MEXICALI, AGOSTO 13, 2026.- El Dictamen No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de San Quintín, fue aprobado en sesión ordinaria de Pleno, por 21 votos a favor y ninguno en contra.

Al dar lectura al presente dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputada Julia Andrea González Quiroz, expuso que, de esta forma, se podrá eximir al 100 por ciento en el pago de diversos derechos municipales relacionados con procesos de regularización territorial, vivienda social y acciones vinculadas al Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Los derechos a exentar podrían comprender, según corresponda y conforme a la naturaleza del trámite, entre otros conceptos, la factibilidad de uso del suelo; deslinde, verificación o revisión técnica catastral; y asignación de clave catastral urbana en nuevos fraccionamientos.

Esta reforma contribuye a atender las problemáticas identificadas en dicho plan, particularmente las relacionadas con rezagos en materia de regularización patrimonial, infraestructura urbana y acceso a servicios esenciales, facilitando la incorporación formal de los asentamientos beneficiados y disminuyendo las cargas económicas inherentes a dichos procesos.

Para acceder a la exención fiscal otorgada en el presente, se deberá cumplir con lo siguiente: los beneficiarios serán las personas residentes trabajadoras agrícolas, así como las personas pertenecientes a pueblos originarios de San Quintín.

En lo que se refiere a superficie, el límite máximo será de 500 metros cuadrados; el valor fiscal no deberá exceder de las 10 mil UMAS y, en cuanto al número de predios, solo podrá regularizarse o titularse un predio por persona solicitante.

Dichos requisitos resultan razonables, toda vez que tienen por objeto dirigir el beneficio fiscal a sectores de la población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y patrimonial, derivadas de la ocupación de predios en proceso de regularización.

En el considerando noveno del presente dictamen se menciona que la propuesta de otorgar una exención temporal de derechos municipales a favor de personas trabajadoras agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios cuyos predios se encuentren en proceso de regularización constituye una medida congruente con el marco constitucional.

Lo anterior, toda vez que contribuye a combatir barreras económicas asociadas a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra, incorporación al desarrollo urbano y acceso a servicios públicos básicos, aspectos que forman parte de los elementos necesarios para garantizar el derecho a una vivienda adecuada previsto en el artículo 4º de la Constitución Mexicana.

MEXICALI, AGOSTO 9, 2026 .- Con el propósito de garantizar que las niñas y niños cuenten con mayor seguridad y respaldo jurídico durante su estancia en guarderías y centros de cuidado, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa que busca reforzar la Ley Estatal de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

“Desde 2011, la Ley General fijó parámetros mínimos de seguridad y protección para guarderías públicas y privadas, obligando a los Estados a ajustar sus normas a estos estándares nacionales”, explicó la legisladora en su exposición de motivos.

Añadió que la propuesta tiene como finalidad armonizar la Ley Estatal con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de manera que Baja California cumpla con las disposiciones federales y se asegure la protección integral de la niñez en los Centros de Atención.

En Baja California, la ley vigente desde 2015 ya contempla la obligación de contratar un seguro, pero lo limita a daños derivados de la operación de los centros. La iniciativa busca cerrar esa brecha normativa, incorporando la cobertura ante eventualidades y la responsabilidad civil frente a terceros, tal como lo establece la Ley General.

Maythé Méndez recalcó la necesidad de que los Centros Infantiles cuenten con dos tipos de seguros: uno para garantizar atención médica inmediata en caso de accidentes, y otro para cubrir daños de responsabilidad civil frente a terceros.

La propuesta plantea que el artículo 50 de la Ley Estatal se ajuste a la disposición federal, reconociendo que las pólizas deben cubrir tanto la atención médica de los menores como la responsabilidad civil de los prestadores de servicio.

“Se trata de brindar tranquilidad a las madres y padres, asegurando que sus hijos estén protegidos ante cualquier eventualidad”, subrayó la inicialista.

MEXICALI, JULIO 26, 2026.- Ante la crisis que enfrentan cientos de familias que continúan buscando a un ser querido desaparecido, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Baja California informen al Congreso cuáles son las necesidades operativas, técnicas, científicas y presupuestales que impiden fortalecer los procesos de identificación humana y reducir el rezago de cuerpos y restos sin identificar.

En la propuesta, la legisladora manifestó la disposición del Congreso del Estado para impulsar las medidas legislativas que contribuyan a fortalecer las capacidades del Estado en materia de identificación humana y atención a familias de personas desaparecidas. Asimismo, solicitó que la información requerida sea entregada en un plazo no mayor a 30 días naturales, con el objetivo de avanzar hacia una respuesta institucional más efectiva.

En la exposición de motivos, Santa Alejandrina Corral Quintero recordó que, en diversos casos documentados en el país, personas reportadas como desaparecidas permanecieron durante años bajo resguardo institucional sin ser identificadas, lo que evidenció fallas en los procesos forenses y prolongó el sufrimiento de sus familiares.

La diputada señaló que la iniciativa cobra especial relevancia en Baja California, donde recientemente colectivos de búsqueda localizaron al menos 44 cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas de la zona de Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali. Indicó que este hallazgo refleja la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para procesar, analizar, resguardar e identificar los restos humanos, además del rezago existente en confrontas genéticas y expedientes pendientes.

Corral Quintero subrayó que el Congreso ya había aprobado anteriormente un exhorto para solicitar información sobre el número de cuerpos sin identificar, el estado de las confrontas genéticas y las acciones implementadas para fortalecer la identificación humana; sin embargo, señaló que esa petición no ha sido atendida en los términos solicitados, por lo que consideró necesario insistir en obtener información que permita construir soluciones de fondo.

El exhorto también solicita a ambas instituciones remitir un informe detallado que incluya las necesidades de contratación y capacitación de especialistas en medicina, genética, antropología, odontología y criminalística forense; los requerimientos de infraestructura, laboratorios y tecnología; el estado del rezago en los procesos de identificación; los recursos presupuestales indispensables y las reformas legales que consideren necesarias para fortalecer estas tareas.