Por Manuel Gutiérrez

En un lejano lugar del que no quiero acordarme, dijo Cervantes en sus primeras líneas del Quijote de la Mancha, que todos los poderes están concentrados en el puño de la Presidencia. Un partido bananero se quejó de que uno de sus pares, de menor tamaño, de menor poder, lo estaba “acosando” llamándolo en forma despectiva “Narco-Partido”, lo que causaba trauma y grandes cuentas de terapia.

Por lo que, desesperado por tanta molestia, repetida hasta el cansancio, recurrió al Instituto Narco Electoral —perdón, error de dedo—; la palabra correcta es Naco, en referencia al personaje simplón de la fauna urbana que abunda en el país, que ingenuamente cree en la cartilla moral de Morena o en los aciertos de esta administración, los cuales son parte del imaginario de la fe; es como creer en los reptilianos.

Ser de La Mancha es ser manchego, no manchado. Pero el caso de Morena es más mancha que otra cosa, porque el apodo del niño travieso del colegio nacional, llamado Alito Moreno, le recetó al partido similar la frase de que era “narco-partido”, porque últimamente en México más bien todo es narco.

Narcocorridos, narco-camioneta, narco-secuestros, narco-bloqueos, narco-incendios, narco-plaza, narco-política, narco-gobierno, por tanto, ¿qué de raro tiene que el niño Alito se refiriera así al partido de la Regeneración? El cual resultó lo contrario, porque si bien el calificativo de narco revela de alguna manera sustantiva de qué estamos hablando: del problema de seguridad nacional.

Pero el Instituto Nacional Taddei —otro error de dedo—, en referencia a la favorita Lupita del presidente anterior que sigue ejerciendo el Maximato, mientras la familia Taddei pasaba a ser de sangre guindaazul de Morena, hasta le escrituraba Litiomex, empresa pública que para nada sirve, nada produce, sí cuesta y donde los Taddei metidos ahí sí cobran muy bien.

Ese órgano electoral, antaño defendido por el grueso de la población en los tiempos de Lorenzo Córdova con la frase “El INE no se toca”, tiene el problema de que no fue tocado: fue manoseado, deformado, manoseado (en gerundio) hasta convertirse en un apéndice oficioso del oficialismo; y claro, para desquitar las chuletas tiene que hacer méritos.

Uno es quitarle el apodo al partido del poder, al oficial, al partidazo que encabeza Ariadna Montiel, y en el que los que creen que ya tienen ganada la próxima repartidor privilegios, elección ven al de los nuevos de las nuevas chambas jugosas, de los negocios que da la impunidad, porque ese es el secreto de llamarse Morena: nadie te toca. Poder Judicial (en su bolsillo), Poder Legislativo (mayoriteado, controlado y con sobre representación). Batman se ha vuelto miope: sólo ve a los malos que traigan letrero de sujeto activo admisible de culpa, lo que no aplica con los de Morena.

Todo este asunto confuso es por culpa de la Presidenta, porque ella no quiere que se diga “refinería clandestina”, por más productiva que sea respecto a las de Pemex: se le llama “procesadora patito combustible”; antes no dijo “emprendimiento nueva generación”. Porque la verdad, la Nueva Generación es más eficiente en sus manejos que el mismo Pemex… se me hace que en un año son capaces de lograr números negros, pagar a proveedores, terminar las deudas, pagar las obligaciones con el extranjero y, con seguridad, hacer 2 millones de litros al día. 

Aunque sean para regalarse a los ricos de Cuba, porque el pueblo no tiene coches salvo modelos tipo picapiedra, en los que el pedal se acciona con la pata a raíz, lo cual es muy ecológico, aunque no recomendable en el asfalto caliente y en los baches… 

Bueno, no estamos hablando de nada más que del sopapo que le dio el INE como prefecto escolar de unas elecciones escolares ya arregladas con anterioridad, en las que no quiere que le recuerden las abundantes declaraciones de que el dinero del narco, narco-dinero, pasó a financiar las campañas de Tamaulipas con Américo, Durazo en Sonora, y en Sinaloa, Rocha Moya y una larga fila de cruces. Pero en la tierra de Pedro Infante, el narco-personal secuestró a representantes de partidos ajenos, amenazó a familias y los sacó de la jugada con procedimientos nada afines a la democracia; pero es que se trataba de otro modelo: “narco-democracia”, que genera un “narcoestado”, y ante el que el INE ni siquiera les dedicó un memorándum o les hizo una filípica.

Como Claudia, que pintaba frases de mucha democracia, de mucha libertad y mucho respeto a la libertad de expresión, pero nos advirtió que tiene todo el poder como para censurar en lo que queda de la república a quien quiera, como autócrata, como reina sin corona y como ayudante del mero mero que sigue siendo el Rey. 

Bueno, estábamos con el niño malo Alito. Para saltar la prohibición hizo propaganda inteligente como lo mostró Orquídea Fong, la tenaz periodista capitalina, con el hecho de que la prohibición impulsó a llamarse “narcopartido” en las redes por casi una semana consecutiva. El PRI, obediente, dijo: Morena es un “Ya sabes qué”, una forma graciosa de decirlo.

Cuando Andy recordó que era hijo del caudillo, del único, del inmarcesible, del máximo ser de la política mexicana, nadie procedió a llamarlo de otra forma que no fuera Andy, salvo los que solicitan audiencia en pos de favores o van a informarle de sus trabajos por los que están bien pagados. Pero para el pueblo siguió siendo Andy y se le quedó. 

Así los siervos del N-partido podrán decir ufanos: “Acercamos el cártel al pueblo”. Miren, es como el afán de la FIFA por prohibir cierta palabra de 4 letras que comienza con p y termina con o, y que se aplica al portero contrario en su despeje o según el humor del público en el estadio y las ganas de hacer humoradas; pero Infantino está pensando en cómo doblar a la UEFA, que le tiró el negocio con Kushner, de la familia real de Trump. 

Bien puede el INE agregarlo a su lista de prohibiciones, como tantas que se ponen y que al final son anécdotas; que al cabo a la gente le vale y lo dice como se le antoja y como es costumbre.

La fama pública se gana por hechos, y en este caso la vinculación de los morenos con los narcos tiene mucha tela de dónde cortar. Pruebas, pruebas. pues están las denuncias de los afectados por el despojo electoral del PRI, pero eso no vale: sólo las quejas de Morena. Desde el financiamiento electoral, los viajes de la real familia a Sinaloa, las giras a Badiraguato, la defensa del narco-gobernador Rocha Moya… ven, ya se me pegó, vade retro Satanás. En adelante diré: “Gober con licencia para cumplir los designios de la voz de mando que gobierna de facto este país”, GLVMGFP nada más. 

Y maña que se da el lujo de acabar con la flotilla de camiones de la Pepsi-Sabritas en Matamoros… por no pagar plaza, además de desaparecer jóvenes en su leva sicaria y los demás efectos colaterales que tiene la promoción de los opioides, los fentanilos, la marihuana y las pastillas y cápsulas de colores que producen pesadillas coloridas, y tantos centros de exterminio (perdón, el gobierno les llama “centros de la amistad y la concordia y magia desaparecedora”) y ya no pondré iniciales.

Yo solamente ilustré que es contraproducente, cuando te echan toda la carrilla, resistirte a los hechos y evitar los apodos o sobrenombres populares. 

Después de todo, hasta los cigarrillos clandestinos son impuestos en muchas tiendas de regiones enteras del país… tienes que chupar Laredo en lugar de Marlboro ante un gobierno que no sabe que el único facultado para cobrar impuestos con la ley es él, pero déjenlo dormir: su alcance no llega más allá de Cuautitlán. 

Los otros tienen su propia ley y cobran dónde y cuándo quieren, pero los “enjambres” de Batman al parecer toparon con pared en el Estado de México con Delfina porque siguen igual o peor… pero esto hace insostenible el imperium del gobierno, y sin eso no es gobierno. 

