La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.

“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.

Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

La Diputada y presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Montoya Ojeda, respaldó la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, la cual busca prohibir en Sinaloa la aplicación de procedimientos de transición de género en menores de edad.

La Legisladora señaló que considera positivo que se impulsen este tipo de propuestas, al argumentar que las niñas, niños y adolescentes aún no tienen la madurez necesaria para asumir decisiones de esa importancia.

“Creo que debemos cuidar a las infancias en todos los sentidos y siendo menores de edad, aún no se cuenta con la madurez cognitiva y la madurez física suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza, las infancias, nosotros como adultos lo que debemos hacer es que ellos tengan un buen desarrollo”, expresó.

Montoya Ojeda precisó que no está en contra de los procedimientos en sí, sino que estos deberían realizarse únicamente cuando se alcance la mayoría de edad y exista una mayor madurez para asumir este tipo de decisiones.

Además, mencionó que en materia de infancias existen otros temas prioritarios como la salud mental y el autismo, los cuales deben ser atendidos en Sinaloa para fortalecer el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

“Creo que hay temas que debemos abordar que son mucho más urgentes, como el hecho de que haya las medicinas que necesitan las niñas y niños; temas como la educación, que haya una mejor educación; que se incremente la atención en salud mental y que haya más personal preparado en este tema y en el autismo, que desafortunadamente ha estado aumentando a pasos apresurados y gigantes. Entonces, hay muchos temas por los cuales tenemos que trabajar por nuestras infancias”, señaló.

La Legisladora reiteró su respaldo a la iniciativa y afirmó que, en caso de llegar al Pleno, emitiría su voto a favor.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Sinaloa presentó la iniciativa “Va por tus hijos”, con la que busca prohibir los procedimientos de transición de género en menores de edad y establecer sanciones contra quienes practiquen este tipo de intervenciones en niñas, niños y adolescentes.

La Diputada Roxana Rubio Valdez señaló que los cambios de género en menores podrían representar riesgos para la salud, particularmente por el uso de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos relacionados con cambios de sexo.

Expresó además el rechazo de la bancada panista a propuestas impulsadas por Morena a nivel federal que, aseguró, permitirían que menores de edad puedan tomar decisiones relacionadas con el cambio de sexo.

“En el PAN sostenemos que los menores no tienen la capacidad mental para tomar este tipo de decisiones; no tienen esa capacidad mental para decidir cambiarse de sexo y afrontar todas las consecuencias que conlleva este tipo de procedimientos”, expresó.

A través de esta iniciativa, también se contempla aplicar castigos a personas o instituciones que promuevan, autoricen o realicen estos procedimientos en menores.

Durante la presentación, integrantes de la organización civil Vía Familia respaldaron la propuesta del PAN y señalaron que buscan evitar que en Sinaloa se aprueben procedimientos de transición de género para menores de edad, como ha ocurrido en otras entidades del País.

Ana Laura Hernández, presidenta del organismo, argumentó que las y los menores no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones definitivas sobre este tipo de procesos.

“Nosotros, a nombre de Vía Familia, una organización de la sociedad civil, respaldamos esta iniciativa. Ya lo habíamos hablado cuando hubo el parlamento abierto para el cambio de género en las actas de nacimiento, claramente dijimos que era una atrocidad, porque un niño, desde la neuroendocrinología, no tiene la capacidad para tomar este tipo de decisiones, la corteza prefrontal es la última en madurar; madura hasta después de los 21 años y es el área con la que tomamos decisiones. Por lo tanto, los niños no tienen esa capacidad biológica para decidir si quieren o no cambiar de género” señaló.

Asimismo, en esta rueda de prensa señalaron que en instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE en la Ciudad de México ya se brindan de manera gratuita algunos servicios relacionados con procesos de transición de género para menores de edad.

Diputados del PAN reiteraron que el objetivo de la iniciativa es evitar que este tipo de prácticas lleguen a implementarse en Sinaloa.

Con el propósito de impulsar el talento artístico juvenil y transformar espacios públicos a través del muralismo, el Instituto Municipal de la Juventud continúa desarrollando el proyecto “Mazatlán a Color”, iniciativa que este año llevará arte y mensajes de inclusión a las bardas del Cbtis 51.

Arantxa Ahumada, directora del Imju, destacó que esta convocatoria se realiza de manera anual con el objetivo de brindar oportunidades a jóvenes artistas locales para que puedan plasmar sus ideas en lugares donde lleguen de forma directa a otros jóvenes.

