Muchas veces se habla de la universidad pública como si fuera un espacio reservado al conocimiento, a la crítica y a la formación de ciudadanía. Y esa es su vocación más alta. Pero reducirla a esa imagen idealizada impide ver algo fundamental: la universidad también es un terreno de disputa. En ella no solo circulan ideas, saberes y proyectos académicos; también se disputan cargos, recursos, influencias, reglas del juego y formas de ejercer la autoridad. La pregunta importante no es si hay poder dentro de la universidad, sino bajo qué reglas funciona y a quién beneficia.
Ese punto es crucial para entender uno de los problemas más delicados de la educación superior en México: la distancia entre la autonomía universitaria como principio y la vida institucional realmente existente. La autonomía fue pensada para amparar a la universidad frente a injerencias indebidas, sobre todo del poder político. Pero si los controles internos son débiles, la deliberación colegiada se vacía y la rendición de cuentas se vuelve formal, esa misma autonomía puede ser utilizada como escudo por grupos que concentran decisiones, bloquean la crítica y administran la institución como patrimonio de facción. Entonces deja de ser garantía democrática y se convierte en zona de resguardo del poder.
En ese contexto, el patronazgo aparece como una de las claves para entender cómo se captura una institución sin desmontarla abiertamente. No se trata solo de casos puntuales de corrupción o abuso administrativo. Se trata de la construcción de redes de lealtad que, mediante nombramientos, ascensos, contratos, acceso a recursos y castigos selectivos, reproducen un orden interno favorable a ciertos grupos. El patronazgo no siempre acaba con las normas; con frecuencia convive con ellas. Conserva reglamentos, consejos y procedimientos, pero los vacía desde dentro hasta volverlos piezas de una maquinaria informal de control.
Eso hace más difícil identificar el problema. La captura universitaria no siempre adopta la forma del escándalo visible. A veces avanza de manera silenciosa, como una costumbre que normaliza lo inaceptable: promociones que dependen más de la fidelidad que del mérito, nombramientos decididos por cercanía y no por currículum, órganos colegiados que existen en teoría pero no deliberan en la práctica, comunidades que aprenden que disentir tiene un costo alto y presupuestos manejados sin suficiente transparencia. Cada hecho, por separado, puede parecer insuficiente. Pero cuando esas prácticas se encadenan producen algo más grave: una universidad que conserva la forma legal, pero pierde parte de su sustancia pública.
Por eso es imprescindible distinguir entre autonomía formal y autonomía real. Una universidad puede tener leyes, estatutos y discursos que la presentan como autónoma, y funcionar al mismo tiempo bajo presiones externas o arreglos internos que limitan su libertad efectiva. Puede defender con vehemencia su independencia respecto del gobierno mientras adentro reproduce mecanismos cerrados de decisión, opacidad y disciplina política. La paradoja es incómoda, pero hay que decirla con claridad: la defensa de la autonomía no debe servir para justificar la falta de controles democráticos. Una autonomía sin transparencia, sin pluralidad y sin rendición de cuentas corre el riesgo de convertirse en privilegio corporativo y no en garantía institucional.
La discusión por la universidad es también una discusión por el sentido de lo público. Cuando redes de poder colonizan una institución de educación superior, no solo atentan contra su gobernanza interna; también alteran su función social. La formación profesional se resiente, la carrera académica pierde credibilidad, la comunidad aprende a callar más que a debatir y la excelencia deja de ser el principal criterio de reconocimiento. En esa atmósfera, el mérito se vuelve sospechoso si no está acompañado de padrinazgo, y la crítica deja de ser práctica intelectual para convertirse en riesgo político.
Las trayectorias de captura no son idénticas. En algunos casos prevalece un arreglo faccional más negociado; en otros, una concentración más cerrada del control financiero, patrimonial o sancionatorio; en otros más, diseños centralizados con poca colegialidad y escasa renovación de liderazgos. Las formas cambian, pero el fondo suele ser parecido: la subordinación de la vida universitaria a lógicas de control que desplazan el interés institucional. Por eso esta discusión no puede quedarse solo en denunciar personas o coyunturas. Es necesario entender estructuras, incentivos y arreglos de poder que persisten incluso cuando cambian los nombres de quienes ocupan la cúspide.
La salida no pasa por destruir la universidad pública ni por desautorizarla. Al contrario: exige una defensa más rigurosa precisamente porque sigue siendo una de las instituciones más valiosas para la movilidad social, la producción de conocimiento y la vida democrática. Defenderla no es idealizarla. Es impedir que el mérito sea sustituido por la obediencia, que la crítica sea castigada y que la comunidad universitaria sea tratada como clientela o como aparato de legitimación. La universidad pública no se ampara con silencios cómodos, sino con reformas, vigilancia democrática y vida institucional abierta al escrutinio.
Ese camino requiere medidas concretas. No bastan los buenos discursos sobre ética universitaria. Hacen falta reglas anti-patronazgo, concursos abiertos reales, publicidad efectiva de decisiones, órganos colegiados con representación sustantiva, defensorías independientes, protección a denunciantes, vigilancia del ejercicio presupuestario y mecanismos que eviten la captura de plazas, contratos y trayectorias académicas. También hace falta reconstruir una cultura institucional en la que el disenso no sea penalizado y en la que la autoridad no confunda gobierno con control absoluto. Sin eso, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en simulación.
En el fondo, la lucha por la universidad es una lucha por el tipo de país que queremos. Si aceptamos universidades opacas, jerarquizadas por la lealtad y administradas como feudos, estaremos normalizando que incluso los espacios llamados a pensar críticamente funcionen bajo lógicas de subordinación. Si, por el contrario, defendemos universidades con autonomía real, mérito, transparencia y participación, estaremos defendiendo también una idea de vida pública en la que el poder tenga límites y el conocimiento no necesite pedir permiso para incomodar. La universidad tiene que seguir siendo un espacio de libre pensamiento, no un botín administrado; una comunidad crítica, no una red de obediencias; una institución pública, no una plaza tomada.
El cargo La lucha por la universidad apareció primero en Tribuna de México.
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