En resumen, alguien gobierna este país: unos dicen que son ellos y que son transformadores; claro, se volvieron traficantes de huachicol y cosas similares. Y los otros gobiernan desde no sé dónde, pero su poder fáctico los hace otro tipo de gobierno, con menos burocracia y sin mañanera, y manejan mejor la gasolina. 

Alito tendrá que estar en el patio con un ladrillo en cada mano, de rodillas, como en la antigua escuela mexicana, o como si fuera alumno de la Dönitz militarizada. 

Todos quieren que vuelva el orden, la disciplina, pero por arte de encantamiento, no por aplicar códigos y exigir esfuerzos y sacrificio personal. Son generaciones de niños cristal, violetas, millennials o como les quiera llamar, pero solamente saben exigirlo todo y nunca se dan por enterados de lo que cuesta… problema mundial, no sólo nacional. 

El problema de esta campaña fue que las escuelas internados serios militarizados quedaron ya prohibidos, pero serán las urgencias mundiales las que les devuelvan el crédito, sus programas oficiales y hasta el reconocimiento, porque estas nacieron de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomar las armas contra las potencias del Eje era algo decente, valeroso y un modelo disciplinar en el que las órdenes de tipo militar eran aplicadas como sistema. Incluso el problema parte de la vida en las escuelas militares, en la que la disciplina, la debilidad, la falta de fuerza mental o física se convierten en motivo de la carrilla, de la carga, burla y de los castigos físicos que se emplean (dicen) para hacer verdaderos guerreros de las débiles criaturas; pero el bullying existe, existirá y seguirá con director disfrazado de marinero o de mentor. Es lo de menos: esperen y lo verán volver, porque casos de tragedias las hemos padecido en todo tipo de escuela sin excepciones. Pero por ahora ya satanizamos ese punto. Al cabo ni quería inscribirme en una de ellas… la vida civil es más cómoda, y La ciudad y los perros quedó de Don Mario Vargas como modelo peruano del modelo universal de chupar la alegría y de formarte a base de mamporros. Y ya viene el cambio, vean la serie coreana “Así aprenderás” y ocupamos la OPD de esa fantasía oriental

Bueno, entonces quedamos en que Morena no es N-partido. Nunca más, por favor; pero buscando pueden decir “Instituto Político Populista Vinculado con los Poderes Fácticos”, en siglas es IPPVPF, lo cual es simple y políticamente correcto. Gracias, de nada por la sugerencia.

Pero lo bueno es que la Gerenta no censura usando sus leyes; se sabe poderosa y que tiene todo a su alcance, pero ojalá lo que crearon no lo pierdan con el poder, porque otros harán la dictadura fácil con todo lo que aplanaron, aprobaron levantando la mano, o lo borraron o desaparecieron de contrapesos al poder, de rendir cuentas y de transparencia. Pero le basta con el INE por ahora, y de hecho eso ni les preocupa a los mexicanos para decir la neta.

Ya se sumarán otros organismos, el chiste está en que digamos las cosas de otra forma: “Personajes Públicos Sujetos a Campañas Difamatorias de la Extrema Derecha Internacional”, PPSCDEEI: a ver, deletrea, está bien fácil. “N-partido” nunca más, por favor; “N-partido” es “Narco-Partido”, no lo digan, pero pueden hacerlo cuando vean a la Presidenta: ella los absolverá, pero no le pidan presupuesto, porque ese no lo suelta y el gobierno está quebrado. 

Alito, qué travieso eres, sin duda… pero recuerdo un buen moquete en San Lázaro que te devolvió todos los puntos buenos que necesitas… Fernández Noroña ahí sigue y está necesitado de victimizarse por siempre, y su ayudante pone la cara. 

Alito, en tanto, necesita hacer el arte de fistiana, pero como en la primaria: afuera de la Cámara, a la salida y mano a mano —al que escupa primero—, y sigue hasta el primer mole… Eso eleva el debate y las inscripciones en los gimnasios de box, y te hace popular como eso de apodarle al PPSCDEEI “narco-partido”. Ya no más, por favor, pórtate bien; hoy contribuí a la pacificación.

Mesa de análisis De Primera Mano con Tony López y Rigo Gutiérrez 14/Agosto/2026 https://t.co/RmwdN8fyDt

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) August 14, 2026

En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, advierte que el campo mexicano cada vez produce menos granos básicos; Sonora enfrenta una de las peores crisis en 50 años, no sólo por la sequía, sino por políticas públicas erradas     

Por Rigo Gutiérrez E.

La producción de los principales granos básicos en nuestra tierra se ha reducido, la superficie sembrada continúa retrocediendo y, en regiones que antes eran estratégicas, como Sonora, cada vez resulta menos rentable producir.

Pero la crisis del campo mexicano va más allá de una mala temporada. Existen informes y análisis, apuntando a diversos factores que desentierran una realidad inocultable: las políticas públicas del sector agroalimentario, en los últimos años van en camino equivocado.

En entrevista para “Primera Plana”, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), no se anduvo entre las ramas y pintó claramente el sombrío panorama con datos y cifras actualizados.

En 2025 la producción conjunta de maíz, sorgo, trigo, arroz palay, frijol y soya cayó a 31.02 millones de toneladas, 5.9% menos que un año antes y 16.2% por debajo de 2023. Para 2026 se anticipa una recuperación de apenas 2.2%, hasta 31.71 millones de toneladas, todavía 14.3% por debajo del máximo registrado tres años atrás.

La tendencia de largo plazo tampoco es alentadora: entre 2018 y 2026, la producción de estos granos disminuyó 13%, la superficie cosechada cayó 11.4% y el rendimiento retrocedió 1.8%. 

Desgranan el orgullo de nuestra tierra  

El trigo es uno de los casos más preocupantes. En un solo año, a nivel nacional se dejaron de sembrar cerca de 180 mil hectáreas y su producción se contrajo 35%.

En Sonora, de acuerdo a lo declarado por Álvaro Bours Cabrera, presidente del Sistema Producto Trigo en Sonora, en el Valle del Mayo el rendimiento promedio fue de alrededor de 4.1 toneladas por hectárea, cuando históricamente era de aproximadamente 6.5 toneladas.

Calculan que las pérdidas en este ciclo agrícola van entre 7 mil y 10 mil pesos por hectárea para los productores del sur de Sonora.

En el caso del maíz, representantes del Distrito de Riego Yaqui, también han establecido que la caída fue pronunciada, debido a que pasaron de 14 hectáreas en condiciones normales a llegar a las 9 toneladas este ciclo.

Las causas a fondo 

Para Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, el problema tiene dos vertientes: la falta de agua y la pérdida de rentabilidad del campo. Pero detrás hay una política pública que no está atendiendo de manera integral las necesidades de los productores.

Anaya advierte que México está sustituyendo producción nacional por importaciones y cuestiona que los programas gubernamentales.

—¿Estamos ante una mala cosecha o qué ven en el campo mexicano?

No es solamente una mala cosecha. México está perdiendo terreno en la producción de granos básicos y hay dos factores fundamentales: la sequía y la falta de rentabilidad.

En las zonas de riego, la menor disponibilidad de agua está reduciendo la superficie sembrada. En las zonas de temporal, las lluvias irregulares disminuyen los rendimientos y aumentan el riesgo para los productores.

Pero también hay un problema económico. Los bajos precios, los costos de producción, la falta de financiamiento y la limitada cobertura de riesgos están expulsando hectáreas de la actividad agrícola.

El trigo es quizá el caso más severo. En un solo año se dejaron de sembrar casi 180 mil hectáreas y la producción cayó 35%.

—Entonces, ¿el problema no se resuelve simplemente sembrando más?

Exactamente. La solución no consiste únicamente en sembrar más. México necesita producir más por hectárea y recuperar la rentabilidad.

Eso exige mejores semillas, tecnificación del riego, financiamiento competitivo, seguros agrícolas, coberturas de precios, asistencia técnica y certidumbre comercial.

Las importaciones ayudan a complementar el abasto, pero no deben sustituir una política productiva nacional.

—¿Y qué está fallando en la política pública?

