Que la guerra de Irán iba a revolver el mercado turístico mundial es algo que el sector intuyó casi desde el mismo día en que Washington e Israel desplegaron su ‘Operación Furia Épica’. Y es normal. El conflicto no solo disparó el precio del combustible y, en general, el coste de la vida. Durante sus primeros compases noqueó parte de la actividad aeroportuaria del Golfo Pérsico y la operativa de las terminales de Dubái, Doha o Riad, lo que afectó tanto al turismo de esas regiones como al flujo de viajeros que suele volar de Europa a Asia haciendo escala en Oriente Medio.

Ahora sabemos que ese escenario ha llevado a miles de familias europeas a pensar en otra zona del planeta más calmada para disfrutar de sus vacaciones: Sudamérica.

“Extraordinariamente fuerte”. Latam Airlines es un peso pesado de la aviación latinoamericana. De ahí que las reflexiones de su CEO, Roberto Alvo, sean mucho más que las opiniones de un directivo. También (sobre todo) son una pista de hacia dónde se dirige el sector en el continente.

Eso explica que las declaraciones que dejó hace unos días en una entrevista con Financial Times hayan despertado un interés especial. Al hablar sobre los flujos de turistas y el impacto que ha tenido la guerra de Irán, Alvo reveló un dato importante sobre el comportamiento de los europeos: “La gente está cambiando de destino. La demanda entre Europa y América del Sur ha sido extraordinariamente fuerte”.

¿Son solo palabras? No. Hay datos que corroboran que Alvo no anda desencaminado. En general, durante los siete primeros meses del conflicto (marzo-septiembre) Latam Airlines transportó un 10% más de viajeros entre Europa y Sudamérica que durante el mismo período de 2025. 

Y no es algo que esté pasando únicamente en la compañía que dirige Alvo. Los datos de OAG consultados por Financial Times muestran que durante la primera mitad de 2026 las reservas de vuelos desde los principales aeropuertos europeos con destino Sudamérica (excluyendo Venezuela) aumentaron un 6,5%.

País por país. Si analizamos el período enero-agosto se observa que el tráfico de pasajeros entre Europa y Brasil aumentó un 5,3%, el dirigido a Perú se disparó un 9,4%, el de Chile creció otro 12,7%, el de Paraguay un 15,2%, el de Uruguay un 16,4%, el de Ecuador un 18,7% y el de Argentina un 25,9%. Eso sí, al manejar esas cifras hay que tener en cuenta dos claves que ayudan a interpretarlas.

La primera es que la guerra de Irán se inició a finales de febrero. La segunda, que el porcentaje solo muestra la evolución, no la cantidad de viajeros. El tráfico con Brasil quizás haya aumentado solo un 5,3%, pero es que ha movido cuatro veces más pasajeros que Argentina. Algunas fuentes calculan que el país lusófono recibió en ocho meses (enero-agosto) alrededor de 1,28 millones de turistas europeos, lo que equivale a un 14% más que durante el año pasado.

“Aislada del conflicto”. Para el director ejecutivo de Latam Airlines esos porcentajes tienen poco de misterioso. Él los relaciona en gran medida con la guerra de Irán y su impacto en Oriente Medio. Al fin y al cabo, deslizaba en su entrevista, Sudamérica queda “muy lejos” del Golfo Pérsico “y eso es bueno porque está aislada del conflicto”.

Acierte o no en su análisis, hay un dato incuestionable: Dubái, Abu Dabi o Doha, ciudades afectadas por la onda expansiva de la guerra, no solo son destinos turísticos en sí mismos. Para miles de europeos son puntos de paso obligado en sus desplazamientos a Asia o el Pacífico. De hecho, el inicio de la guerra de Irán dejó a algunos turistas españoles varados en países del Sudeste Asiático, como Tailandia, porque sus vuelos de vuelta hacían escala en Oriente Medio.

Algunas estimaciones señalan que un tercio de los viajes con origen o destino Asia pasaban por esas ciudades del Golfo. La cifra aumenta si hablamos de rutas con Australia.

Pero estamos en noviembre, ¿no? Aunque la guerra de Irán aún no ha concluido, la situación es hoy bastante distinta a la de finales de febrero, cuando un supuesto dron iraní alcanzó la fachada del icónico hotel Burj Al Arab y Dubái vio cómo los expats removían cielo y tierra salir del país. Flight Radar muestra que hay aviones sobrevolando el Golfo Pérsico y los viajeros vuelven a Dubái, pero eso no significa que el escenario sea el mismo que el del 27 de febrero, antes de que Washington e Israel lanzaran su ofensiva en Teherán.

En el foco. Aunque agosto fue el mejor mes para la industria turística de Dubái desde el inicio de la guerra, su ocupación hotelera rondó el 66% y se situó aún al 89% de los niveles del año pasado. En cuanto a la operativa aeroportuaria, Oriente Medio se ha visto marcado en las últimas semanas por los ataques (y amenazas) hutíes en Arabia Saudí (incluidos golpes a su aeropuerto central), lo que ha llevado a aerolíneas asiáticas, europeas y del Golfo a evitar Riad.

Con todo, como señala FT, Emirates, Etihad o Qatar Airways, compañías clave del Golfo, no tardaron en abrir tras el inicio de la guerra para ofrecer conexiones.

La guerra… y algo más. Aunque la sombra de la guerra puede explicar que parte del flujo de turistas europeos se haya redirigido de Oriente Medio, Asia y Oceanía hacia Sudamérica, como argumenta Alvo, resulta innegable que en el continente ya había países ganando turistas antes del conflicto.

Un ejemplo claro es Brasil, que ya se movía en cifras récord en 2025. Entre enero y julio de este año registró su segunda mejor marca histórica gracias, en parte, a un repunte del 20% en la llegada de españoles. Argentina presumía en julio de un récord de turistas de “países no limítrofes”, incluida España, y México está también en niveles históricos de turismo extranjero, con un aumento del 6,3%.

Por supuesto, no todas las naciones de Sudamérica evolucionan igual. Perú registra datos similares a los de 2025 y OAG constata también una pérdida de pasajeros europeos en Colombia, Bolivia o (sobre todo) Venezuela. “Los europeos siempre han viajado [a Sudamérica], pero ahora el turismo es cada vez más frecuente”, señala el CEO de Latam Airlines. “Todos los alojamientos y hoteles de lujo están completos y se está invirtiendo mucho […]. Sudamérica tiene la oportunidad de convertirse en un destino que acapare la atención de quienes desean vuelos de larga distancia”. 

Imágenes | Raphael Nogueira (Unsplash), Eddie Kiszka (Unsplash) y Rocker Sta (Unsplash)

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Un buen cocido madrileño, un potaje de vigilia, una fabada asturiana o un plato de judiones de La Granja. Todo suena tradicional y muy típico de la gastronomía patria, pero la realidad es que gran parte de las legumbres que usamos en algunos de nuestros potajes más emblemáticos tienen poco que ver con el campo español: llegan de cientos (o incluso miles) de kilómetros de distancia, de plantaciones de Norteamérica u otras zonas de Europa. De hecho, cuando hablamos de ciertas legumbres lo más fácil es encontrarse con género extranjero, no autóctono.

La razón es muy sencilla: costes.

¿Te gustan las legumbres? Si la respuesta es sí y sueles preparar en casa (o comer en el bar) potajes y cocidos es probable que tu dieta sea más internacional de lo que piensas. Aunque las leguminosas son un ingrediente esencial de algunos de los platos más tradicionales de la cocina española, la realidad, en el siglo XXI, es que gran parte de las que se comercializan llegan del extranjero.

Lo reconoce el propio Ministerio de Agricultura y Alimentación, que explica que “tanto España como la UE son importadoras netas de leguminosas grano”. Se cultivan. Se exportan. Pero sobre todo se importan de otros países.

¿Qué dicen las cifras? Que si hablamos de legumbres y balanza comercial debemos utilizar el signo negativo. Así lo muestra la plataforma de análisis COTEC, que registró en 2025 exportaciones por valor de 67,5 millones de euros y un flujo de importaciones valorado en 174 millones. La ‘foto’ de OEC es algo distinta, pero la lectura se repite: la balanza comercial global es negativa, con más mercancía entrando que saliendo, al menos en términos de valor.

En su último informe sobre leguminosas en grano, correspondiente a la campaña 2025-2026, el Ministerio de Agricultura muestra que se importan muchos más guisantes, habas, lentejas, garbanzos y judías de las que se exportan. De hecho, y más allá de la balanza comercial, hay casos en los que el volumen de importación supera con creces la producción y resulta clave para cubrir el consumo interno.

¿Hay más datos? Sí. Una fuente valiosa es Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa), que ha publicado un informe en el que analiza cuestiones como la evolución de la demanda en España, la producción nacional o el enorme peso que tiene en el mercado doméstico la mercancía extranjera. Sus estadísticas se basan en datos de 2024, pero aún así resultan elocuentes.

Como recordaba hace poco El Confidencial, las tablas de Mercasa sugieren que el 74% de las alubias o judías secas, el 64% de las lentejas y el 38% de los garbanzos que llegan a nuestras mesas se cultivan en otras naciones. En general, alrededor de dos tercios de las legumbres que consumimos son importadas.

¿De dónde vienen? En ocasiones, de plantaciones situadas a miles de kilómetros. Según Agricultura, Canadá y EEUU son la principal fuente de lentejas importadas. Si hablamos de garbanzos la referencia es EEUU y México y en el caso de las judías secas, Argentina. Rusia ha sido tradicionalmente el origen de los guisantes secos, Reino Unido de las habas secas y Australia del altramuz. 

Hay casos en los que el peso de las importaciones es aplastante: algunos analistas advierten desde hace años que la mayoría de lentejas que consumimos (en 2018 se habla de entre el 65% y 80%) vienen de fuera, sobre todo de Norteamérica.

