BAJA CALIFORNIA, NOVIEMBRE 8, 2026 .- Para ofrecer a la ciudadanía una atención judicial más ágil y accesible, Baja California avanza en la implementación de la Justicia Oral Civil y Familiar, siendo pionero a nivel nacional en la aplicación de esta legislación. El modelo inició en Playas de Rosarito y posteriormente se extendió a Tecate y Ciudad Guadalupe Victoria, en el Valle de Mexicali.

Del 20 de marzo al 30 de septiembre de 2026, el Tribunal de Oralidad Civil y Familiar de Playas de Rosarito recibió 962 asuntos y más de 3 mil 200 promociones. Esta sede cuenta con el primer edificio del país diseñado específicamente para este modelo, con Expediente Electrónico, Salas de Audiencias Orales para las materias Civil y Familiar, espacios de Justicia Alternativa y Salas Especializadas para la Escucha de Niñas, Niños y Adolescentes, así como tecnología para realizar audiencias a distancia.

Estos resultados forman parte del Informe de Gestión 2025-2026 del magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López y reflejan el avance hacia servicios judiciales más modernos, cercanos y acordes con las necesidades de la ciudadanía.

TIJUANA, OCTUBRE 20, 2026.- Con el fin de fortalecer el servicio a la ciudadanía, a través de reforzar los conocimientos y habilidades del personal jurisdiccional en la aplicación del principio del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes (ISNNA); el Poder Judicial de Baja California (PJBC) trabaja en el desarrollo y registro del Estándar de Competencia: Proyección de Acuerdos Judiciales conforme al ISNNA.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo una prueba piloto de evaluación en la que participaron personas juzgadoras y personal administrativo, para validar los elementos técnicos y metodológicos que integran el estándar.

Esta herramienta tiene como propósito la elaboración de acuerdos mediante la incorporación de criterios especializados que permitan identificar, analizar y proteger de manera efectiva los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes, que coloque su bienestar y desarrollo como una consideración primordial en la toma de decisiones jurisdiccionales.

Los trabajos se desarrollan con el acompañamiento del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo del Gobierno de México encargado de promover la normalización y certificación de competencias laborales, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades y de una justicia más especializada.