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Buscan reforzar protección escolar contra el bullying en BCS
Una iniciativa para reformar la legislación estatal busca transformar la manera en que los centros educativos atienden el bullying en la entidad. La diputada María Cristina Contreras Rebollo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó una propuesta formal ante el pleno para modificar de raíz los esquemas de prevención y contención de la violencia que sufren los estudiantes dentro del entorno escolar.
La propuesta legislativa introduce de manera formal el artículo 79 Bis dentro de la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur. El objetivo primordial de esta adición es establecer la obligación legal e inmediata para que los directivos y docentes notifiquen a los padres o tutores sobre cualquier agresión detectada en un lapso de tiempo estricto.
Esta reforma pretende erradicar la opacidad institucional en los casos de violencia física o psicológica que vulneran el desarrollo de la comunidad estudiantil. La representación de MORENA expuso que la falta de canales ágiles de comunicación impide que las familias actúen con prontitud, dejando desprotegidos a los alumnos ante agresiones sistemáticas.
El documento turnado al Poder Legislativo mandata que los reportes institucionales deben realizarse de forma obligatoria dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento del hecho. Las autoridades de los planteles educativos deberán activar canales institucionales directos para evitar retrasos que pongan en riesgo la integridad de las víctimas.
La iniciativa de la legisladora de MORENA enfatiza que la corresponsabilidad entre los hogares y las instituciones académicas es el único camino viable para pacificar los entornos de desarrollo. El texto normativo obligará a una reestructuración de los reglamentos internos de todas las zonas escolares pertenecientes al sistema público y privado del estado.
La propuesta legislativa continuará su ruta institucional dentro del Congreso, donde las fuerzas políticas evaluarán los mecanismos de financiamiento para capacitar al personal en materia de derechos humanos. Los comités de padres de familia han manifestado la urgencia de que estas modificaciones se aprueben antes del inicio del siguiente ciclo escolar.
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