Garbanzos ‘made in USA’. Esa diversidad de orígenes la constataba hace unos años la OCU en un análisis en el que reveló, por ejemplo, que el 71% de los garbanzos importados llegan de EEUU y el 15% procede de México. En el balance de las importaciones de lentejas destaca Canadá, con el 58% de los envíos, y en el de las alubias Argentina, con el 74% de la mercancía foránea. Canadá y Polonia aportan otro 14% y el resto desembarca desde EEUU, Austria, Perú y Turquía.

“A pesar de que en España tenemos una gran tradición de cultivo de legumbres de buena calidad, la mayoría de las que consumimos son de importación”.

Y eso, ¿por qué? Básicamente, por costes. “España es el mayor productor y consumidor de legumbres de la UE, pero aun así no somos capaces de producir de una forma económica ni siquiera para satisfacer la demanda interna”, explica a El Confidencial Diego Rubiales, de la Asociación Española de Leguminosas.

Una idea similar transmite Nicolás Armentero, de la Asociación Legumbres de Calidad: pese a la huella de carbono que implica mover la mercancía, “en un mundo interconectado el coste real de traer 40 contenedores en un barco que ha hecho 7.000 km es muy inferior al de cultivar esas legumbres aquí en España”.

¿Consumimos muchas legumbres? Consumimos algo más que en los últimos años, aunque menos que hace unas décadas. Según las estadísticas de Agricultura, en 2025 la ingesta media per cápita (persona y año) en los hogares fue de 3,47 kilos,  por encima de los 3,36 del año anterior o 3,06 de 2015.

Si echamos la vista más atrás, hay fuentes que aseguran que el consumo en la década de los 60 era muy superior. En cuanto a las explotaciones, la superficie media cultivada de leguminosas grano en España ronda las 400.000 hectáreas, casi un tercio dedicadas a guisantes secos. El resto se lo reparten vezas, yeros, garbanzos, habas, judías, altramuces y lentejas, que acaparan el 10%.

A la hora de competir, el producto español dispone de sus propios recursos, como apostar por la calidad frente a los precios (la brecha entre lo que cuestan las fabes asturianas y las alubias polacas es considerable) y distinguirse claramente en los comercios. Para ello cuenta con sellos oficiales que acreditan su origen.

Imágenes | Alan Ruiz (Flickr), Sushanta Rokka (Unsplash) y MAPA 1 y 2

Vía | El Confidencial

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En El Cardoso de la Sierra lo que caldea el debate no es la crisis de la vivienda, la tragedia de Urda o el 29N. El gran tema de conversación en esta localidad de la Serranía de Guadalajara en la que el INE contabilizaba apenas 49 vecinos en 2025 es otro: las fronteras. En agosto se lanzó en Change.org una iniciativa que reclama que la villa (incluidas sus seis pedanías) deje de formar parte de Castilla-La Mancha para sumarse a la Comunidad de Madrid, de la que, asegura el autor de la campaña, ya reciben “casi todos los servicios”.

“No es una cuestión de fronteras políticas, es una cuestión de coherencia geográfica, eficiencia del dinero público y bienestar social”. De momento han reunido 672 firmas.

Revisando el mapa. El Cardoso de la Sierra es un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara situado en la frontera con la Comunidad de Madrid. En la localidad hay quien quiere sin embargo invertir ese orden y convertirlo en una villa madrileña limítrofe con Guadalajara. Para lograrlo, han lanzado una campaña en Change.org que exige “anexionar” el municipio a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta, que va camino de las 700 firmas, se dirige tanto a los gobernantes de Madrid como a los de Castilla-La Mancha y la diputación de Guadalajara, e insiste: de salir adelante, el cambio de fronteras ofrecerá “un beneficio mutuo incuestionable” para las tres administraciones, además (por supuesto) del propio El Cardoso. “Un verdadero win-win”.

“Una anomalía”. Esa es, en opinión de Luis Bustillo, autor de la campaña, la situación en la que se encuentra la villa: “Una anomalía geográfica y administrativa”. “Aunque administrativamente formamos parte de la provincia de Guadalajara, la realidad geográfica nos une por completo a la Comunidad de Madrid”, arguye. “Por pura cercanía, dependemos y recibimos de la administración madrileña casi todos los servicios básicos del día a día: sanidad, educación, correos e intervenciones de la Guardia Civil”.

¿Y cuál es el problema? Que esa aparente disonancia geográfica-administrativa ha llevado al pueblo a una “situación límite”. “Al no pertenecer oficialmente a Madrid, sufrimos un aislamiento logístico injusto”, insiste el autor de la recogida de firmas antes de aportar un ejemplo concreto: “En invierno, las carreteras se vuelven peligrosas y aunque haya una quitanieves, esta tiene que servir a seis pueblos a la vez, mientras que en la Comunidad de Madrid, desde su base en Gandullas, tiene varias quitanieves”.

Mirando a Madrid. La campaña critica también la falta de líneas de autobús, lo que margina la localidad. “La única vía posible es a través de Buitrago en Madrid y eso hace que siga nuestro aislamiento”. ABC aclara que a día de hoy el medio centenar de vecinos de El Cardoso de la Sierra ya acuden al centro de salud y urgencias de Buitrago de Lozoya, pasan consulta en el Hospital Infanta Sofía, estudian en el CRA de Montejo de la Sierra o el IES de La Cabrera o envían su basura a la planta de Lozoyuela. Todo en Madrid, la misma comunidad a la que suelen cruzar en busca de una farmacia o sencillamente para hacer la compra y llenar la nevera.

Los impulsores de la campaña insisten en que convertir El Cardoso en el 180º municipio de la Comunidad madrileña tendría otras ventajas añadidas para sus vecinos, como disponer de “servicios de emergencias rápidos” y “carreteras seguras”. En su opinión, los ganaderos verían cómo se les abren las puertas de la D.O. Sierra de Guadarrama, se accedería al Canal de Isabel II y los vecinos gozarían de un transporte integrado en el CRTM, el consorcio madrileño.

“Un verdadero win-win”. Consciente de lo difícil que resulta mover fronteras, Bustillo no solo insiste en las ventajas que tendría el cambio para el puñado de vecinos de El Cardoso. En su opinión, la “anexión” del municipio a la Comunidad de Madrid favorecería también a Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara. “Dejarían de transferir fondos económicos a Madrid por la prestación de unos servicios que la administración castellanomanchega no puede darnos de forma eficiente por la distancia”, razona.

Para la Comunidad de Madrid, continúa, la integración de El Cardoso de la Sierra llegaría acompañada de varias ventajas relevantes: el control administrativo del nacimiento del río Jarama y una mayor agilidad a la hora de gestionar la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón y el Hayedo de Montejo, mayor superficie para promocionar el “turismo verde”.

A todo ello se añade la “regularización económica” de unos servicios que ya presta la región capitalina. “Madrid asume el coste diario de nuestra sanidad y educación por razones de cercanía. Con la anexión, regularizaría legalmente esta situación y recibiría los impuestos directos de la zona”.

El artículo 141.1. La propuesta no apela solo a la voluntad de los dirigentes de Madrid y Guadalajara, a los que reclama “una mesa de negociación oficial” para tramitar la anexión de El Cardoso. La campaña apunta a la Constitución, en la que se abre la puerta a cambios como el impulsado por Bustillo. “Existe un artículo, en concreto el 141.1 sobre ‘la alteración de los límites provinciales’”, claman. “No es una cuestión de fronteras políticas, es coherencia geográfica, eficiencia del dinero público y bienestar”.

No todos lo ven tan fácil. El alcalde del municipio, Rafael Heras, reconocía hace poco a ABC que el debate sobre la adscripción territorial de El Cardoso no es nuevo. “Es una historia que se repite”, recela antes de explicar que ya se habló del asunto hace más de 20 años, cuando Alberto Ruiz Gallardón estaba al frente de la Comunidad de Madrid. “Ahora no tengo constancia de nada oficial ni por qué motivo vuelve a salir el tema. Suele pasar en época de elecciones”.

Imágenes | Luis Antonio Carrasco (Wikipedia) y Google Maps

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Hoteles, restaurantes, agencias, guías… Cuando uno piensa en quienes están haciendo fortuna con el 'boom' turístico de España la mente se va directamente a la hostelería y negocios vinculados, como los pisos vacacionales. Hay sin embargo otros sectores en los que el flujo de visitantes se siente con una fuerza parecida, como el comercio o la alimentación. Lo muestran con una claridad pasmosa los datos de una de las firmas más relevantes del retail nacional, Mercadona.

En sus tiendas los turistas suponen un nicho de negocio tan importante que en 2025 dejaron 1.800 millones de euros y acapararon el 4,5% de las ventas brutas.

Una cifra: 134.700 millones. Que el turismo es un enorme negocio no es ninguna novedad. El INE calcula que el año pasado el gasto acumulado de los visitantes extranjeros rondó en España los 134.700 millones de euros, un 6,8% más que en 2024, cuando ya había experimentando un alza anual del 16,1%. Y  (a la espera del último trimestre) todo indica que la tendencia seguirá en 2026.

Primero, porque el flujo de viajeros sigue creciendo a buen ritmo. Segundo, porque esa mayor afluencia llega acompañada de un incremento del gasto: solo entre enero y agosto de este ejercicio los turistas extranjeros desembolsaron casi  99.900 millones de euros, un 8% más que durante el mismo período de 2025.

Un porcentaje: 4,5%. El aumento de turistas se deja sentir en los alquileres vacacionales, restaurantes, hoteles… y las cuentas de una de las grandes cadenas del retail español, Mercadona. En diciembre Expansión publicó un artículo que muestra cómo la huella de los visitantes extranjeros en la cadena no ha parado de crecer en los últimos años, tanto en términos netos (millones facturados) como en el peso que esos ingresos tienen en la contabilidad global de la empresa.

