Enrique Inzunza Cazárez, Senador por Morena señalado por presuntos nexos con el crimen organizado por autoridades de Estados Unidos, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa para atender un citatorio de entrevista en calidad de testigo.

A través de una publicación en X, el legislador informó que compareció “de manera puntual” tras haber sido citado el pasado 23 de mayo y señaló que acudió sin representación legal.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, escribió.

El Senador también aseguró que mantendrá disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades, sin recurrir a la excepción contemplada para legisladores en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, expresó.

Inzunza Cazárez sostuvo que actúa “desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes”, además de manifestar confianza en las instituciones mexicanas.

La comparecencia ocurre en el contexto de las investigaciones y señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

El ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, detenido en Estados Unidos de América, y el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, deben ser extraditados para responder ante la justicia en México en caso de que existan delitos que perseguir en el país, señaló la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

En entrevista este sábado, previo a su asamblea informativa en Guasave, la legisladora sostuvo que, independientemente de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, México cuenta con instituciones y leyes para investigar a sus propios funcionarios.

“Creo que si ellos tomaron esa decisión personal lo que le corresponde a las autoridades mexicanas es pedir la extradición porque ellos deben de ser juzgados en México”, sostuvo.

Castro Castro cuestionó que ex servidores públicos mexicanos opten por entregarse a la justicia de Estados Unidos y no enfrenten primero a las autoridades nacionales.

“... independientemente que los acuse Estados Unidos, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos autoridades, es lamentable que pues habiendo siendo servidores públicos mexicanos, pues por qué no confían en las autoridades mexicanas, en las leyes mexicanas y se someten pues a una justicia que es a veces hasta doble o hipócrita”, manifestó.

La Senadora añadió que el hecho de que Gerardo Mérida se haya entregado y se declarara no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes, podría indicar que busca colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales.

“... en los dos casos se ha dicho que se entregan, pero que se declaran no culpables y entonces cuando ellos se entregan y se declaran no culpables, ¿qué quieren decir? que van a culpar a otros y que ellos van a tratar de salvar el pellejo con una justicia extranjera”, aseguró.

La legisladora indicó que corresponde al Gobierno de México determinar si el ex funcionario tiene delitos pendientes en territorio nacional y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

“El Gobierno mexicano tiene que hacerlo su obligación, hacerlo porque se tiene que ver si ellos tienen aquí delitos que pagar. Porque desde la justicia mexicana hasta ahorita no ha habido acusaciones, vienen de allá de afuera. Entonces la justicia mexicana tiene que procesarlos en su caso, ¿no? Pues tiene que pedir la extradición”, indicó.

Sobre versiones que señalan la presunta detención del Senador Enrique Inzunza Cázarez, Castro Castro señaló que no existe información oficial que lo confirme.

“No, pues no tenemos información, así como tú lo comentas, pues no tenemos ninguna fuente oficial que así lo reconozcan”.

Asimismo, informó que envió mensajes al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para expresarle su deseo de que las acusaciones en su contra se aclaren.

“...es un compañero, es un ser humano, fue nuestro gobernador, o es nuestro gobernador con licencia todavía. Entonces creo que siempre hay que separar la parte humana de la política y de las acusaciones”.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex secretario se declaró no culpable de los cargos por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses, dos semanas después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Gerardo Mérida, Enrique Inzunza, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar de su entrega ni sobre su situación jurídica en ese país.

La Regidora del Partido Revolucionario Institucional, Erika Sánchez Martínez exigió este sábado que Juan de Dios Gámez Mendívil solicite licencia definitiva como Alcalde de Culiacán para que el Congreso del Estado pueda nombrar a una presidencia municipal sustituta.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo y ante la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, la edil señaló que la investigación derivada de las acusaciones de autoridades estadounidenses en su contra podría extenderse y que el municipio necesita una autoridad con plena capacidad para tomar decisiones.

“...le exigimos responsabilidad. Todos sabemos que será un proceso largo, debe presentar su licencia definitiva... gobernar Culiacán, como ha sucedido en los últimos días, no es un acto protocolario”, expresó.

Gámez Mendívil solicitó separarse temporalmente del cargo el pasado 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo señalara por presuntas colusiones con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Tras la aprobación de la licencia por parte del Cabildo, fue designada como Alcaldesa provisional Ana Miriam Ramos Villarreal, quien hasta entonces se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento.

Sánchez Martínez sostuvo que gobernar Culiacán no puede reducirse a actos protocolarios o a la continuidad administrativa, sino que exige enfrentar la violencia, recuperar la confianza ciudadana, reactivar la economía local y devolver la tranquilidad a la población.

“La llegada de una nueva Presidenta Municipal debería representar esperanza, capacidad y rumbo. Pero lo que hoy vemos no solo es continuidad, también representa insuficiencia para enfrentar la peor crisis de violencia, miedo y parálisis económica que ha vivido nuestra ciudad en los últimos años”, señaló.

La edil consideró que las facultades de la actual administración provisional son limitadas, ya que las decisiones, dijo, no tienen un horizonte mayor a las siguientes 24 horas debido a la temporalidad del encargo.

También criticó que no debe utilizarse a una mujer como “escudo político” mientras las decisiones continúan siendo tomadas por los mismos actores, pues, afirmó, las mujeres merecen liderazgos autónomos y con capacidad real de gobierno.

En su posicionamiento, cuestionó además los recientes cambios en áreas como la Dirección de Ingresos, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres, al señalar que no se han explicado con suficiente transparencia las razones de las salidas y los nuevos nombramientos.

“Nosotros no queremos simulaciones, no queremos cargos otorgados para administrar inercias ni para cubrir responsabilidades ajenas; queremos liderazgos preparados, autónomos y con capacidad real para gobernar”, manifestó