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Received yesterday — 14 Agosto 2026Noroeste Culiacán

Sinaloa enfrenta una crisis de violencia con una de las policías estatales más pequeñas del País

14 Agosto 2026 at 14:40

Durante el 2025, en plena crisis de violencia, Sinaloa enfrentó la confrontación criminal con una de las fuerzas policiales estatales más pequeñas del País, una corporación concentrada principalmente en tareas de prevención y con una de las menores bolsas presupuestales para seguridad pública entre las entidades.

Los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del INEGI, correspondientes a 2025, muestran que Sinaloa tenía mil 791 personas adscritas a la Guardia Nacional y sus instituciones de seguridad pública.

Pero más que el número absoluto, la tasa permite dimensionar el tamaño de la fuerza frente a la población.

Sinaloa registró tan sólo 0.6 policías estatales por cada mil habitantes, por debajo de la tasa nacional de 1.0, que ubicó a la entidad entre las de menor proporción de policías respecto a su población, solo por encima de Sonora, que también registró 0.6, y de Durango y Morelos, con 0.5 cada uno, así como Baja California y Querétaro, con 0.3.

La tasa fue calculada por el INEGI con base en el personal que contaba con grado policial, comisarios, inspectores, oficiales, escala básica y otro grado, dividido entre la población de cada entidad.

Una policía enfocada en prevenir, no en reaccionar

La distribución de funciones también muestra cómo está conformada la fuerza policial estatal.

En Sinaloa, 88.9 por ciento del personal policial con grado desempeñó funciones de prevención, mientras que 10.9 por ciento realizó labores de reacción.

El INEGI no registró para Sinaloa personal en las funciones de proximidad social e investigación dentro de esta tabla: ambos aparecen con cero por ciento.

La comparación nacional es distinta: 53.9 por ciento del personal policial estatal se desempeñó en prevención, 15.7 por ciento en reacción, 8.9 por ciento en proximidad social y 2.8 por ciento en investigación.

El propio INEGI advierte que estos porcentajes corresponden a cuatro funciones seleccionadas y son independientes entre sí, por lo que no deben sumarse; una misma persona pudo desempeñar más de una función.

Aun con esa precisión, Sinaloa destaca por la concentración de su personal en prevención: casi nueve de cada 10 policías estatales aparecen asociados a esta función.

Menos elementos en formación

La capacidad de renovación de la corporación también muestra cifras menores a las de un año antes.

Durante 2025, 313 personas ingresaron a programas de formación inicial para policía preventiva o de proximidad estatal en Sinaloa. De ellas, 290 egresaron y 23 desertaron.

En 2024 habían ingresado 407 personas, egresado 372 y desertado 35. Esto significa que en un año disminuyeron en 94 los ingresos a la formación inicial y en 82 los egresos.

La reducción ocurre mientras la entidad mantiene una crisis de seguridad iniciada el 9 de septiembre de 2024, derivada de la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa identificadas como Los Chapitos y La Mayiza.

Para mediados de julio de 2026, el seguimiento de Noroeste contabilizaba 3 mil 564 homicidios dolosos, 4 mil 156 personas privadas de la libertad y 11 mil 998 vehículos robados desde el inicio de la disputa.

El rezago aparece también en la certificación del personal

Al cierre de 2025, 57.7 por ciento del personal de las corporaciones policiales de Sinaloa contaba con Certificado Único Policial, de acuerdo con el censo. El promedio nacional fue de 70.2 por ciento.

El Certificado Único Policial acredita conocimientos, habilidades y aptitudes de los policías y para obtenerlo se requiere, entre otros elementos, contar con formación inicial y resultados aprobatorios vigentes en las evaluaciones de control de confianza, competencias básicas y desempeño.

Así, Sinaloa se encontraba 12.5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en este indicador.

La diferencia también se observa en la infraestructura

El INEGI reportó que las instituciones de seguridad pública estatales de Sinaloa tenían cinco unidades de infraestructura policial en funcionamiento al cierre de 2025.

De ellas, una correspondía a comandancia, estación o subestación y cuatro a módulos o casetas móviles. No se reportaron cuarteles, módulos o casetas fijos ni instalaciones de otro tipo.

La cifra contrasta con las mil 686 unidades de infraestructura policial contabilizadas en las instituciones estatales de todo el País.

El INEGI señala que estas instalaciones son necesarias para el alojamiento del personal, la reacción oportuna ante incidentes y delitos, así como para proporcionar servicios de vigilancia y apoyo a la ciudadanía.

Sinaloa, entre los estados con menor presupuesto

En materia presupuestal, Sinaloa también se ubicó en la parte baja de la clasificación.

Durante ese año, las instituciones de seguridad pública estatales de Sinaloa ejercieron 965.4 millones de pesos, de acuerdo con el censo. En la gráfica del INEGI, solo cinco entidades aparecen con un presupuesto menor: Baja California Sur, Hidalgo, Colima, Durango y Quintana Roo.

Esto coloca a Sinaloa con el sexto presupuesto estatal más bajo entre las entidades que reportaron información, sin considerar a la Ciudad de México, que no entregó datos para este módulo.