Si en 2021 la cadena de Juan Roig ingresó 750 millones de euros gracias a las ventas a turistas, lo que supuso el 2,7% de los ingresos brutos de aquel año, en 2025 la foto era ya bien distinta. En diciembre Mercadona esperaba cerrar el año con un volumen de ventas a turistas de 1.800 millones de euros, lo que elevaba su aportación al total de la facturación bruta de la compañía hasta el 4,5%. 

Los datos se calculan gracias a las compras pagadas con tarjetas extranjeras y son interesantes porque muestran una progresión sostenida durante el quinquenio.

Un año: 2021. El último lustro ha sido cualquier cosa menos aburrido en el sector turístico, que ha pasado de sufrir la resaca de la pandemia a moverse en resultados récord. Las tablas del INE muestran que en 2021 España recibió 31,2 millones de turistas extranjeros, 71,6 en 2022, 85,2 en 2023 y 93,7 en 2024. En 2025 fueron 96,8 y el sector sueña ya con alcanzar la barrera de los 100 millones. 

Son cifras importantes porque ese alza ha ido pareja de un incremento en el gasto turístico: de 34.900 millones en 2021 a 134.712 millones el año pasado.

En la playa... y los súper. Todos esos datos parecen haber tenido un reflejo claro en las cuentas de Mercadona. Según la información de Expansión, en 2021 los turistas se dejaron en las tiendas de la cadena 750 millones, lo que supuso el 2,7% de sus ingresos brutos totales. En 2022 esos valores se situaban ya en 1.060 y 3,4%, respectivamente; en 2023 ascendían a 1.340 y 3,8% y en 2024 marcaban 1.550 y 4%. En 2025 se esperaba alcanzar los 1.800 millones de euros (4,5%).

Por supuesto, la cadena de Juan Roig no es la única que se beneficia de la llegada de visitantes de otros países. El turismo y el aumento de la población, impulsada por la inmigración, se nota en el conjunto del comercio minorista. Se calcula que en 2024 las ventas de las grandes cadenas alcanzaron los 50.225 millones de euros. Y el sector esperaba disfrutar de una subida del 3,8% en 2025.

Una pregunta: ¿Era esperable? Sí. Y no solo por el aumento del turismo, lo que se traduce en un mayor número de potenciales compradores extranjeros. La patronal de los supermercados, AEDAS, calcula que en las zonas más turísticas estos llegan a representar alrededor del 18% del total de consumidores. 

Y si por algo destaca Mercadona es por su amplia implantación en el territorio español, con cerca de 1.600 tiendas repartidas por España y una amplia presencia en la Comunidad Valenciana. De hecho a nivel general se calcula que su cuota de mercado en el sector ronda ya el 30% (un porcentaje alto que incluso rebasa en algunas regiones), muy por encima del resto de sus competidores.

Una versión anterior de este post se publicó en diciembre de 2025.

Imágenes | Pedro López (Flickr) y Mercadona

Vía | Expansión

En Xataka | Los supermercados Action han pasado de ser unos desconocidos a conquistar media Europa. En España no lo tendrán fácil

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China arrancó 2026 con un récord histórico. En enero su Oficina Nacional de Estadísticas reveló que la tasa de natalidad se ha desplomado al nivel más bajo desde al menos 1949, año de la fundación de la República Popular. El pinchazo agravó la pérdida de población general y constata el profundo cambio social y cultural que vive el país. Sus datos demográficos dejan sin embargo otra lectura mucho más preocupante: a medida que envejece, el gigante asiático ve cómo aumenta el peso de la población anciana dependiente.

De hecho hay indicadores que sugieren que, por primera vez en la historia, los trabajadores chinos mantienen a más personas mayores que a niños.

¿Qué ha pasado? Al igual que Japón, China se está acostumbrando a que los informes sobre demografía de su Oficina Nacional de Estadística supongan un jarro de agua fría. Ocurrió en enero, con la actualización de la tasa de natalidad. Y ha vuelto a ocurrir ahora con la puesta al día de otro indicador importante: la tasa de dependencia de la tercera edad, la herramienta que muestra a la sociedad (y autoridades) china qué peso tiene la población en edad 'no laboral' en relación con la que sí está en edad de cotizar.

Para sorpresa de nadie, esa tasa está subiendo. Y rápido.

¿Qué muestra exactamente? Que en 2025 la tasa de dependencia de la tercera edad se situó en un 23,1%. Hay dos formas de analizar el dato. Y ambas arrojan una lectura preocupante. La primera se obtiene al repasar el archivo histórico de la Oficina Nacional de Estadística, lo que muestra que la tasa de dependencia de la población anciana ha ido creciendo de forma sostenida a lo largo de los años. En 2016 marcaba un 15%, en 2021 superaba el 20% y ahora ya rebasa el 23%.

Porcentajes aparte, esa secuencia nos indica que el peso de la población mayor sobre la población en ‘edad laboral’ no para de crecer. No se trata solo de una simple curiosidad demográfica. Esa brecha tiene consecuencias directas sobre la presión que ejercen en la economía china las pensiones y los gastos sanitarios y asistenciales, que previsiblemente irán incrementándose a medida que envejezca el país.

¿Y la segunda lectura? Se obtiene al ampliar el foco y observar los datos de otras cohortes de población dependiente, como la formada por los niños pequeños. Según el último balance anual de la Oficina Nacional de Estadísticas en 2025 su indicador se situó en el 22%.

Dicho de otro modo, ahora mismo en China la tasa de dependencia de la tercera edad (23,1%) supera a la infantil (22%), una circunstancia que nunca se había dado hasta ahora. Se calcula que en el país hay más de 223 millones de personas que ya han soplado las 65 velas, mientras que el grupo formado por niños menores de 14 años apenas llega a 213 millones. Eso nos da una idea de la situación actual. Y también pistas sobre qué pasará las próximas décadas.

¿Por qué es importante? Sobre todo por eso último. Por la tendencia, lo que los datos nos muestran sobre el futuro de China, un país que tras décadas de aplicación estricta de la ‘política del hijo único’ se ha visto inmerso en una crisis de natalidad que sus autoridades todavía no han logrado revertir. Y eso que han intentado de todo para lograrlo.

A pesar de esos esfuerzos, la población china lleva cuatro años cayendo de forma constante, el país ha perdido el ‘cetro’ de la nación más populosa del mundo y la sociedad no para de envejecer. Un informe de Our World in Data muestra que en 1965 la edad mediana de la población china no llegaba a 25 años, muy por debajo de la británica. En 2025 ambas naciones habían confluido ya en torno a los 40.

¿Qué significa? Que China está envejeciendo poco a poco, una tendencia que se mantendrá a medio plazo, si tenemos en cuenta sus últimos datos de natalidad. El problema no es en sí el aumento de población anciana, sino lo que este acarrea: mayor gasto público en pensiones y servicios sanitarios.

La BBC señala que a finales de 2025 más de 53 millones de personas recibían subsidios y prestaciones para la tercera edad. Aunque el dato más alarmante lo dejó la Academia China de Ciencias Sociales en 2019, cuando advirtió que, si no se adoptaban medidas, el fondo estatal de pensiones podría agotarse a mediados de la próxima década por el desajuste en la proporción trabajadores-jubilados.

Hay quien advierte que las últimas estadísticas deben manejarse con cautela, ya que pueden presentar como población “dependiente” a mayores que en realidad no lo son. En cualquier caso, hay dos realidades incontestables. La primera es que el futuro de las pensiones lleva tiempo en el foco. La segunda, que Pekín ha decidido adoptar medidas firmes y elevar la edad de jubilación.

Imágenes | Joylynn Goh (Unsplash), Toxic Smoker (Unsplash) y Our Wourld in Data

En Xataka | Ante la falta de natalidad, el envejecimiento y una economía que se frena, China ha encontrado una vía: la remigración

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La noticia Tras años de envejecimiento, China se enfrenta a una nueva realidad: sus familias ya mantienen a más ancianos que niños fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Ueno Bank ha pasado de ser el sueño financiero más ambicioso de Paraguay a protagonizar su mayor pesadilla. La historia de semejante cambio puede resumirse en tres cifras. En un tiempo récord (de 2023 a 2026) la entidad elevó su cartera de 500.000 clientes a más de tres millones, una cifra asombrosa en un país de 6,5 millones de habitantes. El problema es que esa expansión acelerada quedó empañada el martes, cuando el Banco Central intervino la entidad al comprobar que no alcanza el mínimo de solvencia exigido.

Ahora el país tiene a miles de familias sin acceso a sus cuentas… Y ve cómo resuena una palabra maldita: corralito.

¿Qué ha pasado? Que Paraguay vive una crisis financiera y política con epicentro en Ueno Bank, un banco esencial en el tejido económico del país. Desde el martes la entidad está intervenida por orden del Banco Central (BCP), lo que significa que millones de clientes han visto cómo se congelaban sus ahorros. Lo mismo le ocurre al Estado con fondos públicos que suman cientos de millones.

¿El motivo? Los activos y pasivos se han quedado suspendidas mientras el BCP aclara la situación del banco y, lo más importante, cómo de cubiertas están sus obligaciones. Los propios usuarios no tardaron en comprobar que no podían operar de forma normal en los cajeros y la banca online.

¿Tan grave es? No se trata solo de que Ueno tenga más de tres millones de clientes en la nación (“dos de cada tres paraguayos eligen Ueno Bank”, presume la entidad en su web), es que también mantiene importantes vínculos empresariales, políticos e institucionales. Eso explica que desde el martes haya dimitido el responsable del regulador bancario, Carlos Carvallo, o que el mismísimo presidente del país, Santiago Peña, haya renunciado al cargo, si bien el Congreso no aprobó su salida y ha activado un juicio político contra él.

En los últimos días se han publicado también noticias que apuntan a que el Estado tiene depositados 850 millones de dólares en el banco. Entre los fondos públicos que administra se incluirían además alrededor de 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo que se encarga de administrar el Seguro Social de Paraguay.