Hay programas que no están resolviendo el problema de fondo.

Tenemos un fuerte programa de fertilizantes que está dirigido únicamente a productores de menos de cinco hectáreas. También está Sembrando Vida, que es básicamente un programa de entrega de recursos, y tenemos los precios de garantía, que tienen una cobertura muy limitada.

En el caso del maíz, el apoyo se concentra a través de Alimentación para el Bienestar; en trigo, el único beneficiado es el trigo panificable. El trigo cristalino, el sorgo y regiones como Sonora prácticamente están fuera.

Lo mismo ocurre con los estados. Parece que solamente existen el Bajío y Sinaloa, cuando deberían apoyarse todos los estados productores del país.

—¿Qué es lo que están reclamando los productores?

Los productores están compitiendo en condiciones desiguales frente a nuestros socios comerciales.

En Estados Unidos existen programas que garantizan precios, seguros, infraestructura y financiamiento para los productores, para distintos productos y regiones. En México tenemos una política mucho más excluyente.

No puedes pedirle al productor mexicano que compita con el productor estadounidense si uno tiene acceso a financiamiento, seguros y coberturas de riesgo y el otro no.

—¿Las autoridades están viendo estos números? Porque la lógica indicaría que, si los datos muestran una caída de la producción y una política pública que no está funcionando, deberían tomarse decisiones.

Ellos no lo están viendo.

—¿Qué están viendo entonces?

Los votos.

Nosotros sacamos este reporte y no ha habido ninguna respuesta del gobierno. Porque no les preocupa. Les preocupa más el tema de los votos y seguir con sus programas asistenciales.

Mientras tanto, seguimos importando más.

—¿Y quién está aprovechando esa dependencia?

Principalmente nuestros socios comerciales. Los productores estadounidenses han pedido incluso que el tratado se renueve por 16 años porque México es su mayor comprador de maíz y también es un gran comprador de trigo, soya, leche en polvo, carne de cerdo, pollo, arroz y frijol.

Para ellos, que México deje de producir significa que ellos pueden vendernos más.

México actualmente es el segundo importador agroalimentario más grande del mundo, después de China. Y en el caso del maíz somos el mayor importador.

Eso es triste.

—¿Qué significa esto para la seguridad alimentaria?

Que México está perdiendo seguridad alimentaria.

Se habla mucho de que “sin maíz no hay país”, pero en la práctica México cada día sigue incrementando sus importaciones y perdiendo capacidad productiva.

De acuerdo con los parámetros de la FAO, deberíamos estar produciendo alrededor de 70% a 75% de nuestros granos básicos. Actualmente solamente producimos alrededor de 42%.

Ese es el verdadero problema.

—¿Cómo se refleja esta pérdida de producción en el bolsillo?

El problema no está necesariamente en el precio que vemos hoy en el supermercado.

Muchas veces nos quedamos con los datos macroeconómicos, pero hay que ir a las regiones productoras y preguntar qué está pasando.

Pregúntales a los productores de Sonora cómo está la situación. La gente está dejando de sembrar. La gente que rentaba su tierra ya no encuentra quién se la rente porque no es rentable producir.

Muchas familias, particularmente personas mayores que rentaban sus tierras, ahora se están quedando sin esos ingresos.

Vete a Sinaloa y vas a ver la catástrofe que hay. Ve a Tamaulipas. En Baja California también se dejaron de sembrar cientos de miles de hectáreas.

Y en el Bajío ocurre algo similar.

—Es decir, la crisis puede no sentirse todavía de manera directa en el supermercado, pero sí está ocurriendo en las comunidades rurales.

Exactamente.

El tema no es solamente cuánto cuesta hoy una tortilla o cuánto cuesta un producto en el supermercado. El tema es que México está dejando de producir.

Son datos muy duros y muy fáciles de entender: cada día dependemos más de las importaciones y México deja de producir.

—¿Y por qué no se está generando una respuesta más contundente desde los estados y desde las organizaciones de productores?

Ese es otro problema. Tanto los gobiernos de los estados como los líderes de los productores no están haciendo el reclamo correspondiente.

Por eso en GCMA damos estos datos. No son datos técnicos difíciles de entender. Son datos muy duros que muestran una realidad: México está perdiendo producción y aumentando su dependencia de las importaciones.

—¿Qué tendría que cambiar para revertir esta tendencia?

México necesita una verdadera estrategia de administración de riesgos.

No basta con entregar apoyos. Necesitamos productividad, rentabilidad y certidumbre.

Hay que invertir en tecnología, mejorar las semillas, tecnificar el riego, facilitar el financiamiento, ampliar los seguros agrícolas y las coberturas de precios, fortalecer la asistencia técnica y generar certidumbre comercial.

El objetivo tiene que ser producir más por hectárea y hacer rentable la actividad agrícola.

El director general del GCMA afirmó que mientras las políticas nacionales sigan la inercia de este camino el campo continuará perdiendo superficie, y es que añadió, la seguridad alimentaria se construye con productividad y certidumbre, no solo con discursos.

El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación  

Por Rigo Gutiérrez E.

El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.

El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.

Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución. 

En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.

Comités acusan política de simulación

El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca

El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.

Diagnóstico alarmante

A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).

El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.

Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.

Agua: derecho ausente

El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles. 

La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.

En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre. 

Cuatro promesas incumplidas:

-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.  

-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.

-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.

-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.

Por Redacción

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Estados Unidos le revocó la visa para ingresar a ese país y dirigió una carta al presidente Donald Trump para cuestionar la decisión.

En el documento difundido en redes sociales, López Beltrán responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, de haber ordenado la cancelación de su visa.

El también dirigente de Morena calificó la medida como “politiquera y propagandística” y sostuvo que no existen pruebas de que haya cometido delitos o actos inmorales que justifiquen la cancelación.

Además, preguntó a Trump si estaba enterado de la decisión y cuestionó la actuación de sus funcionarios.

Hasta esta noche no se ha informado públicamente una explicación oficial del Departamento de Estado sobre los motivos específicos de la revocación, por lo que las acusaciones de persecución política corresponden a la versión de López Beltrán.

Noticiero De Primera Mano en @tvdprimeraplana 13/Agosto/2026 https://t.co/PwGVZMHQbg

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) August 13, 2026

Ya está el Noticiero #DePrimeraMano… *LOS TOPOS AZTECAS LLEGARON A CALI*

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— Primera Plana Digital (@pplanadigital) August 12, 2026

Por Ileana Bernal de la R.

A 12 años del derrame minero en el Río Sonora, el Comité de Cuenca Río Sonora llamó a la sociedad a conocer y difundir el informe “La simulación como política pública”, documento en el que cuestiona las acciones emprendidas por las autoridades para atender a las comunidades afectadas.

El informe sostiene que los diagnósticos, planes, reuniones y anuncios institucionales no se han traducido en una reparación integral que garantice agua segura, atención a la salud, restauración ambiental y medidas de no repetición.

Bajo el planteamiento de que “reparar significa atender los daños, garantizar nuestros derechos y evitar que una tragedia como la del Río Sonora vuelva a ocurrir”, el Comité busca colocar nuevamente en el debate público las condiciones que enfrentan las comunidades doce años después del derrame.

El documento está disponible para consulta y difusión bajo el título “La simulación como política pública”, como parte del llamado del Comité a visibilizar lo que considera pendientes de reparación y justicia para la región.  https://t.co/Ok1Ean909X

Noticiero De Primera Mano en @tvdprimeraplana 11/Agosto/2026 https://t.co/VysWxuTQzP

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) August 11, 2026

Por Ileana Bernal de la R.

Hay pueblos que necesitan un nombramiento para ser descubiertos y hay otros cuya historia habla por sí sola. Arizpe pertenece a la segunda categoría.

Enclavado en la Sierra Alta de Sonora, Arizpe conserva una de las historias más profundas del estado. Fue fundado como misión jesuita en 1646 y durante el periodo virreinal llegó a convertirse en capital de las Provincias Internas de Occidente, desde donde se administraban enormes territorios del noroeste de la Nueva España.

