Que haga su trabajo y se haga cumplir el fallo donde se ordena la restitución de 200 hectáreas de terreno a 6 comuneros de la Presa Picachos y sus familias o el Gobierno del Estado pague los daños y perjuicios que de hace 20 años a la fecha ascienden a más de mil millones de pesos, exigió la abogada Alma Angélica Barraza Gómez al Juzgado Décimo de Distrito, en este puerto.

“Le exijo, enderezar el presente Incidente de Ejecución de Sentencia, Ordenar al Perito Valuador Integrar al Avalúo el Pago de los Perjuicios Ocasionados y a lo largo de 20 años, mismo pago que es procedente en los términos tanto del Recurso de Revisión 575/2022 y el Incidente de Inejecución de Sentencia 1/2024”, añadió la también defensora de derechos humanos, Barraza Gómez.

En entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este martes, momentos antes de entregar por escrito dicha solicitud ante el Juzgado en mención, manifestó que cuando los funcionarios públicos correspondientes se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial, a hacer su trabajo incurren en los delitos de abuso de autoridad, cohecho, coalición entre servidores públicos y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función.

Entre otros puntos, dijo que ante el incumplimiento de la sentencia de restitución de 200 hectáreas de terreno a sus 6 representados y sus familias, el Gobierno del Estado tiene que pagar los más de mil millones de pesos en mención en daños y perjuicios y en este caso ya solicitó el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas y este caso ya está en la Oficina de Representación del Alto Comisionado de la ONU en México.

“A como están ellos lo que quieren provocar y lo que quieren hacer es traernos como pelota de ping pong rebotando de aquí al Tribunal (Colegiado), del Tribunal para acá (al Juzgado Décimo de Distrito), porque por ejemplo con esta negativa donde yo le solicito ya en reposición de sentencia, (pero se da) la evasión del pago”, añadió la abogada.

Precisó que la responsabilidad de evasión del pago se da por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, si bien la Presidenta de la República le quitó las sanciones en la Ley de Amparo a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones, sin embargo, en el artículo 107 de la Constitución Federal está contemplada todavía la destitución e inhabilitación de los funcionarios públicos si se niegan a dar cumplimiento a la ejecutoria.

“Pero obviamente ya no sería Rubén Rocha Moya el que se destituya y se inhabilite, sería la señora Yeraldine Bonilla, flamante Gobernadora interina que tenemos en Sinaloa y ahorita lo que voy a decirle al Juez es que si él sigue con esa conducta, con esa omisión, con esa parcialidad, con esa oscuridad para rechazar y desechar todas las promociones que yo hago, de manera burda, de manera absurda, de manera torpe, porque no hay justificación legal para ello, si él continúa así me voy a ver en la imperiosa necesidad de presentar las denuncias correspondientes en contra de usted por los delitos que arriba le menciono”, añadió.

“En cuanto regrese a México lo primero que voy a hacer es buscar a los senadores de la bancada del PRI y del PAN para que me acompañen a la Fiscalía General de la República, ya ve que la Presidenta dice que no hay pruebas en contra de Enrique Inzunza Cázarez (ex secretario general de Gobierno de Sinaloa) para presentar la denuncia correspondiente”.

Entre otros puntos, dio a conocer que para no pagarles, el Gobierno estatal de Rocha Moya utilizó a grupos delictivos que operan en la sierra de Concordia para presionar a los comuneros de las Iguanas y Casas Viejas aceptaran el pago de 1.80 pesos el metro de terreno y quienes no aceptaron se tuvieron que desplazar de sus comunidades.

También recordó que en el 2023 fue citada por el subsecretario general de Gobierno del Estado de Sinaloa, Rodolfo Jiménez, para acudir a una comida en la que también estaba el en ese entonces secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Díaz Vega, ahora detenido en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa al llevar las finanzas públicas y de una facción de dicho grupo delictivo.