¿Qué es Ueno Bank? Durante años, una historia de éxito empresarial rutilante. Desde el martes, el epicentro de un seísmo político y social en Paraguay. Aunque la entidad se transformó en un banco en 2023, cuando obtuvo la licencia del BCP para operar como tal, sus orígenes se remontan mucho más atrás, a mediados de los 70. Como financiera, su actividad se centró en pequeños comerciantes y un perfil de cliente al que le costaba acceder a la banca tradicional.

Con el tiempo, la firma captó el interés de Grupo Vázquez, un importante holding que la adquirió en 2021. Dos años después se incorporó al sistema financiero y en 2024 se consolidó con la absorción de Visión Banco. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en un gigante con más de tres millones de clientes en el país que gestiona, según sus estimaciones, tres millones de transacciones al día.

Esas cifras se han repetido hasta la saciedad esta semana, igual que se han repasado también los vínculos de Ueno con importantes figuras de Paraguay: Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding, aunque vendió su participación en 2025; y antes de asumir la presidencia del BCP en 2023 el propio Carlos Carvallo fue directivo de Financiera Ueno.

¿Por qué está intervenido? Para entenderlo hay que remontarse al martes, cuando el BCP emitió un comunicado en el que informaba del “inicio del procedimiento de resolución del banco Ueno”. La nota no ahondaba en detalles, pero deslizaba un argumento clave: la decisión se adoptó “tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido”. “La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”, añadía.

La misma madrugada del martes la aplicación de Ueno Bank emitía un mensaje en el que explicaba que no podía mostrar los saldos. Solo unas horas después empezaron a reunirse frente a la sede central de la entidad y decenas de sucursales personas empeñadas en retirar fondos. Así lo relata El País, que habló con una peluquera que insistía en que necesitaba dinero para comprar medicinas para su hijo.

¿No ha dicho nada más el BCP? Sí. Para calmar los ánimos Liana Caballero, miembro del directorio del BCP, aclaró qué había ocurrido: “Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto ni la aplicación ni las tarjetas ni ningún servicio de la entidad está activa a partir de la fecha”. También recordó que el fondo de garantías cubre el equivalente a hasta 75 salarios mínimos mensuales “por persona física o jurídica en cada entidad financiera”. Eso equivale a 37.700 dólares.

¿Y ahora, qué? Es la gran incógnita. Más allá de la tormenta política e institucional que ha desatado, Ueno Bank es el banco de miles de familias y concentra 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos varios cientos del IPS. La entidad financiera también gestiona las pensiones de decenas de miles de jubilados. Esa relevancia explica que en los últimos días haya ciudadanos que han salido a la calle para protestar por la caída de la entidad, preguntar cómo se ha llegado a la situación actual y demandar soluciones.

“Seamos claros sobre lo que ocurrió. Un banco perteneciente a un solo conglomerado empresarial terminó concentrando los ahorros de la mayoría de los adultos del país, además de cientos de millones de dólares de fondos de pensiones”, comenta en la BBC Orkun Saka, del City St George's. Aunque el BCP ya había advertido sobre los “préstamos excesivos” a empresas ligados a sus propietarios, el experto recuerda que “aún así siguieron llegando fondos públicos”. “Esto no es simplemente la historia de un banco mal gestionado”.

Por lo pronto, se ha detenido a varios directivos de la entidad y hay casi una treintena de imputados. El foco ahora está puesto en la gestión del esquema financiero, la concesión de créditos y su efecto en la solvencia del banco.

Imágenes | Ueno Bank

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La noticia Durante años Ueno Bank pareció conquistar las finanzas de Paraguay. Ahora ha reavivado el fantasma del "corralito" fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Si una persona está cobrando el ‘paro’, ¿puede realizar alguna actividad económica y ganar dinero con ella? ¿Y si los ingresos que percibe a través de esa vía son mínimos, de solo unos cientos de euros al mes? El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de publicar una sentencia que despeja dudas sobre ese escenario y, de paso, da un toque de atención al Servicio Público de Empleo (SEPE). Y todo por un desempleado de Vigo que durante un tiempo se dedicó a vender uvas y madera para completar su economía doméstica.

Para entender el caso hay que remontarse al verano de 2021, cuando la Dirección Provincia de Pontevedra del SEPE reconoció a Victorio el derecho a cobrar la prestación por desempleo. En concreto le correspondían 720 días que le garantizaban una fuente de ingresos hasta agosto de 2023. El caso es que el hombre no se contentó con el subsidio del SEPE y decidió completar su economía vendiendo lo que sacaba del campo y los montes.

Las cifras las conocemos gracias al expediente del TSXG que analiza el caso y que ha avanzado, en exclusiva, La Voz de Galicia. 

Madera y uvas

En 2021 Victorio percibió 5.371 euros gracias a la venta de uvas y 3.571 comercializando con madera. Al año siguiente sacó 9.030 euros con los viñedos y 4.081 con la madera. Sin embargo, hay un matiz importante: esas cantidades muestran “ingresos brutos”, los “netos”, que se obtienen una vez descontados los gastos y reflejan el beneficio real que obtuvo el hombre, son muy inferiores.

El primer año los ingresos netos sumaron 1.222 euros y el segundo 2.348. En total, poco más de 3.500 en dos años. Mucho o poco, lo cierto es que el SEPE acabó comunicando a Victorio el inicio de un “procedimiento de revocación de prestaciones por desempleo”. De poco sirvieron sus alegaciones. 

A comienzos de 2024 el organismo público tomó una decisión:

“Revisar de oficio el derecho a la prestación reconocida desde el 13 de agosto de 2021 hasta el 12 de agosto de 2023, por proceder la suspensión de la misma durante un total de 213 días, 95 en 2021, 65 en 2022 y 53 en 2023, y declarar la percepción indebida que asciende a 2.520,97 euros”, precisa la resolución del SEPE antes de detallar los períodos que usa para el cálculo de esa cantidad. 

El afectado reclamó, pero volvió a toparse con la negativa de Empleo.

El caso podría haber terminado ahí, pero se complicó con nuevos protagonistas. 

En abril de 2024 Inspección de Trabajo emitió un informe en el que advertía que la actividad agrícola y forestal de Victorio era “residual y esporádica” y que básicamente se orientaba al “autoconsumo familiar”. De ahí que no apreciara irregularidades que pudiesen afectar a su negociado. El asunto acabó en el Tribunal de Instancia de Vigo y ha terminado dirimiéndose en el TSXG.

¿Cuál es su conclusión? Confirma una sentencia anterior que da la razón en parte a Victorio y revoca la decisión tomada por el SEPE a comienzos de 2024. En la práctica, como señala La Voz de Galicia, eso se traduce en que el organismo público deberá devolver el subsidio al desempleado. Sin embargo, lo más interesante del fallo del TSXG no es su conclusión final sino el argumentario.

Al repasar la jurisprudencia y reflexionar sobre el caso, el alto tribunal gallego deja varios comentarios interesantes. El primero está relacionado con los ingresos de Victorio.

El TSXG recuerda que en general “cualquier actividad por cuenta propia o ajena […] es incompatible con el subsidio de desempleo”, pero añade: “Sin embargo, dicha actividad ha de tener alguna relevancia económica y esta no lo tiene, porque los ingresos netos obtenidos por la venta de uva y madera en cuantía de 1.222,3 euros en 2021; 2.348,45 en 2022 y aproximadamente unos 1.700 en 2023 carecen de la suficiente significación como para que conduzcan a una conclusión de la incompatibilidad del subsidio de desempleo reconocido, la devolución del mismo y a sanción de cualquier naturaleza”.

Por si no quedase claro, el juez recuerda que las cantidades ingresadas con la venta de uvas y madera no llegaron a 200 euros ninguno de los meses analizados, muy por debajo del 75% del SMI. 

“Son insignificantes desde el punto de vista de su repercusión en la renta vital del recurrente y totalmente alejados conceptualmente de lo que pueda considerarse como un ‘trabajo’ sea por cuenta propia o ajena, ni a tiempo parcial, que le permita subsistir”. “No ofrece posibilidades de sustento personal, propio y de su familia, aunque revele una actividad esporádica y meramente marginal”.

En el documento del TSXG se lee también que, aunque la LGSS (la normativa de la Seguridad Social) habla de incompatibilidades relacionadas con explotaciones agrarias, “ha de excluirse tal incompatibilidad cuando la labor agraria se concreta, como en autos, a un reducido cultivo para consumo familiar, en términos tan limitados que excluyan palmariamente la posibilidad de fraude”. 

“Sostener lo contrario comporta desconocer una realidad sociológica y lleva, como en el caso, a consecuencias desproporcionadas”.

En su web el SEPE detalla las circunstancias en las que es posible desempeñar trabajos a la vez que se percibe una prestación o subsidio. Como regla general, el organismo considera situaciones de incompatibilidad el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, salvo cuando este último se realice “a tiempo parcial” y se haya solicitado la compatibilidad. En ese caso, se deducirá del importe de la prestación una parte proporcional al tiempo trabajado. 

Sí se consideran compatibles “cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social”.

El marco legal se actualizó con el Real Decreto ley 2/2024.

Imágenes | Andrea Cairone (Unsplash) 1 y 2

Vía | La Voz de Galicia

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La noticia Una sentencia obliga al SEPE a devolver el paro a un desempleado de Vigo que sacaba un dinero extra vendiendo uvas y madera fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

España acaricia la barrera de los 100 millones de turistas extranjeros, una marca histórica que, más allá de su valor simbólico, refleja algo innegable: nuestro país se ha convertido en uno de los grandes resorts del mundo. A día de hoy somos la segunda nación con más visitantes, solo por detrás de Francia. Y hay quien cree que no tardaremos en superarla. La obsesión por rebasar esos 100 millones de viajeros empaña sin embargo otra cifra igual de importante: en lo que va de 2026 España ha recibido unos 20,4 millones de turistas más que en 2016, lo que se suma al incremento de la población residente, que roza ya los 50 millones.

Entre la población que trabaja en España y quienes vienen aquí de vacaciones somos más (muchos más) que hace una década. La pregunta es obvia: ¿Están las infraestructuras y servicios del país preparados para atender ese aumento?

