Una grave situación de inseguridad jurídica y extorsión ha estallado en la colonia 8 de Octubre (Lagunitas), en la comunidad de El Pescadero. Representantes sociales y residentes denunciaron públicamente que un grupo de personas, presuntamente encabezado por abogados y particulares, está abusando de la vulnerabilidad de familias humildes y trabajadores del campo, exigiéndoles cuotas ilegales bajo la amenaza de desalojo.

Guadalupe Antonio Castro Crespo, coordinador de Unificación y Defensa por los Originarios, junto a Johnny Francisco Morgan Salinas, vicepresidente de la colonia, señalaron que la gente que gana apenas 200 pesos al día es obligada a entregar sumas que van desde los 500 hasta los 2,000 pesos. Estos cobros se disfrazan de supuestas cooperaciones para servicios como pozos de agua, luz o trámites de vivienda que nunca se concretan.

 Johnny Francisco Morgan Salinas: “Estamos buscando una solución y ayuda del gobierno estatal ante actos de corrupción de personas que llegaron, se plantaron y empezaron a pedirle a nuestros compañeros indígenas dinero para pozos de agua, que es una gran mentira. Nos piden cantidades de 500 o 1,000 pesos para todo. Ya estamos cansados de ese tipo de extorsiones; buscamos un pedazo de tierra para vivir y ellos se aprovechan ayudados por quién sabe qué autoridades, porque llega la Guardia Nacional o la policía y nunca nos hacen caso”.

Los denunciantes señalaron directamente a los licenciados Arturo Rubio Ruiz y Rangel, así como a un grupo operativo, de orquestar estos cobros y de utilizar la violencia física contra los colonos. A pesar de existir múltiples demandas ante las autoridades competentes, los afectados aseguran que los actos de “cobardía” y golpes contra compañeros continúan ante la aparente indiferencia o protección de las fuerzas del orden que patrullan la zona.

La preocupación de los fundadores de la colonia es que el conflicto en El Pescadero escale a niveles de marginación como los vistos en Cabo San Lucas, donde actualmente miles de familias viven en el olvido. Ante esto, hicieron un llamado enérgico a la SEDATU y a su sala anticorrupción para que intervengan en la regulación de las tierras nacionales y pongan fin al lucro con la necesidad de vivienda digna.

El llamado de auxilio es desesperado. Las familias, muchas de ellas provenientes de otros estados y pertenecientes a comunidades indígenas, claman por la atención del gobierno estatal y federal. “Volteen a ver a la colonia 8 de Octubre”, pidió Morgan Salinas, subrayando que la paz social en esta zona agrícola de La Paz depende de que se detenga a quienes están “robando y extorsionando” a los trabajadores más desprotegidos de la entidad.

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El cargo Familias de El Pescadero denuncian red de extorsión y corrupción por terrenos; señalan a falsos líderes apareció primero en Tribuna de México.