Los Comités de Ética en instituciones de educación superior fueron concebidos como mecanismos destinados a promover la integridad pública, prevenir conductas contrarias a la legalidad y fortalecer la protección de derechos de trabajadores y estudiantes. Sin embargo, la experiencia reiterada en el país, muestra que estos órganos se convirtieron en mecanismos administrativos subordinados a estructuras de poder institucional, con nula autonomía y sin acceso a las garantías de imparcialidad.

Esto sucede, porque los comités de ética institucionales se integran por personal directivo o funcionarios estrechamente vinculados a las autoridades institucionales, lo que genera conflictos de interés incompatibles con los principios de independencia, objetividad y debida diligencia. En tales circunstancias, quienes conocen de las denuncias mantienen relaciones jerárquicas, laborales o políticas con las personas denunciadas, produciéndose una situación en la que la institución actúa simultáneamente como investigadora, juzgadora y parte interesada.

Diversos casos documentados en universidades públicas evidencian esta problemática: La experiencia de la Universidad del Istmo (UNISTMO), campus Ixtepec, Oaxaca, resulta ilustrativa, ya que diversas denuncias públicas y penales señalaron los mecanismos institucionales de protección hacia funcionarios acusados de ejercer violencia y violaciones a derechos humanos, incluyendo al ex rector Modesto Seara Vázquez y al ex vicerrector Israel Flores Sandoval, imputado éste último por amenaza de feminicidio contra una profesora, pero él es quien continúa desempeñando funciones académicas frente a grupo aún cuando existe una recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca que insta a la UNISTMO a la reparación del daño para las víctimas y sanción para este funcionario entre los señalados en la recomendación 04/2021/DDHPO, pero las autoridades instituciones y estatales, prefieren el encubrimiento de los imputados.

De manera similar, la académica Roxana Rodríguez Ortiz denunció públicamente y ante fiscalías la existencia de prácticas de violencia institucional, revictimización y ausencia de garantías dentro de procedimientos universitarios en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde la máxima autoridad, la ex rectora Tania Rodríguez Mora fue pieza clave en el encubrimiento de sus agresores. Su caso evidenció también cómo los órganos internos universitarios pueden ser utilizados para desgastar, desacreditar y aislar a quienes denuncian la violencia y el abuso de poder.

Por su parte, en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), diversos planteles comenzaron a informar que los subcomités de ética quedarían subordinados directamente al Comité nacional del TecNM, centralizando la recepción y atención de denuncias, y lo que parecería ser una medida adecuada para evitar la parcialidad, se vuelve todavía más escabroso, ya que los medios de comunicación entre directivos de planteles y los integrantes del Comité de Ética nacional del TecNM es directa y recíproca, mientras que para el resto de personal de los planteles resulta un mecanismo desgastante, atemorizante e incierto emitir una queja o

simplemente manifestar la intención de hacerlo, ya que esto representa enfrentarse a toda la estructura jerárquica y esperar las represalias luego, tener la ilusión de que no haya protección para la parte denunciada que en general, se trata de personal jerárquicamente por encima de los denunciantes.

Por ejemplo, el comité de Ética del TecNM hasta el 25 de mayo de 2026 estaba conformado por la Directora de Personal; Jesús Olayo Lortia que participa como integrante del Comité mientras ocupa la Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación; y aún más, el Director de Administración del TecNM presidiendo dicho Comité de Ética. Posterior a esta fecha, en el nuevo comité se encuentran funcionarios del más alto nivel jerárquico entre los integrantes del renovado comité de ética.

Otro caso icónico es lo ocurrido en la UAM Iztapalapa, cuando una alumna que denunció por violación al profesor Julio César N y a dos alumnos. Para los comités de ética y autoridades de la universidad, la falta fue sólo por introducir bebidas alcohólicas, desestimando medidas de protección, perspectiva de género, acompañamiento en el proceso de denuncia y el que había una denuncia penal en curso. Con esta actuación las autoridades se coluden y encubren abiertamente a los perpetradores.