La cifra: 80,5 millones. A pesar del impacto de la guerra de Irán en los precios (incluido el del queroseno), el encarecimiento de la oferta turística (unas vacaciones en Mallorca pueden costar lo mismo que en Bali) y la saturación que empiezan a mostrar algunos destinos españoles, 2026 no está siendo mal año para los hoteles de nuestro país.

Al contrario. El último balance del INE muestra que entre enero y septiembre se alojaron 80,5 millones de visitantes extranjeros, un 5,2% más que en 2025. Incluso crece (aunque en mucha menor medida) el turismo interno, el protagonizado por españoles que viajan dentro del territorio nacional. Si los destinos más masificados del país dan muestras de saturación, el fenómeno no se nota en las estadísticas.

Cogiendo perspectiva. Con semejantes cifras sobre la mesa no es extraño que el sector sueñe con alcanzar la barrera psicológica de los 100 millones de turistas extranjeros, un objetivo que parecía al alcance de los dedos ya el año pasado. Incluso el ministro de Industria, Jordi Hereu, reconocía en julio que este (sí que sí) podría ser el año en el que se conquisten al fin los nueve dígitos. Pero… ¿Qué supone realmente recibir 100 millones de visitantes? ¿Cuántos turistas más son con respecto a hace una década?

Esa pregunta se la hacía esta semana en X Carlos Barragán, un periodista de The New York Times que recordaba algunas cifras en el mismo tuit: los 80,5 millones de turistas registrados entre enero y septiembre no solo suponen un 5% más que los anotados en 2025. Cuando se compara con las cifras de 2016 se comprueba que el incremento se mide en varias decenas de millones de visitantes. El analista habla en concreto de un incremento de 25 millones de viajeros.

¿De dónde sale la cifra? Si consultamos las estadísticas actualizadas del INE vemos que durante los nueve primeros meses de 2026 España recibió 80.502.143 turistas extranjeros. Durante el mismo período de 2016 fueron 60.088.578. La diferencia supera ya holgadamente los 20 millones de visitantes. Lo que hace Barragán es extender la ‘foto’ hasta diciembre con una estimación conservadora.

Teniendo en cuenta que entre octubre y diciembre del año pasado el INE contabilizó 20,3 millones de visitantes, eso dejaría el balance final de 2026 en 100,8 millones. De cumplirse esa previsión, cerraríamos el año ni más ni menos que con 25 millones de turistas foráneos más que en 2016.

Algo más que turistas. España no solo está viviendo un “boom” turístico. Desde hace tiempo el INE constata otra tendencia igual de importante: un aumento de la población residente; es decir, la que habita, trabaja y desarrolla su día a día en los municipios de España. Impulsado básicamente por la inmigración, el censo nacional creció en casi 104.200 personas durante el segundo trimestre del año hasta situarse en unos 49,8 millones a fecha de 1 de julio de 2026.

Eso deja España a las puertas de otro hito histórico: alcanzar los 50 millones de residentes. Para valorar esa cifra conviene coger perspectiva: a mediados de 2016 el censo español se situaba en 46,4 millones, en 2006 no llegaba siquiera a 44,4 millones y en 1996 marcaba 39,9. ¿Qué significa eso? Que en la España de 2026 no solo hay más extranjeros disfrutando de sus vacaciones que hace dos décadas, también ha aumentado el número de vecinos.

“Las costuras empiezan a chirriar”. Esas cifras (tanto el aumento del turismo como el de empadronados) han llevado a algunos analistas a hacerse una pregunta a lo largo de los últimos meses: ¿Se ha preparado el país para asumir ese incremento de población permanente y flotante? No se trata solo del aumento en sí, sino de la velocidad a la que se ha alcanzado, lo que deja la incógnita de si las infraestructuras y servicios han podido seguirle el ritmo.

Hay quien se muestra escéptico al respecto, como Pere Navarro, director general de Tráfico, quien en 2025 dejaba un aviso a navegantes recogido por El País: “[España] es un país de 50 millones de habitantes con unas infraestructuras y muchas políticas diseñadas para un país de 40 millones, y esto tiene sus efectos”. Y a modo de advertencia, concluía con una metáfora: “Las costuras empiezan a chirriar. Es un problema de éxito, una realidad que hemos de gestionar”.  

Repasando datos. Los datos explican el recelo de Navarro. En marzo un informe de Fundación BBVA alertaba de “la caída del peso de la inversión en infraestructuras de uso público [hidráulicas, de transporte y urbanas] en el total de la inversión pública de España”. Si en 2009 representaba el 61%, en 2025 no llega al 38%, “un peso que se mantiene estancado desde la pandemia”, advertía. “Actualmente, los volúmenes de inversión, en términos reales, en infraestructuras de uso público son un 25% inferiores a los de 2000 y se sitúan un 60% por debajo del máximo de 2009”.

¿Es solo teoría? El de BBVA no es el único análisis que advierte de la caída de la inversión pública desde el ajuste fiscal que acompañó a la crisis financiera de 2010, un problema agravado por el boom turístico. Y no se trata solo de teoría. Llega un repaso rápido a la hemeroteca para encontrar ejemplos de esa presión.  

Más allá de las estadísticas del INE, la afluencia de visitantes se nota en los aeropuertos (algunos operan por encima de su capacidad máxima), el suministro de agua durante los meses de sequía o ciertos servicios públicos, lo que ha llevado a cada vez más ciudades a adoptar tasas turísticas. 

“No te ayudan a regular la demanda, pero sí a generar fondos para compensar la huella”, reconocía hace un año la Secretaria de Estado de Turismo. No es un problema exclusivo de España (ahí está Italia), pero sí se vuelve más acuciante a las puertas del récord de los 100 millones de turistas.

Imágenes | Martijn Vonk y Howei Wang (Unsplash)

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La noticia España tiene hoy 25 millones de turistas más que en 2016. El problema es que la infraestructura del país sigue igual fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Hay una España que vive totalmente ajena a las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y los vaivenes del euríbor. El motivo es muy sencillo: esa parte de la población no necesita llamar a las puertas de ninguna entidad financiera para comprarse una casa. Aunque la vivienda no para encarecerse y la crisis de acceso al mercado residencial se ha agudizado hasta tal punto que (culebrón parlamentario mediante) ha obligado al Gobierno a adelantar las elecciones, en nuestro país hay miles de familias que pagan sus casas "a tocateja", sin necesidad de endeudarse con hipotecas.

De hecho en España hay varias comunidades autónomas en las que lo ‘raro’ (si hablamos a nivel estadístico) es comprarse una vivienda tras haber firmado un crédito con el banco.

¿Propietarios hipotecados? Es lo más habitual en España, al menos si nos basamos en las estadísticas del Consejo General del Notariado (CGN). En su último informe, publicado hace unos días, aunque con datos de agosto, se refleja que más de la mitad de las compraventas de vivienda que se cerraron ese mes lo hicieron con apoyo de financiación bancaria.

Traducido a cifras, eso significa que de las 34.599 operaciones registradas, 19.875 se hicieron con un préstamo de por medio, lo que representa el 57,4%. Los notarios contabilizaron otros 5.848 créditos adicionales en el mismo estudio, aunque no se destinaron a la compra de vivienda.

Es lo esperable, ¿no? Desde luego el porcentaje no sorprende si se tienen en cuenta dos factores. Primero, que el metro cuadrado (m2) residencial lleva años inmerso en una espiral alcista. Un balance reciente publicado por la agencia Efe muestra que desde 2018 la vivienda se ha encarecido cerca de un 50%, lo que ha elevado su valor nominal (otra cosa es el real, que tiene en cuenta el efecto de la inflación) por encima de los máximos de la burbuja inmobiliaria

El segundo factor es que ese aumento de precios (incluidos los alquileres, que también se han disparado) está tensando la economía de no pocos hogares. Fundación BBVA estima que el 9% de la población se encuentra en una situación de “sobrecarga por gasto de vivienda”, lo que significa que dedica más del 40% de sus ingresos a alojamiento. Si hablamos de jóvenes son el 20%. Entre los inmigrantes sube al 26%.

Esa presión reduce la capacidad de ahorro de las familias y explica que quien quiera comprarse una vivienda necesite llamar a las puertas de los bancos para buscar financiación.

¿Importa dónde vives? Sí. Y esa es una de las lecturas más interesantes que deja el estudio del CGN. Aunque en general en España se financian mediante préstamo hipotecario el 57,4% de las compraventas de vivienda, ese porcentaje varía de forma considerable de una comunidad autónoma a otra.

Se aprecia bien al comparar las dos regiones que más y menos dependen del crédito: Madrid y Castilla y León. En la primera se financian con hipotecas el 94,4% de compraventas, mientras que en la segunda lo hacen el 40,6%. Dicho de otro modo: en Madrid únicamente se paga a "tocateja" en el 5,6% de las operaciones, muy por debajo del 59,4% de Castilla y León.

¿Y en el resto del país? El balance global de los notarios puede observarse en la tabla que acompaña a este reportaje. En ella se aprecia que las cinco regiones en las que más vivienda se paga al contado (o con financiación ajena a los bancos) son Castilla y León (59,4%), Cantabria (58,2%), Castilla-La Mancha (56,2%), la Comunidad Valenciana (53,8%) y Galicia (52,7%).

¿A qué se debe la mayor o menor dependencia de los préstamos hipotecarios? A una suma de factores, incluidos el perfil del comprador (por ejemplo, el peso de los extranjeros en busca de segunda residencia) o las características del mercado (mayor o menor atractivo para inversores o perfil turístico) y del propio parque, lo que incluye por ejemplo el peso de la obra nueva. 

Hay más claves. Un aspecto crucial es lo accesible que resulte el crédito bancario o la estructura demográfica y patrimonial de la región. Al fin y al cabo, entre una CCAA y otra no solo cambia el precio del m2, también lo hacen factores como la edad media de la población o el peso de los residentes de más de 65 años.

