21 años de prisión tras reconocer su participación dentro de los hechos investigados.

Asimismo, en los próximos días un juez deberá definir si avala o no el preacuerdo suscrito con José Arteaga, alias Chipi, señalado por la Fiscalía como uno de los jefes operativos y planeadores del atentado cometido en Bogotá. De ser aprobado el acuerdo judicial, “Chipi” recibiría una condena de 26 años de prisión. La decisión hará parte de las actuaciones que continúan desarrollándose dentro del expediente que busca establecer las responsabilidades de todos los presuntos participantes en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El presidente Gustavo Petro aseguró que nunca ha contemplado la posibilidad de permanecer en el poder más allá del periodo para el que fue elegido y señaló que su mandato concluirá el 6 de agosto de 2026, fecha en la que entregará el cargo al ganador de las elecciones presidenciales.

Las declaraciones fueron realizadas el viernes 5 de junio durante la ceremonia de ascenso a general del comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez Herrera; y de otros 309 nuevos subtenientes del, entre ellos 19 mujeres; en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

Durante su intervención ante integrantes de las Fuerzas Militares y autoridades asistentes, el jefe de Estado se refirió a las versiones que durante su gobierno han planteado la posibilidad de una eventual permanencia en el poder y enfatizó que su actuación se ha ajustado a la Constitución y a la ley.

En su discurso, Petro afirmó que ha respetado el mandato otorgado por los ciudadanos y sostuvo que la voluntad popular es la única que determina el rumbo político del país. “Es el pueblo el que designa, y yo obedezco al pueblo. Lo obedecí cuando recibí su mandato, allá en el año 2022. Murmullos, ínfulas de que me iba a quedar en el poder, etcétera”, señaló.

Y agregó: "Creo que ningún general de los que ha participado, almirante, en los consejos de seguridad de la Nación puede tener alguna queja mía sobre algún tipo de indicación, orden, que tenga que ver con quebrantar la ley y la Constitución de Colombia. Si algo tiene que hacer un demócrata en el poder, en el mandato conferido por el pueblo, es obedecer a su pueblo, su mandato y su mandato termina el 6 de agosto por venir. Y me alejaré de aquí“.

Sobre lo que está por definirse en el país, Petro fue contundente en señalar que: “Otros serán los destinos del país. El pueblo decide libremente. Nadie más tiene aquí ninguna atribución, ni poder extranjero ni nacional, que no sea la libre voluntad del pueblo de Colombia”, manifestó.

Las declaraciones se producen cuando el país se encuentra a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. Según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondientes a la primera vuelta realizada el 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

Retiro de la propuesta de una constituyente

Las afirmaciones de Petro sobre el final de su mandato también se conocen un día después de que quedara suspendida oficialmente la iniciativa ciudadana que promovía la convocatoria de una asamblea nacional constituyente mediante la recolección de firmas.

El comité promotor anunció el retiro de la propuesta y, posteriormente, el presidente se pronunció a través de sus redes sociales para referirse a la decisión. “La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991”, expresó.

Asimismo, mencionó que la propuesta pretendía impulsar temas relacionados con las reformas laboral y pensional, además de iniciativas sobre servicios públicos, minería y educación. “Buscaba llenar el vacío que el actual congreso de la república que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo”, escribió el mandatario.

En el mismo pronunciamiento, Petro relacionó la suspensión de la iniciativa con el escenario político y electoral que atraviesa el país. “La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, señaló.

El presidente añadió que el futuro de las reformas impulsadas durante su administración dependerá de las decisiones que adopten los ciudadanos en las urnas durante la elección presidencial. En su mensaje también sostuvo que los ciudadanos deben participar en el proceso electoral que definirá quién ocupará la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.

“En estos momentos cualquier luchador o luchadora por la Vida debe unirse para detener el peligro que se cierne sobre Colombia y con ella sobre la humanidad. El fascismo siempre crece cuando crece el discurso del odio, la mentira y el miedo”, manifestó.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, con la que buscaba dejar sin efectos la decisión de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá que avaló medidas cautelares sobre un apartamento ubicado en el sector de Rosales y sobre derechos patrimoniales asociados a un contrato de leasing habitacional.

La determinación fue adoptada dentro de una acción constitucional promovida por Benedetti contra la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. En el trámite también estuvieron vinculados el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y las partes e intervinientes del proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con el expediente, el ministro alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, tras la decisión del Tribunal que mantuvo medidas cautelares sobre varios bienes relacionados con el proceso que se adelanta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Bienes afectados por la decisión judicial

El caso se relaciona con un apartamento ubicado en la Transversal Tercera con calle 85, en el norte de Bogotá, en el sector de Rosales. La medida cautelar fue decretada en 2021 por la Fiscalía 13 Especializada de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio.

Según los antecedentes del proceso, el objetivo de la medida era impedir que el inmueble pudiera ser negociado, transferido o enajenado mientras avanzaban las investigaciones sobre el origen de los recursos utilizados para su adquisición.

Además del apartamento, las autoridades también adoptaron medidas sobre los derechos patrimoniales derivados de un contrato de leasing habitacional por $43 millones, correspondientes a la cuota inicial de compra de un inmueble donde funciona la oficina del actual ministro del Interior.

El caso ya había tenido una decisión favorable para la defensa de Benedetti. En septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá declaró ilegal el embargo del apartamento de Rosales y del leasing habitacional tras estudiar un control de legalidad presentado por el abogado Billy Torres.

Sin embargo, en enero de 2026, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente esa decisión, lo que permitió que los bienes volvieran a quedar afectados por las medidas cautelares. Fue después de esa determinación cuando Benedetti acudió a la acción de tutela.