“Esta es una convocatoria que realizamos cada año aquí en el Instituto de la Juventud, con el que se beneficia a alguna escuela y se le hace el diseño de toda la barda perimetral. Se presentan diferentes bocetos que los jóvenes nos traen a nosotros y ya se les ayuda con el material, además de un apoyo económico para la realización del mural”, expresó Ahumada Rosas.

Detalló que en esta edición el proyecto creció gracias al respaldo del Cbtis 51, institución que aportó recursos para ampliar el número de murales contemplados. Gracias a dicho presupuesto los bocetos de esta edición alcanzaron las 30 propuestas.

La funcionaria explicó que las obras serán plasmadas tanto en una de las bardas laterales como en la parte frontal del plantel, y que en la convocatoria participaron jóvenes de distintas escuelas, incluyendo alumnos del mismo Cbtis 51.

“Fue convocatoria abierta, son alumnos hasta de otras escuelas y algunos mismos de Cbtis. Nos presentaron los bocetos y nosotros elegimos los diseños dependiendo el tema; eran dos temas, inclusión y Mazatlán, algún tema aquí de la cultura mazatleca”.

Bajo la temática “Belleza Mazatlán”, fueron seleccionados 13 jóvenes artistas con propuestas inspiradas en monumentos emblemáticos, playas, bahías, la Catedral, la música regional, la gastronomía y el venado, símbolo representativo de la ciudad.

En tanto, dentro de la temática “Inclusión”, destacaron diseños enfocados en la fauna y naturaleza del puerto, así como mensajes relacionados con la amistad, la inclusión de personas con discapacidad, el respeto hacia los adultos mayores y el cuidado del medio ambiente.

Ahumada Rosas adelantó que los trabajos para pintar los murales podrían iniciar la próxima semana, luego de concluir la etapa de selección y entrega de materiales por parte de los artistas participantes.

“El viernes se realizó la selección y esta semana estuvimos platicando con los artistas para que nos empiecen a dar su lista de materiales, así que la idea es que empiecen la próxima semana a plasmar su talento”.

Con el objetivo de cerrar el paso a la discrecionalidad y garantizar que el presupuesto estatal no sea utilizado como un botín político, la Diputada Paola Gárate Valenzuela presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, diseñada para transparentar la ruta del dinero y sancionar con rigor los actos ilícitos.

La propuesta, que surge de un frente común entre los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, busca responder a las cifras de concentración de contratos en la entidad.

Según diagnósticos de Iniciativa Sinaloa, actualmente 14 empresas y 11 grupos empresariales acaparan el 57 por ciento de los recursos destinados a la infraestructura estatal.

Uno de los puntos centrales de la reforma es terminar con el anonimato de quienes se benefician de los contratos públicos.

La legisladora priista advirtió que la ley vigente facilita ocultar a los verdaderos dueños de las constructoras, por lo que propone la identificación obligatoria del beneficiario controlador en el padrón de contratistas.

Asimismo, la iniciativa contempla establecer un tope máximo del 20 por ciento del presupuesto para este rubro, el cual actualmente carece de restricciones, permitiendo la asignación de obras sin competencia.

También prohíbe la participación de licitantes catalogados por el SAT como emisores de facturas falsas y obligar a la publicación de plazos exactos de pagos reales, facturación y subcontrataciones para rastrear el destino final de cada peso.

La propuesta no solo busca prevenir, sino castigar y plantea el fortalecimiento del testigo social a través de un órgano ciudadano de vigilancia con acceso a información en tiempo real.

En cuanto a las sanciones, se tipifican ocho nuevas infracciones que incluyen multas de hasta el 15 por ciento del monto del contrato, inhabilitaciones de hasta cinco años y la nulidad absoluta de los contratos en casos graves.

Gárate Valenzuela detalló que la urgencia de estos cambios se evidencia en casos donde solo tres agrupaciones de contratistas lograron absorber más de 850 millones de pesos del financiamiento para infraestructura municipal.

Durante la presentación, la Diputada lanzó un llamado directo a la bancada de Morena y sus aliados, quienes mantienen la mayoría legislativa, para que respalden la iniciativa y demuestren su voluntad de combatir la corrupción en la práctica.

“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar iniciativas.

En busca de seguir impulsando una agenda legislativa enfocada en sectores prioritarios para Sinaloa, la diputada federal Graciela Domínguez presentó diversas iniciativas relacionadas con la educación para adultos mayores, la inclusión de personas con discapacidad, pesca, acuacultura, anticorrupción y deportes autóctonos.

Entre las propuestas más destacadas, explicó una iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia educativa para personas adultas y adultos mayores que, por distintas circunstancias, no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios de primaria o niveles posteriores.

