Cinco funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado acudieron este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir entrevistas ministeriales dentro de una investigación abierta en México.

Entre quienes confirmaron públicamente su comparecencia se encuentran el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, que renunció a su fuero, Enrique Inzunza Cazárez; el vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra; y el ex jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza.

Además, durante la jornada también trascendió la presunta presentación del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aunque el político no fue visto por la prensa apostada afuera de las instalaciones federales ni ha emitido algún posicionamiento público al respecto.

Las comparecencias ocurren luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado. De manera paralela, la FGR mantiene una investigación propia en México, la cual, de acuerdo con los propios comparecientes, no está coordinada con la investigación estadounidense, aunque deriva de los mismos señalamientos.

El primero en declarar públicamente fue Dámaso Castro Saavedra, ofreciendo atención presencial a la prensa en la que negó cualquier relación con “Los Chapitos”.

“Estamos atendiendo. Nos citaron y estamos atendiendo”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.

El ex vicefiscal sostuvo además que mantiene confianza en las instituciones encargadas de las investigaciones.

“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, declaró.

Minutos después, Rubén Rocha Moya informó mediante redes sociales que ya había comparecido ante una agente del Ministerio Público Federal y posteriormente se retiró de las instalaciones.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.

El mandatario estatal aseguró que acudirá a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora y afirmó confiar en el sistema judicial mexicano y en las instituciones de justicia del país.

Además, manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional. Cabe destacar que Rocha Moya no fue visto a las afueras de las instalaciones de la FGR.

Por su parte, Marco Antonio Almanza rechazó cualquier posibilidad de acogerse a la figura de testigo protegido y afirmó que está dispuesto a responder ante cualquier autoridad.

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró al arribar a la FGR.

El ex jefe de la Policía de Investigación confirmó que acudió en calidad de testigo dentro de la investigación que desarrolla la autoridad federal mexicana y reiteró que colaborará tanto con autoridades nacionales como estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, insistió.

El último en pronunciarse públicamente fue Enrique Inzunza Cazárez, quien informó a través de redes sociales que acudió de manera puntual al citatorio formulado el pasado 23 de mayo.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación”, publicó.

El legislador aseguró que compareció sin representación legal y como abogado de sí mismo.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, expresó.

Inzunza también sostuvo que mantendrá disposición permanente para atender cualquier requerimiento de las autoridades sin recurrir a las excepciones contempladas para legisladores federales.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, añadió.

El Senador llegó a las instalaciones federales en un vehículo particular conducido por un chofer y evitó a la prensa a su ingreso. Posteriormente abandonó el inmueble por una puerta alterna, en una salida facilitada por personal de la propia Fiscalía, sin ofrecer declaraciones a medios de comunicación.

Durante gran parte de la jornada, medios de comunicación permanecieron apostados en las inmediaciones de la delegación de la FGR en espera de la llegada o salida de los funcionarios señalados.

Aunque trascendió que Juan de Dios Gámez Mendívil también habría acudido a comparecer, el alcalde con licencia no fue captado por reporteros ni fotógrafos presentes en el lugar y hasta el cierre de esta edición no había confirmado públicamente su asistencia.

Desde finales de abril diez funcionarios y ex funcionarios sinaloenses enfrentan acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos por presuntamente operar una red política que favoreció al crimen organizado.

Los funcionarios señalados por Estados Unidos y que acudieron para atender el citatorio de la FGR son Rocha Moya, Gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cazarez, Senador por Morena y ex secretario general de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, ex vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la policía de Investigación de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán.

Por su parte Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se encuentran en Estados Unidos pues se entregaron a las autoridades a mediados de mayo.

Cabe destacar que respecto al resto de los señalados por Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’, ex jefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, ex subdirector de la policía municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, se desconoce si recibieron citatorios por parte de la FGR ya que no lo han hecho público y no acudieron este martes a las instalaciones federales.

La Fiscalía General de la República informó este sábado que citó a declarar a los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de la investigación abierta tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La FGR indicó que las diligencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso que involucra a 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR.

Entre los acusados aparecen el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La lista también incluye al ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; al ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; y al vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra.

Asimismo, fueron señalados el ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés; el ex comisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex mando de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

La acusación que detonó la investigación

La acusación contra los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses fue dada a conocer el pasado 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política e institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Licencias, relevo en el Gobierno y cambios en Culiacán

El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, horas después de que la propia FGR pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos entregar más pruebas sobre las acusaciones formuladas en Nueva York.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.

La noche del mismo 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia temporal a la Presidencia Municipal de Culiacán, argumentando que buscaba agilizar cualquier investigación que tuviera que realizar la FGR.

Tras su salida, el Cabildo designó como Alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

Posteriormente, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra también solicitó licencia temporal a su cargo como vicefiscal estatal.

