A más de un mes de que el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa mantiene vigente la figura de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, al tratarse de una ausencia que rebasa los 30 días y cuya conclusión no tiene una fecha determinada.

Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo de 2026, en medio de las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos en su contra y contra otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso del Estado aprobó la separación temporal del Mandatario y designó a Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

Desde entonces, el Mandatario permanece separado del cargo y el pasado 2 de junio se cumplió un mes desde que el Congreso formalizó la licencia y nombró a la titular del Poder Ejecutivo estatal.

La Constitución de Sinaloa establece en su artículo 58 que las faltas temporales del Gobernador de hasta 30 días serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de encargado del despacho.

Sin embargo, cuando la ausencia excede ese periodo, corresponde al Congreso designar a un Gobernador interino.

“Las faltas temporales del Gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del Despacho; las que excedan de tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría absoluta de votos de los Diputados presentes”, señala el texto constitucional.

La disposición explica por qué el Congreso optó por nombrar una Gobernadora interina desde el momento en que autorizó la licencia de Rocha Moya, pues la solicitud presentada fue expresamente por un periodo superior a 30 días.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, precisó posteriormente que la licencia aprobada no establece una fecha límite para su conclusión.

De acuerdo con la Legisladora, el permiso concedido fue por un periodo mayor a 30 días y de duración indefinida, por lo que el estatus jurídico del Poder Ejecutivo estatal permanece sin cambios aun cuando ya se cumplió un mes desde la salida del mandatario.

Guerra Ochoa explicó que la situación solo cambiaría en caso de que Rocha Moya notificara formalmente su reincorporación al cargo o presentara una renuncia, escenario que implicaría un procedimiento distinto previsto por la Constitución.

El artículo 59 constitucional regula los casos de falta absoluta del Gobernador y establece mecanismos para la designación de gobernadores interinos, provisionales o sustitutos, dependiendo del momento en que ocurra la vacante durante el sexenio.

Por su parte, el artículo 64 señala que el Gobernador, aunque no establece si electo o interino, no puede ausentarse del territorio estatal por más de 30 días sin autorización del Congreso o de la Diputación Permanente.

La licencia de Rocha Moya se produjo después de que el 29 de abril fuera señalado junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de autoridades estadounidenses.

Tras varios días rechazando las acusaciones, el 1 de mayo difundió un mensaje en video en el que anunció su decisión de separarse temporalmente del cargo para atender cualquier investigación derivada de esos señalamientos.

Durante la sesión extraordinaria del 2 de mayo, el Congreso aprobó la licencia y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

En su primer mensaje al frente del Poder Ejecutivo estatal, Bonilla Valverde afirmó que mantendría la continuidad de las políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación y expresó su respaldo político a Rocha Moya.

“Lo digo claramente y con contundencia, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, citó la Gobernadora interina del documento enviado por Rocha Moya al Congreso.

Más recientemente, el 26 de mayo, el Mandatario con licencia acudió a la Fiscalía General de la República para comparecer en relación con las investigaciones derivadas de la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Hasta este 4 de junio no se ha informado oficialmente sobre una solicitud de reincorporación al cargo, por lo que conforme a los términos de la licencia aprobada por el Congreso y a lo establecido en la Constitución de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde continúa ejerciendo funciones como Gobernadora interina del Estado.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un exhorto dirigido a las autoridades integrantes del Comité Coordinador para que inicien investigaciones de oficio ante presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del CPC señalaron que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.

El exhorto fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y está dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.

“Hay señalamientos públicos documentados que ameritan investigaciones oficiales expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción”, señalaron los integrantes del CPC.

Entre los casos mencionados se encuentran presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.

El CPC también hizo referencia a investigaciones realizadas por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, donde se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.

Durante la conferencia, los integrantes del comité señalaron que este es el segundo exhorto emitido por el organismo; el primero estuvo relacionado con el caso de los viajes de la ex Secretaria de Transparencia.

Además, criticaron la propuesta de reforma conocida públicamente como “Ley Rocha”, a la que calificaron como una “ley tapadera” debido a los vacíos legales que, aseguran, contiene la iniciativa.

Informaron que los trabajos legislativos para su aprobación fueron pausados temporalmente y buscarán abrir mesas técnicas y un parlamento ciudadano junto con organizaciones civiles, academia y especialistas.

Como parte de sus propuestas preventivas, el CPC también impulsa reformas a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, así como la migración del sistema CompraNet hacia Compras MX, con el objetivo de digitalizar completamente los procesos de licitación y transparentar la información de contratos y obras públicas.

Indicaron que la intención es eliminar procesos físicos y estandarizar digitalmente todas las etapas de contratación pública para reducir riesgos de corrupción en un sector donde se manejan miles de millones de pesos anualmente.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán y posteriormente se retiró tras rendir su comparecencia ante una agente del Ministerio Público Federal, informó en sus redes sociales.

A través de un mensaje, informó que respondió a las preguntas formuladas por la autoridad investigadora y aseguró que mantendrá disposición para acudir a cualquier nuevo llamado.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.

Rocha Moya señaló que tiene la firme determinación de atender todos los requerimientos de la autoridad cuando así lo considere necesario.

Además, expresó que confía en el sistema judicial mexicano, en el Estado de Derecho y en las instituciones de justicia del País.

El Gobernador también afirmó que continuará defendiendo “la verdad” y manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció sobre el caso del Presidente Municipal de Elota, Richard Millán, quien en días recientes refrendó su apoyo al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos.

Álvarez Máynez señaló que Richard Millán no es militante activo de Movimiento Ciudadano, sin embargo, dejó en claro que al interior del partido no estuvieron de acuerdo con el comunicado emitido por el Alcalde, al considerar que el respaldo debía dirigirse a la población sinaloense y no a funcionarios señalados o acusados.

“Más bien, él hizo una publicación a título personal y no lo comunicó con la dirigencia estatal. Yo respeto el comunicado que se hizo, pero yo creo que era un momento en que la solidaridad la necesitaban los sinaloenses, no el Gobernador con licencia, y creo que esa solidaridad debe estar con el pueblo de Sinaloa”, señaló.

Asimismo, el dirigente nacional envió un mensaje al Alcalde de Elota, expresando que esperan que realice un buen trabajo en beneficio de las y los ciudadanos del Municipio.

De igual forma, Jorge Álvarez Máynez reiteró que Movimiento Ciudadano no brindará apoyo ni respaldo al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ni a ningún otro funcionario que enfrente acusaciones por vínculos con el narcotráfico.

“No es militante y le deseamos que tenga un buen trabajo por los ciudadanos de Elota, pero nosotros no compaginamos con ese tipo de pronunciamientos donde ahora resulta que la víctima era el victimario. Eso no lo podemos acompañar”.

Sostuvo que Sinaloa necesita erradicar los casos y prácticas de corrupción, y aseguró que el partido político que actualmente gobierna el Estado se ha caracterizado por este tipo de señalamientos.