La defensa expuesta por Benedetti

Dentro de la impugnación estudiada por la Corte Suprema, Benedetti sostuvo que los informes contables existentes en el expediente únicamente evidenciaban un patrimonio por justificar y no un patrimonio injustificado. Asimismo, señaló que un dictamen previo había concluido la existencia de razonabilidad en sus incrementos patrimoniales, recursos y movimientos bancarios.

Otro de los puntos centrales de su argumentación estuvo relacionado con la condición del inmueble como residencia familiar. En el recurso se indicó que no se había valorado adecuadamente el impacto de las medidas cautelares sobre los integrantes de su núcleo familiar.

En la providencia se recoge el argumento presentado por el ministro, según el cual: “Alegó la indebida valoración del yerro de vulneración directa de la Constitución por no ponderarse que el inmueble constituye el domicilio familiar en el que hay menores de edad, circunstancia que, según el impugnante, obligaba a valorar con especial rigor la proporcionalidad del embargo y secuestro”.

Benedetti también solicitó que se revocara la decisión objeto de controversia y que se ordenara emitir una nueva providencia que analizara nuevamente la necesidad de las medidas cautelares.

La respuesta de la Corte Suprema

Al resolver la impugnación, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural concluyó que no existían razones para conceder el amparo solicitado por el ministro. La corporación consideró que la decisión adoptada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá estuvo debidamente sustentada y no configuró una actuación arbitraria.

En la sentencia STC9460-2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, la Corte señaló: “Por el contrario, se valió de una suficiente motivación en la que se aplicó tanto la normativa como la jurisprudencia pertinente”.

La decisión también destacó que las medidas cautelares fueron examinadas dentro del procedimiento previsto por la ley y bajo el estándar probatorio correspondiente a la etapa procesal en la que se encuentra el expediente.

Sobre este punto, la Corte afirmó: “La autoridad querellada echó mano de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, así como de embargo y secuestro de un inmueble y de los derechos derivados de un contrato leasing habitacional, cuyo control de legalidad judicial se activó oportunamente y fue resuelto bajo un estándar en grado de probabilidad y no de certeza, habida cuenta del estado actual del proceso”.

Finalmente, el alto tribunal sostuvo que la inconformidad expresada por Benedetti frente a las decisiones adoptadas por los jueces de extinción de dominio no constituía una razón suficiente para reabrir una discusión ya resuelta por las autoridades competentes.

La Sala enfatizó que la tutela no puede convertirse en un mecanismo para controvertir decisiones judiciales simplemente porque una de las partes discrepe de sus conclusiones. En esa línea, indicó: “Pues esta Sala ha precisado que no basta con que la decisión sea discutible o poco convincente, sino que esté afectada por errores protuberantes, manifiestos y carentes de todo sustento objetivo, circunstancias que acá lejos están de configurarse”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que viajará a Nueva York para participar en las actividades relacionadas con la presidencia que ejerce Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante junio de 2026. El anuncio fue realizado durante una intervención pública en la que también reivindicó la soberanía nacional y aseguró que su Gobierno mantendrá una posición basada en la defensa del derecho internacional.

Durante su discurso en la ceremonia de ascenso a general del comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez Herrera, el jefe de Estado hizo referencia a una jornada que, según expresó, estuvo marcada por la ausencia de hechos de violencia y por la unión de distintos sectores bajo los símbolos nacionales. En ese contexto, vinculó el concepto de libertad con los principios fundacionales de la República y con la actuación de Colombia en los escenarios internacionales.

“Fuimos capaces de encontrarnos sin violencias, prácticamente ninguna, sin quebrantos bajo una bandera, la bandera de Colombia, que es la bandera de la libertad y la soberanía nacional, por la que luchamos y estamos dispuestos a morir. Por eso no reniego de la frase ‘libertad o muerte’, que el libertador Simón Bolívar supo escribir y luchar hasta el último día y segundo de su existencia”, afirmó el mandatario.

El presidente agregó que la defensa de la libertad forma parte de la identidad nacional y aseguró que el país mantendrá una postura independiente frente a cualquier actor internacional.

“‘Libertad o muerte’ es el fundamento de la República de Colombia. No somos esclavos ni serviles de nadie. Somos libres, dijo el libertador, y por eso se llamó así. Yo le diría emancipador, que rompía las cadenas de la esclavitud y de la servidumbre”, señaló Petro, confirmando que estará en la sede de las Naciones Unidas durante el período en que Colombia preside el Consejo de Seguridad.

El mandatario indicó que durante la presidencia colombiana impulsará una agenda enfocada en la paz mundial, el respeto por las normas internacionales y la defensa del sistema multilateral. “Y bajo nuestra presidencia, unos días en este gobierno, otros en el que vendrá, sobre el cual no puedo predeterminar sus lineamientos, por lo menos en mi gobierno, la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse, no importa cuántos misiles se tengan en el poder y cuántos dólares en los presupuestos”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el cumplimiento de las normas internacionales constituye un elemento central para la convivencia entre los Estados. “La civilización no será civilización humana si se pierde el principio del derecho internacional y Colombia lo obedece, lo respeta, lo apoya y lo fortalece”, afirmó.

Desde el 1 de junio y durante todo el mes de junio de 2026, Colombia ejerce la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta función, el país tiene la responsabilidad de liderar las reuniones formales e informales del organismo, coordinar el programa mensual de trabajo y promover iniciativas relacionadas con la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional.

En el marco de esa presidencia están programados tres debates abiertos de alto nivel. El primero se realizará el 10 de junio sobre Medio Oriente y será presidido por Gustavo Petro. El segundo tendrá lugar el 17 de junio sobre Mujer, Paz y Seguridad y estará encabezado por Rosa Yolanda Villavicencio. El tercero se desarrollará el 24 de junio sobre Niñez y Conflicto, bajo la dirección de Leonor Zalabata.