Su importancia histórica es precisamente una de las razones por las que Arizpe busca obtener el nombramiento de Pueblo Mágico. El Gobierno de Sonora ha señalado que trabaja para que la localidad alcance esta distinción y pueda fortalecer su actividad turística y la economía regional.

Una ciudad con historia en cada calle

Arizpe no necesita inventar leyendas para atraer visitantes. Su patrimonio está en sus templos, calles, plazas y edificios históricos. El municipio cuenta con 188 monumentos históricos registrados ante el INAH, una riqueza que da cuenta de su importancia durante distintas etapas de la historia de Sonora.

Uno de sus principales símbolos es el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, un inmueble de origen misional considerado monumento histórico. Su presencia recuerda la época en que Arizpe fue uno de los principales centros de evangelización y organización territorial de esta región.

También forma parte de su memoria la figura de Juan Bautista de Anza, quien desde Arizpe emprendió la expedición que posteriormente contribuiría a la fundación de San Francisco, California.

¿Por qué es una candidata natural?

El programa federal Pueblos Mágicos busca reconocer localidades con atributos simbólicos, historia, leyendas, tradiciones, patrimonio cultural y manifestaciones que las distinguen y que pueden convertirse en una oportunidad para el desarrollo turístico.

Arizpe reúne buena parte de esos elementos: historia virreinal, arquitectura religiosa y civil, tradiciones, gastronomía regional, paisajes serranos y una identidad profundamente ligada a la historia de Sonora.

Incluso el propio municipio mantiene como parte de su identidad oficial el título de Ciudad Prócer, reconocimiento relacionado con los personajes ilustres y acontecimientos históricos vinculados con la localidad.

El título de Ciudad Prócer no es lo mismo que Pueblo Mágico. El primero forma parte de su reconocimiento histórico; el segundo es una denominación turística federal que Arizpe todavía busca obtener.

Entre historia y naturaleza

La ubicación de Arizpe también le da otra ventaja. La localidad forma parte de la Ruta del Río Sonora y su entorno ofrece posibilidades para desarrollar turismo de naturaleza y aventura. Documentos de planeación regional identifican al Valle de Arizpe como una zona con potencial turístico y señalan las áreas naturales ubicadas al oriente de la localidad como espacios susceptibles de aprovecharse para recorridos de aventura.

Por eso, visitar Arizpe no significa solamente caminar por un antiguo pueblo serrano. Es acercarse a uno de los lugares desde donde se construyó buena parte de la historia política, religiosa y territorial del noroeste mexicano.

Arizpe aún no puede presumir oficialmente el título de Pueblo Mágico. Pero tiene algo que ningún nombramiento puede fabricar: una historia de casi cuatro siglos, patrimonio tangible y una identidad que permanece viva.

El reto ahora es convertir esa riqueza en una experiencia turística capaz de atraer visitantes, generar oportunidades para sus habitantes y colocar a esta Ciudad Prócer de Sonora en el mapa nacional.

EE.UU. explora nuevas estrategias para combatir al narco de México, ahora también apunta al poder político 

Por Ileana Bernal de la R.

La nueva ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos no solo está modificando la estrategia de seguridad entre ambos países, sino que también está colocando bajo presión a la clase política mexicana, particularmente a figuras vinculadas al partido en el poder (Morena).

El anuncio del gobierno de los Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con recompensas superiores a los 100 millones de dólares para ubicar a sus principales líderes, llegó acompañado de un mensaje que elevó la tensión diplomática.

El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia abrió cinco acusaciones formales contra altos mandos del CJNG.

Por su parte Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, detalló en un comunicado que las recompensas alcanzan hasta 102 millones de dólares en conjunto y están dirigidas contra ocho líderes y asociados del CJNG, con el objetivo de obtener información que permita su arresto o condena en cualquier país.

Pero Washington fue más allá al asegurar que perseguirá no solamente a integrantes de las organizaciones criminales, sino también a quienes desde “posiciones de poder” faciliten sus operaciones.

Fue el director de la DEA, Terry Cole, quien lanzó el contundente mensaje. Afirmó que la agencia perseguirá a todos los cabecillas de la organización criminal sin importar sus redes de apoyo, esquemas de corrupción o vínculos políticos.

Esa declaración abre, al parecer, un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos.

La discusión dejó de enfocarse en las rutas del narcotráfico, los laboratorios clandestinos o las disputas territoriales entre grupos criminales. Ahora apunta a las redes políticas, económicas e institucionales que permitieron a organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa alcanzar dimensiones internacionales.

La nueva estrategia de EE.UU.

Washington coloca bajo reflectores a gobernadores, senadores y exfuncionarios emanados de Morena, aunque cada caso tiene un nivel distinto: algunos corresponden a investigaciones periodísticas, otros a acusaciones formales y otros permanecen como controversias políticas sin resolución judicial.

Uno de los episodios que mayor impacto político generó fue el reportado por Los Angeles Times, que reveló supuestas investigaciones relacionadas con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos integrantes de Morena.

El reporte provocó una reacción inmediata porque se trataba de dos mandatarios estatales en funciones.

Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, aclaró que contaba con visa vigente y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Villarreal, gobernador de Tamaulipas y exsenador por Morena, también negó las acusaciones de que le habrían retirado la visa y afirmó que no existe fundamento para relacionarlo con grupos criminales.

Hasta ahora, ambos casos permanecen en el terreno de reportes periodísticos y señalamientos públicos, no en sentencias judiciales.

El caso Rocha 

Antes de estos episodios, el caso Sinaloa ya había abierto una grieta. El gobernador Rubén Rocha Moya enfrentó una crisis política luego de que su nombre apareciera en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la que se recogen declaraciones que lo relacionan con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.

Rocha negó las acusaciones y sostuvo que eran falsas. Sin embargo, el caso generó una presión adicional para Morena porque Sinaloa representa uno de los estados con mayor peso histórico en la discusión sobre narcotráfico y seguridad.

La controversia no paró ahí… llegó hasta la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, al abrirse el debate sobre qué información tiene Washington y qué elementos deben presentar antes de realizar acusaciones contra funcionarios mexicanos.

Adán carga con la Barredora 

Otro expediente que golpeó políticamente a Morena fue el relacionado con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

Bermúdez fue señalado por autoridades por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como «La Barredora».

Adán Augusto López rechazó cualquier responsabilidad y sostuvo que desconocía actividades ilícitas de su exfuncionario.

A la presión derivada de los señalamientos sobre seguridad se suman casos de corrupción que han erosionado el discurso anticorrupción del partido.

Uno de los casos más relevantes fue Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos financieros del gobierno anterior.

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades millonarias en Seguridad Alimentaria Mexicana.

El caso alcanzó a funcionarios como Ignacio Ovalle Fernández, quien negó responsabilidad directa y afirmó que fue engañado por colaboradores.

Aunque no se trató de un expediente contra Morena como partido, sí representó un golpe político porque ocurrió dentro de una administración emanada del movimiento que llegó al poder con la bandera anticorrupción.

Sheinbaum: cooperación sin crisis política

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura doble frente a la presión estadounidense.

Por un lado, su gobierno ha profundizado la cooperación en seguridad con Estados Unidos mediante intercambio de información, operativos y acciones contra organizaciones criminales.

Por otro, ha rechazado que Washington pueda realizar acusaciones sin pruebas o intervenir en asuntos internos mexicanos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido una estrategia basada en inteligencia, coordinación y golpes contra las estructuras criminales.

Pero la presión internacional ha abierto una discusión más amplia: La lucha contra el crimen organizado ya no se mide solamente por capturas. Ahora también se mide por la capacidad del Estado para garantizar que sus instituciones no sean utilizadas por organizaciones criminales.

El nuevo escenario político

La ofensiva contra el CJNG puede convertirse en algo más grande que una operación contra un cártel, ahora puede convertirse en una prueba política para México.

Porque mientras Estados Unidos sostiene que los grupos criminales necesitan redes de protección para crecer, el gobierno mexicano insiste en que cualquier acusación debe probarse ante tribunales.

