MAZATLÁN._ Tras el derrame de jales que causó en marzo pasado la muerte de dos trabajadores en la mina Santa Fe, en Rosario, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que encontró irregularidades en el lugar.

La empresa ya fue emplazada a nivel federal tras una revisión al interior del lugar, confirmó Marco Antonio Moreno León, delegado en Sinaloa de la Profepa.

El funcionario descartó que el daño ambiental fuera relevante en este caso, como sí lo fueron los riesgos con que trabajaban los cuatro mineros que quedaron atrapados por 33 días, de los que solo dos pudieron sobrevivir.

Apuntó que en la mina Santa Fe se realizó la revisión como parte de la investigación por parte de personal de la Profepa para fincar responsabilidades y debe estar por salir el resolutivo oficial que determinó las irregularidades con las que operaba antes del incidente.

“Ya se hizo la visita, una vez que terminó el rescate Profepa tuvo la actuación muy completa ahí de todo el tema de la mina, ya se tiene el emplazamiento en la mina. Hay como hay un tema ahí donde hubo, hay una investigación por los muertos que hubo”, explicó.

Aunque Moreno León no abundó en más detalles, anticipó que no debe tardar en surgir el resolutivo final al que se hará acreedora la mina por la manera en que se arriesgó a los trabajadores y lo emitirá directo la Profepa federal.

“Yo pienso que no tardan en dar el comunicado de lo que se va a difundir desde la Ciudad de México porque es parte de una investigación. Pero sí se hizo una visita y sí se encontraron irregularidades, es lo que puedo adelantar”, dijo.

“Pues más bien ahí fue el tema del accidente que se dio ahí. El daño ambiental digamos que no es la parte tan relevante porque el derrame de la jal fue al interior de la mina; fue el tema de riesgo para las personas”.

El funcionario federal reiteró que habrá consecuencias para la empresa minera y sus directivos.

“Pero sí, nosotros sí hicimos la revisión, por lo cual habrá consecuencias para la empresa que la opera”.

La mina Santa Fe, ubicada en el poblado de Cacalotán, Rosario, al sur de Sinaloa, es propiedad de Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (INSA CAMP) y fue escenario de un derrame e inundación de jale en su interior el 25 de marzo de 2026, que dejó a cuatro mineros atrapados.

Las labores de rescate duraron 33 días, mediante un esfuerzo interinstitucional de hasta 389 elementos, incluyendo buzos especializados del Ejército.

Con ello se logró rescatar a dos de las cuatro trabajadores atrapados con vida, los días 8 y 14 de abril; los cuerpos de los otros dos fueron localizados tras semanas de búsqueda ininterrumpida, concluyendo las operaciones a finales de abril.