La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una determinación que mantiene, por ahora, el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo la instrucción de la justicia ordinaria.

La controversia procesal no definía la culpabilidad o inocencia del exmandatario, sino la autoridad facultada para investigarlo.

El alto tribunal debía pronunciarse de fondo y asignar formalmente el caso a una de las dos instancias en disputa: dejarlo en manos de los fiscales delegados o trasladar las actuaciones a la célula legislativa del Congreso encargada de investigar a los jefes de Estado bajo el fuero presidencial.

Sin embargo, tras la sesión extraordinaria que inició a las 9:00 a. m. del lunes 9 de noviembre, los nueve magistrados concluyeron que no estaban dadas las condiciones jurídicas para emitir una orden que zanjara el choque de poderes. La Sala Plena decidió abstenerse de tomar partido, al dejar el expediente en la misma instancia judicial donde se venía tramitando.

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El expresidente Gustavo Petro propuso públicamente una alianza política e incluso de carácter electoral a su histórico opositor, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, con el fin de conformar un frente común para frenar las iniciativas de gobierno del actual presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La declaración ocurrió durante el evento denominado Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, realizado en el Club Unión en Medellín (Antioquia) ante congresistas y militantes del Pacto Histórico, espacio en el que el exmandatario expuso durante cerca de 40 minutos las líneas estratégicas de la oposición.

A través de su pronunciamiento en la capital antioqueña y de la red social X, Petro justificó la invitación a Uribe al asegurar que se requiere un frente conjunto para defender la Constitución Política frente a lo que calificó como el mandato de De la Espriella.

Petro le propone a su viejo contradictor una alianza contra De la Espriella

“Convocamos a un Pacto por la Vida para detener al fascismo. Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido. Le propongo al expresidente Álvaro Uribe hacer un acuerdo, incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia. A los narcofascistas desde Medellín les decimos: con el fascismo no se negocia y ¡No Pasarán! (sic)”, escribió el exmandatario en X.

Durante el discurso en el recinto, Petro detalló los puntos concretos en los que buscaría coordinar acciones con la bancada del Centro Democrático en el Congreso y en organismos económicos del Estado.

“Por eso a Uribe le propongo en Antioquia: podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores”, dijo el expresidente.

Y añadió: “Y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco”.

El exmandatario advirtió que la primera orden para los congresistas de su movimiento es rechazar de plano cualquier incremento tributario que afecte los productos básicos de la canasta familiar, advirtiendo sanciones políticas para quienes apoyen las iniciativas del Ministerio de Hacienda: “Ningún congresista votará por impuestos a la comida del pueblo colombiano, si es del Pacto o si no se va”.

“Ahora imagínese usted a un colombiano reclamando la devolución del IVA por comprar cinco huevos, $2.000 de pan o una bolsa de leche. Eso no tiene ningún sentido. Eso es decirle mentiras al país. No me verán votando un solo impuesto que castigue el bolsillo de los colombianos”, dijo Petro.

Esta es una de las razones de la orden de Petro a su bancada del Pacto Histórico

La crítica que lanzó el ex jefe de Estado va dirigida directamente al proyecto de reforma tributaria o ley de rescate fiscal que el Gobierno radicó ante el Congreso, el cual propone aplicar la tarifa general de IVA del 19% a alimentos básicos que antes no pagaban impuesto o tenían tarifas diferenciales.

Entre los alimentos que podrían ser gravados están el café, el azúcar, los aceites, las pastas y diversas frutas y hortalizas, al mantener por fuera del tributo servicios esenciales como salud, educación, transporte, arriendos y productos específicos como la papa.

Para mitigar el golpe en el bolsillo de los hogares de menores ingresos, el Gobierno plantea un mecanismo de devolución masiva gestionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Prosperidad Social, al proyectar reembolsar el 100% del IVA a 19 millones de personas y hasta el 50% a otros 16,5 millones, mediante giros o depósitos bancarios en plazos menores a 15 días tras registrar las compras con cédula y factura electrónica.