Domínguez señaló que esta propuesta busca garantizar el acceso a la educación básica y media superior mediante estrategias y programas enfocados en alfabetización y post alfabetización, promoviendo una educación adecuada, equitativa e incluyente para este sector de la población.

Asimismo, anunció una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, enfocada en fortalecer la inclusión de personas con discapacidad a través del uso obligatorio del lenguaje de señas en los servicios de salud.

La diputada destacó que esta medida permitiría ofrecer una atención más eficiente y digna para personas con discapacidad auditiva, facilitando la comunicación entre pacientes y personal médico.

En materia acuícola y pesquera, la legisladora presentó iniciativas relacionadas con el otorgamiento de permisos para descargas de aguas de uso acuícola, así como propuestas para fortalecer las labores de vigilancia e inspección, incluyendo la participación de la Secretaría de Marina en la aplicación de políticas generales del sector pesquero y acuícola.

De igual manera, explicó que impulsa proyectos enfocados en responsabilidades administrativas para reforzar las leyes anticorrupción, y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Dentro de su agenda legislativa también resaltó una propuesta relacionada con los deportes autóctonos, la cual busca que los tres niveles de gobierno promuevan el desarrollo integral de las personas mediante la preservación y práctica de disciplinas tradicionales.

Finalmente, Graciela Domínguez recordó que recientemente logró la aprobación de mociones en materia de fiscalización y rendición de cuentas dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, además de decretos orientados a fortalecer los derechos de los pescadores.

El Congreso del Estado analiza una iniciativa impulsada por el Partido Verde Ecologista de México para que las y los candidatos a cargos de elección popular sean sometidos a pruebas antidoping como parte de los requisitos para participar en los procesos electorales.

Así lo informó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien explicó que la propuesta ya recibió una primera lectura.

“Yo también he dicho que se les haga un antidoping a todo servidor público y a toda persona que quiera ser candidato; es una manera de demostrarle a la ciudadanía que están limpios” expresó.

La iniciativa surge en medio del debate nacional sobre los mecanismos de control y revisión de perfiles políticos, luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteara la necesidad de investigar a candidatas y candidatos para descartar vínculos con el narcotráfico o grupos del crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre este tema, el legislador consideró positiva la propuesta federal y señaló que, además de las investigaciones de antecedentes, también sería viable aplicar pruebas antidoping a quienes aspiren a un cargo público.

“Desde luego que ninguna persona que quiera ser candidata debería tener vínculos con el narcotráfico y debe contar con un historial limpio. A veces nos dejamos llevar por la popularidad de algunos perfiles, pero esa popularidad termina siendo adversa para el beneficio de la población”, señaló.

Las declaraciones ocurren en un contexto donde autoridades de Estados Unidos mantienen señalamientos y acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras desde el ámbito político se promueven nuevas medidas de control para quienes buscan ocupar cargos de elección popular.

En ese sentido, mientras a nivel federal se insiste en que deben existir pruebas sólidas para proceder legalmente contra personas señaladas por presuntos nexos criminales, también se impulsa una propuesta para que sean las y los propios candidatos quienes mediante revisiones e investigaciones comprueben no tener vínculos con actividades ilícitas.

Luego del altercado entre el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez y colectivos ciudadanos por la iniciativa de la nueva Ley de Transparencia, el Legislador aseguró que sí existe apertura para recibir y escuchar a los representantes de las organizaciones civiles.

Comentó que podrían realizarse cambios y ajustes a la iniciativa de ley, además de abrir más mesas de trabajo donde los colectivos sean tomados en cuenta.

Señaló que el objetivo de la propuesta es homologar la ley estatal con la legislación federal y que, aunque no se contempla desecharla en su totalidad, sí podrían hacerse modificaciones.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada por completo, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Sobre los señalamientos de algunos colectivos, quienes aseguran que la nueva ley busca blindar a funcionarios acusados por Estados Unidos, especialmente al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Diputado rechazó dichas acusaciones y reiteró que la intención únicamente es homologar la legislación estatal con la federal.

“Yo creo que es parte del posicionamiento político que han hecho y que la ley tenga que estar siendo homologada con una legislación federal. No considero que exista una intención de la particularidad que se menciona. Lo que queremos es darle continuidad legal y estamos cumpliendo con el proceso”, expresó.

Asimismo, declaró que ya revisó los videos difundidos en redes sociales para analizar con detenimiento los argumentos de los colectivos, y afirmó que varios de ellos carecen de fundamentos.

