Empleados demandarán al ISSSTE en Sonora por las malas condiciones de las instalaciones; por su parte, la diputada Gabriela Félix pide cierre ante riesgo  

Por Antonio López Moreno y Rigo Gutiérrez 

Jubilados, derechohabientes y trabajadores del ISSSTE en Sonora preparan una demanda de carácter penal contra autoridades de la institución, debido a las condiciones que presenta el Hospital Dr. Fernando Ocaranza, informó la presidenta de la asociación de jubilados, María Eugenia Rodarte.

Detalló que la acción legal es analizada de manera conjunta y que también solicitarán la renuncia de la directora general del ISSSTE.

“Los sindicatos son la gente que labora, el personal, porque son dos sindicatos, ellos también van hacer su asamblea y van a decidir si se abre la demanda penal contra el ISSSTE por los riesgos que están corriendo, porque a todas luces sabemos que ese hospital debe estar cerrado”, dijo.

Rodarte señaló que el hospital acumuló más de 40 observaciones en el último dictamen, situación que, afirmó, representa un riesgo para las personas que acuden a recibir atención médica en el nosocomio.

Diputada pide cierre del Hospital 

En tanto, la diputada Gabriela Félix solicitó a los gobiernos estatal y federal el cierre del Hospital “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE, ante riesgos documentados por Protección Civil.

La legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que una inspección realizada por las autoridades el pasado 15 de junio detectaron incumplimientos en los 30 puntos revisados, y un total de 42 observaciones, relacionadas con riesgos dentro del hospital.

Entre las irregularidades encontraron deficiencias estructurales, electromecánicas y para atender emergencias, además de la falta de un Programa Interno de Protección Civil y de un seguro de responsabilidad civil.

Gabriela Félix afirmó que las observaciones no fueron solventadas y que el expediente fue turnado a la autoridad federal.

“A dos meses de este levantamiento, tenemos un documento oficial de la propia autoridad que confirma las condiciones de riesgo en las que se encuentran trabajadores y derechohabientes. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar”, señaló Félix.

Ante un eventual cierre, propuso establecer un plan para garantizar la atención de los derechohabientes mediante otras instituciones, mientras se construye un nuevo hospital.

Principales observaciones:

-No cuenta con Programa Interno de Protección Civil actualizado ni aprobado, ni con el Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil.

-Falta capacitación a brigadistas en temas básicos, así como de la realización de simulacros conforme a la normativa.

-No presentó una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, ni dictámenes aprobatorios de seguridad estructural o de instalaciones de gas.

-El sistema fijo contra incendios se encuentra en malas condiciones y no funciona. 

-El sistema de detección de incendios no está enlazado a un centro de control.

-Faltan extintores en áreas críticas (cocina, cuarto de máquinas, almacenes, quirófanos) y los existentes carecen de mantenimiento vigente.

-Reporta la falta de detectores de humo en todo el inmueble.

-Los hidrantes se encuentran en mal estado.

-En infraestructura: deterioro general con presencia de corrosión, humedad y plafones en mal estado.

-Instalaciones Eléctricas: Hay cableado expuesto, contactos dañados, centros de carga (térmicos) sulfatados y sobrecarga en tableros de áreas críticas como cuidados intensivos.

-Mantenimiento Deficiente: Detectaron fugas de agua constantes, tuberías corroídas, falta de mantenimiento en elevadores, calderas y sistemas de aire acondicionado.

-Higiene: Señala falta de limpieza general, lo que genera riesgos de incendio y presencia de fauna nociva.

-Faltan señales de rutas de evacuación, zonas de seguridad y extintores.

-Las puertas de emergencia no abren hacia el exterior, carecen de barras de pánico y no cumplen con las dimensiones adecuadas.

-Algunas escaleras de emergencia desembocan en el techo, representando un riesgo adicional.

-El hospital no cuenta con rampas para personas con discapacidad ni rampas hospitalarias entre niveles (solo ascensor y escaleras). 

-Hay tanques de gas LP inhabilitados que deben retirarse. 

-Las tomas de oxígeno están en contacto peligroso con agua y electricidad, y el área de tanques carece de protección contra impactos de vehículos. No hay pruebas de hermeticidad en el tanque de diésel de 10,000 litros.

-Encontraron bidones con productos inflamables y corrosivos en el cuarto de máquinas.

-Falta de iluminación y lavamanos en el área de RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos).

El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación  

 

Por Rigo Gutiérrez E.

El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.

El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.

Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución. 

En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.

Comités acusan política de simulación

El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca

El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.

 

Diagnóstico alarmante

A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).

El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.

Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.

 

Agua: derecho ausente

El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles. 

La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.

En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre. 

 

Cuatro promesas incumplidas:

-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.  

-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.

-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.

-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.

Al menos seis habitantes presentan síntomas; autoridades esperan resultados médicos y ambientales para determinar si existe relación con el accidente

Por Redacción

A casi dos semanas del descarrilamiento de un tren de Ferromex que provocó el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora, aumentó la preocupación entre los habitantes de la zona tras el reporte de al menos seis personas con síntomas que podrían estar relacionados con la exposición al químico.

El alcalde de Naco, Lorenzo Villegas Vázquez, informó que pobladores han acudido a valoración médica por presentar jaquecas, mareos, náuseas, dolor abdominal y dificultades respiratorias. Sin embargo, precisó que será la Secretaría de Salud, junto con las autoridades ambientales, la que determine mediante estudios clínicos y periciales si existe una relación entre estos padecimientos y el derrame.

Entre los casos reportados se encuentra el de María Ortega, quien fue hospitalizada en Agua Prieta por problemas respiratorios y mareos, además del de una pareja de adultos mayores que asegura haber desarrollado síntomas días después del accidente. Los habitantes han solicitado evaluaciones médicas más completas, al considerar insuficientes las revisiones iniciales.

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó previamente que Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años, permanece hospitalizado en estado grave tras inhalar gases liberados durante el accidente ferroviario, con diagnóstico de edema cerebral y afectaciones neurológicas y pulmonares.

El descarrilamiento ocurrió el pasado 25 de julio, cuando varios carros tanque de Ferromex salieron de las vías en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc. Tras el incidente, autoridades federales y estatales iniciaron labores de inspección y monitoreo para evaluar posibles daños al suelo y cuerpos de agua.

Por su parte, Ferromex informó que concluyó los trabajos de contención y limpieza, y ha sostenido que el accidente ocurrió en una zona despoblada, además de señalar que no cuenta con evidencia que vincule el derrame con afectaciones a la salud de la población.

Mientras continúan las investigaciones, los habitantes del ejido insisten en que se mantenga la vigilancia médica y ambiental hasta contar con resultados concluyentes. (Fuente: La Jornada)

Por Redacción 

A casi 12 años del derrame minero que marcó a las comunidades del Río Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezará este miércoles una gira por la región con tres anuncios clave: la colocación de la primera piedra del Hospital de Especialidades de Ures, acciones de remediación ambiental para el río y el arranque de nuevos tramos carreteros.

El mandatario informó que estará acompañado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, para iniciar formalmente la construcción del hospital, considerado una de las principales obras del Plan de Justicia para el Río Sonora y que contempla una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

Durazo adelantó además que, junto con la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, se anunciará un programa de remediación y limpieza del Río Sonora, con una inversión similar a la destinada al hospital, en busca de atender una de las demandas históricas de la región tras el derrame de 2014.

Como parte de la gira, también se dará el banderazo de cinco tramos de la carretera Guaymas-Chihuahua, una obra estratégica para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico del estado.