Declaraciones en medio de tensiones políticas

El anuncio del viaje a Nueva York se produce después de las declaraciones realizadas por el presidente el jueves 4 de junio, cuando se refirió a los sectores políticos colombianos que, según afirmó, mantienen cercanía con el Gobierno de Estados Unidos.

Petro aseguró que los “aliados” del Gobierno de Estados Unidos en Colombia “vienen de la gobernanza narcoparamilitar”. Sus declaraciones se conocieron después de que Washington y el presidente estadounidense, Donald Trump, expresaran respaldo al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondientes a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

En declaraciones entregadas a la agencia AFP desde la Casa de Nariño, Petro afirmó: “Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico estén ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen”. Posteriormente agregó: “Son genocidas y narcotraficantes”.

Petro ha mantenido posiciones críticas frente a Trump y ha protagonizado diferencias políticas con gobiernos de derecha de la región, entre ellos los encabezados por Daniel Noboa, Javier Milei, José Antonio Kast y Nayib Bukele.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta contra Santiago Uribe Vélez por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado dentro del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como “Los doce apóstoles”.

La decisión confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de 2025, que había revocado la absolución dictada en primera instancia.

Con esta determinación, la Corte concluyó que existían pruebas suficientes para establecer que Santiago Uribe integró y dirigió la estructura ilegal que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa y que estuvo vinculada a un plan sistemático de asesinatos contra personas señaladas como delincuentes o colaboradoras de grupos insurgentes.

Entre los hechos analizados estuvo el homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor de una escalera asesinado el 25 de febrero de 1994.

Las diferencias quedaron consignadas en un salvamento parcial de voto

Pese a la decisión mayoritaria de la Sala de Casación Penal, la sentencia estuvo acompañada por un salvamento parcial de voto suscrito por los magistrados Gerardo Barbosa Castillo y José Joaquín Urbano Martínez, quienes expresaron desacuerdos frente a uno de los fundamentos jurídicos del fallo, lo que indica que hubo discrepancias respecto de determinadas consideraciones jurídicas contenidas en el fallo, aunque no necesariamente frente al resultado final de la decisión.

En este caso, la discusión estuvo relacionada con aspectos que la propia sentencia identifica como objeto de debate dentro del proceso, particularmente aquellos asociados a la caracterización de los delitos como crímenes de lesa humanidad y a las consecuencias jurídicas derivadas de esa calificación.

La controversia jurídica no era nueva dentro del expediente. Desde la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia se había planteado una interpretación sobre los términos de prescripción aplicables a los delitos de lesa humanidad después de la interrupción generada por la ejecutoria de la resolución de acusación. Esa discusión fue expresamente resaltada por el propio Tribunal para conocimiento de la Corte Suprema en caso de una eventual impugnación.

La sentencia de la Corte dedicó un capítulo específico a examinar si los delitos atribuidos a Santiago Uribe podían ser considerados de lesa humanidad. Para ello analizó estándares del derecho internacional, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia nacional sobre ataques sistemáticos contra la población civil.

La Sala concluyó que el homicidio agravado y el concierto para delinquir agravado investigados en este caso sí podían ser catalogados como delitos de lesa humanidad, al considerar acreditada la existencia de una política de exterminio dirigida contra determinados sectores de la población en municipios del norte de Antioquia. Sin embargo, los magistrados que salvaron parcialmente su voto no compartieron esta determinación.

A juicio de Barbosa Castillo y Urbano Martínez, al no existir una norma que otorgue esa condición al concierto para delinquir agravado, la acción penal por ese delito debía entenderse extinguida por el paso del tiempo.

En esa línea, sostuvieron que “como el delito se cometió entre 1990 y 1994... este término habría corrido en su integridad antes de la ejecutoria de la resolución de acusación”, razón por la cual estimaron que la persecución penal por ese cargo ya no era procedente.

Los magistrados también cuestionaron que la jurisprudencia amplíe el catálogo de conductas consideradas crímenes de lesa humanidad sin una regulación legislativa previa. En el documento señalaron que “para ampliar el catálogo de crímenes de lesa humanidad, primero debe expedir una ley que los tipifique...”.

Asimismo, advirtieron que atribuir esa condición a delitos que no han sido definidos expresamente como tales por el legislador “vulnera el principio de legalidad”, uno de los pilares del derecho penal.

La mayoría respaldó la valoración probatoria

Uno de los puntos centrales del fallo consistió en la revisión de la valoración de los testimonios que sirvieron de soporte para la condena. La Corte respaldó la postura del Tribunal Superior de Antioquia, según la cual la sentencia absolutoria de primera instancia había realizado un análisis fragmentado de las pruebas.

La providencia destacó la coincidencia entre los testimonios de Juan Carlos Meneses Quintero, Alexander Amaya Vargas, Eunicio Pineda Luján y Olguan Agudelo Betancur sobre el papel atribuido a Santiago Uribe dentro de la organización conocida como “Los Doce Apóstoles”. Según la Corte, estos testimonios convergían en señalarlo como uno de los líderes de la estructura ilegal.

Asimismo, la Sala sostuvo que existían otros elementos de corroboración provenientes de informes oficiales, declaraciones de funcionarios públicos, exintegrantes de grupos armados y habitantes de la región, que reforzaban la hipótesis de su participación en la organización.

La Corte concluyó que las impugnaciones de la defensa no lograron desvirtuar la tesis según la cual Santiago Uribe fue integrante y líder de “Los doce apóstoles”, ni tampoco su responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos Durán.