El caso Gerardo Mérida y la entrega de Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex Secretario se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses.

Según el reporte, el ex funcionario habría cruzado hacia Estados Unidos dos semanas después de ser incluido por el Departamento de Justicia en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Mérida Sánchez, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esta misma información difundida por la FGR dio a conocer que también fueron citadas a comparecer, en calidad de testigos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el ex Fiscal General de esa entidad, César Jáuregui Moreno, como parte de la indagatoria por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La dependencia explicó que las entrevistas ministeriales derivan de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo, sobre el cual ya se habían informado previamente algunas diligencias.

La FGR aseguró que en ambos asuntos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de mantener apego al debido proceso.

El Gobierno de Estados Unidos lo ha señalado de encabezar una red dedicada al lavado de dinero generado por el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, incluido la venta de fentanilo.

En el comunicado de sanciones del Departamento del Tesorero, lo señala de ser parte de la facción de “Los Chapitos”.

Pero antes de esta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, Armando de Jesús Ojeda Avilés estuvo trabajando en el Gobierno Municipal de Culiacán.

Y su último contrato se dio en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa en la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.

Hasta el 30 de junio de 2025, tenía el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal.

Ingresó a la administración pública como trabajador de confianza y tenía el contrato para el primer semestre de 2025, en el que tuvo una remuneración mensual neta de 7 mil 764.98 pesos.

En su declaración patrimonial presentada ante el Gobierno de Sinaloa, presentada en mayo de 2025, declaró tener un ingreso mensual de 18 mil pesos por su cargo público.

El egresado de la Licenciatura en Derecho en 2018, señaló no tener propiedades, pero sí un menaje de casa por 200 mil pesos adquiridos a créditos.

Según el Gobierno de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.

“Ojeda Avilés asumió el cargo de principal blanqueador de dinero de ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, citando el uso que hacía Jiménez Castro de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, señala el Departamento del Tesoro.

Además de blanquear dinero procedente del narcotráfico, añade, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina ilícitos.

Señaló que la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero.

En concreto, explicó, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Posteriormente, continuó, facilita la conversión de este dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.

El ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, detenido en Estados Unidos de América, y el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, deben ser extraditados para responder ante la justicia en México en caso de que existan delitos que perseguir en el país, señaló la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

En entrevista este sábado, previo a su asamblea informativa en Guasave, la legisladora sostuvo que, independientemente de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, México cuenta con instituciones y leyes para investigar a sus propios funcionarios.

“Creo que si ellos tomaron esa decisión personal lo que le corresponde a las autoridades mexicanas es pedir la extradición porque ellos deben de ser juzgados en México”, sostuvo.

Castro Castro cuestionó que ex servidores públicos mexicanos opten por entregarse a la justicia de Estados Unidos y no enfrenten primero a las autoridades nacionales.

“... independientemente que los acuse Estados Unidos, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos autoridades, es lamentable que pues habiendo siendo servidores públicos mexicanos, pues por qué no confían en las autoridades mexicanas, en las leyes mexicanas y se someten pues a una justicia que es a veces hasta doble o hipócrita”, manifestó.

La Senadora añadió que el hecho de que Gerardo Mérida se haya entregado y se declarara no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes, podría indicar que busca colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales.

“... en los dos casos se ha dicho que se entregan, pero que se declaran no culpables y entonces cuando ellos se entregan y se declaran no culpables, ¿qué quieren decir? que van a culpar a otros y que ellos van a tratar de salvar el pellejo con una justicia extranjera”, aseguró.

La legisladora indicó que corresponde al Gobierno de México determinar si el ex funcionario tiene delitos pendientes en territorio nacional y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

“El Gobierno mexicano tiene que hacerlo su obligación, hacerlo porque se tiene que ver si ellos tienen aquí delitos que pagar. Porque desde la justicia mexicana hasta ahorita no ha habido acusaciones, vienen de allá de afuera. Entonces la justicia mexicana tiene que procesarlos en su caso, ¿no? Pues tiene que pedir la extradición”, indicó.

Sobre versiones que señalan la presunta detención del Senador Enrique Inzunza Cázarez, Castro Castro señaló que no existe información oficial que lo confirme.

“No, pues no tenemos información, así como tú lo comentas, pues no tenemos ninguna fuente oficial que así lo reconozcan”.

Asimismo, informó que envió mensajes al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para expresarle su deseo de que las acusaciones en su contra se aclaren.

“...es un compañero, es un ser humano, fue nuestro gobernador, o es nuestro gobernador con licencia todavía. Entonces creo que siempre hay que separar la parte humana de la política y de las acusaciones”.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex secretario se declaró no culpable de los cargos por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses, dos semanas después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Gerardo Mérida, Enrique Inzunza, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar de su entrega ni sobre su situación jurídica en ese país.