A nivel nacional, las instituciones estatales ejercieron 108 mil 32 millones de pesos durante 2025, mientras que la Guardia Nacional ejerció otros 28 mil 126 millones. En términos reales, el presupuesto de las instituciones estatales aumentó 5.6 por ciento respecto a 2024.

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La pregunta en Sinaloa: ¿volverá Rocha?<br />Suma de hechos que traerán respuestas

6 Agosto 2026 at 05:02

Inducida como cáscara de plátano por la insidia de partidos políticos y la poco asertiva comentocracia de medios y redes, a inicios de julio fue deslizada la posibilidad de que el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que pidieron licencia el 1 de mayo para ausentarse temporalmente de esos cargos, regresen a sus funciones y concluyan sus períodos para los que fueron electos con finiquitos al 31 de octubre de 2027. No obstante, dicha táctica fundada en apetitos políticos de la Oposición y sus voceros que recalcan la línea de sospecha respecto a la supuesta narcopolítica local le abre pauta al debate legítimo sobre el pronto retorno o el retiro extendido.

Por tratarse de un tema que es como navaja de doble filo, debe abordarse aislado del simplismo que proponen los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, cuya única pretensión es la usurpación de cotos de poder que el voto popular no les ha asignado. Tampoco existirá la respuesta antes de que se definan una serie de procesos y hechos inherentes, lo cual ocurrirá en las próximas semanas. Ni siquiera Rocha y Gámez poseen las certezas de desenlaces que serán determinadas en los ámbitos nacional e internacional.

Al margen del gansterismo político diseminado desde el vecino país del norte, y fijando la atención en la profundidad de los sucesos sin caer en la tentación de manipularlos, será factible denotar y desclasificar la secuencia de eventos sociales y políticos que está por venir e instalarán recapitulaciones en varios de los temas de la agenda binacional con efectos directos en lo estatal. Es el momento de ajustar la realidad a los hechos y no a lo que se dice.

La pregunta de si el Gobernador con licencia retomará su responsabilidad como jefe del Ejecutivo estatal está en todas partes una vez que el grito estentóreo del “fuera Rocha” cayó en cuenta que no sobrevinieron la paz, estabilidad y serenidad que se creía ocurriría en automático con el retiro temporal del político badiraguatense. Al contrario, el estado de cosas procedió a complicarse aún más.

Lo primero que está por ocurrir es el resolutivo que emitirá la Fiscalía General de la República sobre la investigación que abrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ventiló el 29 de abril, alterando el debido proceso, la acusación contra Rocha Moya y nueve funcionarios estatales más en activo o en calidad de ex, imputación que hasta la fecha contiene mayor materia enunciativa que rigor probatorio.

Paralelamente, el gobierno de Donald Trump deberá aportar las pruebas que sustenten la inculpación, evidencias que a la fecha al haber transcurrido más de tres meses, no dispone la Fiscalía mexicana. En esta línea de razonamiento importa tomar en cuenta que las instancias ministeriales y judiciales estadunidenses no han podido aperturar, por carecer de carpetas de investigación sólidas, los procedimientos de enjuiciamiento contra los ex secretarios del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez en Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega en Administración y Finanzas.

La FGR realiza los últimos requerimientos de información al Departamento de Justicia de Estados Unidos en el entendido de que los intervalos de irresolución en este dossier aportan a la hipótesis de las motivaciones políticas por encima de las razones jurídicas. Después de 90 días de un expediente abultado por especulaciones y decrecido en probanzas, podría caer el argumento estrepitoso de la narcopolítica que a duras penas sostienen los que postulan, les urge, la mayor balcanización de Sinaloa.

Otro componente de la valoración en lo que tiene que ver con el regreso o no de Rocha y Gámez a la Gubernatura de Sinaloa y la Presidencia Municipal de Culiacán, está intrínsecamente vinculado a las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Trump ha utilizado el tema de la narcopolítica en México como estrategia para superar la baja popularidad que tiene en el electorado y aunque ha dejado de insistir en el caso de Sinaloa hoy enfoca sus baterías hacia políticos de otros estados mexicanos.

En síntesis, son iguales de falsas las afirmaciones que dan por decidido que Rocha regresa a la Gubernatura o que no retomará el cargo para cerrar el sexenio. Las circunstancias están por hablar, la ciudadanía empieza a conversar en retrospectiva, y las leyes serán un factor de peso para determinar conclusiones en cualesquiera de los dos escenarios. Y si resulta cierta la idea de que las peores crisis inducen a excelentes recomposiciones, entonces la gobernabilidad asomará con, sin y a pesar de los que auguran peores devastaciones para Sinaloa.

Que no enoje esta cuestión,

A agoreros del desastre,

Nada más es interrogación,

Con fines de alto contraste.

La Regidora Erika Sánchez, quien es la más fuerte aspirante del PRI a la Alcaldía de Culiacán, respalda el planteamiento a ser más estratégicos en la elección del próximo 6 de junio para volcar de manera inteligente las fortalezas de todos los partidos y de la ciudadanía frente a la importancia de lograr equilibrios en el Congreso local y la Cámara de Diputados. Considera que los casos de liderazgos sociales como los de Martha Reyes, Enrique Riveros y Miguel Taniyama serían voces potentes que incidirían a favor de Sinaloa en el Legislativo federal y estatal.

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