Por Mónica Calles Miramontes

¡¡¡Escándalo!!! Fuentes fidedignas afirman que el árbitro de la final de futbol mexicano se reunió con el equipo ganador para festejar el penal que marcó y llevó a la victoria al equipo. Según los informes, el árbitro —ese personaje que debía cuidar la correcta aplicación de las reglas del juego—, acudió a las instalaciones del ahora campeón para celebrar el “buen arbitraje que hizo en el partido”.

Lo anterior debe ser causa de indignación del equipo perdedor. Seguramente exigirá llevar a ese árbitro a la Comisión de Arbitraje, buscará que lo sancionen y, sobre todo, evitará que vuelva a pitar un solo partido en la liga. ¡Ese árbitro ha perdido toda imparcialidad, respeto y dignidad para aplicar las reglas!

Lamentablemente, lo anterior en realidad no se trata de futbol, sino de las elecciones en México; este símil sirve para ilustrar lo que pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral). Un paralelismo que refleja la realidad de quien hoy tiene la última palabra en los comicios en nombre de la Constitución y la ley.

En 2024, el Tribunal Electoral avaló la sobrerrepresentación indebida de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Gracias a esa súper mayoría, el oficialismo ha podido demoler uno a uno los pilares de la democracia mexicana: destruyó al Poder Judicial de la Federación, eliminó a los órganos constitucionales autónomos y ahora quiere cambiar las reglas electorales para perpetuarse en el poder a como dé lugar.

La subordinación de los magistrados electorales Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto no es oculta ni un secreto a voces, es abierta y descarada. Lo evidencian en cada resolución parcial que toman. Han sido “juez y parte”, pero como si no fuera esto suficiente, los magistrados también editan libros para justificar la sobrerrepresentación que le entregaron a Morena y luego acuden a San Lázaro o a la Cámara Alta a presentarlos entre aplausos de los beneficiarios de sus propias sentencias. ¡Así de destruida está la justicia electoral en México!

Regresando al futbol, sería inconcebible e indignante que el árbitro fuera a festejar con el campeón a quien benefició en el último momento, ¿no? La indignación surgiría de saber que el árbitro se vendió y arrebató —por la mala— lo que debió ganarse de forma limpia; no sólo daña a un equipo, traiciona a una afición y desmorona un sistema.

Asimismo, cuando un árbitro electoral sirve al poder político no solo condena a un sector político, traiciona a una nación, destruye la confiabilidad de un sistema y roba a los millones de mexicanos que confiaban en que su voto tendría el poder de definir el rumbo del país.

A pesar de ello, en México indigna más una final del futbol robada, que un árbitro electoral coludido con un régimen que día a día nos arrebata más derechos y libertades. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué los partidos políticos opositores, sus dirigentes, senadores, diputados de oposición, academia y la ciudadanía no están unidos protestando en una sola voz para que ese árbitro (el Tribunal Electoral) no vuelva a decidir sobre la constitucionalidad y legalidad de las elecciones?

Ahora mismo, porque así lo dispuso el oficialismo, en periodo extraordinario se discuten varias iniciativas de reforma electoral y judicial que entregarán un poder inmenso a esos magistrados para que decidan sobre las siguientes elecciones, y, al mismo tiempo, a esos mismos magistrados les prorrogan por tercera vez el cargo que por mandato constitucional no debe ser extendido.

¿Por qué eso no causa indignación? ¿Por qué, tal como ocurre en el futbol, no indigna de la misma manera que los conflictos en los próximos comicios serán resueltos por seis magistrados electorales que sirven a un partido político? Cuatro magistrados cuyo silencio y sumisión nuevamente se está comprando con el premio de otra prórroga y dos más que hoy tienen una toga gracias a las trampas de acordeones y los pactos con Morena.

Es verdad que la oposición debe rechazar esas nuevas reformas electorales oficialistas donde se pretende instaurar una absurda “Comisión de Integridad de Candidaturas”, así como los desastrosos intentos de enmienda de la reforma judicial y las peligrosas causales de nulidad de elección por “intervención extranjera”.

Sin embargo, la oposición no debe pasar por alto que el riesgo más grave está en que todo eso será operado y definido por los mismos magistrados a los que, en la misma reforma, se les está sobornando con una prórroga de mandato.

