Un grupo de trabajadores jubilados del Gobierno del estado se manifestó en las instalaciones del Congreso para solicitar una reunión con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa.

Los inconformes exigen un incremento en el pago del aguinaldo, específicamente 16 días adicionales, al señalar que fueron jubilados bajo la nueva Ley de Pensiones, lo que les representa una percepción económica menor.

Florentino Munguía Gaspar, presidente del Consejo de Pensionados y Jubilados recordó que hace cuatro años presentaron una iniciativa relacionada con esta demanda y señalaron que ya recibió una segunda lectura en el Congreso; sin embargo, aseguraron que no ha registrado avances desde entonces.

“Queremos mejorar la situación, porque las pensiones son muy bajas, prácticamente raquíticas. Esto incluye a todos: pensionados y jubilados, hombres y mujeres. Ya logramos, mediante una nueva iniciativa que presentamos, que se aumentara un poco el aguinaldo, logramos 15 días; sin embargo, queremos llegar al tope establecido, que es de 66 días”.

El dirigente del grupo comentó que esta iniciativa beneficiaría aproximadamente a 3 mil jubilados en caso de aprobarse.

Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa destacó que serán atendidos nuevamente para escuchar sus planteamientos y gestionar una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, ya que previamente existía el compromiso de sostener un encuentro con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

No obstante, indicó que debido a la situación actual, ahora se gestionará una reunión entre la Gobernadora y el grupo de jubilados.

“Si no hubiéramos apoyado el crédito para la obra pública y transferido mil 200 millones de pesos para que el IPES tuviera certeza en el pago de pensiones, su condición sería aún más difícil, les dije: Les voy a gestionar una cita con el gobernador”.

El Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS fijó una postura ante el reciente llamado de la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar apoyos financieros extraordinarios.

Los integrantes del frente condicionaron la entrega de cualquier recurso adicional a la realización previa de una auditoría forense que aclare el destino del presupuesto universitario.

Heriberto Arias Suárez, coordinador del Frente, señaló que la Universidad ya recibe presupuestos aprobados tanto por el Gobierno federal como por el estatal y que la institución no carece de recursos.

“Hacemos tres razonamientos del por qué debe aplicarse una auditoría forense antes de otorgar cualquier recurso extraordinario”, planteó Arias Suárez.

El Frente calificó de ilegítimo el posible llamado a un paro de labores por parte de la administración y el sindicato en caso de no recibir los fondos solicitados.

Criticaron que sea el patrón quien promueva la suspensión de actividades, afectando el derecho a la educación de los estudiantes, cuando el recurso para el pago de nómina ya está etiquetado en el presupuesto ordinario.

“Dicen que no tienen dinero para pagar, entonces, ¿dónde está el dinero que está etiquetado como concepto de nómina del presupuesto?”, cuestionó.

La organización también denunció una serie de irregularidades en la gestión interna de la UAS, como cuotas por servicios que no existen, como laboratorios, transporte y aire acondicionado en las aulas.

También compartieron que mientras se alega crisis, la universidad adquirió 10 camionetas para movilización de personas.

Acusaron que se utiliza el presupuesto para promociones de tiempo completo y para ejercer control político en las elecciones de directores de escuelas.

Otro punto que compartieron es el descuento aplicado a los jubilados bajo el concepto de jubilación dinámica.

Los afectados denuncian que las autoridades universitarias no han mostrado la documentación legal completa del supuesto fideicomiso al que se destinan estos fondos.

Temen que el dinero retenido a los trabajadores activos y jubilados esté siendo utilizado para otros fines, como la compra de vehículos, sin ninguna transparencia ni rentabilidad.

El abogado del Frente, Rubén Darío Rivera Montoya, reafirmó que mantendrán la defensa legal y la exigencia de que no se realicen descuentos salariales hasta que una auditoría ordene el manejo de los recursos propios y federales de la UAS.

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron que demandarán a la institución para exigir la devolución de millones de pesos descontados de sus pensiones desde enero de 2026 tras la implementación de la reingeniería financiera.

Integrantes de la Asociación de Jubilados de la UAS denunciaron que desde el inicio de este año se aplican descuentos de entre el 5 y el 20 por ciento a las pensiones de trabajadores retirados, pese a que sus jubilaciones constituyen derechos adquiridos que no pueden ser modificados de manera unilateral.

Florina García, presidenta de la asociación, señaló que alrededor de mil 100 jubilados acudieron el pasado sábado al Centro de Conciliación Laboral para recoger las constancias necesarias para integrar los expedientes que presentarán ante tribunales laborales.

“Queremos que nos en esa demanda que nos es para que nos devuelvan lo que nos han descontado de enero a la fecha de ese descuento ilegal que están haciendo con nosotros, pero que es necesario demandar para que lo devuelvan, si no, pues hasta que nos muramos van a seguir seguir descontando y eso no se nos hace justo”, dijo.

Aseguraron que, en conjunto, la UAS estaría reteniendo cerca de 18 millones de pesos mensuales a este sector, recursos que se destinan a cubrir gasto corriente.

Indicó que actualmente agrupan a alrededor de mil 800 jubilados en todo el estado, aunque estimó que más de ocho mil ex trabajadores de la universidad podrían estar siendo afectados por esta medida.

De acuerdo con los inconformes, las retenciones representan descuentos que van desde mil hasta 11 mil pesos por quincena, dependiendo del monto que percibe cada jubilado.

“... están afectando nuestros derechos laborales, están. desafiando el contrato colectivo del trabajo, la ley federal del trabajo, porque se supone que una persona que ya está jubilada no le deben de descontar de su salario nada”, insistió Florina García.

Olga Olivia Quintero, secretaria general de la asociación, afirmó que los trabajadores jubilados cuentan con derechos adquiridos tras décadas de servicio y consideró injusto que, después de más de 25 años de trabajo, se les reduzcan sus ingresos en una etapa vulnerable de su vida.

“¿Cómo es posible que que hay jubilados ahorita que ya tienen más de 25 años ya jubilados... y cuando están en una situación bien precaria de tanto de salud como de economía, les llegue este descuento?”, resaltó.

También denunciaron presunta opacidad en el manejo administrativo de la universidad y señalaron un crecimiento excesivo de personal de confianza dentro de la institución.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa recibe un presupuesto tanto del Gobierno estatal como federal, pero aunado a eso recibe de este recursos propios, que es un dineral que ese dinero nadie sabe nadie en su supo a dónde los destinan”.

Insistieron en que continuarán con las acciones legales hasta lograr que se les restituyan los recursos descontados y se respete su contrato colectivo de trabajo.