La Regidora por el PRI en el Cabildo de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, acusó irregularidades en el manejo de la obra pública municipal y señaló que existen inconsistencias millonarias en los presupuestos aprobados, por lo que insistió en la necesidad de una auditoría al Ayuntamiento.

aseguró que desde el inicio de la actual administración han solicitado revisiones por presuntos subejercicios y falta de transparencia, particularmente en el área de obra pública.

“A ver, esa es una auditoría que hemos solicitado nosotros desde que llegamos a esta administración. Lo primero es el tema de los subejercicios. Esta ha sido la administración, sin lugar a dudas, más opaca en la historia del municipio. No se cuenta con información y particularmente en tema de obra pública, no existió un un documento que es el programa anual de obra pública que debe de estar expuesto en redes sociales en función de transparencia que te indique cuántos recursos se va a invertir y en qué se va a invertir ese recurso”, declaró.

Destacó que durante 2024 y 2025 no existió un Programa Anual de Obra Pública aprobado por Cabildo ni publicado conforme a las obligaciones de transparencia.

Explicó que dicho documento es indispensable porque establece cuánto recurso se invertirá y en qué proyectos será aplicado, además de que debe ser avalado por el Cabildo.

“En todo el 2024 no hubo programa anual de obra pública, en todo 2025 tampoco y ahora en el 2026, gracias a una solicitud que presenté como regidora, se aprueba pasa por Cabildo. Pero esto es bien importante, esto no nada más se trata de un documento que se tenga que transparentar. Tiene que pasar por Cabildo”, dijo.

“Al no haber pasado por Cabildo toda la obra pública de los dos años anteriores, eso implica una irregularidad este que debió haber primero detectado el órgano interno de control y segundo debió haberlo detectado la Auditoría Superior del Estado”.

Sánchez Martínez cuestionó además que ni el Órgano Interno de Control ni la Auditoría Superior del Estado detectaran la ausencia de este documento durante dos años consecutivos.

“Está muy extraño que durante todo este tiempo no se habían dado cuenta que un documento tan importante donde se transparenta el uso del recurso público no haya tenido el ojo de la autoridad”, expresó.

Sobre el programa correspondiente a 2026, indicó que el presupuesto total contemplado para obra pública ronda los 575 millones de pesos; sin embargo, el documento aprobado por la mayoría oficialista solo contempla 223 millones de pesos.

Sánchez Martínez afirmó que existen inconsistencias entre lo presupuestado y lo que realmente se ejecutará en materia de infraestructura, además de criticar que diversos asuntos sean aprobados “fast track” en Cabildo sin suficiente respaldo documental.

También retomó el caso del reloj monumental instalado recientemente en Culiacán, al asegurar que el costo real fue cercano al millón de pesos y no de 290 mil pesos, como inicialmente se informó.

“Fueron 290 mil pesos de la infraestructura, de las flores y del mecanismo del reloj, pero se gastaron más de 600 mil pesos en la instalación eléctrica”, afirmó.

Añadió que este tipo de gastos contrastan con las necesidades actuales de la ciudad.

“Imagínense lo que representa para Culiacán ahorita en este momento con tantas necesidades, ver cómo los recursos se diluyen entre las manos por caprichos y ocurrencias de las autoridades en turno”, señaló.

Con el objetivo de cerrar el paso a la discrecionalidad y garantizar que el presupuesto estatal no sea utilizado como un botín político, la Diputada Paola Gárate Valenzuela presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, diseñada para transparentar la ruta del dinero y sancionar con rigor los actos ilícitos.

La propuesta, que surge de un frente común entre los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, busca responder a las cifras de concentración de contratos en la entidad.

Según diagnósticos de Iniciativa Sinaloa, actualmente 14 empresas y 11 grupos empresariales acaparan el 57 por ciento de los recursos destinados a la infraestructura estatal.

Uno de los puntos centrales de la reforma es terminar con el anonimato de quienes se benefician de los contratos públicos.

La legisladora priista advirtió que la ley vigente facilita ocultar a los verdaderos dueños de las constructoras, por lo que propone la identificación obligatoria del beneficiario controlador en el padrón de contratistas.

Asimismo, la iniciativa contempla establecer un tope máximo del 20 por ciento del presupuesto para este rubro, el cual actualmente carece de restricciones, permitiendo la asignación de obras sin competencia.

También prohíbe la participación de licitantes catalogados por el SAT como emisores de facturas falsas y obligar a la publicación de plazos exactos de pagos reales, facturación y subcontrataciones para rastrear el destino final de cada peso.

La propuesta no solo busca prevenir, sino castigar y plantea el fortalecimiento del testigo social a través de un órgano ciudadano de vigilancia con acceso a información en tiempo real.

En cuanto a las sanciones, se tipifican ocho nuevas infracciones que incluyen multas de hasta el 15 por ciento del monto del contrato, inhabilitaciones de hasta cinco años y la nulidad absoluta de los contratos en casos graves.

Gárate Valenzuela detalló que la urgencia de estos cambios se evidencia en casos donde solo tres agrupaciones de contratistas lograron absorber más de 850 millones de pesos del financiamiento para infraestructura municipal.

Durante la presentación, la Diputada lanzó un llamado directo a la bancada de Morena y sus aliados, quienes mantienen la mayoría legislativa, para que respalden la iniciativa y demuestren su voluntad de combatir la corrupción en la práctica.

“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar iniciativas.

CULIACÁN._ Investigar presuntas omisiones en la planeación y ejecución de la obra pública durante 2023 y 2024, años correspondientes a la administración del Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó la regidora Erika Sánchez Martínez al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Culiacán.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este sábado, la edil del Partido Revolucionario Institucional pidió que su solicitud quedara asentada en actas y aprovechó la presencia del equipo del Órgano Interno de Control para requerir un informe detallado sobre la manera en que se ejecutaron las obras públicas en esos años.

Sánchez Martínez recordó que apenas recientemente el Ayuntamiento presentó el Programa Anual de Obra Pública 2026, luego de que exigió su elaboración y presentación formal, aunque señaló que el documento fue entregado de manera extemporánea.

Indicó que en los ejercicios 2023 y 2024, ambos bajo la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil, dicho programa no fue presentado ni sometido a consideración del Cabildo, pese a tratarse de un instrumento fundamental para definir la aplicación de recursos públicos.

La regidora señaló que estas omisiones no fueron observadas ni por el Órgano Interno de Control ni por la Auditoría Superior del Estado, por lo que consideró necesario determinar si existen responsabilidades administrativas.

“Si nos pudieran presentar ante este Cabildo un informe pormenorizado de cómo fue que se ejecutó la obra en ese momento, la planeación y si las omisiones que se presentaron en ese momento por no haber presentado este documento que no fue vigilado ni por el Órgano Interno de Control, ni por la Auditoría Superior del Estado, tendrá algunas sanciones hacia algunos funcionales de esta administración”, expresó.

Esta postura de Sánchez Martínez se dio en continuidad a los señalamientos que ha realizado anteriormente ante Cabildo sobre el manejo del Programa Anual de Obra Pública en Culiacán.

En una sesión extraordinaria, celebrada a finales de abril, cuando aún se encontraba Gámez Mendívil al frente de la administración, la edil criticó el proceso de presentación del programa 2026, acusando que fue entregado apenas horas antes de su discusión y sin un análisis previo en comisiones.

En ese momento, también advirtió sobre una reducción en la inversión pública proyectada y la falta de claridad en el destino de recursos.