Todas las fuerzas políticas de oposición deben alzar la voz, evidenciar esta embestida y exigir, sin titubeos, que no se entregue esta prórroga. Los magistrados de la Sala Superior no deben ser recompensados, una vez más, por haber vendido la alta dignidad de su cargo y su imparcialidad, a cambio de poder, la impunidad y los privilegios que obtienen con la toga.

De no hacerlo, de permitir que se mantenga el mismo árbitro y que esos magistrados cooptados continúen en el cargo, poco importará que las reglas del juego (las leyes electorales) pretendan garantizar elecciones auténticas, porque será el árbitro el que se haga de la vista gorda, el que no vea los penales, el que no marque el fuera de lugar y, lo peor de todo, quien valide goles indebidos o triunfos electorales que no se ganen en las urnas.

Así, tal como pasó en 2016 y en 2024, está pasando en 2026. Nuevamente están comprando al árbitro y nadie dice nada…

Al final, la historia recordará a aquellos que llegaron al poder y engañaron por ambición, recordará también a aquellos tribunales que, debiendo cuidar de la Constitución, la pisotearon buscando su salvación; pero habrá de ser igual de implacable para aquellos que guardaron silencio.

*Abogada electoral y constitucional; Columnista; Análisis político

Directora del observatorio LupaReforma2026.mx

Web: defensaelectoral.com.mx

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Por Paloma Escobedo (corresponsal)

Un caso que conmocionó al país fue el de Karla Jacinto Romero, quien fue engañada y captada a los 12 años por una red de trata en el Estado de México. Durante años fue explotada sexualmente y posteriormente se convirtió en activista internacional contra este delito, colaborando incluso con organismos de derechos humanos para visibilizar el problema.

Historias como la suya son las que busca visibilizar la campaña internacional «PuedesVerme» (CanYouSeeMe), impulsada por la organización A21 para ayudar a la población a identificar señales de explotación humana y actuar antes de que sea demasiado tarde.

Otro de los casos más conocidos en México es el de Fátima Cecilia, una adolescente de 13 años desaparecida en 2015 en la Ciudad de México.

Aunque inicialmente se manejó como una desaparición, las investigaciones posteriores revelaron que fue víctima de una red de trata de personas que operaba en la capital del país, y su caso logró evidenciar la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a grupos dedicados a la explotación sexual.

La iniciativa de «PuedesVerme» (CanYouSeeMe) parte de una realidad tan dolorosa como inquietante: muchas víctimas de trata conviven todos los días con miles de personas, viajan en transporte público, caminan por las calles, trabajan o son trasladadas de un lugar a otro sin que nadie detecte que están siendo explotadas.

Personas que parecen controladas por alguien más, que muestran miedo al hablar, que no tienen documentos o que presentan señales de violencia pueden estar enviando señales silenciosas de auxilio.

La campaña busca que la sociedad deje de ser espectadora involuntaria y aprenda a reconocer esas alertas para reportarlas a las autoridades.

Porque detrás de cada víctima hay una familia que espera su regreso, una vida que merece ser recuperada y una historia que no debería permanecer oculta.

La pregunta que plantea A21 es sencilla, pero profundamente incómoda:

¿Puedes verla?

Karla tenía 12 años cuando fue captada por una red de trata. Durante años caminó entre miles de personas sin que nadie notara su sufrimiento. @GobiernoMX

Esa es la realidad que busca visibilizar la campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe #A21

https://t.co/VZQFfHcb2p pic.twitter.com/U8W6NkmDSt

— Primera Plana Digital (@pplanadigital) June 5, 2026

Por El Curioso García 

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y conquistar así la décima estrella de su historia.

El conjunto universitario abrió el marcador con gol de Robert Morales al minuto 30, pero La Máquina reaccionó en la segunda mitad con un autogol de Rubén Duarte y un tanto agónico de Rodolfo Rotondi en tiempo de compensación, desatando la euforia celeste en Ciudad Universitaria.

El título marcó además el gran momento de Joel Huiqui, quien asumió de manera interina la dirección técnica y terminó guiando a Cruz Azul al campeonato apenas en su séptimo partido al mando del equipo.

Momentos cardíacos llenos de emoción, que se trasaladaron a las calles en tonos de celebración.

El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares

Por Bulmaro Pacheco

En el pasado, México tuvo grandes reformadores de la política y la administración pública. Hoy no se ven por ningún lado.

