Conectar
Seis meses de la acusación contra Rocha: el poder cambió de manos, pero la investigación sigue abierta
A seis meses de que Estados Unidos acusó al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, Sinaloa ha tenido cambios en la titularidad del Poder Ejecutivo, el Ayuntamiento de Culiacán y la Vicefiscalía General del Estado.
Aunque algunos de los señalados se separaron de sus cargos, las investigaciones continúan y las licencias de algunos de ellos llegaron a su límite legal.
La acusación que provocó los primeros relevos
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra diez sinaloenses por presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos. Entre los señalados se encuentran Rocha Moya; el Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; el ex Secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; y mandos policiales estatales y municipales.
Las acusaciones también alcanzan a Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Los señalamientos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y delitos relacionados con el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA, en el caso de Valenzuela Millán.
El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de Gobernador. Un día después, el Congreso de Sinaloa aprobó su separación temporal y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.
Ese mismo 1 de mayo, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también pidió licencia. El Cabildo nombró a Ana Miriam Ramos Villarreal como Presidenta Municipal provisional.
El 5 de mayo, Dámaso Castro solicitó licencia sin goce de sueldo como Vicefiscal General del Estado.
Comparecencias ante la FGR y entregas a Estados Unidos
El 26 de mayo, cinco de los señalados fueron reportados en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde acudieron a una entrevista relacionada con la investigación.
Entre ellos estuvieron Rocha Moya, Enrique Inzunza, Dámaso Castro, el ex jefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza y Juan de Dios Gámez.
Rocha e Inzunza confirmaron su asistencia mediante publicaciones en redes sociales. Dámaso Castro y Almanza hablaron con medios de comunicación al salir de las instalaciones.
“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea”, declaró Almanza.
Por su parte, Dámaso Castro respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.
La asistencia de Gámez también fue reportada por medios de comunicación, aunque el Alcalde con licencia no la confirmó públicamente. Inzunza informó que acudió sin acompañamiento legal y que actuó “como abogado de mí mismo”.
Dos días después, el senador solicitó una licencia de 22 horas en el Senado, en medio de la atención pública sobre las acusaciones.
Mientras avanzaban las diligencias en México, dos de los señalados quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses.
El 11 de mayo, el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos por Nogales, Arizona, y quedó bajo custodia. Posteriormente se declaró no culpable de los cargos en su contra.
El 15 de mayo, Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas, se entregó a las autoridades estadounidenses en Nueva York. El Gabinete de Seguridad de México confirmó ese día que el ex funcionario se había puesto a disposición de ese país.
Rocha vuelve a la gubernatura y se separa otra vez
Después de 112 días separado del cargo, Rocha Moya retomó sus funciones como Gobernador el 21 de agosto.
Sin embargo, su regreso duró alrededor de 34 horas. El 22 de agosto solicitó una segunda licencia, también por tiempo indefinido.
La decisión generó cuestionamientos políticos. Legisladores de Morena señalaron que no habían sido informados previamente de su regreso, mientras que el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, le pidió reconsiderar su decisión.
El 25 de agosto, el Congreso del Estado designó a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina para concluir el periodo constitucional, que termina el 31 de octubre de 2027.
Con ese nombramiento, Sinaloa tuvo tres titulares del Poder Ejecutivo en menos de cuatro meses: Rocha Moya, Yeraldine Bonilla y Graciela Domínguez, además del breve regreso del Gobernador con licencia.
Las licencias llegan a seis meses
En el Ayuntamiento de Culiacán también surgieron diferencias sobre la situación legal de Juan de Dios Gámez, cuya licencia cumplió seis meses el 1 de noviembre.
La regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, solicitó que se declarara la ausencia definitiva del Alcalde y se notificara al Congreso estatal. Argumentó que el artículo 148 de la Constitución de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses.
Sin embargo, el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostuvo que la licencia continúa vigente porque fue aprobada por el Cabildo por un periodo mayor a diez días, sin establecer una fecha de conclusión.
Por ahora, Ana Miriam Ramos Villarreal continúa al frente del Ayuntamiento como Presidenta Municipal provisional.
En el caso de Dámaso Castro, su licencia como Vicefiscal cumplió seis meses el 5 de noviembre. La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, había advertido que, si no se reincorporaba al concluir ese periodo, legalmente tendría que presentar su renuncia.
“La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró en agosto.
Durante su ausencia, José Roberto Quiñonez Coronado ha estado al frente de la Vicefiscalía.
La investigación sigue abierta
A medio año de la acusación, las investigaciones continúan tanto en Estados Unidos como en México. La FGR ha señalado que requiere más elementos de prueba para avanzar en el procedimiento relacionado con la solicitud estadounidense.
En estos seis meses, la acusación provocó la salida temporal de funcionarios de sus cargos, cambios en la estructura de gobierno y la entrega de dos de los señalados a autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones.