Con base en ese análisis, la Sala de Casación Penal confirmó integralmente la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Antioquia. La decisión mantuvo la declaración de responsabilidad por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, considerados dentro de un contexto de lesa humanidad.

La providencia puso fin al trámite de impugnación especial y señaló que contra la decisión no procede ningún recurso.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual se introducen modificaciones a las disposiciones relacionadas con la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. La medida fue adoptada por el presidente de la República, Gustavo Petro, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales contempladas en la Constitución Política y la ley.

De acuerdo con el texto oficial, la nueva norma modifica el artículo 5 del Decreto 1069 del 25 de junio de 2018, que regulaba los mismos aspectos relacionados con los esquemas de seguridad destinados a los exmandatarios del país.

Cambios en la asignación de vehículos para los esquemas de protección

La disposición define nuevamente los responsables de suministrar los vehículos, el personal de protección y los elementos necesarios para el funcionamiento de dichos esquemas. El artículo primero del decreto 0563 establece que los vehículos automotores destinados a los esquemas de protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes serán asignados por varias entidades del Estado.

Según la nueva redacción del artículo 5 del Decreto 1069 de 2018, “Los vehículos automotores para el esquema de protección y seguridad serán asignados por parte del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia”, incorporando expresamente a estas entidades como responsables de suministrar todo lo necesario para las labores de protección y seguridad.

Este cambio, que hace referencia tanto a organismos adscritos al sector defensa como a entidades especializadas en inteligencia y protección, tiene como propósito garantizar una distribución de responsabilidades en materia logística para los esquemas de seguridad.

Policía Nacional y UNP asumirán la asignación del personal de protección

El decreto también define la responsabilidad sobre el personal encargado de la protección directa de los expresidentes y exvicepresidentes. De acuerdo con el texto oficial, “El personal de protección será asignado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección”.

Con esta disposición, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) quedan señaladas como las entidades encargadas de disponer los integrantes de los esquemas de seguridad que acompañan a los exmandatarios y exvicepresidentes.

La norma no establece cambios en cuanto a la existencia de dichos esquemas, sino que precisa las entidades responsables de asignar los funcionarios encargados de las labores de protección.

Equipos, armamento y comunicaciones serán suministrados por las entidades vinculadas

Otro de los aspectos regulados por el decreto corresponde a los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección. El texto señala que “Los elementos para el servicio de seguridad y protección requeridos, tales como medios de comunicaciones, armamento y demás que se consideren indispensables serán suministrados por la entidad a la que se encuentren vinculados el personal de protección”.

De esta manera, cada entidad que tenga adscrito al personal de protección será responsable de proveer los equipos y recursos requeridos para el cumplimiento de sus funciones, incluidos sistemas de comunicación, armamento y otros elementos considerados necesarios para garantizar la operación de los esquemas de seguridad.

El decreto 0563 establece además que la medida rige a partir de la fecha de su publicación. Además del presidente de la República, la norma cuenta con las firmas del ministro del Interior, Armando Benedetti; del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; del ministro de Defensa Nacional; y del director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así las cosas, con la entrada en vigencia de este decreto, quedan actualizadas las disposiciones relacionadas con la asignación de recursos humanos, logísticos y operativos destinados a la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en alianza con la firma Sectorial, presentó una nueva actualización del estudio de cartera de la industria farmacéutica en Colombia, con corte al primer trimestre de 2026. El informe busca hacer seguimiento a la situación financiera del sistema de salud, transparentar las cuentas del sector y medir los recursos que las compañías mantienen pendientes de recibir por medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados a los pacientes.

De acuerdo con los resultados de la medición, la cartera total de los afiliados a Afidro alcanzó los $4,42 billones a marzo de 2026. De ese monto, cerca de $1,6 billones corresponden a cartera vencida, lo que equivale a un nivel de vencimiento del 37%.

Aumentan los tiempos de pago y la cartera deteriorada

Según el estudio, los indicadores muestran una prolongación en los tiempos de pago y un mayor peso de la cartera deteriorada dentro del sistema. El informe detalla que la cartera corriente representa el 63% del total de las obligaciones pendientes. Sin embargo, la cartera deteriorada con vencimientos superiores a 121 días registró un incremento significativo, al pasar del 11,8% en el trimestre anterior al 19,02% en marzo de 2026.

Otro de los indicadores analizados fue la rotación de cartera. Según el estudio, esta se ubicó en 204 días durante el primer trimestre de 2026, frente a los 154 días reportados en marzo de 2025. Al incorporar la cartera castigada, el indicador alcanzó los 214 días, mientras que un año antes era de 158 días.

“Los indicadores de este trimestre confirman que seguimos ante un problema estructural de liquidez, y no corresponde a una coyuntura pasajera. Que la rotación de cartera llegue a 204 días y que la cartera deteriorada a más de 121 días casi se duplique en un trimestre muestra que el sistema tarda cada vez más en pagar lo que ya se entregó. Mientras esos tiempos no se acorten, la presión sobre quienes suministran los medicamentos y las tecnologías al sistema seguirá aumentando”, afirmó Alejandro Escobar, director de Sectorial.

La medición también señala que los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de la cartera del sector. Este segmento representa el 62,3% del total, equivalente a $2,75 billones, de los cuales cerca de $1,1 billones corresponden a obligaciones vencidas. Por otra parte, el canal comercial incrementó su participación dentro de la actividad de la industria farmacéutica. Mientras que en 2025 representaba el 20,9% de la actividad del sector, en el primer trimestre de 2026 alcanzó el 26,59%.