Reformaron creando instituciones; abrieron el sistema político para darle viabilidad y reconocer la pluralidad de México. Reformaron para evitar y procesar conflictos, así como para asegurar la paz social y combatir las desigualdades sociales a través del desarrollo.

De repente, el sistema político y administrativo enfrentaba sus crisis y sus sacudidas, y ahí estaban ellos para impulsar los cambios. Hoy —Y a pesar de tanta crisis—nada de eso ocurre. El sistema reformó sus instituciones para garantizar e impulsar dos de los compromisos fundamentales del movimiento revolucionario: la educación y la salud. Hoy los retrocesos y los fracasos de proyectos de gobierno están a la vista (Insabi, Megafarmacia, Pemex, obras emblemáticas) con altos costos, pero no hay reformas.

Con el tiempo, se avanzó con la creación del IMSS y la Secretaría de Salud, y se erradicaron enfermedades mortales. En educación, crearon la SEP y una diversidad de sistemas educativos —como la UNAM y el Politécnico— para combatir el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, apoyando con ello los programas de desarrollo económico.

Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana, Ignacio Pichardo, Guillermo Soberón, Gustavo Baz y Jesús Kumate, entre otros, formaron parte de esa generación de mexicanos que apoyaron con su talento y capacidades el avance de México y las grandes reformas que impulsaron los principales cambios del país durante la mayor parte del siglo XX. Hoy no se ven personajes de ese nivel de formación y capacidades. ¿Por qué?

Ahora, las administraciones públicas en México —federal, estatal y municipal— están en crisis y no se ve para cuándo una solución.

No tienen dinero; el poco que poseen no siempre se gasta bien y cada vez se les dificulta más cumplir con sus objetivos y funciones.

Están plagadas de problemas, vicios y excesos derivados de los cambios ocurridos en México en los últimos años.

No hay servicio civil de carrera y, en las pocas instituciones donde se había desarrollado, terminó por caer en los vicios generados por las alternancias de partidos y grupos políticos de poder.

Las administraciones públicas enfrentan graves problemas que, en lugar de resolverse, se han agravado. Mencionaré algunos:

La corrupción. Por más proclamas que existan con relación al combate a la corrupción en todos los niveles, esta sigue creciendo y ampliándose a otras esferas donde antes parecía imposible que llegara. Se pensó que, con la militarización de instancias importantes de la administración —como las aduanas, los puertos y los aeropuertos—, la corrupción disminuiría, pero no fue así. En muchos casos se incrementó debido a los excesos y deformaciones en el manejo de las instituciones. Falló la experiencia y el fogueo para desempeñar cargos en la administración; se cambió por el cuatismo, la visión partidista y las cuotas para los allegados.

Los aparatos de regulación de las administraciones públicas sobre la actividad económica se han ido debilitando y cada vez se respetan menos. Sobran ejemplos de casos donde aparecen el dinero y los pagos realizados para eludir trámites mediante la corrupción de funcionarios públicos para evitar los tiempos de espera.

El contratismo de amigos y familiares incrustados en los aparatos de poder también ha quedado en evidencia, sobre todo en la licitación de obras públicas y servicios.

El nepotismo. Las alternancias en el poder convencieron a muchos de los que llegaron al control de las administraciones públicas de que incrustar familiares en las nóminas públicas era algo normal y merecido. El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares.

Se ha ampliado en los gobiernos la presencia de amigos y familiares sin las capacidades suficientes para desempeñar los cargos. En el sexenio de López Obrador se llegó al extremo de afirmar que, para desempeñar un cargo público, se requería “90% de lealtad partidista y 10% de capacidad para el cargo” (sic).

Esa nefasta concepción del poder público surgió del desprecio y los resentimientos con los que llegaron los nuevos gobiernos a partir de la elección de 2018. Sin querer saber nada del pasado —al que todavía condenan cuando algo les sale mal—, también condenaron a la administración pública que, a lo largo de la historia, ya había consolidado estructuras y servidores públicos profesionales encargados de tareas administrativas cada vez más complejas, sobre todo en áreas sensibles del poder público como el servicio exterior, la estructura fiscal y la organización educativa.