La batalla que viene no será únicamente por capturar líderes criminales, al parecer, será por determinar hasta dónde llegaron las estructuras que permitieron que esos grupos construyeran poder durante décadas.

Una nueva visión para la protección integral de la vida

Por Guillermo Moreno Ríos

La iniciativa impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y que contó con la participación de la sociedad civil, para elevar la Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo a la categoría de derecho humano en la Constitución Política del Estado de Sonora representa, probablemente, una de las transformaciones jurídicas más trascendentes en esta materia. Más que una reforma administrativa, propone un cambio de paradigma: dejar atrás una visión centrada en la respuesta a las emergencias para construir un modelo permanente de protección de la vida.

Si esta reforma se consolida, Sonora podría colocarse a la vanguardia nacional al reconocer que la prevención no es sólo una función gubernamental, sino una obligación constitucional. Con ello, la Protección Civil deja de centrarse exclusivamente en los desastres para proteger de manera integral a la persona, su vida, su integridad, su patrimonio y las condiciones necesarias para su desarrollo. En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo también debe evolucionar: además de responder a las emergencias, deberá identificar, reducir y prevenir toda condición que incremente la vulnerabilidad humana.

Los riesgos ya no pueden evaluarse únicamente por su origen natural, físico o tecnológico, sino también por su impacto sobre la persona. Es en ese punto donde la Protección Civil converge con la bioética, ya que ambas comparten un mismo propósito: prevenir el daño y proteger la vida como el bien jurídico fundamental.

Desde esta perspectiva, elevar la Protección Civil a derecho humano abre un nuevo campo de reflexión jurídica. Si el Estado asume la protección de la vida como una obligación constitucional permanente, resulta legítimo preguntarse cuál es el alcance de ese deber cuando los riesgos provienen no sólo de la naturaleza, sino también de decisiones humanas. La Gestión Integral del Riesgo, la bioética y los derechos humanos convergen así en un mismo propósito: fortalecer una cultura preventiva orientada a la defensa integral de la vida.

Esta reflexión trasciende la ingeniería y la administración pública para adentrarse en el terreno de la bioética. Temas como la manipulación genética, la investigación con embriones, la eutanasia, la reproducción asistida, la inteligencia artificial aplicada a la salud y la interrupción voluntaria del embarazo dejan de ser exclusivamente asuntos médicos o jurídicos para dialogar con una visión preventiva centrada en la protección de la vida.

Ello no implica que la Protección Civil sustituya al derecho constitucional, sanitario o penal, sino que todas estas disciplinas converjan en un mismo propósito: fortalecer el deber del Estado de proteger la vida frente a riesgos previsibles y evitables. Desde esta perspectiva, la Gestión Integral del Riesgo trasciende la administración de amenazas para convertirse en un principio preventivo que invita a replantear, desde una nueva óptica, los grandes debates bioéticos de nuestro tiempo.

Si el nuevo paradigma consiste en colocar la protección de la vida como eje rector de toda política pública preventiva, entonces también resulta válido preguntarse cuál es el alcance de esa obligación cuando la vida humana se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

La constitucionalización de la Protección Civil deja de ser únicamente una reforma administrativa para convertirse en una invitación a repensar el alcance del deber estatal de proteger la vida.

En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo del siglo XXI no puede limitarse a elaborar atlas de riesgo o coordinar cuerpos de emergencia. Debe consolidarse como una política pública transversal que dialogue con la salud, la educación, el urbanismo, el medio ambiente, la ingeniería, la bioética, el derecho constitucional y los derechos humanos. Toda decisión que incremente innecesariamente la vulnerabilidad humana constituye un riesgo que el Estado tiene el deber de prevenir.

La verdadera trascendencia de esta reforma no radica únicamente en reconocer un nuevo derecho humano, sino en establecer que la protección de la vida debe convertirse en el eje articulador de todas las políticas públicas de prevención. Cuando la Protección Civil trasciende la atención de desastres para asumir la defensa integral de la vida, deja de ser una función administrativa y se convierte en un principio rector del Estado constitucional. Ese podría ser, sin duda, el mayor legado de esta reforma.

Por Manuel Gutiérrez

Ceuta y Melilla. La primera era portuguesa, pero pasó con España y la segunda la fundó España como puertos estratégicos de gran importancia. Ceuta está a 10 minutos de Gibraltar, en manos de Inglaterra, por lo que es una posición de enorme importancia para el mundo mediterráneo y es otro de esos pasos estratégicos que son increíblemente importantes.

Son dos ciudades, las últimas posiciones oficiales que tiene algún país en África. Pero todo viene desde el año mil, en que los Reyes Católicos consumaron la reconquista de España y Portugal, y expulsaron a los califas musulmanes, antes de que Marruecos naciera como país, siquiera.

La salida de los árabes hizo que España se apropiara de territorio en el norte de África, y en acciones militares como en el caso de la Legión, ese cuerpo legendario de novios de la muerte, España retuvo en campañas constantes esas posiciones, porque tienen más de 500 años en su posesión; son un par de ciudades pequeñas, sin mayor chiste que ser frontera náutica y puertos para la circulación de mercancías y contrabando, este claro es un emprendimiento de los pillos que nunca faltan.

Pues España andaba de coqueta con Pedro Sánchez, el socialista gobernante de ese país, que recientemente visitó Argelia, país árabe que se sacudió la tutela francesa, no sé si en buena o mala hora, parece que el estilo de Arturo Pérez-Reverte se me ha pegado, pero BBC incluso cree que los hechos actuales son consecuencia de esa visita.

Esto ha causado una tormenta política en España. Resulta que unos 60 mil marroquíes impulsados por el gobierno de Mohamed VI que celebra la “estabilidad” de su gobierno, llegaron a formar una fila de 20 kilómetros para lanzarse a nadar o como pudieran, y llegar a Ceuta, escalar sus empinados riscos y murallas, y una maraña feroz de alambradas que no existe en ninguna otra frontera de Europa.

Pues es que a diario llegan grupitos de migrantes que huyen de la prosperidad de Marruecos y que quieren ser… españoles, dado el caso. Pero que te lleguen de golpe y porrazo 70 mil, de los cuales al momento de hacer esto habían devuelto 50 mil, puso en jaque a España.

España, tanto por la Casa Real como por el gobierno, no se la esperaba. Incluso con la idea del Mundial de Fútbol próximo, en que compartirán con Portugal la sede, España creyó que Marruecos estaría tranquilo.

Resulta que es un supuesto agravio de más de 500 años atrás. Esas ciudades minúsculas les recuerdan la caída del mundo árabe en España que por 700 años regenteó y se mezcló con los reinos de la península, en un jaque religioso de Islam contra Catolicismo, en un encuentro o desencuentro cultural. Pero la presencia de España en esos dos puntos es recordarles que perdieron… pero olvidan que ellos invadieron antes.

Por tanto, es un punto de política recuperarlas. Ciudades que de la verdad si no son españolas, la neta no tienen chiste ni para los propios marroquíes. Por tanto, no se sabe si España va a cederles esas ciudades, aunque ha mantenido el control con sus fuerzas armadas, en lo que se convierte en una crisis humanitaria, porque Mohamed no los mandó con Frusti, ni con su torta. Y es un desierto, y una población que septuplica su densidad en 24 horas, es como pedir ayuda al mundo y se han ahogado 67, otros han muerto de insolación, o de lo que la Parca invente.

Europa, viendo este show, entendió que la oleada marroquí puede permear a otros países, hasta Giorgia Meloni puso el grito en el cielo. Bastantes africanos de todos los países llegan a París, turcos a Alemania, y es una migración que de no mediar las autoridades, sería una invasión a pata pura, por tanto decidió cancelar el estatuto Schengen, acuerdo europeo en que los turistas legales y visitantes y ciudadanos de Europa pasan de un país a otro sin problemas aduanales, ni escollos de ninguna especie, salvo eventuales controles de seguridad para neutralizar a algún delincuente y para no ser sorprendidos por un contrabando humano.