Crece la cartera castigada

Uno de los aspectos destacados por el estudio corresponde al comportamiento de la cartera castigada, entendida como aquella que las compañías consideran de muy difícil recuperación. Según los datos presentados por Afidro y Sectorial, este indicador pasó de representar el 1,08% de la cartera total de los afiliados en marzo de 2025 al 7,36% en marzo de 2026. En términos de valor, el crecimiento fue de $47,4 mil millones a $325,3 mil millones durante ese mismo periodo.

La evolución de este indicador refleja un aumento de las obligaciones que las compañías consideran con menores posibilidades de recuperación, en un contexto marcado por la acumulación de deudas dentro del sistema de salud.

El estudio sostiene que este comportamiento evidencia un deterioro sostenido en la capacidad de recuperación de los recursos adeudados por distintos actores del sistema, situación que se suma al incremento de los tiempos de pago observados durante el último año.

Afidro advierte por efectos sobre los pacientes

Además de los impactos financieros para los diferentes actores del sector, Afidro señaló que el deterioro de la situación económica del sistema de salud tiene consecuencias directas sobre los pacientes. Según el gremio, los retrasos en los pagos generan barreras para el acceso oportuno a medicamentos y servicios, además de comprometer la continuidad de tratamientos que dependen de una provisión constante de tecnologías y productos farmacéuticos.

La organización indicó que un estudio realizado junto con Algebra Labs encontró que entre 2022 y 2024 el gasto de bolsillo en salud aumentó 63,4% en los hogares de menores ingresos. De acuerdo con Afidro, este incremento representa una carga adicional para las familias con menor capacidad económica.

“El mayor compromiso es con los pacientes, que cada persona pueda continuar su tratamiento y acceder a tiempo a los medicamentos que necesita. Los números nos ayudan a dimensionar los retos del sistema, pero detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia, y es ahí donde ponemos el foco. Por eso invitamos a que la sostenibilidad del sistema de salud sea una prioridad para el próximo líder del país y a construir, entre todos los actores, un diálogo que mantenga al paciente en el centro de cada decisión. Trabajando juntos podemos cuidar el sistema y, con él, la salud y la vida de los colombianos”, concluyó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.

Un foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia tuvo que ser suspendido el miércoles 3 de junio, luego de los disturbios registrados al interior de la institución por la presencia de un grupo de personas encapuchadas. Los hechos derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional, afectaciones a la movilidad en varios sectores del norte de Medellín y la evacuación de la comunidad universitaria.

La situación comenzó hacia el mediodía cuando un grupo de encapuchados protagonizó una protesta dentro del campus universitario. Posteriormente, se registró una confrontación entre los manifestantes que permanecían en el interior de la institución y unidades de la Policía ubicadas en la parte externa, lo que generó alteraciones en el orden público tanto dentro de la universidad como en sus alrededores.

Como consecuencia de los enfrentamientos, las autoridades reportaron cierres en la calle Barranquilla y en la avenida Regional, desde el sector de la Minorista hasta la Universidad de Antioquia, en la calzada occidental. Además, los desmanes se extendieron hacia los alrededores de las vías Barranquilla y Ferrocarril.

Según la información conocida, cerca de 40 encapuchados participaron en los disturbios; situación que llevó a la suspensión de actividades académicas, administrativas y recreativas, así como a la evacuación de las personas que se encontraban dentro del campus.

Uno de los eventos afectados por los disturbios fue el foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia, que se desarrollaba en el momento en que ocurrieron las alteraciones de orden público. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que la actividad tuvo que ser cancelada debido a la situación registrada dentro de la institución.

A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió a los hechos y solicitó la intervención de las autoridades. “Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA. El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar. La autonomía universitaria NO es terrorismo. Los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los Antioqueños con seguridad y tranquilidad”, escribió Rendón.

Alcalde Federico Gutiérres: “No son estudiantes, son terroristas”

La Alcaldía de Medellín informó que adelantaría acciones para restablecer el orden público en la Universidad de Antioquia tras los enfrentamientos registrados durante la jornada. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que las personas involucradas en los hechos no pertenecen a la comunidad estudiantil y señaló que las autoridades mantendrán acciones orientadas a garantizar la seguridad dentro del campus universitario.

Durante una declaración pública, el mandatario afirmó que la Policía Nacional debe intervenir para recuperar la tranquilidad en la institución y sostuvo que los responsables de los disturbios estarían utilizando artefactos explosivos. “No son estudiantes, son terroristas; están armados, están llenos de explosivos y le hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, le hacen daño a Medellín y le hacen daño a Colombia”, manifestó Gutiérrez.

Gutiérrez también indicó que algunas de las personas involucradas habrían llegado desde otras regiones del país y aseguró que su administración continuará implementando medidas para preservar el orden público en la ciudad.

Petro se pronunció tras los señalamientos del alcalde

Horas después de las declaraciones del alcalde de Medellín, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a lo sucedido en la Universidad de Antioquia mediante una publicación en su cuenta de X.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en respuesta a las declaraciones de Federico Gutiérrez sobre los disturbios y la situación de orden público registrada en la institución educativa. “El apoyo que le he dado a la Universidad de Antioquia es de más de medio billón de pesos para que sea centro del saber en Antioquia y desarrolle los medicamentos. Que necesita el pueblo colombiano. No confunda ayuda para la Vida con ayuda para la muerte (sic)”, escribió Petro.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por los disturbios y mantienen el monitoreo de la situación para garantizar el restablecimiento de las actividades académicas y administrativas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas capturadas o lesionadas durante los enfrentamientos registrados en la jornada.