La improvisación. Estamos viendo, en primer lugar, premios administrativos otorgados por pertenecer a determinado partido político, por haber financiado campañas electorales, por ser pariente de quienes mandan o por relaciones personales derivadas de haber trabajado en equipo en cargos anteriores. Así, se otorgan oportunidades en el servicio público olvidándose de los perfiles adecuados para los cargos.

Con ello se han fortalecido la improvisación y la ineficiencia. Todo esto ha provocado que las cosas no funcionen, que se retrasen, que los proyectos no avancen o que las obras y los servicios fallen por la mala calidad en la supervisión de los responsables. ¡Qué casos! ¿Que antes era igual? Es su disculpa, pero es una tesis falsa. Con el tiempo en México llegó a legislarse contra el nepotismo y la improvisación así como para avanzar en la transparencia, pero esas medidas hoy son letra muerta, ante quienes se sienten “en el lado correcto de la historia” que nunca ha existido.

El gobierno actual cree que gastando lo que no tiene resolverá muchos problemas, pero no es así. Se niega a reconocer lastres como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llevan años funcionando con amplios déficits financieros y dificultan el correcto manejo de las finanzas públicas. También se niega a reconocer los altos costos —vía excesos y subsidios— de las obras emblemáticas realizadas en el sexenio pasado, que hoy son un lastre para el nuevo gobierno, el cual no haya cómo salir de esos compromisos.

No se ve por ninguna parte a reformadores de la política y la administración pública que hablen con la verdad.

Tampoco se observan ideas originales y eficaces que influyan en la compleja realidad de México para tratar de resolver problemas que, por ahora, parecen insolubles: los tiempos de espera en hospitales, la sobresaturación de instituciones, la mala calidad de la educación pública, el déficit de las finanzas públicas y la pobreza de las administraciones municipales. Tampoco hay propuestas para combatir la pobreza urbana, la inseguridad pública en las calles y la penetración cada vez más obvia del crimen organizado en las instituciones de gobierno.

En las administraciones públicas, el interés de partido superó la racionalidad en la toma de decisiones, y las reformas realizadas hasta ahora solo han servido para fortalecer un modelo de gobierno cerrado y concentrador del poder. Y lo peor, sin rumbo seguro.

Los reformadores hoy brillan por su ausencia, así como los mexicanos de excepción que en otras épocas se la jugaron por México y no por un partido político. Por eso tienen su lugar en la historia y no han sido superados.

Nada más, nada menos.

bulmarop@gmail.com

A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988, de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno

Por Mónica Calles Miramontes

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El oficialismo sabe de esa historia, fue parte de ella y, a pesar de todo, su ambición nos está condenando a repetirla.

La primera semana de mayo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei nombró a las personas titulares de las direcciones ejecutivas de la institución. Esto causó controversias, reclamos y confusión. Sin embargo, no es más que la materialización de una instrucción que el oficialismo acomodó desde finales de 2024.

En la vorágine de la reforma judicial de 2024, sin necesidad, sin justificación y sin diálogo, Morena y aliados realizaron una modificación en la legislación electoral para que la presidencia del INE pudiera nombrar unilateralmente a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

No fue un asunto menor, con ello se le entregó a Guadalupe Taddei el control absoluto para designar a quienes dirigen la estructura técnica y operativa de la institución, personas que además conforman la Junta General Ejecutiva, un órgano clave de dirección del INE.

Después de muchos años, probablemente se olviden los orígenes de nuestra democracia, aunque ese error nos está haciendo revivirla. En 1993, la oposición exigió al partido hegemónico que los titulares de estas áreas fueran designados de manera colegiada (por el Consejo General) y no por la presidencia del entonces IFE; lo que buscaba limitar era la injerencia del Poder Ejecutivo en la vida interna del órgano electoral y en su operación.

Sin embargo, 30 años después, quienes impulsaron un órgano electoral autónomo, con una estructura técnica independiente y desvinculada del poder político, son justamente los que decidieron volver al oscuro pasado antidemocrático: con la reforma aprobada en 2024 —por el oficialismo— se rompió la colegialidad para dar paso a las facultades unipersonales de la presidenta del INE.

El regalo fue bien recibido por Guadalupe Taddei, quien desde que asumió la presidencia (2023) mostró una total incapacidad de negociar al interior del órgano colegiado; ya que más de una vez le fueron rechazadas sus propuestas porque pretendía imponer la lealtad política sobre la especialización.