“No hay indicios ocultos, yo invito a las personas interesadas en el tema a que revisen el video de la reunión que tuvimos. Así como estamos hablando de transparencia, ahí quedó todo claro, se le permitió la palabra a todos; incluso algunos participaron directamente y me pareció positivo que varias personas mostraran una postura propositiva y conocimiento del tema, sin embargo, la mayoría llevaba una intención política, tan es así que estuvo presente un Diputado federal que realmente no tiene injerencia sobre este tema”, detalló.

También sostuvo que en el Congreso del Estado sí existe apertura para recibir a las organizaciones y escuchar sus planteamientos.

Sin embargo, integrantes de la sociedad civil han denunciado que estas reuniones solo representan una simulación y no una verdadera disposición para atender las voces ciudadanas.

Integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana cuestionaron el proceso de discusión de la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa, al considerar que el Congreso del Estado desestimó las observaciones presentadas durante una reunión con la Comisión de Transparencia.

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que existe preocupación por la intención de homologar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, debido a los efectos que tendría sobre el acceso a la información pública.

Además, criticó que la reunión careciera de un orden del día y aseguró que una de las principales inconformidades surgió cuando el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez adelantó que no habría cambios a la propuesta enviada por Rubén Rocha Moya.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, reprochó que las organizaciones fueran convocadas con poco tiempo para revisar un dictamen que consideró de gran relevancia para la ciudadanía.

“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.

Las organizaciones advirtieron que la iniciativa permitiría reservar información relacionada con el gasto público, incluyendo documentos sobre el uso de recursos públicos.

Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que otro de los cambios planteados es ampliar los plazos de respuesta a solicitudes de información, que actualmente son de 10 días y podrían extenderse hasta 20 o incluso 30 días con prórroga.

También señalaron que la propuesta eliminaría obligaciones de transparencia relacionadas con arrendamientos y excluiría como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.

Gustavo Rojo explicó que la iniciativa contempla que cada ente gubernamental atienda los asuntos de transparencia mediante órganos internos de control, en lugar de mantener un organismo garante independiente.

“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.

“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la redacción propuesta limitaría el acceso a información vinculada con corrupción, al establecer el concepto de “casos de corrupción acreditados”, dejando a criterio de la autoridad cuáles denuncias serían consideradas válidas.

Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se plantea eliminar obligaciones de transparencia sobre bitácoras de vuelo y registros de vehículos oficiales, además de retirar disposiciones específicas en materia ambiental.

Explicó además que la iniciativa permitiría reservar información por cinco años cuando se considere que puede generar un problema social, con posibilidad de ampliar el periodo otros cinco años más.

Marlene León reiteró que las organizaciones civiles mantienen disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de una legislación que fortalezca la transparencia en Sinaloa.

Las mesas de trabajo entre diputados y colectivos ciudadanos sobre la posible nueva Ley de Transparencia en Sinaloa quedarán suspendidas mientras no exista apertura para llegar a acuerdos entre ambas partes, informó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que algunos ciudadanos han asumido una postura en la que consideran que no existe disposición del Congreso para escuchar sus planteamientos, situación que ha complicado el avance de los diálogos.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados e integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública, donde nuevamente se registraron confrontaciones por la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada en su totalidad, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Además, integrantes de los colectivos manifestaron su inconformidad debido a que fueron convocados con poca anticipación y, según señalaron, se les informó que la propuesta no podía ser retirada completamente, lo que generó molestia entre las y los asistentes.

Sobre esto, María Teresa Guerra Ochoa aseguró que la iniciativa no será sometida a votación ni dictaminada hasta que se realicen modificaciones derivadas de las propuestas que puedan presentar los colectivos.

La Diputada explicó que la ley no puede desecharse en su totalidad debido a que responde a lineamientos de carácter federal; sin embargo, sostuvo que sí existe posibilidad de realizar cambios mediante las mesas de trabajo.

“Nosotros pusimos a consideración que es lo que se puede reformar en el marco de una reforma constitucional que ya hubo y ver la posibilidad de que se puede hacer, era para hacer cambios, pero ellos quieren que entremos a deshacer una reforma federal”, señaló.

Asimismo, indicó que aún no se tiene certeza sobre la realización de nuevos encuentros, ya que consideró necesario que exista disposición al diálogo por parte de los colectivos.

Señalamientos de organizaciones civiles

En los últimos días, organismos como el Comité de Participación Ciudadana e Iniciativa Sinaloa han advertido que la nueva propuesta de Ley de Transparencia contempla retrocesos y elimina áreas fundamentales que actualmente garantizan el acceso a la información pública.

Las organizaciones sostienen que algunos cambios podrían debilitar mecanismos de vigilancia ciudadana y limitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.