Por su parte, la Universidad de Antioquia reiteró la necesidad de proteger los espacios académicos y rechazó cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. Entre tanto, la Alcaldía de Medellín y los organismos de seguridad mantienen presencia en el sector con el fin de evitar nuevas alteraciones del orden público y facilitar el regreso a la normalidad dentro del campus.

La reacción del presidente Gustavo Petro frente al apoyo manifestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella generó una cadena de respuestas de dirigentes políticos que cuestionaron la postura del mandatario colombiano y recordaron intervenciones previas suyas en asuntos políticos de otras naciones.

La controversia comenzó luego de que Trump felicitara públicamente a De la Espriella tras su victoria en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y expresara su respaldo de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio. Frente a ese pronunciamiento, Petro afirmó que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, declaración que fue respondida por varios dirigentes políticos.

Uno de los primeros en reaccionar fue el congresista estadounidense Carlos Giménez, representante republicano por el estado de Florida, quien utilizó su cuenta de X para responder directamente al jefe de Estado colombiano.

“Usted es un total hipócrita. ¿No se acuerda cuando explícitamente pidió a los colomboamericanos de mi distrito votar por el partido Demócrata? ¿O estaba drogado cuando lo escribió? ¡Y los colomboamericanos hicieron todo lo contrario!”, escribió Giménez.

En su publicación, el congresista recordó un mensaje difundido por Petro en junio de 2022, cuando el entonces senador se refirió a las elecciones estadounidenses y al comportamiento electoral de los colombianos residentes en Florida.

En esa oportunidad, Petro señaló: “Le pido al electorado colombiano en Miami, no escoger el camino a lo Trump, votar demócrata y ganar independencia política en la Florida hace valioso el voto colombiano”.

La respuesta de Giménez se produjo en medio del debate generado por el respaldo que Trump expresó hacia De la Espriella, candidato que avanzó a la segunda vuelta presidencial tras obtener 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Su contendor será Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

Trump destacó la victoria del abogado colombiano mediante un mensaje en el que afirmó: “Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria”.

El mandatario estadounidense agregó que De la Espriella podría conducir a Colombia hacia objetivos relacionados con el crecimiento económico, la generación de empleo, la promoción del comercio, la lucha contra el crimen y las drogas, así como el fortalecimiento del orden público.

Además, sostuvo que los resultados de la elección colombiana tendrán implicaciones para la relación bilateral entre ambos países. “Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, manifestó Trump, quien también expresó su respaldo total al candidato.

Las declaraciones de Petro también motivaron una reacción del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien cuestionó la posición del presidente y enumeró varios episodios en los que, según afirmó, el mandatario colombiano se pronunció sobre asuntos políticos internos de otros países.

“¿No intervino usted en los asuntos del Perú cuando defendió al golpista Pedro Castillo? ¿No intervino en Argentina cuando se pronunció a favor del rival de Javier Milei? ¿No sucedió lo propio cuando se despachó contra Donald Trump en plena campaña estadounidense?”, escribió el congresista.

Motoa también mencionó otros episodios relacionados con declaraciones de Petro sobre la situación política en países de la región. “Sus opiniones absurdas sobre la política carcelaria de El Salvador, la vez que desconoció los resultados en Ecuador (sin pruebas) o su más reciente espaldarazo a las protestas violentas en Bolivia. ¡No sea llorón! Le están aplicando su propia medicina”, agregó.

El respaldo de Giménez a De la Espriella tras la primera vuelta

Las declaraciones de Carlos Giménez sobre el escenario electoral colombiano no comenzaron con la respuesta a Petro. Días antes, tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el congresista republicano ya había expresado públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en X, Giménez aseguró: “Con @ABDELAESPRIELLA la relación entre Estados Unidos y Colombia será más fuerte que nunca”. Asimismo, destacó la imagen que, según él, tiene el candidato colombiano en Washington. “Desde el Congreso, afirmo que Abelardo es respetado en Washington y contará con apoyos claves para impulsar la economía y salvaguardar la institucionalidad colombiana”, señaló.

Posteriormente, en un video difundido desde Miami, el legislador felicitó al aspirante presidencial por su resultado electoral. “Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo, que es muy impresionante”, manifestó.

Además, hizo un llamado a los sectores políticos contrarios al Gobierno para respaldar la candidatura de De la Espriella en la segunda vuelta. “A todos los candidatos de la oposición, tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano”, afirmó.

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el presidente del Senado, Lidio García, cuestionó públicamente el desempeño de las empresas encuestadoras y pidió abrir una discusión sobre la manera en que estas mediciones son realizadas y divulgadas durante las campañas electorales.

A través de su cuenta de X, García sostuvo que las diferencias registradas entre las proyecciones de varias firmas y los resultados oficiales ameritan un análisis sobre el papel de las encuestas en los procesos democráticos. El dirigente político afirmó que “nuevamente se equivocaron las empresas encuestadoras” y señaló que las brechas observadas entre los sondeos y las urnas deben conducir a una discusión sobre “la regulación, las metodologías y la accountability de estas empresas”.

En su mensaje, García indicó que las diferencias no pueden atribuirse únicamente a los márgenes de error propios de este tipo de estudios. “Entre los resultados de las urnas y los pronósticos, hubo brechas significativas que nos deben conducir a un debate serio y profundo sobre la regulación, las metodologías y la accountability de estas empresas”, escribió.

El exsenador también manifestó preocupación por el impacto que, según afirmó, pueden tener las encuestas sobre la percepción de los electores durante una campaña presidencial. “Resulta preocupante que estos ejercicios hayan servido sistemáticamente para inviabilizar candidaturas y potencializar otras, influyendo en percepciones y decisiones antes de que el ciudadano ejerciera su voto”, señaló en otra parte de su publicación.