Por eso, Morena decidió tomar cartas en el asunto y blindar a la presidenta del INE para que pudiera operar sin obstáculos; reformó la ley para eliminar el voto de las consejerías del INE y entregarle el poder total.

A pesar de ello, seis de las consejerías acudieron a la SCJN, que ya se encontraba incompleta y agonizante; por lo que fue suficiente que las tres ministras “del pueblo” (Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel) pugnaron por la defensa de los intereses oficialistas para desestimar el intento de defensa del INE. Así condenaron a México a repetir su historia antidemocrática. 

El ciclo se cerró y la omnipotencia de Taddei quedó blindada, y esa fue la antesala de lo que vimos hace unos días, cuando a puerta cerrada y a oscuras, Guadalupe Taddei nombró unilateralmente a 16 titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. 

A nadie sorprendió que estos lugares resultaran un reparto de cuotas donde el control de áreas importantes como la fiscalización de partidos políticos fue cedida al consejero Jorge Montaño, integrante del “grupo Tabasco” y ligado a Adán Augusto; pues dicho consejero ya ha dado sobradas muestras de lealtad al régimen.

Fue un asalto institucional. Esas direcciones ejecutivas son los órganos vitales en la organización de las elecciones: la fiscalización de los recursos, la administración sobre prerrogativas a partidos políticos, el padrón electoral, la papelería electoral, la capacitación de funcionarios electorales, entre otras.

Entregar el control de estas áreas a perfiles que aseguran lealtad política, vulnera la certeza y confianza electoral. El árbitro ahora está capturado desde su interior, se desmantela la profesionalización para imponer la sumisión política desde su estructura.  

Así pasamos de la democracia, colegialidad y excelencia técnica a la imposición de la lealtad política en la estructura del INE.

El árbitro electoral hoy no solo se capturó desde sus cúpulas, la cooptación llegó al corazón. 

Hoy el partido en el poder tiene un control total. A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988 de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno.  

A eso nos condenaron, a repetir la historia, a olvidar treinta años de lucha democrática. 

Pero la buena noticia es que este daño se logró por la imposición de personas y podrá terminar cuando la ciudadanía se una para exigir su recuperación, cuando nos sepamos tomar en serio aquella consigna que un día gritamos de “el INE no se toca”.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

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Por Redacción

Las calles del centro de la ciudad se vestirán de alegría y buena vibra durante este fin de semana con las Fiestas del Pitic 2026 “Transformación que nos une”.

Anoche fueron oficialmente inaugurados los festejos del 326 aniversario de la ciudad. Abriendo el escenario la legendaria banda de rock Maná, que abarrotó toda la calle Rosales y alrededores.

Del 21 al 24 de mayo serán más de 1,500 artistas los que participarán en los más de 20 foros instalados. 

Entre los artistas estelares destacan Mau y Ricky, Molotov, Carlos Rivera, Grupo Frontera, El Tri y Lila Downs.

“Son unas fiestas muy familiares, es la identidad que caracteriza a las Fiestas del Pitic; el vernos, reunirnos en los espacios públicos, el hacer comunidad. Es un punto de encuentro. Reflexionar a través de las artes”, apuntó Mariana Rodríguez, directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo.  

El operativo de seguridad contará con más de mil elementos entre Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional, SEDENA, Policía Estatal y cuerpos de emergencia, con el objetivo de atender la alta afluencia esperada durante los cuatro días de fiesta.

La Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal designarán a 330 elementos entre agentes preventivos y de tránsito, dos drones, 20 unidades, 10 moto patrullas, dos drones, dos K9 y 500 vallas de seguridad.

El presidente municipal, Antonio “Toño” Astiazarán dio a conocer que para cuidar a las personas habrá a disposición estaciones de hidratación mientras esperan los espectáculos de su interés, y también supervisión constante de las condiciones de seguridad en dichos espacios y en los puestos comerciales que utilicen gas y electricidad.

En materia de prevención y primeros auxilios la Dirección General de Salud Municipal trabajará en coordinación con Cruz Roja Mexicana y asociaciones civiles con 117 elementos entre personal médico, enfermería y 13 ambulancias, así como dos clínicas móviles equipadas con consultorios.