¿Sabemos algo más? Sí. El informe del CGN deja otras conclusiones interesantes. En general, los notarios constataron que en agosto la compraventa de viviendas se redujo en 16 comunidades autónomas y se cerraron un 9,8% menos de operaciones. Eso explica que la concesión de préstamos hipotecarios para adquirir viviendas se redujera un 5,6% interanual. Curiosamente, la cuantía promedio concedida subió un 1,3%, hasta los 164.978 euros. Nada extraño si tenemos en cuenta que en general el m2 subió un 12,8%.

Imágenes | Jordi Vich Navarro (Unsplash) y CGN

En Xataka | En Japón hay casas vendiéndose hasta un 50% por debajo de su precio. Hay dos palabras que lo explican: "jiko bukken"

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La noticia Una realidad se abre paso en Castilla, Extremadura o Cantabria: la mayoría de casas se están comprando a tocateja fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Se suponía que las del 29N iban a ser las elecciones de la crisis de la vivienda, el tema que lleva meses encabezando el ranking de principales preocupaciones de los españoles y que, tras un intenso culebrón parlamentario, precipitó el adelanto electoral. Tras la tragedia de Urda ya no está tan claro. La gestión de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad (AV) lleva una semana acaparando el debate público. Eso explica que la última exclusiva de ABC haya generado expectación: el diario ha revelado una directriz interna de Adif que anima a utilizar trenes comerciales para certificar incidencias en las vías.

Dicho de otro modo (y de forma resumida), cuando se detecta una pequeña anomalía en la red de AV no se moviliza necesariamente a los técnicos. En ocasiones, antes debe comprobarla el siguiente convoy que circule por la zona.

¿Qué ha pasado? Que Borja Méndez firma hoy una crónica en ABC en la que revela un protocolo de Adif que hasta ahora había pasado inadvertido: la Ficha Específica LAV2 prevé que cuando se detecte una alteración leve en la red de AV deba ser el siguiente maquinista que pase por la zona quien lo confirme.

Es decir, Adif no tiene por qué cortar el tramo de forma automática y alertar a los técnicos de mantenimiento al instante. Antes puede recurrirse a otro convoy comercial (con su personal y pasajeros) a modo de inspector in situ, una especie de ‘banco de pruebas’ que sirve para descartar falsas alarmas.

¿Qué dice exactamente la orden? La directriz de Adif es clara. Cuando un maquinista detecta una anomalía de “repercusión débil” en una vía, el administrador ferroviario no tiene por qué adoptar una respuesta inmediata que pase por suspender el tráfico en el tramo ‘sospechoso’.

El protocolo es otro: se encarga al siguiente maquinista que pase por la zona que esté atento para comprobar si realmente hay un problema o el aviso de su anterior compañero se debió a otras causas, como un fallo en la suspensión del tren.

¿Qué es una “repercusión débil”? Ahí está la clave. La normativa consultada por ABC, de carácter interno, distingue cuatro escenarios distintos, en función de lo que haya percibido el maquinista que advierte de la anomalía. Hay fallos débiles, moderados, fuertes y muy fuertes.

El protocolo en cuestión se centra en los primeros, los débiles: baches, vibraciones fuera de lo común o sacudidas. Cuando el conductor percibe una anomalía así, el Centro de Control de Tráfico avisa al siguiente maquinista que circule por la zona y le pide que esté atento al comportamiento del tren. El objetivo: corroborar que efectivamente pasa algo en la vía.

¿Y luego, qué? Cuando se alcanza ese ‘doble check’ sobre el terreno, el escenario cambia. Los trenes adaptan su velocidad (hay diferentes escenarios posibles) y una vez confirmada la sospecha se moviliza a los técnicos. La directriz de Adif deja claro que ese paso no es estrictamente necesario “hasta que [la incidencia] sea confirmada por las circulaciones siguientes”. Como recoge Méndez en su crónica, no todos los profesionales comparten esa forma de proceder, que básicamente utiliza trenes comerciales (con pasajeros a bordo) para confirmar anomalías en la infraestructura.

¿Por qué es importante? Aunque 2026 está siendo un año trágico para el ferrocarril, con dos siniestros en menos de 10 meses (Adamuz y Urda) que suman 115 víctimas mortales y decenas de heridos, no abundan los accidentes de esa gravedad en la historia de la AV española. Y eso habla de sus protocolos.

El problema es el enfoque del protocolo analizado por ABC: su idea de fondo es priorizar la agilidad del tráfico ferroviario para evitar incidencias. Y eso es importante si se tiene en cuenta que el gestor debe compaginar dos valores clave: la fluidez operativa y la seguridad del servicio.

¿Qué hacer si un maquinista sospecha haber detectado un fallo menor en la vía? ¿Debe interrumpirse el tráfico, ordenar una limitación temporal de velocidad y asumir retrasos en el servicio, aunque al final se trate de una falsa alarma? La directriz de Adif deja sobre la mesa otra pregunta: ¿Debe esperarse que sean los maquinistas que están conduciendo trenes comerciales quienes se encarguen de detectar anomalías o confirmar fallos comunicados por sus compañeros? ¿Deberían movilizarse los técnicos siempre al instante?

¿Es algo nuevo? El mantenimiento ferroviario ha protagonizado un intenso debate a lo largo de la última semana. El propio exministro Óscar Puente apuntó las diferencias que hay entre el modelo alemán y el español: aquí las obras de mantenimiento y renovación del ferrocarril suelen ejecutarse en horario nocturno para alterar lo menos posible el tráfico diurno; en Alemania las líneas se cierran para acometer renovaciones de forma integral, sin importar si eso afecta al servicio durante largos períodos.

No se trata de decidir si el servicio ferroviario debe ofrecer mayor o menor seguridad, sino de hasta qué punto se está dispuesto a asumir interferencias en el tráfico.

¿Hay más factores? Sí. El debate sobre el mantenimiento y la gestión de la red de alta velocidad española ha cobrado importancia tras los accidentes de Adamuz y Urda, pero hay otra razón por la que debe ser prioritario: España es uno de los países con más kilómetros de alta velocidad del mundo. Solo nos supera China en extensión de vías. Eso se explica por el despliegue de la infraestructura desde los años 90, lo que ha permitido tejer una malla amplia que, sin embargo, obliga también a un mayor esfuerzo de conservación.

Esta misma semana El Mundo reveló otro documento estratégico de Adif con un aviso a navegantes: a finales de esta misma década el número de sucesos que pueden afectar al tráfico ferroviario y achacables a la infraestructura rondará probablemente los 8.800, un 20% más que el año pasado.

Imágenes | Nelso Silva (Flickr) 1 y 2

Vía | ABC

En Xataka | Maquinistas y controladores coinciden: "El LZB es seguro pero está obsoleto, los fallos de transmisión son habituales"

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La noticia Adif usa maquinistas y trenes comerciales con pasajeros para confirmar ciertos fallos en las vías fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Las ambiciones expansionistas de Donald Trump han hecho que Groenlandia se pasase meses acaparando titulares. Se ha hablado de su relación con Dinamarca y el pulso independentista de la isla, su riqueza minera en tierras raras e incluso de su valor geoestratégico en la pugna por controlar el Ártico. La isla también es noticia a menudo por su pérdida masiva de hielo, acelerada por el cambio climático. Sin embargo, Groenlandia protagoniza otro fenómeno del que se habla mucho menos: su turistificación, que se nota sobre todo en la expansión de su red de aeropuertos.

Tras la inauguración de tres aeródromos en un tiempo récord, ya hay quien habla con cierta sorna de una “Ibiza sobre hielo”.

Vuelo con destino Ilulissat. Tras meses acaparando titulares por la fijación de Donald Trump en convertirla “en parte” de EEUU y el pacto de seguridad con Washington y Copenhague, Groenlandia vuelve a ser noticia. Aunque por una razón bastante distinta. Hace unos días la isla inauguró un nuevo aeropuerto con vuelos internacionales que, de entrada, mejorará la comunicación de la isla con Dinamarca e Islandia.

La terminal se sitúa en Ilulissat, la tercera urbe más poblada de Groenlandia (5.100 vecinos), y se estrenó la semana pasada con un vuelo con destino Copenhague que duró 4,5 horas y transportó a 169 pasajeros, incluidos cargos públicos.

¿Un aeropuerto para 5.100 personas? No. Y esa es la clave. Ilulissat no es solo la tercera ciudad más populosa de Groenlandia, aunque eso equivalga a tener poco más de 5.000 habitantes, cerca del 10% de los 56.000 que se estima que viven en el conjunto de la isla. La localidad es también uno de los puntos más atractivos y visitados de Groenlandia. De hecho, se la conoce como la “Ciudad de los Icebergs”.

Aunque su nombre quizás no sea muy conocido en los circuitos turísticos internacionales y a menudo quede eclipsado por el de la capital groenlandesa (Nuuk), Ilulissat ofrece una oferta interesante para los amantes de los paisajes helados y la aventura: paseos en trineos tirados por perros, visitas al fiordo de hielo de Ilulissat (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), excursiones en barco para ver icebergs, avistamientos de ballenas y (si acudes en la época adecuada del año) actividades para disfrutar de la aurora boreal.

Según Trap Greenland, antes de 2019 Ilulissat registraba 31.103 pernoctaciones de viajeros, incluidos los groenlandeses. La web también habla de miles de cruceristas.

Bonito sí, accesible no. El problema (al menos hasta ahora) es que Ilulissat era tan atractivo como inaccesible. Si querías llegar a la ciudad, ubicada en la costa occidental de Groenlandia, tenías básicamente dos opciones: pagar por un crucero o buscar la forma de llegar vía aérea. Si optabas por esto último, podías volar hasta uno de los aeropuertos principales de Groenlandia, como el internacional de Nuuk, y subirte allí a una aeronave con destino Ilulissat.