Asimismo, planteó interrogantes sobre el alcance de las mediciones y el efecto que estas pueden tener en la opinión pública. “Los responsables deben contestarle al país si midieron o trataron de inducir la intención de voto, más allá de explicar por qué estuvieron tan distantes de la realidad política y el verdadero sentir del pueblo”, expresó.

Finalmente, agregó que “la democracia no puede permitirse que las encuestas afecten sus dinámica con total impunidad”.

Las diferencias entre las encuestas y los resultados sobre Cepeda y De la Espriella

Los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial confirmaron que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella avanzaron a la segunda vuelta, un escenario que sí había sido anticipado por las principales encuestas publicadas antes de la elección. Sin embargo, las mediciones no lograron reflejar con precisión la distribución final de los votos ni el comportamiento de algunos de los principales candidatos en la recta final de la campaña.

De acuerdo con los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella ocupó el primer lugar con el 43,73% de la votación, equivalentes a 10.344.679 sufragios. Iván Cepeda obtuvo el segundo lugar con el 40,91% y 9.679.145 votos. En tercer lugar quedó Paloma Valencia con el 6,92%, correspondiente a 1.637.428 votos.

Al contrastar esos resultados con las últimas encuestas conocidas antes de la jornada electoral, se evidencian diferencias importantes en la medición del crecimiento de Abelardo de la Espriella y en la estimación de los apoyos de Iván Cepeda y Paloma Valencia.

La encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol, ubicaba a Cepeda en el primer lugar con el 44,6% de la intención de voto, mientras que Abelardo aparecía con el 31,6%. La diferencia proyectada era de 13 puntos porcentuales. En las urnas, sin embargo, el resultado terminó favoreciendo a Abelardo, quien superó a Cepeda por cerca de tres puntos.

De esta manera, la votación obtenida por Abelardo estuvo alrededor de 12 puntos por encima de la cifra que le atribuía esa medición, mientras que Cepeda registró un resultado inferior al proyectado.

Una situación similar ocurrió con la encuesta de Guarumo. La firma ubicaba a Cepeda con el 37,1%, seguido por Abelardo con el 27,5% y Paloma Valencia con el 21,7%. Los resultados oficiales mostraron una diferencia considerable frente a esas estimaciones, especialmente en el caso de Abelardo, quien terminó obteniendo más de 16 puntos porcentuales por encima de lo calculado por la encuestadora.

El caso de Paloma Valencia y la encuesta que más se acercó

Entre las principales mediciones divulgadas antes de las elecciones, una de las que más se aproximó al comportamiento real de la contienda fue la realizada por AtlasIntel para Revista Semana.

Ese sondeo registraba a Iván Cepeda con el 37,7% de la intención de voto y a Abelardo de la Espriella con el 36,3%, una diferencia de apenas 1,4 puntos porcentuales. Aunque también proyectaba a Cepeda en el primer lugar, fue la única medición que mostraba una competencia mucho más cerrada entre ambos aspirantes; no obstante, tampoco logró anticipar el resultado definitivo. Abelardo terminó obteniendo cerca de siete puntos más de los que le asignaba la encuesta y finalmente ganó la primera vuelta presidencial.

Otro de los aspectos que llamó la atención tras la jornada electoral fue el desempeño de Paloma Valencia. Ninguna de las principales encuestas anticipó la magnitud de su caída electoral.

Invamer la ubicaba en el 14%, AtlasIntel en el 13,9 % y Guarumo en el 21,7%; sin embargo, el resultado final fue de apenas 6,92 % de los votos. En algunos casos, las proyecciones llegaron a atribuirle más del doble de la votación que finalmente obtuvo.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes concluyó la etapa de investigación preliminar relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El proceso se originó a partir de hallazgos electorales remitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y buscaba establecer si existieron posibles conductas relacionadas con financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de topes o límites de gastos.

De acuerdo con un documento conocido por Caracol Radio, dos de los tres integrantes del triunvirato investigador, los representantes Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, presentaron un salvamento de voto frente a la decisión inhibitoria adoptada dentro del expediente.

En el documento sostienen que la etapa preliminar permitió recaudar elementos que justificarían continuar con la actuación judicial y avanzar hacia una investigación formal.

Hallazgos e indicios identificados durante la investigación

La investigación preliminar concluyó con la identificación de indicios sobre posibles gastos que no habrían sido reportados oficialmente, aportes que presuntamente habrían sido canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades relacionadas con recursos destinados a testigos electorales durante la campaña presidencial de 2022.

El expediente tiene su origen en denuncias y en la remisión de información por parte del Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Entre las conductas objeto de revisión se encuentran los presuntos delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, contemplado en el artículo 396A del Código Penal, y la presunta violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, establecida en el artículo 396B.

En el salvamento de voto, los representantes investigadores manifestaron su desacuerdo con la determinación de cerrar el caso mediante una decisión inhibitoria. Los congresistas señalaron que los elementos recopilados durante la fase preliminar ameritaban la vinculación formal del presidente Gustavo Petro Urrego al proceso y la práctica de nuevas actuaciones investigativas.

Solicitud de nuevas pruebas

En el documento también se plantean varias diligencias complementarias que, según los firmantes del salvamento de voto, deberían ser ordenadas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Entre ellas figura una solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para obtener información sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

Asimismo, se propone la compulsa de copias a la jurisdicción penal ordinaria respecto de personas no aforadas que eventualmente pudieran aparecer involucradas en los hechos objeto de investigación, de conformidad con lo establecido en la Ley 600 de 2000.

Otra de las medidas planteadas consiste en comunicar la apertura de la investigación a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, debido a que dentro de las conductas examinadas también se menciona la posible configuración de fraude procesal contra la administración pública.