Frente a esta reforma tributaria, Gustavo Petro convocó a la movilización ciudadana y a marchas en las principales ciudades para el 19 de noviembre de 2026, al señalar que el rol prioritario del progresismo se definirá en el espacio público antes que en la contienda en las urnas.

“La primera consigna del Pacto Histórico no es cómo ir a elecciones, es cómo ir a las calles. Se caiga o no se caiga el presidente electo fraudulentamente, el papel del Pacto Histórico se llama las calles”, dijo en su discurso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció una serie de alternativas laborales para restablecer la atención de cerca de 3.000 niños y niñas en hogares infantiles del departamento de Antioquia, tras la suspensión del servicio registrada desde el lunes 2 de noviembre de 2026 por traumatismos en los trámites de contratación.

Carolina Restrepo, directora del Bienestar Familiar, confirmó que las nuevas entidades operadoras seleccionadas para prestar los servicios de primera infancia tienen la instrucción y la disposición de contratar a las 300 madres comunitarias y trabajadoras que quedaron sin empleo tras el vencimiento de los acuerdos anteriores.

La interrupción de las actividades pedagógicas y de cuidado infantil generó el pronunciamiento de líderes locales en la región, entre ellos el concejal de Medellín Jorge Julián Osorio, que alertó a través de sus plataformas digitales sobre el impacto social que deja a miles de menores de edad sin paquetes de alimentación diaria en los sectores urbanos y rurales.

En un video difundido en sus redes sociales, el concejal Osorio exigió una respuesta urgente al Gobierno nacional para superar la parálisis de los centros de cuidado: “Presidente, directora del Icbf, necesitamos su apoyo”.

“En Antioquia, 3.000 niños beneficiarios del Icbf se quedaron sin alimentación, 300 madres comunitarias sin contrato; esta es una problemática social muy grande, necesitamos una rápida intervención, es una problemática que deja a los niños sin alimentación, una problemática que afecta mucho nuestros sectores sociales. Como concejal de Medellín, pido el favor de que se haga una urgente intervención; no podemos dejar a la niñez de Antioquia a la deriva”, dijo el cabildante en su denuncia en X.

El Icbf ofrece nuevos contratos y advierte sobre presuntas presiones sindicales

Frente a este reclamo público, la directora del Icbf, Carolina Restrepo, emitió un pronunciamiento institucional para fijar la hoja de ruta de la entidad, al señalar que la solución para reactivar las sedes infantiles depende de que las trabajadoras conozcan y acepten las ofertas de vinculación que tienen los nuevos operadores asignados por el Estado.

La funcionaria envió un mensaje formal a las comunidades educativas afectadas en el territorio antioqueño: “Queremos darles tranquilidad a las madres comunitarias y a las familias de Antioquia. Los operadores seleccionados por el Icbf han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias. Esa oportunidad existe y es importante que ellas la conozcan directamente, con información clara sobre las condiciones y el respeto de sus derechos laborales”.

No obstante, la dirección del instituto expresó inquietud por directrices gremiales que estarían bloqueando la firma de los contratos y retrasando la apertura de las guarderías comunitarias en los diferentes barrios.

“Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación, si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y al mismo tiempo promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando, invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación”, se lee en el comunicado que publicó Carlina Restrepo.

La directora reiteró además que la selección y designación de las organizaciones que administran los hogares es una competencia exclusiva de la administración nacional, por lo cual los intermediarios no pueden supeditar la operación pública a condiciones sindicales.

Restrepo señaló: “También debemos ser claros sobre las responsabilidades institucionales: la selección del operador le corresponde al Icbf conforme a los procedimientos establecidos”.

“Las madres comunitarias y sus organizaciones tienen derecho a expresar sus inquietudes, exigir el cumplimiento de sus derechos y ejercer vigilancia sobre el servicio, pero eso no significa que puedan imponer al operador o condicionar las decisiones de contratación de la entidad”, aseveró en su extenso escrito.

