Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron este viernes en las instalaciones de la dependencia en Culiacán, aprovechando el 89 aniversario de su fundación, para exigir que se respeten sus pensiones, que habrían sido afectadas tras una reforma constitucional.

Luis Alberto Valencia Cañas, ingeniero electricista jubilado de la CFE, señaló que los trabajadores retirados obtuvieron sus pensiones conforme a los contratos colectivos de trabajo y que, en muchos casos, dedicaron alrededor de 30 años de su vida laboral a la institución.

Explicó que el 10 de abril de 2026 se publicó una reforma al artículo 127 constitucional que estableció un límite para las pensiones de trabajadores de confianza de la CFE, Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Banca de Desarrollo.

“Este salario era parte de nuestro patrimonio, era algo ya ganado”, sostuvo.

Los jubilados consideraron que la medida fue injusta al aplicarse a personas que ya habían adquirido el derecho a una pensión.

Valencia Cañas aclaró que no se oponen a que sean revisadas las llamadas “pensiones doradas”, pero pidieron que no se afecte a quienes obtuvieron sus prestaciones después de años de servicio.

“Las pensiones que ganamos nosotros por 30 años de trabajo queremos que nos la respeten”, expresó.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 300 jubilados de CFE y Pemex participan este viernes en movilizaciones en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, como parte de una protesta que se realiza también en otras ciudades del país.

Ada García, jubilada de la CFE, explicó que posteriormente hubo una rectificación por parte del Gobierno federal debido a una contradicción en el propio artículo 127, ya que mientras un apartado establecía un límite del 100 por ciento del salario de la titular del Ejecutivo federal, otro señalaba un tope de 50 por ciento.

Señaló que, tras esa revisión, entre 80 y 85 por ciento de los jubilados afectados ya estaría recibiendo nuevamente sus pensiones completas, aunque todavía existen personas pendientes.

Sin embargo, advirtió que la restitución de los pagos no representa una solución definitiva, debido a que la modificación aún no ha quedado plasmada en la legislación.

“Seguimos expuestos a una nueva revisión, un cambio político o una decisión administrativa”, afirmó.

Los jubilados señalaron que existen iniciativas en el Congreso de la Unión, promovidas por distintas fuerzas políticas, para corregir el artículo 127 y establecer que la reforma no tenga efectos retroactivos.

García cuestionó además que la modificación haya afectado a jubilados de confianza, mientras que otros sectores, como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y trabajadores sindicalizados, quedaron excluidos.

Por ello, los manifestantes exigieron que se respete el principio de no retroactividad de las leyes y que los derechos adquiridos después de años de trabajo no puedan ser modificados posteriormente.

“De eso se trata que los derechos adquiridos se respeten y que la retroactividad se corrija”.

El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Pável Calderón Sosa, afirmó que la movilización realizada este lunes hacia Palacio de Gobierno responde a la falta de atención a demandas de vivienda, infraestructura básica y regularización de asentamientos, las cuales, aseguró, permanecen sin resolverse desde el inicio de la administración estatal.

Calderón Sosa rechazó que la protesta tenga un trasfondo político u oportunista y sostuvo que es consecuencia de la falta de respuesta del Gobierno del Estado.

“La principal demanda es que se vendan lotes a bajo costo para que las familias puedan construir una vivienda. No estamos pidiendo que se regalen, salvo en el caso de personas desplazadas por la violencia”, señaló.

Indicó que la organización representa a alrededor de mil 500 familias, muchas de las cuales actualmente pagan renta o viven hacinadas con familiares.

Explicó que, como primera etapa, solicitan la asignación de 500 lotes distribuidos entre Culiacán, Guamúchil y Los Mochis.

Según el dirigente, la organización incluso ha propuesto predios con un costo aproximado de 350 pesos por metro cuadrado y ha mostrado esas opciones a la Comisión de Vivienda del Estado, sin obtener una respuesta favorable.

Además de vivienda, Antorcha Campesina exige obras de pavimentación, drenaje, agua potable, energía eléctrica, equipamiento para escuelas y la regularización de diversos asentamientos.

También denunció que unas 600 familias de comunidades rurales de Culiacán entregaron expedientes para acceder a programas de mejoramiento de vivienda, como construcción de techos y pisos, pero dichos apoyos nunca se concretaron.

Calderón Sosa señaló que han solicitado en repetidas ocasiones una reunión con la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, sin que hasta ahora haya sido posible concretarla.

Precisó que únicamente han sostenido acercamientos con funcionarios como el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Bedoya , y el subsecretario Rodolfo Jiménez.

Informó que, previo al inicio de la marcha, el Secretario General de Gobierno se comunicó con la organización para convocarlos a una reunión, en la que esperan se establezcan acuerdos concretos y una minuta con fechas para ejecutar obras y atender las demandas pendientes.

Advirtió que, de no cumplirse los compromisos que eventualmente se firmen, el movimiento incrementará las acciones de protesta en distintos municipios del estado.

Mientras tanto, en Los Mochis se mantienen programadas actividades como cadenas humanas, reparto de volantes y colocación de lonas para visibilizar las demandas de la organización.