“Las pruebas que aquí se sugiere ordenar no agotan el universo probatorio de la instrucción y podrán ser complementadas con otras que, en el curso de la investigación, resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, señala el documento suscrito por los representantes investigadores.

Salvamento de voto frente a la decisión inhibitoria

El texto fechado el 3 de junio de 2026 corresponde a un “Salvamento de voto al auto por medio del cual se profiere decisión inhibitoria en materia penal”. Allí, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza explican que su posición difiere de la adoptada por el coordinador del triunvirato investigador, Alirio Uribe Muñoz.

La posición de los dos investigadores se traduce en la solicitud de vincular formalmente al presidente Gustavo Petro al expediente y llamarlo a indagatoria, mientras que la decisión mayoritaria dentro del triunvirato fue cerrar la investigación previa mediante un auto inhibitorio.

Con la presentación de este salvamento de voto quedó consignada formalmente la diferencia de criterio entre los integrantes del equipo investigador sobre el alcance de los hallazgos obtenidos durante la fase preliminar y los pasos que deberían seguirse dentro del proceso relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2022.

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió inhibirse de emitir un fallo de fondo sobre la demanda presentada contra la Ley 2494 de 2025, norma que establece medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas electorales y de opinión política en Colombia.

La determinación quedó consignada en la Sentencia C-167 de 2026, correspondiente al expediente D-16799, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez. Según informó la corporación, la decisión se fundamentó en la ineptitud sustantiva de la demanda, razón por la cual la Corte se abstuvo de estudiar los cargos planteados contra la ley y no realizó un análisis material sobre su constitucionalidad.

La votación fue de seis magistrados a favor de la inhibición y tres en contra. Los magistrados Juan Carlos Cortés González, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, de acuerdo con la información divulgada por la corporación.

Cabe precisar que la comunicación emitida en la tarde del miércoles 3 de junio, corresponde únicamente a la parte resolutiva de la decisión adoptada por la Sala Plena, por lo que no sustituye la sentencia completa, que será conocida en su totalidad en los próximos días.

Los argumentos que planteaba la demanda

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ciudadano Juan Manuel López Molina, que solicitó la declaratoria de inexequibilidad total de la Ley 2494 de 2025. En su escrito, sostuvo que la norma vulneraba los artículos 152, 153 y 334 de la Constitución Política, así como el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

El demandante estructuró su acción en dos cargos principales. El primero señalaba una presunta violación de la reserva de ley estatutaria. Según la demanda, la regulación sobre encuestas electorales incidía directamente en materias relacionadas con la libertad de expresión, la libertad de información, la participación política, las funciones electorales y los mecanismos de participación ciudadana, asuntos que, a su juicio, debían tramitarse mediante una ley estatutaria y no a través de una ley ordinaria.

En la síntesis de la demanda se afirmaba que la ley “regula de forma directa derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política, al condicionar y restringir la publicación de encuestas en contextos electorales”. Además, sostenía que la norma asignaba nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral y modificaba aspectos del debate público electoral.

El segundo cargo cuestionaba la ausencia de un análisis de impacto fiscal durante el trámite legislativo. El accionante argumentó que varias disposiciones imponían nuevas obligaciones al Consejo Nacional Electoral, entre ellas la creación de una comisión técnica, la realización de auditorías, la administración de registros y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, sin que se hubiera elaborado un estudio técnico sobre los costos de dichas medidas.

De acuerdo con la demanda, la exposición de motivos del proyecto se limitó a señalar que la iniciativa no tenía impacto fiscal, lo que, según el ciudadano, resultaba insuficiente frente a las exigencias previstas en la Ley 819 de 2003.

¿Qué regula la Ley 2494 de 2025?

La Ley 2494 de 2025 fue expedida con el propósito de regular la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y estudios de opinión política, con el objetivo de garantizar la transparencia de la información y fortalecer la confiabilidad de estos instrumentos.

Entre sus disposiciones, la norma define qué debe entenderse por encuestas probabilísticas y sondeos, establece requisitos metodológicos para la selección de muestras, fija parámetros de margen de error y niveles de confianza, regula la publicación de encuestas de intención de voto y exige la divulgación de fichas técnicas detalladas.

La ley también creó una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral, estableció un Registro Nacional de Firmas Encuestadoras y dispuso mecanismos de auditoría y trazabilidad de los datos utilizados en estos estudios.

Además, contempla la obligación de rectificar información errónea relacionada con encuestas, crea espacios para la presentación de observaciones ciudadanas y fija condiciones para la conservación y entrega de información técnica a las autoridades electorales.

Con la inhibición adoptada por la Sala Plena, la Corte Constitucional no examinó el fondo de los cargos formulados contra la Ley 2494 de 2025 ni emitió un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de sus disposiciones. Esto significa, en conclusión, que la Ley 2494 de 2025 continúa vigente y mantiene en aplicación las reglas actualmente establecidas.

La defensa de David Abadi, Max Abadi y la compañía Lili Pink se pronunció ante la opinión pública y los medios de comunicación luego de que se fijara una fecha para la audiencia de imputación dentro del proceso que enfrentan los directivos y la empresa.

A través de un comunicado firmado por el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, la defensa manifestó su satisfacción por la programación de la diligencia judicial, al considerar que será el escenario en el que podrán conocer oficialmente los señalamientos formulados por las autoridades y presentar sus argumentos ante la justicia.

“La defensa de David Abadi, Max Abadi y Lili Pink celebra que por fin se haya fijado una fecha para la audiencia de imputación, pues este será el escenario para conocer formalmente las acusaciones en su contra y ejercer plenamente el derecho de defensa”, indicó en el documento.

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