La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Culiacán propuso que sus agremiados puedan pagar sus propios botones de emergencia para que sean conectados a las corporaciones de seguridad, como una alternativa para destrabar el proyecto que lleva al menos dos años pausado con el Gobierno de Sinaloa.

El presidente de Canacintra en Culiacán, Luis Arturo Gaxiola Sanz, explicó que el organismo ya había planteado el proyecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que se había comenzado a revisar los protocolos necesarios para su funcionamiento.

“Desde Canacintra tenemos un proyecto de cómo buscamos un botón de llamada que sea no muy oneroso y que los mismos empresarios lo puedan pagar para poder ver si podemos tener esa conexión.. que necesitamos”, señaló.

“Ya habíamos planteado, platicado con la Secretaría de Seguridad. Estábamos ya concertando ciertas reuniones para vernos los temas de protocolo, de seguridad, todo lo que se tiene que hacer”.

Consideró que la herramienta tendría mayor utilidad para comercios y prestadores de servicios, debido a que mantienen una mayor interacción con el público.

“Lo que realmente estamos buscando con eso es que nosotros tenemos los afiliados y las personas capacitadas técnicamente que pueden ofrecer esa respuesta y lo que queremos hacer nosotros es ofrecerle a la comunidad, a la comunidad empresarial, quienes lo necesiten”.

Gaxiola Sanz afirmó que el objetivo es cubrir una de las principales necesidades ante la inseguridad es reducir el tiempo entre una emergencia y la llegada de las autoridades.

“Sin embargo, pues ahorita ahí lo tenemos que volver a retomar (el proyecto), que creo que es un proyecto muy importante que tiene un buen impacto a la sociedad, a los empresarios y pues ayudaría a cubrir esa brecha de la respuesta rápida”, dijo.

En junio de 2025, Canaco Culiacán anunció que el Gobierno de Sinaloa entregaría 500 botones de pánico conectados al sistema C4 para comercios afiliados, como parte de las medidas de seguridad ante la ola de violencia. Los dispositivos ya estaban autorizados, pero faltaba definir el mecanismo de entrega.

Más de un año después, el proyecto seguía sin concretarse y fue el 2 de julio de 2026, la presidenta de Canaco Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, informó que el organismo buscaba adquirir por su cuenta los dispositivos para sus afiliados, ante la falta de respuesta del Gobierno estatal.

Indicó que la Cámara negociaba con un proveedor para conseguir equipos de entre 4 mil y 5 mil pesos, con la intención de reducir el costo y conectarlos al C4.

Zavala Yamaguchi señaló en ese momento que el retraso estaría relacionado con el proceso de licitación y llamó al Gobierno estatal a retomar el proyecto.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa teme por la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral federal de 2027, por lo que planea implementar una estrategia especial para prevenir y atender posibles agresiones, aseguró su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Señaló que el organismo mantiene la alerta debido a que, históricamente, las agresiones contra ambos sectores aumentan durante los procesos políticos.

“Todavía estamos en alerta, tememos por la protección, la seguridad de periodistas y defensores, por lo que se viene el año político, donde sabemos que el incremento de agresiones tristemente se da. Estamos generando un programa para hacer frente a este tipo de cuestiones y estar muy al pendiente de la situación, tanto en el centro, norte y sur del Estado”, expresó.

Explicó que el programa consistirá en acciones de coordinación con instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, así como con dependencias encargadas de la protección y atención de víctimas.

“Son acciones de coordinación y despliegue de personal. Así lo hemos hecho en otras oportunidades... con instancias de seguridad pública tanto municipal, estatal y también nacional... la coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, y todas las instancias internas que pudiéramos nosotros requerir para dar una atención lo más rápido posible, desde Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, indicó.

Agregó que el instituto desplegará personal en las principales regiones de Sinaloa para fortalecer la atención durante el desarrollo de las elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral recientemente aprobó el calendario del proceso electoral federal 2026-2027, el cual iniciará formalmente el 10 de septiembre de este año y concluirá con la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales.

La elección coincidirá con comicios locales en las 32 entidades del País, donde estarán en disputa más de 19 mil cargos públicos, incluidas 17 gubernaturas.

Hasta junio de 2026, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa documentó 45 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, informó su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Detalló que, de los 45 casos registrados durante el primer semestre del año, 27 corresponden a personas defensoras de derechos humanos, 17 a periodistas y uno a un familiar.

Para atender estas situaciones, señaló, el Instituto otorgó 239 medidas de protección.

“Hemos tenido 45 casos de agresiones de ellas, 27 son defensoras de derechos humanos, 17 periodistas y un familiar de uno u otro”, apuntó.

Bernal Arellano explicó que las amenazas de muerte fueron la agresión más recurrente, con 21 casos, seguidas por el robo de equipos de trabajo, actos de intimidación mediante persecución vehicular, descalificación de la labor periodística, intimidaciones en domicilios, amenazas con arma de fuego, censura y obstaculización del ejercicio periodístico, además de agresiones físicas, daños a equipo de trabajo y otros hechos.

“La principal agresión son las amenazas de muerte en 21 oportunidades, sustracción de sus equipos de trabajo en tres oportunidades, actos de intimidación mediante persecución vehicular”.

“Actos de intimidación en domicilio en dos oportunidades; amenaza con arma de fuego en dos oportunidades; privación de la libertad personal de familiar, en dos oportunidades; censura, dos casos; obstaculización de la labor periodística, dos casos: descalificación de la labor de defensa de derechos humanos en una oportunidad y en una oportunidad ataques a defensores con armas de fuego”, explicó.

En cuanto a los presuntos responsables, indicó que en 19 casos se señaló a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales; 16 a particulares sin ese vínculo; tres a servidores públicos estatales; dos a municipales; tres a federales y ocho a personas armadas.

Aunque señaló que este año las cifras son ligeramente menores que las registradas en el mismo periodo de 2025.

“Este 2026 ha sido un poquito más reservado, pero estamos muy cerca de lo que vivió 2025”, dijo.

Añadió que el Instituto ha detectado un repunte de agresiones contra periodistas independientes, principalmente entre quienes cubren nota roja, realizan crítica política o publican información relacionada con el crimen organizado.

“Hay un repunte a periodistas independientes y sobre todo a periodistas de nota roja... de crítica política también y sobre todo compañeros que escriben sobre el crimen organizado”.

Como antecedente, informó que tras la reciente agresión contra un domicilio vinculado al director general de Adiscusión, César Millán Lafarga, el Instituto se puso en contacto con él para brindarle medidas de protección y orientarlo sobre las instancias competentes para la investigación del caso.