El Ayuntamiento de La Paz tiene en la mira la expansión de La Madriguera, una estancia infantil diseñada originalmente para los hijos de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Este programa, que nació para dar certeza y apoyo a las familias de los oficiales, ha demostrado ser un esquema de bienestar laboral que la administración municipal pretende replicar en otras áreas críticas.

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, destacó que instituciones como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) y la Dirección de Servicios Públicos son las candidatas principales para recibir este beneficio. Sin embargo, el principal reto para concretar esta ampliación no es la voluntad política, sino la disponibilidad de infraestructura física adecuada para albergar a los menores de edad de forma segura.

“Referente a La Madriguera, sí es algo que nos gustaría replicar aquí en el SAPA, en servicios públicos. Lo que se requiere es el espacio; es decir, la infraestructura para poder ampliar”, señaló la alcaldesa. Quiroga Romero recordó que en el caso de la policía fue más sencillo debido a que ya existía un espacio que pudieron destinar específicamente para este fin dentro de sus instalaciones.

El éxito de la primera etapa de La Madriguera radicó en que la infraestructura ya estaba disponible, facilitando la implementación de recursos y reglamentación. No obstante, para llevar este beneficio a los recolectores de basura o trabajadores de cuadrillas de agua potable, el Ayuntamiento de La Paz debe realizar un diagnóstico de sus inmuebles para garantizar que cumplan con las normativas de protección civil y capacitación del personal.

“En tránsito municipal había un espacio que pudimos destinarlo y eso fue más sencillo. Ya nada más era la implementación, el recurso, la reglamentación y capacitación, pero es algo que de alguna manera buscaremos replicar para todos los trabajadores del Ayuntamiento de La Paz”, enfatizó la edil paceña durante un encuentro con medios de comunicación.

Este proyecto se suma a las estrategias de humanización del servicio público en Baja California Sur, donde la conciliación entre la vida laboral y familiar de los empleados operativos suele ser una de las demandas más sentidas. De consolidarse la réplica en el SAPA, el gobierno municipal marcaría un precedente en la entidad sobre el cuidado de la primera infancia para hijos de trabajadores de servicios básicos.

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El Ayuntamiento de La Paz analiza la posibilidad de reactivar el programa piloto Retorno Seguro, una iniciativa que en 2023 logró canalizar a personas en situación de calle hacia sus lugares de origen. Según datos recientes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, actualmente existe un padrón de aproximadamente 50 personas viviendo en la vía pública en diversas zonas del municipio y sus delegaciones.

La directora de la corporación, Rut de la Fuente Velázquez, confirmó que, aunque el programa fue exitoso en su etapa inicial logrando el retorno de 10 personas tras un proceso de estabilización física y mental, por el momento no se encuentra vigente. El objetivo de este esquema es brindar una salida digna y segura a quienes han perdido contacto con sus redes de apoyo familiar fuera de Baja California Sur.

Ante la inactividad del programa, la alcaldesa Milena Quiroga Romero señaló que ya se encuentran en gestiones con el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Nacional de Migración (INM). La intención es sumar esfuerzos interinstitucionales, especialmente en casos donde se han detectado personas de nacionalidad extranjera o con afectaciones severas de salud que dificultan su plena identificación.

La problemática de las personas en situación de calle en La Paz trasciende el simple traslado geográfico. Datos previos indican que muchos de estos ciudadanos enfrentan crisis de salud mental o adicciones que requieren una atención integral antes de ser enviados de vuelta a sus estados. La falta de un presupuesto permanente para el Retorno Seguro pone en duda la sostenibilidad de una solución a largo plazo para este sector vulnerable.

La capitana Rut de la Fuente Velázquez explicó que se han identificado partidas presupuestales a nivel estatal que podrían ser la clave para financiar estos apoyos específicos. “Recientemente me reuní con el titular del Instituto Nacional de Migración para coordinar acciones con personas que no sean de nacionalidad mexicana y que se encuentren de manera irregular, a fin de realizar las diligencias correspondientes”, detalló la funcionaria.

Por su parte, Milena Quiroga Romero enfatizó que el reto es mayor cuando las personas presentan desorientación total. “Estamos hablando de personas que a veces tienen una afectación mayor y no reconocen su propia identidad ni la de sus familiares. Es un esfuerzo que requiere coordinación incluso a nivel nacional”, puntualizó la presidenta municipal de La Paz, reafirmando que buscarán que el Retorno Seguro vuelva a ser una realidad operativa este año.

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