La alternativa era volar directamente a bordo de un pequeño avión desde Islandia. Según precisa la agencia Associated Press, no hay conexiones por carretera que conecten Ilulissat con otras ciudades importantes de la isla, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que casi el 80% de la superficie terrestre de Groenlandia está cubierta por hielo.

Las condiciones son tan complicadas que durante décadas la principal puerta de acceso a la isla ártica desde el extranjero fueron las antiguas bases aéreas militares de Estados Unidos situadas en Kangerlussuaq y Narsarsuaq.

Más allá de Ilulissat. Si la nueva terminal de Groenlandia ha despertado tanto interés no es solo por la inauguración en sí. Lo realmente interesante es el contexto. El nuevo aeropuerto de Ilulissat es la tercera infraestructura de ese tipo que la isla ha estrenado en un tiempo récord.

El avance más importante llegó hace justo dos años, a finales de 2024, con la inauguración de una terminal en Nuuk pensada para conexiones internacionales. Incluso se hablaba de ofrecer vuelos en verano con EEUU. El pasado abril el Gobierno regional fue un paso más allá y estrenó otra infraestructura en Qaqortoq que facilita el acceso al sur.

¿Una ‘Ibiza sobre hielo’? La expresión no es nuestra. La usaba con ironía hace poco The Guardian en una pieza en la que repasaba precisamente la apertura de aeropuertos en la isla y su aparente apuesta por el sector turístico, algo que no ocultan las autoridades isleñas. Durante el vuelo inaugural entre Ilulissat y Copenhague, el propio primer ministro de la región, Jens-Frederik Nielsen, reconocía que “si Groenlandia quiere ser independiente necesita una base sólida, tanto económica como industrial y empresarial”.

¿Y la respuesta es el turismo? Desde luego es un motor económico valioso en un contexto complejo para la industria pesquera de la isla. Por supuesto, no todo son oportunidades. En Groenlandia ya hay quienes ven con escepticismo (o un enfoque crítico) la apuesta por un sector que, advierten, no siempre tiene en cuenta a los empresarios locales.

La realidad es que, a día de hoy, Groenlandia está lejos aún de ser un destino de masas. En 2025 recibió  ‘solo’ 180.000 visitantes, si bien se trata de una cifra récord que mejora en un 8% el balance de 2024. También hay que valorarla teniendo en cuenta la población de la isla, de apenas 56.000 personas. En 2024 el sector representó el 4,9% del PIB.

Imágenes | Visit Greenland (Unsplash) yf Buiobuione (Wikipedia) 

En Xataka | El turismo está trayendo otra consecuencia a las calles de Japón: un renovado auge de la prostitución

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La noticia Groenlandia inaugura un nuevo aeropuerto en una ciudad remota entre icebergs para ser la “Ibiza del hielo” fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Óscar Puente ha decidido abandonar el Ministerio de Transportes abriendo uno de los debates más complejos, delicados y también que más sensibilidades agita en España cuando se habla de infraestructuras: la expansión de la red de alta velocidad. O mejor dicho, la obsesión de las ciudades y regiones españolas por disponer de trenes de alta velocidad sin reparar en costes ni buscar criterios comunes. La caja de los truenos la abrió Puente ayer cuando (casi) nadie sabía aún que solo unas horas después anunciaría su dimisión ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados.

Él se va. El debate que ha planteado en el momento más difícil de la historia de la alta velocidad se queda.

¿Qué ha pasado? Óscar Puente no solo ha sido el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante tres años. Para muchos también es el enfat terrible del Gobierno de Pedro Sánchez, su escudero, un político presto al debate y obsesionado con las redes que ha encadenado polémicas desde que asumió su cartera a finales de 2023.

Ayer, durante la extensa rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros que aprobó un plan para “optimizar la seguridad” ferroviaria tras la tragedia de Urda, hizo gala de ese perfil entrando de lleno en un debate espinoso: la expansión de la alta velocidad en España y el uso político que se ha hecho de la infraestructura en los últimos años.

¿Qué dijo exactamente? Las declaraciones completas las puedes escuchar en el vídeo que incluimos sobre estas líneas, a partir del minuto 56, pero se resumen fácilmente: Puente advirtió que en España todo el mundo quiere disponer de líneas de alta velocidad en su comarca y exige además que la infraestructura llegue bajo tierra, sin establecer antes criterios comunes. Entre otras cosas, eso, advirtió, deriva en un coste milmillonario para las arcas del Estado.

La reflexión de Puente llegó a raíz de una pregunta sobre la ampliación de la red ferroviaria y el debate de cómo se ha orquestado en España. Y su respuesta es contundente.

“¿Hay alguien en este país que haya estado dispuesto en algún ámbito territorial a renunciar a la alta velocidad (AV)? ¿Hay alguien que no alce el grito si no se lleva la AV a su territorio? ¿Hay algún responsable político, no voy a entrar en signos, que no presione al máximo para que la AV llegue a su territorio? Y si no llega, ¿no convierte eso en una herramienta política de primer orden?”, arrancó el ministro. “Analicen la historia de este país, los últimos 20, 30 años. Si no tienes AV no eres nadie. Si no tienes AV no se te trata como mereces. Esta palabra la oigo hasta la saciedad”.

¿Dijo algo más? Sí. Sin entrar en detalles ni bajar a casos concretos en plena precampaña del 29-N, Puente insistió: “Sinceramente, creo que este es un debate que nos concierne a todos porque no es ni de un partido ni de un responsable político, creo que es un debate de la propia sociedad”.

“Como los soterramientos, por cierto. Todo el mundo quiere el tren soterrado al paso de su ciudad. ¿Cuánto vale soterrar los trenes? Hay un cálculo aproximado, no actualizado, de que los protocolos de soterramiento de ferrocarril en toda España tienen un coste de 40.000 millones de euros. Echen ustedes cuentas. Pero aquí todo el mundo quiere el soterramiento. Y si no lo hay es que tu ciudad es de segunda división. Y lo hablo yo por la mía”, continuó Puente, quien ejerció como alcalde de Valladolid hasta junio de 2023.

¿Importa el contexto? Mucho. De hecho, en este caso es tan importante como las declaraciones en sí. Puente compareció tras un Consejo de Ministros en el que la seguridad ferroviaria fue uno de los temas centrales. La reunión se celebró además una semana después de la tragedia de Urda, el accidente que implicó a un tren AVE y un Iryo y que ha dejado decenas de heridos y 69 fallecidos. Precisamente ese suceso, ocurrido nueve meses después del siniestro de Adamuz en la red Madrid-Andalucía (46 muertos), ha marcado los últimos días de Moncloa en general y de Puente en particular.

Desde que ambos trenes impactaron el pasado miércoles en Urda (Toledo) se han sucedido las voces que reclamaban la dimisión o cese de Puente, máximo responsable de la cartera de Transportes. Las presiones llegaron desde PP y Vox, pero también por parte de socios aliados del Ejecutivo. Durante días Puente rechazó la idea de dejar el cargo (“Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara”), pero ayer por la tarde, tras la conferencia matinal y una extensa comparecencia en el Congreso, hizo justo lo contrario.

¿Qué significa eso? Que en teoría al responder a las preguntas de la prensa Puente ya sabía que le quedaban solo unas horas en el cargo. Así lo explica El País, que asegura en realidad el ministro decidió dejar su cartera justo después del accidente de Urda (el miércoles 28 de octubre), aunque lo mantuvo en secreto hasta ayer por la tarde. Con esa información, la parte final de la respuesta de Puente a los periodistas resulta especialmente interesante.

Tras quejarse de que en España rechazamos las integraciones ferroviarias blandas al considerarlas de “pobres”, aunque es la opción por la que sí optan “ciudades ricas” como Zúrich o Burdeos, clamó por una reflexión sobre el debate de fondo.  

“Nosotros tenemos que tener soterrado el tren por todas partes. Y en esa espiral social en la que nos hemos visto envueltos los últimos 30 años hemos tomado decisiones que puede que hayan sido equivocadas. Yo no responsabilizaría a nadie […]. Creo que es una cuestión de pedagogía social y de dirigirnos hacia una sociedad adulta que entienda que los recursos son finitos, que establezca reglas que impidan las discriminaciones. ¿Por qué no hubo un criterio general que sirviera para todos? ¿Por qué es tan difícil hacer política paran adultos en nuestro país? Yo lo dejo ahí”, concluyó Puente, quien confesó hablar “casi a modo de desahogo”.

¿Qué dicen los datos? Que se esté de acuerdo o no con las reflexiones del extitular de Transportes, hay algo innegable: España es uno de los países con una mayor red ferroviaria de alta velocidad. De hecho, si atendemos a su longitud (kilómetros medidos en 2021) es la segunda más extensa. Solo nos supera China. Tras los accidentes de Angrois (2023), Adamuz (enero) y Urda (octubre) nuestro país ostenta ahora otro récord: concentra más de la mitad de víctimas mortales registradas a lo largo de la historia de la alta velocidad, si bien el peor siniestro hasta la fecha sigue siendo el sufrido en Eschede (Alemania) en junio de 1998, que dejó un terrible saldo de 101 fallecidos.

Imágenes | Pool Moncloa/Sandra Armada

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La noticia Óscar Puente: "Analicen la historia de este país los últimos 30 años: si no tienes alta velocidad no eres nadie" fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Compartimos con ellas nuestro día a día, las alegrías y penas, incluso (cada vez más) nuestras vacaciones y grandes celebraciones, exactamente igual que si se tratara de un miembro más de la familia, así que… ¿Por qué no hacer partícipes a las mascotas también de nuestra última despedida? ¿Por qué no abrirles las puertas de los velatorios, permitiéndoles despedirse de sus dueños y, de paso, hacer el trance más llevadero al resto de la familia?

Hay quien ya ha pasado de las preguntas a la práctica.

“Protocolo Haru”. Hace algo menos de un año y medio el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) anunció en su web un nuevo servicio a disposición de sus 42.500 vecinos, uno que, presumía el Consistorio, lo convertía en un “pionero” en España. El servicio en cuestión se bautizó como ‘Protocolo Haru’ y básicamente facilita que las mascotas puedan acceder al tanatorio y cementerio para despedirse de sus dueños.