En estos casos como en muchos otros, las víctimas son citadas a comparecer, rendir declaraciones o proporcionar información respecto de hechos que ya son objeto de investigaciones ministeriales, judiciales,civiles, laborales o administrativas externas. Estas actuaciones de los comités de ética se desarrollan sin protocolos especializados, sin acompañamiento jurídico suficiente y sin perspectiva de género.

Todo esto significa para quien denuncia, entrar en un verdadero bucle, es decir, quienes controlan la estructura laboral, administrativa y disciplinaria son al mismo tiempo quienes exigen comparecencias carentes de legalidad procesal, tiene compromisos de pares con los denunciados, para discrecionalmente determinar qué asuntos merecen atención y regularmente a favor de la parte agresora.

Diversas víctimas han señalado que los procedimientos internos pueden reproducir dinámicas de revictimización, realizando procedimientos largos, con la exigencia reiterada de la narración de los hechos, sometimiento a interrogatorios realizados por funcionarios sin capacitación especializada o exponerlas ante personas vinculadas con las estructuras institucionales denunciadas.

De esta manera, mientras las instituciones de educación superior pretendan seguir investigándose a sí mismas en asuntos donde sus propios intereses, funcionarios o directivos pueden resultar comprometidos, persistirá un conflicto estructural imposible de resolver mediante simples reformas procedimentales internas. La justicia efectiva requiere distancia respecto del poder investigado.

En consecuencia, la construcción de espacios de educación superior efectivamente seguros, democráticos y respetuosos de los derechos humanos exige trasladar la investigación y determinación de responsabilidades hacia órganos externos capaces de garantizar imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.

Sirva este análisis como una exhorto a las personas docentes, administrativas, estudiantes, que consideren vulnerados sus derechos dentro de las instituciones de educación superior, den prioridad a la presentación de denuncias, quejas y acciones legales ante instancias externas e independientes desde el primer momento en que los hechos ocurran. La experiencia acumulada demuestra que los procedimientos internos, particularmente cuando involucran a directivos, funcionarios o personas vinculadas a las estructuras de poder institucional, no ofrecen las condiciones de independencia, imparcialidad y protección necesarias para garantizar una investigación objetiva.

Esta práctica permitirá obtener registros independientes y la intervención de organismos ajenos a las cadenas jerárquicas institucionales, que son los únicos que pueden proporcionar medidas de protección a las víctimas. De otra forma, los casos seguirán invisibilizados, fragmentados y absorbidos por procedimientos internos sin garantía de protección efectiva de las personas afectadas. Como consecuencia, seguirá dificultando la identificación de patrones sistemáticos de abuso, violencia institucional, discriminación, corrupción o encubrimiento y fortaleciendo las condiciones de impunidad que terminan reproduciéndose en las distintas instituciones del país.

Por ello, la denuncia ante fiscalías, organismos públicos de derechos humanos, tribunales, autoridades laborales, centros de justicia para las mujeres y demás instancias legalmente competentes no debe considerarse una medida complementaria ni extraordinaria, sino una acción que antecede a cualquier otra para garantizar la preservación de evidencia, la protección de las víctimas, la imparcialidad de las investigaciones y la rendición de cuentas de quienes ejercen poder institucional.

Cuando existen posibles violaciones a derechos humanos, violencia de género, abuso de autoridad, hostigamiento, corrupción o cualquier conducta que comprometa la integridad de las personas, la intervención de autoridades externas constituye no solo una garantía de imparcialidad, sino una condición indispensable para romper los ciclos de silencio, opacidad e impunidad que históricamente han permitido la reproducción de estas prácticas dentro de las instituciones educativas.

Dra. Virginia llescas Vela. Docente universitaria y defensora de derechos de mujeres universitarias, ganadora del primer lugar nacional del concurso de Ensayo “Por el derecho a la libertad de expresión de las mujeres y las niñas” otorgado por el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México (Ver en: en https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/calladita-no-me-veo-bonita-la-libertad-de-expresion-amordazada-por-el-patriarcado-en-las-universidades/)

El cargo Comités de Ética: simulación e impunidad en la educación superior apareció primero en Tribuna de México.