Esto alarmó a políticos como los de Vox, que son de derecha y que aprovechan para restregarle el problema a Pedro Sánchez, incluso muchos historiadores y analistas usan términos como invasión, incruenta, no armada pero invasión al fin de cuentas. Otros buscan blindar al resto de Europa del desbordamiento marroquí.

Marruecos en tanto juega a sueños imperiales. Ha gastado 1.2 mil millones de dólares en adquirir tanques de guerra, aviones de reciente generación, cañones, misiles, embarcaciones, en fin, toda la parafernalia que se requiere para disuadir. Porque Argelia se está armando a velocidad asombrosa con adquisiciones de lo más avanzado de Rusia, como los Su-57 que no los tiene ni para la guerra en Ucrania, y todo el surtido del portafolio de Putin en esas materias.

España tiene un PIB que supera unas 7 u 8 veces todo el PIB de Marruecos, aunque se iguala en gasto militar con España que tiene mejor estructura tecnológica. Mohamed prefiere cañones en vez de mantequilla, aunque esta en el desierto como que no va. Y le importa un bledo que su población pase hambre en el aniversario de su real ascenso al poder; el norte de África recuerda las operetas de Haile Selassie, con coronas de diamantes en Etiopía, pero la gente muriendo de hambre.

Pues en pleno aniversario de su ascenso al trono y al poder autócrata de Marruecos, decidió usar el “corazón” de su gente para invadir las ciudades españolas. El gobierno ni pío dice, y el Rey Felipe VI expresó preocupación e indignación por la crisis migratoria, pidió garantizar la seguridad para evitar tragedias repetidas y envió un mensaje de firmeza, apoyo y unidad a las poblaciones de Ceuta y Melilla.

Esto tensa mucho a España que bajo un calorón encabronado, en plenas vacaciones de verano, les ponen un buen par de banderillas en el agujero de las crucetas como buen toro español, que busca arremeter. Muchos exigen que las fuerzas armadas usen la fuerza. Pero una masacre de marroquíes se verá mal en el mundo. Trump se burló de España, al decir que son una bola de tibios, sin producto de gallina, y que eso pasaría si no lo tuvieran a él en los Estados Unidos.

Lo absurdo, algunos analistas creen que Marruecos tendrá el apoyo de… los Estados Unidos y que les va a festejar el chistorete de mandarles miles de futuros refugiados que tienen los centros de asistencia al tope y más desbordados, y la gente marroquí y española, pero residente, reaccionando en algunos casos con violencia contra los invasores que cagan en su jardín, o duermen en el pasto y no dejan en paz al perro, y temen no se lo vayan a comer.

Esta semana se tiene que resolver esto, y realmente como economía de Marruecos será muy limitado el futuro de Ceuta y Melilla, incluso para los marroquíes, pero aunque lo de Gibraltar se aperturó este año para España, sigue siendo un punto vital, cuando los nacionales de Franco estaban frente a las pocas simpatías de Inglaterra por todo el drama de la Segunda Guerra Mundial. Es muy entendible esa posición, que se reclama luego de perder el dominio de toda España… en eso los marroquíes le juegan a la Claudia Sheinbaum, en sostener agravios y derechos vulnerados que no pudieron reivindicar hasta el siglo XXI. En el XX toparon con los legionarios y otros cuerpos que vivieron las guerras del desierto.

Incluso una columna de Wagner en Malí fue aniquilada de forma total por los tuaregs, como el calor, la falta de agua, la falta de municiones que usaron en forma generosa y no planificada, y el calor de las propias armas ardiendo… todo fue llevando a una especie de final de Custer y la 7.ª de Caballería en Little Bighorn, en que fueron aniquilando a los blindados sitiados, hasta que solamente quedaron tres rusos vivos que murieron intentando disparar hasta la última bala y hablaron por radio para informar de su fin.

Comento esta parte por los que creen que meterse a hacer la guerra en el desierto es algo fácil, y de verdad no es escenario envidiable, ni para Marruecos, ni para España que retuvo a base de balas y huevos Ceuta y Melilla; de hecho, del norte de África fue que salió Francisco Franco para su campaña contra los internacionalistas, republicanos, anarquistas y comunistas de todos los sabores, para ganar España que supo librarse del ocaso de las ideologías del nacionalismo que abundaron en versiones propias en toda Europa, con acentos fascistas o nazis. Bueno, ya se me fue el tema.

Total: En la semana veremos qué sucede, pero tampoco queda exceptuada una acción militar, pero Pedro Sánchez no es César pasando el Rubicón. La medida que han aplicado ha sido mantener la sensatez, la firmeza de los militares en Ceuta y Melilla, y el control de las masas que se han comenzado muchos de ellos a regresar, porque esas ciudades son inhóspitas si no tienen sustento, agua y techo, y es mucho decir, aire acondicionado.

La problemática actual que enfrenta la Iglesia es estructuralmente más peligrosa que el levantamiento armado de 1926. En aquel entonces, el enemigo venía de fuera; hoy, la amenaza es una ingeniería de sustitución 

Por Armando Vásquez Alegría

Aquel 31 de julio de 1926 inició la Guerra Cristera (finalizada en 1929 mediante acuerdos cupulares), cuando el clero mexicano, ante la promulgación de la «Ley Calles», decidió suspender el culto público antes que someter la fe a las exigencias de un Estado que buscaba subordinar la conciencia popular.

Un siglo después, ante un proceso de asfixia silenciosa y de corrosión interna que avanza hoy aceleradamente, la pregunta histórica resulta inevitable e incómoda: ¿Acaso no sirvieron de nada esas 250 mil muertes?

Sería un error analítico asumir que el cerco a la Iglesia católica es una invención reciente. Sin embargo, las acciones del 2018 para acá no son un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso histórico de neutralización eclesial.

Gobiernos anteriores de distintas siglas atacaron y despojaron a la Iglesia de forma agresiva: desde las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917 —que despojaron a la institución de la propiedad de sus templos para pasarlos a manos del Gobierno Federal—, hasta la persecución silenciosa del régimen postrevolucionario donde centros de catecismo y bienes parroquiales, al no poder estar a nombre de la Iglesia, tuvieron que registrarse a nombre de terceros que terminaron por adueñarse de esas propiedades que es lo más actual.

A esta mutilación patrimonial se sumaron el acorralamiento mediático —con la prohibición legal para transmitir servicios religiosos en medios públicos de televisión y radio— y el control administrativo del Estado. Incluso hay un problema en los municipios pues la federación no quiere pagar los prediales de los templos que están a su nombre.

Y cómo olvidar que, tras las reformas de los noventa, se estableció el padrón obligatorio ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), exigiendo el registro formal de cada asociación religiosa y ministro de culto: un mecanismo institucional diseñado para mantener una fiscalización y un control estatal hermético sobre la estructura eclesial.

La historia de la relación Estado-Iglesia en México ha sido la historia de un despojo sistemático de su patrimonio material, legal, comunicativo y de supervisión operativa.

Los números de aquel 1926, con cerca de 4,500 sacerdotes y los 15 millones de habitantes, nada tienen que ver con los aproximadamente 15 mil sacerdotes diocesanos y religiosos que hoy atienden a más de cien millones de bautizados. Un presbítero por cada seis mil personas: vaya que suena a misión imposible.

Hoy, como antes, las obras de la Iglesia Católica han sido fundamentales para frenar el problema de la pobreza que el propio Estado debería atender. Se calcula que sus acciones de impacto positivo alcanzan anualmente a entre 7 y 9 millones de mexicanos.

Por un lado, las obras socio-caritativas benefician a entre 5 y 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema a través de una sólida arquitectura asistencial:

Son más de 2.5 millones de personas que reciben alimento diario en cientos de comedores parroquiales y a través de la red Cáritas; 1.5 millones de personas sin seguridad social tienen acceso a salud con medicamentos de bajo costo en los mil 200 dispensarios y clínicas de órdenes religiosas.