Investigan posibles cobros de dinero a padres durante el cierre de los hogares infantiles

La funcionaria alertó sobre estos cobros indebidos y pidió denunciar los casos: “Hemos recibido reportes sobre solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones; estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones, por lo que invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al Icbf para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”.

Para destrabar el servicio de primera infancia en el departamento, Carolina Restrepo señaló que el Bienestar Familiar mantendrá mesas de trabajo directas en las sedes regionales con el fin de avanzar en la formalización de los contratos individuales de las madres comunitarias y verificar los compromisos logísticos de los operadores.

“Vamos a mantener un diálogo directo con las madres comunitarias, escuchar sus preocupaciones y exigir al operador el cumplimiento de sus obligaciones. Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias y tomar las decisiones del Instituto con transparencia, sin ceder a presiones”, concluyó Restrepo.

María Fernanda Cabal, exsenadora y actual militante del Partido Republicano de Colombia, protagonizó un choque público en redes sociales con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco luego de las declaraciones en las que el exfuncionario defendió su inocencia frente a las acusaciones por el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El debate inició luego de que Velasco concediera una entrevista a la revista Cambio tras recobrar la libertad incondicional por orden del Tribunal Superior de Bogotá, diligencia en la cual negó haber ordenado la entrega de contratos estatales para comprar apoyos legislativos en el Congreso de la República durante el gobierno de Gustavo Petro (en el que fungió como ministro y se derivó este escándalo judicial).

En sus declaraciones, el ex jefe de la cartera política reconoció la existencia de una “banda criminal gigantesca” en la administración anterior, aunque desmintió haber utilizado su cargo para direccionar partidas a favor de parlamentarios a través del exdirector de la Unidad Olmedo López o de su exasesor Fernando Henao.

La crítica de María Fernanda Cabal al exministro del Interior

Ante las explicaciones del exministro, María Fernanda Cabal publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X para reprochar su postura frente al desvío de recursos públicos destinados a emergencias en el país.

“Velasco dice que creían que Olmedo era ‘impoluto’ por militar en la izquierda. Qué superioridad moral tan costosa para Colombia. Saquearon la entidad que debía atender a los damnificados y ahora él se presenta como chivo expiatorio”, escribió la excongresista.

A renglón seguido y en reacción a las declaraciones del exministro, Cabal señaló: “Recuperar la libertad no significa quedar absuelto. Colombia merece justicia y que aparezca la plata”.

Lejos de quedar la crítica ahí, el exministro del Interior le contestó directamente en la misma plataforma digital a la excongresista, al señalar que los cargos formulados en su contra no contemplan el delito de apropiación indebida de fondos del erario.

“Doctora María Fernanda, escuche a uno de los fiscales del caso reconociendo que ni a mí, ni a [Ricardo] Bonilla, se nos acusa de apropiarnos de un solo centavo. El debate jurídico es otro y con pruebas en el juicio demostraré las falsedades de un testigo interesado en rebaja de penas y las deficiencias de la fiscal Patiño que, en mi parecer, no quiere investigar”, escribió Velasco en X.

Para sustentar su réplica, el exministro adjuntó una grabación correspondiente a una de las audiencias judiciales del caso, donde el delegado del ente investigador ratifica los límites de la imputación penal formulada: “Lo cierto es, y en eso sí es enfática la Fiscalía, que ellos no se apropiaron de recursos, no se ha imputado peculado ni conducta similar respecto de los exministros Velasco y Bonilla”.

La libertad de Luis Fernando Velasco no cierra el proceso

El proceso contra Velasco se formalizó el 1 de diciembre de 2025, fecha en la que fue imputado junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, bajo la hipótesis de que ambos coordinaron acuerdos irregulares con congresistas a cambio del trámite de reformas oficiales.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, al resolver favorablemente las apelaciones radicadas por su defensa y la Procuraduría contra la detención preventiva que cumplía desde el 19 de agosto. Los magistrados concluyeron que ya no se cumplían los requisitos para mantenerlo bajo reclusión el 5 de noviembre de 2026.