Los escenarios principales de las Fiestas del Pitic estarán ubicados en Foro Rosales, Plaza Alonso Vidal, Plaza Bicentenario y el área de la Concha en Parque Madero, sitios donde se reforzarán los trabajos de apoyo y vigilancia.

La cartelera completa y horarios oficiales pueden consultarse en  https://fiestasdelpitic.hermosillo.gob.mx/ 

Por Redacción 

Nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron nuestra paz y seguridad

Por Mónica Calles Miramontes

La reciente acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, junto a otros ocho funcionarios públicos, no hace más que evidenciar lo que ya era un secreto a voces: la profunda injerencia del crimen organizado en las elecciones.

En el proceso electoral de 2021, donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, estas organizaciones criminales fueron los actores políticos. Eligieron a los candidatos: aportaron el financiamiento, influyeron en los participantes y decidieron quién sería el ganador.

Siempre se nos dijo que fue una victoria aplastante. Rocha Moya obtuvo el 56.6% de los votos, mientras su más cercano contrincante postulado por el PAN-PRI-PRD obtuvo el 32.49%.

Sin embargo, a cinco años de ese “triunfo democrático” y frente a las graves acusaciones del gobierno de EE.UU. contra Rocha Moya, regresa la inevitable pregunta: ¿a qué costo y con qué métodos se ganaron esas elecciones?

En el 2021 el PRI impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, denunciando una jornada marcada por la violencia generalizada, comandos armados robando material electoral, intimidación de la población y privación de la libertad de opositores, empresarios y funcionarios.

Asimismo, hombres armados secuestraron al hermano de la candidata a la alcaldía de Badiraguato, quien se postulaba por la coalición PRI-PAN-PRD, lo que ocasionó que ella abandonara la contienda para pedir que lo devolvieran con vida.

El terror se extendió por todo el estado y se documentó en más de notas periodísticas, así como en actas de funcionarios electorales. La crisis fue innegable, el propio el INE y el Instituto Electoral de Sinaloa reconocieron los actos de violencia y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional para el día de la jornada electoral y días posteriores.

Pese a todo, el Tribunal Electoral de Sinaloa desestimó la solicitud de nulidad de la elección que realizó el PRI.

El Tribunal de Sinaloa minimizó la crisis, concluyendo que solo se habían acreditado actos de violencia aislados en el 0.46% de las 4,986 casillas instaladas, y bajo este argumento decidieron que la “voluntad del pueblo” no se alteraba ante esas “minucias”.

Habría que preguntar: ¿Cuál voluntad? ¿La voluntad obtenida con balas, secuestros, campañas financiadas por el narcotráfico e intimidando a los sinaloenses?

La opacidad del proceso judicial genera aún más dudas. La impugnación sobre la elección fue turnada a la magistrada Aida Inzunza Cazarez, hermana del senador Enrique Inzunza, quien en ese entonces fungía como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa. Tras consolidarse la “victoria”, Enrique Inzunza pasó a ser el secretario general de gobierno en el gabinete del Rocha Moya.

Hoy ambos, Rocha e Inzunza, son prófugos de la justicia estadounidense y la punta del iceberg que empieza a desmoronar la llamada “cuarta transformación” del partido Morena.

Lamentablemente, el caso de Sinaloa no es algo aislado, es la radiografía de un sistema que no protege a la ciudadanía. Los tribunales electorales fallan a favor de elecciones controladas por el crimen organizados, bajo el pretexto de que los ciudadanos no recabaron pruebas “contundentes” contra los sicarios que los amenazaron.

Una sentencia que valida una “narco elección” condena a la población a vivir sometida al crimen organizado en los siguientes años.

No importa lo “aplastante” del triunfo electoral; nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron con el crimen organizado nuestra paz y seguridad.

Sinaloa cierra el ciclo de Rocha Moya con más de 4 mil homicidios y con un aumento descomunal de violencia traducido en tortura, desaparición de personas, extorsión y secuestros.

Una elección ganada por la intervención del crimen organizado jamás debería considerarse válida, porque deja de ser un asunto de pruebas y se vuelve complicidad. La complicidad de condenar a un pueblo a vivir entre balas.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Web: defensaelectoral.com.mx

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Cuando una sociedad normaliza los feminicidios, las riñas violentas y el deterioro de la convivencia pública, comienza también a normalizar su propio atraso

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Durante los últimos años, Hermosillo ha comenzado a transitar por un camino profundamente preocupante: la normalización de la violencia. Y no me refiero solamente a la delincuencia organizada o a hechos aislados de inseguridad, sino a algo todavía más grave: a la pérdida progresiva de sensibilidad social frente a los feminicidios y las riñas violentas derivadas del consumo excesivo de alcohol.

