MAZATLÁN._ Tras el derrame de jales que causó en marzo pasado la muerte de dos trabajadores en la mina Santa Fe, en Rosario, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que encontró irregularidades en el lugar.

La empresa ya fue emplazada a nivel federal tras una revisión al interior del lugar, confirmó Marco Antonio Moreno León, delegado en Sinaloa de la Profepa.

El funcionario descartó que el daño ambiental fuera relevante en este caso, como sí lo fueron los riesgos con que trabajaban los cuatro mineros que quedaron atrapados por 33 días, de los que solo dos pudieron sobrevivir.

Apuntó que en la mina Santa Fe se realizó la revisión como parte de la investigación por parte de personal de la Profepa para fincar responsabilidades y debe estar por salir el resolutivo oficial que determinó las irregularidades con las que operaba antes del incidente.

“Ya se hizo la visita, una vez que terminó el rescate Profepa tuvo la actuación muy completa ahí de todo el tema de la mina, ya se tiene el emplazamiento en la mina. Hay como hay un tema ahí donde hubo, hay una investigación por los muertos que hubo”, explicó.

Aunque Moreno León no abundó en más detalles, anticipó que no debe tardar en surgir el resolutivo final al que se hará acreedora la mina por la manera en que se arriesgó a los trabajadores y lo emitirá directo la Profepa federal.

“Yo pienso que no tardan en dar el comunicado de lo que se va a difundir desde la Ciudad de México porque es parte de una investigación. Pero sí se hizo una visita y sí se encontraron irregularidades, es lo que puedo adelantar”, dijo.

“Pues más bien ahí fue el tema del accidente que se dio ahí. El daño ambiental digamos que no es la parte tan relevante porque el derrame de la jal fue al interior de la mina; fue el tema de riesgo para las personas”.

El funcionario federal reiteró que habrá consecuencias para la empresa minera y sus directivos.

“Pero sí, nosotros sí hicimos la revisión, por lo cual habrá consecuencias para la empresa que la opera”.

La mina Santa Fe, ubicada en el poblado de Cacalotán, Rosario, al sur de Sinaloa, es propiedad de Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (INSA CAMP) y fue escenario de un derrame e inundación de jale en su interior el 25 de marzo de 2026, que dejó a cuatro mineros atrapados.

Las labores de rescate duraron 33 días, mediante un esfuerzo interinstitucional de hasta 389 elementos, incluyendo buzos especializados del Ejército.

Con ello se logró rescatar a dos de las cuatro trabajadores atrapados con vida, los días 8 y 14 de abril; los cuerpos de los otros dos fueron localizados tras semanas de búsqueda ininterrumpida, concluyendo las operaciones a finales de abril.

Con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los trabajadores sinaloenses, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado mantiene una vigilancia activa sobre el cumplimiento de la Ley Silla, detectando los primeros casos de incumplimiento principalmente en grandes tiendas departamentales.

El director del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Zazueta Zazueta, informó que el tema de la Ley Silla se encuentra actualmente integrado en el área de seguridad e higiene, se aplican tres métodos específicos para comprobar si los empleadores están cumpliendo con esta prestación.

“En el tema de la Ley Silla, hemos atendido algunas denuncias, pero solamente se ha estado dando el caso en tiendas departamentales grandes”, señaló Zazueta Zazueta.

Se inspeccionan físicamente las áreas de descanso y la existencia de sillas para el personal, se cuestiona directamente a los empleados si se les permite sentarse durante su jornada laboral y se verifica si existen análisis de salud que determinen si ciertos trabajadores requieren pasar más tiempo sentados por condiciones específicas.

En los casos donde se han detectado irregularidades, la autoridad estatal emite una recomendación inicial.

Las empresas cuentan con un plazo máximo de 30 días para ponerse al corriente.

De persistir el incumplimiento, se da aviso a la Secretaría del Trabajo federal, que es la instancia competente para realizar inspecciones adicionales y aplicar las sanciones económicas correspondientes.

“Hacemos una recomendación a la empresa. Si esta no cumple o no se pone al corriente en un máximo de 30 días, que es lo que podemos ampliar la prórroga, nosotros ya damos aviso a la otra autoridad”, compartió.

Más allá de la Ley Silla, el programa de inspección laboral en Sinaloa mantiene un ritmo constante con un promedio de 12 mil inspecciones anuales en toda la entidad.

Estas revisiones se dividen en dos modalidades: las programadas, que forman parte de un directorio revisado año tras año, y las inspecciones extraordinarias, las cuales se activan de manera inmediata a partir de las quejas y denuncias presentadas por los propios trabajadores.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan asegurar que no solo se atiendan las denuncias recibidas, sino que exista una supervisión aleatoria y sistemática de la situación laboral en todo el estado durante todo el año.