Pese a esta decisión, la Fiscalía mantiene la acusación formal en su contra, por lo que el proceso penal continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, corporación que aplazó el inicio de la etapa de juzgamiento formal hasta el 2 de febrero de 2027.

La postergación obedeció a reclamos técnicos presentados por las defensas de ambos exfuncionarios, quienes denunciaron fallas en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía por archivos cifrados, carpetas vacías e información ilegible, situación que obligó al alto tribunal a otorgar tres semanas de plazo para subsanar los accesos digitales al expediente.

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, respondió a los cuestionamientos del expresidente Gustavo Petro sobre los recursos para la adquisición de equipos antidrones, al desmentir que el gobierno anterior hubiera dejado presupuesto asignado o contratos vigentes para dotar a las tropas contra ataques aéreos no tripulados.

La controversia surgió tras el atentado terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, hecho en el cual tres soldados fueron asesinados, ocho resultaron heridos de gravedad y varios uniformados sufrieron afectaciones dentro de la guarnición militar, ocurrido el sábado 7 de noviembre de 2026.

Frente al hecho violento, el presidente Abelardo de la Espriella mostró su solidaridad con los familiares de las víctimas y envió una advertencia directa a las organizaciones armadas ilegales al asegurar que “no nos van a intimidar ni hacer retroceder”.

Un día después del ataque en territorio bolivarense, el expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X para responsabilizar al actual Gobierno nacional por la falta de defensas tecnológicas: “A pesar de dejar el dinero para compra de antidrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa”.

Ministro reveló lo que pasó con la adquisición de drones para uso de la fuerza pública

El titular de la cartera de Defensa le contestó directamente a través de un extenso post en la misma plataforma, al calificar los señalamientos de inexactos frente a los archivos contables del Estado: “Gustavo Petro, su afirmación contradice la verdad documental: los registros oficiales del Ministerio de Defensa desmienten que existiera dinero apropiado para comprar sistemas antidrones este año o que se haya cancelado un contrato”.

“Al asumir la administración, no existía un proceso contractual o precontractual por $6,2 billones ni una compra adjudicada. Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, escribió el alto funcionario en X.

El ministro abordó además los viajes internacionales realizados por la anterior cúpula del ministerio y aclaró que no dejaron ningún resultado jurídico vinculante para las Fuerzas Militares: “Las visitas técnicas del exministro y la exviceministra de Estrategia y Planeación a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres y EE. UU. fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato”.

De acuerdo con el alto funcionario, las propuestas de fabricantes internacionales tampoco contaban con viabilidad técnica para operar en el país: “Además, el Comité Estructurador concluyó que las ofertas extranjeras no satisfacían las exigencias de integración técnica e interoperabilidad”.

“Tampoco es verídico que la tropa esté desprotegida por decisiones actuales. Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones”, escribió Jorge Mora.

El titular del ministerio detalló las medidas que actualmente adelantan los uniformados para adquirir equipos de protección aérea con el patrimonio que hay: “Hoy la fuerza pública ejecuta compras precontractuales con presupuesto ordinario, impulsa producción propia, alista un Conpes de sostenibilidad financiera y tramita un proyecto de ley regulatorio”.

El jefe de la cartera cerró su pronunciamiento ratificando que el proceso anterior carecía de sustento en las cuentas públicas: “Los documentos prueban que no se canceló una adquisición real, sino que se heredó una propuesta sin presupuesto apropiado ni aval técnico. Señor Petro, la seguridad militar exige rigor y transparencia, no anuncios vacíos”.

El debate entre el Ministerio de Defensa y el expresidente se suma a las indagaciones que adelantan la justicia militar y la Fiscalía General de la Nación para establecer la autoría del atentado en Santa Rosa de Bolívar y evaluar la respuesta táctica de los destacamentos frente al uso de artefactos aéreos por parte de los grupos ilegales.