La Pastoral de la Movilidad Humana sostiene más del 70% de las casas del migrante en el país, atendiendo a cerca de 1 millón de personas en tránsito. A esto se suman cerca de mil 200 asilos de ancianos y centros de rehabilitación de adicciones sostenidos por la fe de los creyentes.

Sume a esto el apoyo que se le brinda a 1.8 millones de estudiantes de todos los niveles, incluyendo universidades, en una red que supera las cuatro mil instituciones educativas.

Pero el movimiento de la 4T busca sustituir este apostolado implementando su propia religiosidad de Estado. Por ello adopta el lenguaje de la justicia, la opción por los pobres y el amparo a los vulnerables. ¿Cómo no celebrar que se hable de los desposeídos si ese ha sido el mandato del Evangelio durante dos milenios?

Sin embargo, la historia de la sociología política nos obliga a pedirle al clero de a pie un minuto de pausa. La problemática actual que enfrenta la Iglesia es estructuralmente más peligrosa que el levantamiento armado de 1926. En aquel entonces, el enemigo venía de fuera y la fe se fortalecía en el martirio; hoy, la amenaza es una ingeniería de sustitución que opera en tres pasos sutiles, situándose México en estos momentos en pleno reforzamiento de la segunda etapa:

1. El arrebato de la bandera moral y el monopolio del bienestar: La 4T busca apoderarse de la bandera de la caridad para invisibilizar la red asistencial eclesial. Esta estrategia se complementa con la invasión ideológica de los nuevos modelos educativos oficiales, los cuales inculcan desde la infancia una moral laica donde el gobierno es el único redentor social. Al moldear las mentes juveniles desde las aulas públicas, se erosiona la raíz del pensamiento trascendente, secando los seminarios y asfixiando las vocaciones antes de que nazcan.

2. La trampa de la división y la grieta ideológica en pleno reforzamiento («el clero cooptado»): Esta es la fase crítica donde hoy está parado nuestro país. Una de las tácticas más astutas del régimen es halagar desmedidamente al párroco humilde mientras se fustiga a la jerarquía, una fisura que actualmente se profundiza de forma sistemática. 

Diversos análisis de la realidad sociorreligiosa en México —respaldados por observatorios del Centro Católico Multimedial (CCM) y otros estudios geopolíticos— advierten sobre un fenómeno inédito: un porcentaje creciente de sacerdotes de base (estimado en diversos sectores entre un 15% y 25%, saque cuentas si son quince mil) son chairos o han sido atrapados en la narrativa del discurso oficialista. 

El reforzamiento de esta etapa busca consolidar una masa crítica de presbíteros cooptados por el estatismo para fragmentar la unidad eclesial, dejando al párroco crítico aislado entre las presiones de la burocracia, la seducción ideológica y la amenaza impune del crimen organizado en su territorio.

3. El destino de la irrelevancia y la sustitución: Esta es la tercera y más peligrosa fase que aguarda si no se frena la aceleración de la etapa actual. Si en 1926 las balas generaron mártires que encendieron la fe, el modelo actual busca la muerte por asfixia y mimetismo.

Los espejos rotos de Nicaragua o Cuba muestran la estación final de este trayecto: cuando el Estado consolidó su propia «fe laica», prescindió de las sotanas. Quienes denunciaron el autoritarismo terminaron en el destierro o el silencio; quienes callaron o aplaudieron, vieron cómo sus templos se vaciaban y sus seminarios morían por desuso.

Las matemáticas vocacionales actuales nos indican que en 1926 se ordenaba un sacerdote por cada 75 mil habitantes; hoy apenas se logra una ordenación por cada 300 mil. La corrosión educativa, la fractura ideológica interna y el intento estatal por adueñarse de la acción social están dejando a las diócesis sin cantera y sin brújula.

Ante este peligro latente, la respuesta institucional no puede ser la resignación ni el repliegue argumentando la otra mejilla si buscan su muerte. Para recuperar su peso moral, la Iglesia Católica debe actuar en cuatro frentes urgentes:

Primero, sanar la brecha entre la cúpula y el clero de base, escuchando los dolores reales del párroco de a pie —que son la mayoría— y dotándolo de una formación teológico-política firme en Doctrina Social para no ser cooptado.

Segundo, mantener una voz profética por la paz y los derechos humanos que trascienda la polarización partidista, sirviendo como refugio de verdad y no como facción política.

Tercero, la jerarquía necesita modernizar su comunicación para traducir el mensaje evangélico a los lenguajes ágiles y digitales de las nuevas generaciones.

Y cuarto, debe empoderar a un laicado ciudadano autónomo que asuma las batallas culturales y democráticas en la esfera pública, evitando que la sotana sea vulnerada. Solo así la institución protegerá su independencia frente al mimetismo estatal.

Aún se puede. Otros países ya vivieron lo que ocurre hoy con la Iglesia católica de México ante la embestida estatista. La Iglesia en Polonia fue el único espacio de libertad real y de ahí nació el movimiento sindical Solidarność con Lech Wałęsa; la Unión Soviética no pudo doblegar al catolicismo clandestino en Lituania, y algo similar ocurrió con el modelo eslovaco por más intentos que hizo el régimen comunista por crear redes de «sacerdotes patriotas».

No es fácil, pero es necesario. Los párrocos mexicanos deben entender que su valor social no proviene de ser ejecutores o aplaudidores de las políticas de un gobierno en turno, sino de ser la conciencia crítica e independiente de la sociedad, el refugio de la verdad frente al poder y el pastor que une a la comunidad en lugar de dividirla. ¿O no son parte de las enseñanzas de Cristo?

Cuando el sacerdote renuncia a su voz profética para alinearse ideológicamente con el poder de la 4T, no está evangelizando la política; está permitiendo que la política desarme el Evangelio. Si no toman conciencia de esta sutil sustitución —ojo, hablamos de la segunda fase—, los sacrificios de hace un siglo habrán sido en vano y el mañana no traerá la justicia anhelada, sino un país donde el Estado sea la única religión permitida y la función del sacerdote corre el riesgo de quedar reducida a un mero recuerdo folclórico como ha ocurrido en otros países ya conocidos.

Es momento para que los sacerdotes realicen una reflexión más profunda.

archivoconfidencial@hotmail.com                                                                           

Editorial

Un comunicado de la ACJM de Guadalajara nos recuerda que “El día 31 de julio de 1926, el culto público fue suspendido en toda la nación, de acuerdo con la orden dada por el episcopado mejicano en su Segunda Carta Pastoral Colectiva. En los días anteriores a tan drástica medida, el pueblo fiel se volcó en los templos. Miles de matrimonios, bautizos y confirmaciones fueron hechas en todos los rincones de la República. El cumplimiento de tales disposiciones dio origen a que los católicos defendieran sus templos cuando los agentes del Gobierno se presentaron a posesionarse de ellos el mismo 31 de julio, lo que ocasionó los primeros atentados y choques armados en distintos lugares del país: Puebla, Pue., Torreón, Coah., Guadalajara, Jal., y Sahuayo, Mich”.

Así inició la llamada Guerra Cristera, en donde miles de mexicanos murieron en defensa de sus creencias religiosas. Una etapa que por muchos años ha sido ocultada por el cinismo del sistema oficial en sus diferentes manifestaciones. Una etapa que debe de llenar de vergüenza al gobierno, porque fue una real represión al pueblo católico mexicano. Esto no aparece en los libros de texto, en donde cínicamente destacan otras acciones represivas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre de Tlatelolco, donde murieron cientos de estudiantes. Sin embargo, guardan silencio ante los miles –porque eso fueron, miles– de asesinatos en católicos que defendieron su fe y creencias. 

Se cumplen ya 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-2029), un conflicto armado en México provocado por las medidas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles y la entrada en vigor de la llamada «Ley Calles» el 31 de julio de 1926, lo que desató la suspensión del culto público y una profunda confrontación social. De acuerdo a las crónicas hay que recordar que todo inició cuando la Constitución de 1917 estableció restricciones a las iglesias y prohibió la participación política del clero. Luego llegó la llamada Ley Calles (1926), que reformó el Código Penal para limitar el número de sacerdotes y prohibir la educación y vestimenta religiosa pública. En respuesta a la agresión del gobierno, el clero decretó una suspensión de cultos y el 31 de julio de 1926, los obispos cerraron los templos y detuvieron los servicios religiosos visibles como protesta. 