“Las finanzas que llevaron al triunfo a la Presidenta Claudia Sheinbaum él fue el que manejó esas finanzas, esos recursos que se le hicieron llegar a través del Cártel de Sinaloa”, continuó Barraza Sánchez.

“Pasó que en esa reunión, en esa comida que tuvimos, ...ellos me llamaron para ofrecerme 15 millones de pesos a cambio de abandonar a mis representados, obviamente yo no acepté, dije: espérate, yo tengo muchísimos años defendiéndolos, me he gastado más de esa cantidad simplemente en mantenerme viva, defenderme, en todo lo que me han hecho yo me he gastado más de esa cantidad, por tanto me parece injusto que tú me quieras pagar 15 millones de pesos para no pagar a mis representados, lo cual sería en suma una traición, deshonestidad de mi parte, falta de ética, no me interesa”.

Precisó que no aceptó ese ofrecimiento y se retiró del lugar porque no va a traicionar a la gente por la que ha arriesgado tantas veces su vida y menos por una cantidad ínfima.

“Le dije: páguenos aunque sea lo que está en el avalúo y yo acepto y aquí terminamos, pague lo que está en el avalúo, págueles con justicia, con respeto a mis representados aunque sea aquí en esta etapa, págueselos y aquí terminamos, hasta ese momento estaba el avalúo en más de 300 millones de pesos, dijeron que yo estaba loca, pero yo no estoy loca, son 20 años, ellos le apostaron a eso y ellos van a tener que pagar con eso”, recalcó Barraza Sánchez, entre otros puntos al dar a conocer su exigencia.

Tras manifestar que confía en que se proceda conforme a la ley en la cita de la Fiscalía General de la República al Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a funcionarios y ex funcionarios en la entidad presuntamente ligados al narcotráfico, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán manifestó que ese es un camino que se está siguiendo, pero posteriormente podría darse la extradición.

“Confiamos en que se proceda conforme a la ley, conforme al derecho y que los que administran la justicia la administren con rectitud, siempre de acuerdo a la legalidad porque es una situación muy delicada porque afecta la vida, la conducta y la fama de las personas”, añadió Monseñor Mario Espinosa Contreras en entrevista este domingo.

“Y los que son jueces es una labor, o los que son fiscales o ministerios públicos deben ser muy precisos, muy objetivos, muy equilibrados y eso es lo que se desea, que no se le ponga a las cosas ni más ni menos, sino lo que es y que se busque lo que sea la realidad”.

A finales de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al Gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el crimen organizado, así como delitos relacionados con armas de fuego, por lo que el 1 de mayo Rocha Moya pidió licencia a su cargo.

Hasta el momento de los 10 acusados se han entregado a las autoridades estadounidenses el ex Secretario de Seguridad Pública en la entidad, el general Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega.

Ante el citatorio como testigos por parte de la FGR a los ocho restantes, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, expresó que hay distintos caminos siempre para abordar las situaciones, pero después pueden seguir otros pasos.

“Hay distintos caminos siempre de abordar las situaciones y pues es un camino que están siguiendo ahorita, no significa tal vez que sea el único, pero ya se presentó ese sendero”.

A pregunta de si después de esta cita pudiera seguir la extradición de dichas personas a Estados Unidos, que es donde se les acusa, agregó que “eso pudiera ser”.

También expresó que es un peligro real que el Gobierno Mexicano proteja a dichas personas, pero se debe proceder rectamente, conforme a la ley.

“Pues es un peligro real, pero por eso de parte nuestra siempre invitamos a las autoridades de todos los niveles y de todos los ámbitos a que procedan de acuerdo a la legalidad, pero es el reto de siempre para todos los humanos, de estar procediendo rectamente y siempre de acuerdo a lo que marcan la ley y la justicia. Nosotros nunca dejaremos de estar invitando a que todos así procedamos y siempre está el peligro de que no se proceda así”.

La diputada federal Graciela Domínguez acusó que los partidos de derecha están buscando una desaparición de poderes en Sinaloa al aprovecharse del conflicto político que se generó tras la acusación de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Morena, pues opina que están felices por dicha crisis.