Tan sólo entre 2024 y lo que va de 2026, los medios de comunicación han documentado múltiples feminicidios ocurridos en nuestra ciudad. Casos como los de Dulce María, víctima de agresión armada; Michel Kimberly, asesinada brutalmente; Nayeli, privada de la vida con arma blanca; Adriana Magdalena, víctima de un ataque violento que conmocionó a diversos sectores de Hermosillo; también la mujer empleada de la federación asesinada en el Centro de Gobierno, ejecutada en un hecho sin precedentes por haberse cometido en una zona oficial altamente transitada; así como el reciente feminicidio en la colonia Palo Verde, donde una mujer fue atacada a balazos en su propio domicilio, forman ya parte de una larga y dolorosa lista. Lo más preocupante es que, en la gran mayoría de esos casos, públicamente no advertimos sanciones ejemplares contra los responsables.

Pero aún más grave que ello, es advertir cómo la sociedad parece haberse acostumbrado a estas tragedias. Antes, el asesinato de una mujer cimbraba a Hermosillo entero. La ciudadanía elevaba la voz y exigía resultados inmediatos. Durante mi etapa como titular de la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, este tipo de hechos no ocurrían con la frecuencia actual y, cuando llegaban a suscitarse, existía una exigencia social auténtica para que fueran resueltos, como efectivamente sucedía.

Hoy, en cambio, pareciera que el feminicidio empieza a convertirse en una nota más. Inclusive, observo que muchos de los movimientos y expresiones agresivas de grupos feministas terminan orientándose hacia reclamos abstractos o genéricos, pero no necesariamente hacia la exigencia puntual y concreta del esclarecimiento individual de cada caso. No percibo una presión focalizada y permanente sobre las autoridades para resolver cada feminicidio ocurrido en Hermosillo.

Mientras tanto, nuestra comunidad parece distraída y entretenida con aquello que los romanos describían como “pan y circo”. El circo moderno en Hermosillo tiene nombre y apellido: ExpoGan y Fiestas del Pitic.

Miles de hermosillenses gastan enormes cantidades de dinero, particularmente en el consumo de alcohol, en eventos donde año con año aumentan las riñas, las agresiones y las conductas violentas. Ahí están las recientes imágenes difundidas durante la ExpoGan Sonora 2026, donde ciudadanos y policías estatales terminaron involucrados en una riña vergonzosa; ahí están también las golpizas, lesiones y enfrentamientos reportados constantemente durante estos eventos masivos.

Y apenas termina la ExpoGan, comienza el siguiente episodio del entretenimiento colectivo: las Fiestas del Pitic, donde nuevamente el alcohol se convierte en protagonista y donde, utilizando recursos públicos, el Ayuntamiento contrata artistas y grupos musicales que seguramente cuestan millones de pesos provenientes de nuestros impuestos. Maná, El Tri y muchos otros espectáculos podrán generar entusiasmo momentáneo, pero difícilmente resolverán el deterioro urbano, económico y social que padece Hermosillo.

Resulta inevitable preguntarse si nuestras autoridades realmente están preocupadas por combatir el consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias o si, por el contrario, lo alientan indirectamente porque funciona como distractor social frente a los verdaderos problemas de nuestra comunidad: calles destruidas, infraestructura abandonada, inseguridad, deficiente movilidad y una ciudad cada vez más rezagada frente a otras capitales del país de dimensiones similares.

Cuando una sociedad normaliza los feminicidios, las riñas violentas y el deterioro de la convivencia pública, comienza también a normalizar su propio atraso. Y si nuestro gobierno continúa privilegiando el “pan y circo” por encima de la reconstrucción institucional, urbana y social de Hermosillo, no solamente seguiremos estancados: nuestro deterioro se acelerará todavía más.

Sinceramente, no veo cómo podamos levantarnos mientras continuemos entretenidos observando el espectáculo, al mismo tiempo que la violencia y el abandono avanzan frente a nuestros propios ojos.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.