Tras estas agresiones a la Iglesia Católica vino la resistencia armada. Campesinos y civiles católicos formaron el bando de los «cristeros» para defender su fe en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Las mujeres organizaron redes de apoyo logístico, aprovisionamiento y defensa de los espacios de culto clandestinos. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas y combatientes caídos a lo largo de tres años de lucha. Después de años de violencia y cruel represión del gobierno de Elías Calles, el 21 de junio de 1929 se firmó un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil que permitió reabrir los templos bajo un nuevo entendimiento legal. En Sonora el conflicto religioso no terminó porque en 1931 llegó a la gubernatura Rodolfo Elías Calles, quien continuó con acciones represivas contra católicos.

Por muchos años esta parte de la historia de México trató de ocultarse. Cínicamente los gobiernos no tocaban el tema. Oficialmente la guerra cristera no aparecía en la historia de México. Terminaba la Revolución y de ahí se pasaba en los libros de texto al llamado México Moderno. Y así se archivó esta parte de la historia. Los gobiernos del PRI decidieron no tocar el tema porque, a querer o no, fueron cómplices de los crímenes contra el pueblo católico dado de que su fundador fue Plutarco Elías Calles. Con la llegada de la izquierda de Lázaro Cárdenas se trató de arreglar el conflicto, pero se archivó para efectos oficiales de la historia oficial. Y así siguió. Incluso cuando llegó el PAN a la presidencia tampoco se puso el tema en los textos oficiales. Para el gobierno mexicano se puede decir que la guerra cristera solo fue una anécdota, y con ello se buscó que la sociedad ignore el sacrificio de miles de mártires por su fe. 

Pero la Iglesia y la sociedad católica ahora buscan recordar el holocausto católico, a cien años del inicio de la guerra cristera. En un mensaje publicado en el Semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, los obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó ese cruento episodio:

“Queremos decirlo con toda claridad, para que nadie se equivoque ni instrumentalice nuestra palabra. No conmemoramos una guerra ni celebramos una victoria; no exaltamos las armas ni idealizamos la violencia, de dondequiera que haya venido. No convocamos a la revancha, no alimentamos el resentimiento y no ponemos esta memoria al servicio de ningún proyecto político ni partidista”.

Pero sí es importante rescatar esa parte de la historia de México que han mantenido oculta por muchos años. Así como piden justicia para los caídos del 68 y los desaparecidos de Ayotzinapa, más justo es reconocer el heroísmo de miles de mexicanos que dieron su vida por su fe. Es momento de rescatar su memoria y que por fin haya monumentos a su sacrificio. Es tiempo de que se haga justicia y les den un lugar en la historia.

Por Paloma Escobedo (corresponsal)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al acusar a Canadá, México, China, Japón, Corea del Sur y Alemania de aprovecharse comercialmente de su país mediante la imposición de aranceles.

Durante un acto en Las Vegas, el mandatario calificó de «repugnante» al liderazgo canadiense y aseguró que durante años esas naciones perjudicaron la economía estadounidense.

“Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Canadá. Canadá es repugnante. Sí, sí lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero es repugnante. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo hicieron”, declaró.

Trump sostuvo que esa situación cambió con su política comercial y afirmó que su administración «le dio la vuelta a la tortilla», al defender la estrategia de imponer aranceles a diversos países.

Las declaraciones se producen mientras continúan las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que el mandatario ha criticado en repetidas ocasiones al calificarlo como «el peor tratado comercial de la historia».

Durazo anuncia jornada ambiental con la meta de sumar árboles al rescate ecológico del estado; La Sauceda supera los 11 mil ejemplares sembrados

Por Redacción

Sonora se sumará este domingo 9 de agosto a la Jornada Nacional de Reforestación con una intervención en el cerro de La Cementera, donde autoridades estatales, municipios y ciudadanos participarán en una estrategia que busca recuperar espacios naturales y fortalecer las áreas verdes del estado.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que la jornada iniciará a las 7:00 de la mañana y destacó que la entidad se integrará al esfuerzo nacional convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la meta de alcanzar una nueva etapa en la recuperación forestal del país.

A través de sus redes sociales, Durazo señaló que este esfuerzo forma parte de la política ambiental que impulsa su administración y lo vinculó con el rescate del Bosque Urbano “La Sauceda”, uno de los proyectos ambientales más importantes para Hermosillo.

“En Sonora, este esfuerzo se suma al rescate del Bosque Urbano ‘La Sauceda’, donde ya hemos plantado más de 11 mil árboles”, publicó el mandatario estatal.

La recuperación de La Sauceda se ha convertido en uno de los proyectos emblemáticos de transformación urbana de Hermosillo, al buscar recuperar un espacio que durante años permaneció abandonado y convertirlo nuevamente en un área verde para convivencia familiar, recreación y protección ambiental, afirmó el mandatario.

La jornada nacional contempla la participación de comunidades, gobiernos estatales y municipales en las 32 entidades federativas, con la siembra de millones de plantas y árboles en distintas regiones del país.

De acuerdo con autoridades federales, las acciones de reforestación buscan enfrentar problemas como la degradación de suelos, pérdida de cobertura vegetal, afectaciones por incendios forestales y los impactos del cambio climático.

Para Sonora, donde el crecimiento urbano, la disponibilidad de agua y las altas temperaturas representan retos permanentes, la recuperación de áreas verdes se ha convertido en una de las estrategias para mejorar la calidad ambiental y generar espacios públicos sustentables.

El llamado es a que la ciudadanía participe en esta jornada que busca convertir la reforestación en una actividad anual y fortalecer la cultura de conservación ambiental.

Por Redacción 

El banco Capital One reveló en un escrito judicial que decidió cerrar más de 300 cuentas bancarias vinculadas al presidente Donald Trump, su familia y diversas empresas en 2021, luego de detectar movimientos financieros que, según su equipo especializado, presentaban características relacionadas con posibles riesgos de lavado de dinero.

De acuerdo con la información publicada por el Los Angeles Times, la institución financiera sostiene que la decisión fue resultado de meses de análisis realizados por su unidad de prevención de lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y que se tomó conforme a sus políticas internas y a las disposiciones regulatorias, rechazando que existiera cualquier motivación política.

La revelación forma parte de la respuesta de Capital One a una demanda promovida por una de las empresas holding de Trump, quien acusa al banco de haber cancelado sus cuentas tras los hechos del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del entonces mandatario irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos.

El equipo legal del presidente sostiene que el cierre de las cuentas obedeció a una supuesta persecución política y forma parte del fenómeno conocido como «debanking», término utilizado para describir la cancelación de servicios financieros por considerar que un cliente representa riesgos legales, regulatorios o reputacionales.

Capital One respondió que nunca hizo pública la cancelación de las cuentas y que incluso concedió varios meses y prórrogas para que Trump y sus empresas encontraran nuevas instituciones bancarias antes de concluir la relación comercial.

El mandatario también mantiene una demanda contra JPMorgan Chase, a la que reclama una indemnización de 5 mil millones de dólares por presuntamente haberle retirado servicios financieros por razones políticas. Ambas instituciones niegan haber actuado por motivos ideológicos y aseguran que sus decisiones respondieron únicamente a políticas internas de gestión de riesgos.

El caso se da mientras la administración Trump mantiene una ofensiva contra lo que denomina «debanking político».

En agosto de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para impedir que los reguladores federales presionen a los bancos sobre con quién pueden hacer negocios e inició investigaciones sobre las prácticas de las principales instituciones financieras del país.

Fuente: Los Angeles Times.

Noticiero De Primera Mano en @tvdprimeraplana 03/Agosto/2026 https://t.co/RYFyvnieCt

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) August 3, 2026