Señaló que partidos como el PRI y el PAN están promoviendo una intervención de Estados Unidos para desestabilizar el movimiento, acusando a Morena de ser un grupo criminal solo para tratar de recuperar algunos poderes estatales o municipales a cualquier costo.

“La derecha le apuesta a que nuestro estado viva una crisis. ¿Por qué lo digo? Desde el momento en que ellos plantean desaparición de poderes, no es otra cosa más que una irresponsabilidad con los sinaloenses, porque una cosa es que haya una investigación anunciada por el gobierno de Estados Unidos en contra de 10 funcionarios, entre ellos algunos ex funcionarios, y otra cosa es que no funcionan los poderes”, dijo Domínguez Nava.

“Cuando el PAN y el PRI van y le dicen al gobierno de Estados Unidos que intervenga en nuestro país declarando que Morena es una organización criminal o terrorista, no están pensando en los sinaloenses, están pensando en sus apetitos de poder, en colgarse de este tipo de estrategias para querer recuperar por vías no democráticas la conducción de este país, de algún estado o algún municipio”.

La diputada federal confió en que estos alegatos y denuncias no lleguen a lo que busca la oposición, pues afirma que a pesar del conflicto político en Sinaloa todas las instancias funcionan y siguen funcionando con la nueva Gobernadora, Yeraldine Bonilla. Además, calificó de politiqueros a otros diputados que no buscan la paz en el estado.

“Evidentemente que son estrategias mediáticas, no hay elementos. En Sinaloa, por ejemplo, el Poder Legislativo funciona, el Poder Ejecutivo funciona. El doctor Rubén Rocha Moya pidió licencia, pero el Poder Ejecutivo sigue funcionando. Entonces no hay indicios más que una campaña mediática, politiquería, solamente.

“El diputado Mario Zamora ha hecho declaraciones y lo ha presumido que ellos fueron los que estuvieron interviniendo con el gobierno de Estados Unidos para que a Morena se le declare como una organización terrorista. ¿Eso qué nos dice? Que no es cierto que les interese que en México se restablezca la paz, sino más bien que haya una conflictiva política electoral”.

RESPALDA DECISIÓN DE ROCHA MOYA, PERO NO ENTIENDE A ENRIQUE INZUNZA

Por otro lado, Graciela Domínguez respaldó la decisión de Rubén Rocha Moya de pedir un periodo de licencia para no entorpecer las investigaciones que hace el Gobierno de México. Sin embargo, también señaló que no entiende la postura del Senador Enrique Inzunza por mantenerse en el cargo; aunque respeta la decisión de su compañero.

“Lo que yo puedo decirles en ese sentido es que, en principio, me parece que lo que hizo el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez, habla de una actitud positiva en medio de esta conflictiva de responsabilidad para no obstruir posibles investigaciones, tanto del Gobierno de México como otros gobiernos.

“Yo desconozco cuáles fueron los criterios del senador Enrique Inzunza para él no solicitar licencia. Yo creo que sería lo correcto, lo más adecuado. Creo yo que las investigaciones deben de darse y todos tienen derecho a la presunción de inocencia, tal como dice la Presidenta. Y si hay que aclararlo, pues que continúen con sus investigaciones”.

Tras ser cuestionada sobre si se consideraba “rochista”, Domínguez Nava declaró que antes que todo se considera una persona de izquierda y muy ligada al partido Morena y a la Cuarta Transformación. No obstante, no negó que en su momento apoyó en la campaña de Rubén Rocha Moya y de otros candidatos.

“Yo me sigo considerando morenista, integrante de la izquierda por muchos años. Promovimos que en Sinaloa Rocha Moya fuera nuestro gobernador, pero no solo él. Promovimos a muchos compañeros a alcaldías, a diputaciones, porque somos un movimiento de la Cuarta Transformación, y en ese sentido yo me autodenomino de izquierda, siempre, no de hoy, sino desde que yo decidí en 1998 participar en la política”.