De hecho, ‘Haru’ es el nombre de un gato rescatado por la edil de Bienestar Animal de Puerto Real, Virginia Mera. La fidelidad y comportamiento del minino llevó a la concejala a preguntarse cómo reaccionaría si ella falleciera. De ahí que se sentase con la empresa de servicios funerarios gaditana Cemabasa para buscar la forma de que los animales de compañía pudiesen despedirse de sus dueños difuntos.

¿Y cómo lo plantean? “El ‘Protocolo Haru’ establece las condiciones y medidas necesarias para que los animales puedan acceder de forma segura y respetuosa a las instalaciones del tanatorio y cementerio, acompañados siempre por un responsable y bajo la supervisión del personal”, comentan desde el Consistorio. “La ceremonia de despedida se realiza en un espacio privado y con un tiempo limitado, garantizando el respeto y solemnidad para todos las personas presentes”.

Puerto Real insiste en el “vínculo afectivo que une a las personas con sus animales” y asegura que hay estudios que constatan que tras el fallecimiento de su dueño las mascotas “pueden experimentar ansiedad e incluso una profunda sensación de abandono”. “Permitirles despedirse ayuda a mitigar estos sentimientos y facilita la asimilación de la pérdida”. 

Hace poco ABC confirmó que el protocolo ya está en vigor y en mayo se celebraron las primeras despedidas con mascotas. El servicio también se ha implantado en el Cementerio Mancomunado de Chiclana.

Más allá de Cádiz. Puerto Real no es el único municipio que ha decidido replantearse la relación entre las mascotas y los velatorios. En Bilbao hay un tanatorio dog friendly que permite que las familias puedan despedirse de sus seres queridos acompañadas de sus peludos y El País publicó hace poco una crónica en la que cita otros dos casos interesantes: el de PFB Serveis Funeraris, al frente de varios centros en Cataluña, y Grupo Albia. Hay otros municipios (caso de Mataró) en los que hay usuarios reclamando cambios.

¿Todos los casos son iguales? No. El enfoque no es el mismo en todos los casos. El protocolo pactado entre Puerto Real y Cemabasa permite a los animales despedirse de sus dueños. “Se les abre el ataúd y se permite que el animal tome conciencia de que la persona ha fallecido”, explica a El País José Luis Ferrer, gerente de Cemabasa. “No es solo acompañar a la persona fallecida”. En otros casos no se va tan lejos y lo que hacen los tanatorios es convertirse en espacios dog friendly abiertos a mascotas, que de esa forma participan del velatorio y apoyan al resto de familiares.

Grupo Albia señala por ejemplo que “todos sus centros en el país permiten el acceso de animales de compañía para que puedan acompañar a las familias en el momento de la despedida de un ser querido”. Solo exige que se cumplan ciertos “requisitos de seguridad, higiene y bienestar”. No se habla del acceso de la mascota al féretro. Por su lado, PFB ofrece “un espacio íntimo en los tanatorios para que las mascotas puedan despedirse de sus seres más queridos”. Lo hace en “un horario especial” y con el animal siempre acompañado.

Más allá de los velatorios. Iniciativas como la de Puerto Real pueden resultar chocantes, pero en realidad suponen solo un paso más en una tendencia que se remonta años atrás. En España cada vez es más fácil encontrarse con tanatorios, crematorios e incluso cementerios para mascotas, igual que aumenta la oferta de otros servicios orientados a su cuidado. No es nada sorprendente si tenemos en cuenta que en nuestro país ya es más fácil ver animales de compañía que niños.

Con ese telón de fondo hay una pregunta que suena cada vez con más fuerza: ¿Cómo viven los animales de compañía la muerte de sus humanos? ¿Pasan un duelo como tal? ¿Afecta a su salud? Y si es así, ¿cómo hacerles el trance más llevadero? En Cádiz esperan al menos “mitigar” su sensación de abandono y facilitarles “la asimilación de la pérdida”.

Imágenes | Ryan Stone y Faber Leonardo (Unsplash)

Vía | El País

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Japón está de moda. Sobre todo entre los extranjeros que planifican sus vacaciones. La debilidad del yen y el atractivo del destino (amplificado por las redes) ha llenado el país de visitantes, generando un negocio millonario y tensando la convivencia con la población local. Tanto interés despiertan Tokio, Kioto, Osaka, Nagoya y el resto de ciudades niponas que (mal que bien) el país incluso está capeando la crisis que sufre en el mercado chino gracias al aumento de turistas llegados del resto de Asia, Europa o América.

Ese boom turístico no solo se deja sentir en los hoteles, las faldas del Fuji y las izakayas. Su auge está afectando también a un negocio controvertido: la industria sexual.

Algo cambia en Japón. Justin McCurry es un experimentado reportero que suele escribir sobre Japón en medios como The Christian Science Monitor o The Guardian. El martes publicó en ese último diario una crónica en la que advierte de un fenómeno que ha abierto ya un interesante (y espinoso) debate en el país: cómo legislar la prostitución. Japón tiene leyes que abordan el tema, pero la norma de referencia data de los años 50 y todo indica que, en pleno auge del turismo extranjero, la prostitución nipona está reinventándose.

Se aprecia sobre todo en el distrito nocturno de Tokio.

Un paseo por ‘el barrio rojo’. Al igual que otras muchas capitales del planeta, Tokio tiene su propio ‘barrio rojo’: Kabukichō, un distrito famoso por su ambiente nocturno, bares, karaokes, clubes y alojamientos. Incluso aunque su nombre no te diga nada es bastante probable que alguna vez hayas visto fotos de sus calles repletas de neones y carteles. Como señala McCurry en la “ciudad que nunca duerme” también puede verse algo más: mujeres (en ocasiones muy jóvenes) ofreciendo sexo a cambio de unos miles de yenes.

Y hay pistas que indican que cada vez es más fácil encontrarlas. El año pasado la agencia EFE explicaba que antes de la pandemia en un parque del barrio podían verse tres o cuatro mujeres buscando clientes. Tras la crisis sanitaria su número se amplió a varias decenas (entre 30 o 40) y la actividad se expandió hacia zonas próximas. La prensa local habla sobre todo del parque Okubo y el entorno de los ‘love hotels’ del distrito de Shinjuku. ¿Cuántas jóvenes trabajan en las calles de Kabukicho? Difícil saberlo. El año pasado la Policía Metropolitana arrestó a 112.

¿Es algo nuevo? Sí. Y no. Como recuerda McCurry el negocio del sexo no es nuevo en Tokio. En Kabukicho hay bares temáticos, cabarets donde los clientes y las bailarinas beben juntos, baños eróticos (soapland) y pink salons, locales en los que se practica sexo oral. Incluso hay una etiqueta para la industria: Fūzoku, que opera con trabajadoras que se mueven en los claroscuros que deja la ley.

Lo novedoso no es que esos locales funcionen. Lo curioso, el fenómeno sobre el que llaman la atención McCurry y medios como Japan Today, Efe o The Mainichi es otro: la proliferación de trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios directamente en la calle o parques. Son parte de lo que se conoce como tachinbo (prostitución callejera) y no solo genera controversia por su número y actividad, sino por la visibilidad que alcanza en redes más allá de Japón.

¿Es eso un problema? Conecta con uno de los puntos más sensibles del fenómeno. ¿Hasta qué punto ese cambio en la industria sexual japonesa está relacionado con el auge del turismo extranjero? Hace un año AFP publicó una crónica en la que advertía que cada vez es más fácil ver a extranjeros (coreanos, chinos, americanos o europeos) visitando Okubo tras ver vídeos sobre las jóvenes que trabajan en la zona.

La agencia incluso habló con una de las chicas de Okubo, quien confesó que la mitad de sus clientes son de fuera de Japón. “Como no se pueden comunicar en japonés escriben ‘¿cuánto es?’ en sus móviles con traductor”, relata.

Ven vídeos en plataformas como TikTok o Bilibili, abordan a las mujeres y luego van a ‘hoteles del amor’. Las tarifas rondan entre 15.000 y 30.000 yenes por hora, aunque dependen de muchas variables y del servicio pactado. Una joven explicaba hace poco a Japan Today que gana 10 millones de yenes al año (56.000 euros). Algunos blogs hablan de casos de fraudes y robos a clientes, sobre todo a extranjeros con menos recursos (o más reparos) para acudir a la policía.

De las calles a las leyes. Para entender la industria sexual nipona hay que conocer antes su legislación. Para ser más precisos, la Ley de Prevención de la Prostitución de 1956, que establece una serie de líneas rojas. Básicamente y como explica Human Rights Watch (HRW), “sanciona la captación de clientes para la venta de servicios sexuales”. La norma hace mención tanto a los clientes como a las prostitutas, pero a la hora de la verdad la responsabilidad se descarga sobre estas últimas. Se arriesgan a multas y penas de hasta medio año de prisión.

El gran debate. Ante los cambios que está experimentando el sector y la amenaza de que Japón acabe percibiéndose como un destino para los turistas sexuales, el país ha abierto un debate sobre si debe actualizar la ley. Y en ese caso cómo hacerlo. No es un tema fácil y obliga a ir con cautela.

Hay gente convencida de que la normativa debe incluir castigos para los clientes, que de esa forma dejarían de sentirse impunes al contratar prostitutas. Otras voces advierten de que un endurecimiento de la ley perjudicaría aún más a las mujeres, condenándolas a la clandestinidad e impidiendo que denuncien en caso de sufrir agresiones.

Imágenes | Manuel Velasquez (Unsplash) y Guillermo Pérez (Unspash)

En Xataka | Si la pregunta es cuál es la última atracción turística de Japón, la respuesta es súper evidente: jidouhanbaiki

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La noticia El turismo está trayendo otra consecuencia a las calles de Japón: un renovado auge de la prostitución fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .