Integrantes del movimiento Ciudadanos a Ciudadanos advirtieron que tomarán las casetas de Costa Rica y Limón de los Ramos si la Comisión Federal de Electricidad no atiende antes del viernes los reclamos por presuntos cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica.

Los inconformes señalaron que la principal demanda es que la CFE reconozca las presuntas irregularidades detectadas en los recibos de cientos de usuarios, cuyos pagos, aseguran, aumentaron de forma considerable sin que existieran cambios importantes en el consumo de energía de sus viviendas.

Explicaron que no buscan la cancelación total de los adeudos ni dejar de pagar el servicio, sino que se revisen los cobros que consideran injustificados.

Afirmaron haber documentado casos de familias que pasaron de pagar entre mil y 3 mil pesos por servicio eléctrico a recibir facturaciones de hasta 30 mil y 50 mil pesos.

“Como ciudadanos unidos, porque ahora se nos une Costa Rica, aquí están los representantes de Jesús María, los de Costa Rica están solucionando algo ellos en su comunidad, pero ya nos unimos y decidimos tomar acción. No solamente vamos a cerrar el paso, vamos a tomar casetas”, advirtió Elvira Guevara, integrante del colectivo en Culiacán.

Los manifestantes señalaron que la CFE les ha ofrecido convenios para diferir los pagos hasta en seis meses; sin embargo, rechazaron esa alternativa pues implica aceptar montos que, sostienen, no corresponden a su consumo real.

Indicaron que desde hace casi una semana mantienen bloqueadas las instalaciones de la CFE en la sindicatura de Jesús María, donde impiden el acceso de trabajadores de la paraestatal como medida de presión.

No obstante, aseguraron que han permitido el ingreso cuando se trata de atender fallas que afectan servicios básicos para la población.

“Ahorita tienen los compañeros de Jesús María un bloqueo, pero como no resuelven, tienen hasta el día viernes para resolverles. ¿Qué quiere decir resolver? Que la CFE emita un compromiso donde va a reembolsar el excedente que llegó”, apuntó Guevara.

El movimiento aseguró que la inconformidad ya reúne a habitantes de la zona urbana de Culiacán, así como de sus sindicaturas de Jesús María y Costa Rica, además de la comunidad de Villa Juárez, en Navolato, y del municipio de Eldorado, donde también se reportan recibos con incrementos considerables.

“Somos miles y pues tomas toda la comisarías, los ranchos para allá con nosotros. todos están afectados”, señaló Brígido Lara Quiroz, representante del colectivo de la sindicatura de Jesús María.

Además de las movilizaciones, los ciudadanos informaron que han comenzado a organizar asesorías legales para promover amparos y otros recursos jurídicos contra los cobros que consideran excesivos, con el apoyo de abogados que se han sumado a la causa.

Como parte de la orientación a los afectados, los ciudadanos recomendaron presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, solicitar la revisión de los medidores y conservar recibos anteriores para comparar consumos y respaldar posibles reclamaciones legales.

Agricultores de la región centro de Sinaloa mantienen la toma de la caseta de cobro de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, como parte de las estrategias del gremio para exigir mejores condiciones en la producción y comercialización de granos.

En la capital, los agricultores liberaron la caseta de cobro, en coordinación con otros frente agrícolas que se manifiestan en Cuatro Caminos, Guasave; San Miguel Zapotitlán, en Ahome; y la de El Pisal, en Culiacán.

“Los que organizamos los tres movimientos, se hace una reunión y lo que salga es lo que se toma, pero hasta ahorita seguimos con el tiempo indefinido de la toma, pero tenemos libre peaje, no estamos deteniendo el tráfico”, declaró Everardo Bustamante, productor del Valle de San Lorenzo.

Las demandas que motivan estas manifestaciones radican en las gestiones por los precios de comercialización por tonelada de granos, el pago de coberturas y apoyos a la producción, así como la política pública enfocada en el campo.

Sobre ello, Bustamante reclamó que muchos de los acuerdos y compromisos pactados con anteriores movilizaciones, no han sido cubiertas en perjuicio del productor.

“Yo tengo maíz entregado que no se está vendiendo, y al no venderse, mis intereses siguen subiendo. Por no pagar, mis intereses van corriendo. Ni se ha pagado el apoyo del Estado, ni se ha vendido ese maíz”.

Al arribar a la caseta, mencionó, personal de la administración los abordaron para pedirles que se retiraran, e incluso activaron el mecanismo anti evasión, con picos metálicos en el suelo.

No obstante, señaló que se mantuvieron ya que consideran que es la única forma de visibilizar la problemática que aqueja al campo.

“Por ahí uno comentó que nos manifestáramos en un árbol a 3 kilómetros, ¿quién va a voltear a verte? Nadie. En una manifestación hay daños colaterales, desgraciadamente, pero si no, no voltean a verte”, dijo.

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, cuestionó los motivos de los agricultores que convocaron a tomar casetas en el Estado, al señalar que el Gobierno estatal ha cumplido con los acuerdos establecidos con el sector maicero.

Afirmó que desde el pasado 28 de mayo comenzó la entrega del apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada de maíz para productores sinaloenses, por lo que sostuvo que quienes acudan a las ventanillas del Gobierno del Estado serán atendidos y recibirán el pago correspondiente.

“¿Por qué van a tomar casetas?”, expresó la Gobernadora al referirse a las movilizaciones anunciadas por agricultores en distintos puntos de la entidad.

Indicó que conforme algunos productores avanzan con las cosechas y el levantamiento de sus siembras, también avanza el proceso para la dispersión de los apoyos comprometidos por el Estado.

“Nosotros como Gobierno del Estado no hemos incumplido con los acuerdos que tenemos con los agricultores del Estado de Sinaloa y lo vamos a seguir cumpliendo”, declaró.

Bonilla Valverde agregó que existe buena comunicación con el Gobierno federal y con la Secretaría de Agricultura para dar seguimiento a los acuerdos relacionados con el sector agrícola.